Por Germán Mangione
Ante el feroz ajuste de Milei a la obra pública y a las transferencias a las provincias, y la presión de las agroexportadoras para la mejora por parte del estado de la infraestructura vinculada a los puertos, Pullaro va por las cajas municipales de los pueblos ribereños.
El modelo agroexportador tiene como característica de su escala y el tipo de producción que se transporta, consecuencias nefastas para los pueblos en donde se asienta el complejo más grande el mundo, nuestro cordón industrial.
Consecuencias ambientales vinculadas a la falta de inversión de los monopolios (que en la mayoría de las oportunidades no tienen, o tienen y no utilizan, la infraestructura necesaria para evitar la contaminación en el aire ni en el río Paraná), y consecuencias viales ante el colapso que implica la llegada anual de dos millones de camiones a una pequeña zona de ciudades al norte de Rosario que van desde San Lorenzo a Timbúes.
Solo para dimensionar la importancia de la región en ese sentido, según el último informe del IPEC la provincia de Santa Fe cuenta con cinco aduanas: San Lorenzo, Rosario, Santa Fe, Villa Constitución y Rafaela. Las exportaciones del mes de abril con registro en la aduana de San Lorenzo fueron de U$S 1.777,6 millones, siendo la aduana más importante de la Provincia en términos de valores exportados.
Históricamente se fue desarrollando una política impositiva local, que generó en los municipios costeros la posibilidad de morigerar parte de esas consecuencias generadas por el tipo de producción, y en un acto de justicia fiscal, lograr que dejen en los pueblos algo de los millones de dólares que se llevan al exterior. Nuestras comunidades no solo aportan la infraestructura y el territorio, sino centralmente el capital humano que es el insumo fundamental para que estos monopolios (en su mayoría extranjeros) generen las fabulosas ganancias desde hace décadas.
Estado sí o no, según convenga.
Durante mucho tiempo el reclamo de las autoridades locales y provinciales tenía que ver con que el gobierno nacional no aportaba en obras lo necesario en relación a la recaudación que hacía por las retenciones y los impuestos nacionales.
Algo que unía el justo reclamo de la gente que sufre el colapso en tiempo de cosecha, como los reclamos de los vecinos y vecinas de La Rivera, con el reclamo de las agroexportadoras que en el caso de las obras necesarias para mejorar sus ganancias son bastante poco libertarias y más bien estatistas.
El estado sirve si pone para que mejoren sus ganancias, pero que no se lo ocurra controlar que entra y sale de sus puertos, fiscalizar las condiciones de trabajo, o administrar su río Paraná. Privatizan ganancias y socializan la inversión.
Sin embargo, con debates y con grandes falencias, estas empresas lograron que los gobiernos de turno hasta ahora se encarguen de facilitar la infraestructura para mantener el sistema agroexportador en marcha. Incluso que se comprometieran en campaña como lo hizo el gobierno de Pullaro ahora y el de Perotti antes, en planes de obras diseñados y planificados por La Bolsa de Comercio de Rosario. Demostrando donde reside el poder real en la provincia y quien planifica realmente las políticas públicas.
Ahora ante la política de feroz ajuste de Javier Milei, quien no solo incumplió su promesa al sector de bajar las retenciones, sino que además frenó todo el plan de obras que habían planificado aprietan al gobierno provincial para que garantice “las obras necesarias”.
Tanto es así que el gobernador de la provincia Maximiliano Pullaro, esta semana se reunió con el Jefe de Gabinete de Nación Guillermo Francos y tras anunciar un acuerdo para reanudar la inversión en el tema rutas nacionales aseguró que “se está trabajando en “un acuerdo para que Nación ceda a las provincias las trazas nacionales, para poder reconstruir todo el complejo interportuario, que en este momento, aunque parezca mentira, son caminos de tierra”.
El sistema que propone el gobierno provincial lo explico en entrevistas Lisandro Enrico, ministro de Obras Publicas provincial: “¿No pueden mantener las rutas de acceso a los puertos? Dennos la ruta a nosotros. La Provincia se hace cargo, nos encargamos del mantenimiento y conservación mediante un sistema de peajes”
La definición es clara, como no piensan enfrentar el ajuste de Milei que sigue quedándose con los recursos generados en la región pero ahora los utiliza para el famoso déficit cero que no es otra cosa que ahorro para pagar la deuda, van por la caja de los municipios.
Toda una lógica de gobierno. Cumplir con el lobby agroexportador, acompañar el ajuste libertario y reventar a los santafesinos. Igual que con otros recortes nacionales, como los de educación.
¿Y los intendentes?
Las ciudades y comunas tienen derechos legales de crear tasas, tienen su soberanía fiscal. Para vulnerar este derecho y robarles las cajas instalan el debate de a dónde va la plata de esas tasas, y si va a cuestiones diferentes que los caminos o las obras de los puertos en el caso del peaje a los camiones que es una de las principales fuentes de ingreso en muchos territorios ribereños.
¿Debemos debatir esos temas? Por supuesto. Es una discusión legítima, pero es un debate hacia el interior de los municipios y comunas. Es un debate que deben darse los vecinos, las fuerzas políticas y sus representantes, y bajo ningún punto de vista debe ser utilizado por la provincia para descargar el ajuste de Milei.
Varios intendentes y presidentes de Comuna como el puertense Carlos de Grandis y Antonio Fiorenzza de Timbúes se han puesto en pie de guerra para defender las arcas locales de la voracidad, y en último término la cobardía política, del gobierno provincial. Por otro lado es por lo menos llamativo como algunos intendentes como el de San Lorenzo, Leonardo Raimundo, que en otro momento han reclamado a viva voz los recursos de nación para la región, han elegido (como es costumbre) el silencio cómplice ante el intento de que el ajuste de Milei lo paguen los municipios y los vecinos de la región.
El debate recién empieza….
