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DEBATES FERROCARRILES

Belgrano Cargas: las vías del desarrollo no pueden ser un negocio privado

El Gobierno prepara una concesión por 50 años de una infraestructura estratégica

El Gobierno de Javier Milei avanza con una nueva entrega de bienes estratégicos del Estado argentino. Esta vez, el objetivo es el sistema ferroviario de cargas: mediante una resolución del Ministerio de Economía, Luis Caputo convocó a una licitación para concesionar por 50 años las vías de las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza, actualmente operadas por Trenes Argentinos Cargas.

No se trata simplemente de privatizar trenes. Se trata de poner en manos privadas una infraestructura de 7.594 kilómetros de vías que atraviesan 16 provincias y conectan zonas productivas con los principales puertos argentinos y con Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay.

En el caso del Belgrano Cargas, la discusión adquiere una dimensión todavía mayor. Su trazado constituye una de las principales arterias para transportar la producción agroindustrial del norte argentino hacia los puertos del complejo exportador del Gran Rosario.

Y allí aparece la pregunta que el discurso oficial intenta ocultar: ¿para quién se está reorganizando esta infraestructura?

El Estado invierte, los privados usufructúan

La historia del Belgrano Cargas muestra una lógica conocida en la Argentina: el Estado realiza las inversiones necesarias para recuperar una infraestructura estratégica y, una vez que está en condiciones de generar negocios, aparecen los privados para apropiarse de su explotación.

El sistema fue estatizado en 2013 y posteriormente el Estado realizó fuertes inversiones para recuperar la red ferroviaria y ampliar su capacidad. Una parte importante de esas obras permitió extender el servicio hasta el corazón del complejo agroexportador del Gran Rosario, incluyendo el acceso ferroviario a Timbúes.

Es decir: el Estado puso los recursos, recuperó las vías y acercó los trenes a los grandes centros de exportación. Ahora, el Gobierno pretende entregar la administración de esa infraestructura durante medio siglo.

¿Por qué aquello que fue financiado y recuperado con recursos públicos debe convertirse ahora en una fuente de rentabilidad privada?

Un negocio estratégico para las grandes exportadoras

El esquema propuesto por el Gobierno establece que las empresas privadas que obtengan las concesiones estarán a cargo del mantenimiento de las vías y podrán cobrar un peaje por su utilización. El Estado, por su parte, percibiría un canon, pero dejaría de operar directamente los trenes.

La competencia por la concesión no estaría determinada únicamente por cuánto dinero se ofrece pagar al Estado. También pesaría cuánto se compromete a invertir cada empresa y qué tarifa de peaje pretende cobrar.

La reducción del costo ferroviario para beneficiar directamente a los grandes grupos agroexportadores que utilizan estas vías para trasladar granos desde el interior hacia los puertos.

Por eso, detrás de la discusión sobre eficiencia, inversión y modernización ferroviaria existe una disputa mucho más profunda: quién controla una de las principales herramientas para organizar el flujo de la producción argentina hacia el mercado mundial.

¿Quiénes quieren quedarse con el Belgrano?

Según las versiones periodísticas existen dos grandes núcleos de interés alrededor del negocio.

Por un lado aparece el Grupo México, conglomerado mexicano que fue mencionado como uno de los posibles interesados iniciales y que tendría el impulso y aval de Trump.

Por otro, las propias grandes empresas agroexportadoras avanzaron en la conformación de una unión transitoria de empresas para competir por la concesión. En ese espacio aparecen actores de enorme peso dentro del comercio exterior argentino, entre ellos Aceitera General Deheza, ACA, Bunge, Viterra, Louis Dreyfus y Cargill.

Las empresas que utilizan masivamente la infraestructura ferroviaria podrían convertirse, al mismo tiempo, en protagonistas de la administración privada de las vías por las que circula su producción.

Claramente avanza un mecanismo para abaratar los costos logísticos de los grandes exportadores.

Una cláusula que deja afuera a China

El pliego incorpora además una condición que impide participar a empresas bajo control directo o indirecto de gobiernos extranjeros.

Aunque el Gobierno no mencione explícitamente a China, el criterio tiene consecuencias concretas sobre empresas de capital estatal chino.

El caso de COFCO resulta especialmente significativo. La multinacional agroalimentaria de capital chino es uno de los grandes actores del comercio mundial de granos y, de acuerdo con lo señalado en el análisis, su participación quedaría limitada por esta condición.

Así, la privatización del sistema ferroviario vuelve a quedar atravesada por la disputa geopolítica mundial, como sucedió en la entrega del Paraná o en la frustrada ley de extranjerización de tierras.

Argentina no está concesionando una vía aislada. Está definiendo quién tendrá capacidad de intervenir sobre una infraestructura que articula producción, transporte, puertos, comercio exterior y territorio.

La deuda queda, el negocio se entrega

Una parte sustancial de la recuperación del Belgrano Cargas y de la adquisición de material ferroviario estuvo vinculada a financiamiento chino. Los acuerdos alcanzados durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner contemplaron créditos por miles de millones de dólares destinados a obras de infraestructura, dentro de un esquema que también involucraba otros proyectos estratégicos como las represas de Santa Cruz

Argentina conserva las obligaciones financieras mientras entrega a empresas privadas el usufructo de la infraestructura construida con esos recursos.

La deuda permanece como una obligación pública. Las ganancias potenciales, en cambio, quedan en manos privadas.

Las vías no son una mercancía

El Gobierno presenta la operación como una salida frente al deterioro histórico del sistema ferroviario y sostiene que las concesiones permitirán atraer inversiones por alrededor de mil millones de dólares, con acceso al RIGI para proyectos que alcancen determinados niveles de inversión.

Pero ferrocarril de cargas no es solamente un conjunto de vías. Es una herramienta de planificación territorial y económica. Permite decidir qué regiones se conectan, qué producciones se transportan, hacia dónde se dirigen y bajo qué condiciones llegan a los mercados.

En un país de dimensiones continentales como Argentina, recuperar y ampliar el sistema ferroviario debería ser parte de cualquier proyecto de desarrollo nacional.

Por eso, entregar durante 50 años el control de miles de kilómetros de vías no es una cuestión administrativa.Es una decisión política sobre quién controla una de las palancas estratégicas de la economía argentina.

Las deudas son nuestras, los trenes son ajenos

La historia argentina conoce demasiado bien esta película: el Estado financia, construye, sostiene y recupera infraestructura estratégica. Cuando finalmente esa infraestructura vuelve a ser económicamente atractiva, se la presenta como un gasto ineficiente y se la entrega al capital privado.

Primero fueron los ferrocarriles desguazados. Después las rutas, los puertos, los recursos naturales y las vías navegables. Ahora vuelve a aparecer la misma lógica sobre el sistema ferroviario.

En el caso del Belgrano Cargas, la cuestión toca directamente al Gran Rosario, donde confluyen las vías ferroviarias, los puertos, las terminales agroexportadoras y una parte decisiva del comercio exterior argentino.

¿Queremos una infraestructura al servicio de un proyecto de desarrollo nacional o una infraestructura diseñada para maximizar la rentabilidad de quienes ya concentran el comercio exterior?

Un país que pierde el control de sus ferrocarriles, sus puertos, sus ríos y sus recursos estratégicos pierde, poco a poco, las herramientas necesarias para decidir su propio destino.

Las vías, los trenes y la capacidad de decidir sobre nuestro desarrollo no deberían dejar de ser argentinas si queremos pensar un proyecto de desarrollo nacional.

 

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SAN MARTÍN

San Martín, el estadista

Por Germán Mangione*

Estamos acostumbrados a conocer la historia del libertador de América, don José de San Martín, vinculada principalmente a su brillante rol como militar y estratega en nuestra independencia. Menos conocida es su obra de gobierno, y su pensamiento estrictamente político, que es sin duda una faceta fundamental a rescatar para comprender en conjunto su obra y magnitud.

Sin entrar en interpretaciones extemporáneas, el análisis de su gestión al frente de la Gobernación de Cuyo y del Protectorado del Perú arroja luz sobre un pensamiento político adelantado a su época y que sigue siendo necesario rescatar para pensar los proyectos políticos actuales en el camino de reconstruir nuestra patria para la felicidad de las mayorías.

San Martín gobernador de Cuyo

Cuyo había sido desde los inicios de la invasión española y hasta 1776, jurisdicción de Chile, para luego ser incorporada al Virreinato del Río de la Plata, integrando la intendencia de Córdoba.

Con la llegada del Segundo Triunvirato, de la que San Martín fue actor fundamental, se crea en 1813 la Gobernación de Cuyo. Con capital en la ciudad de Mendoza, el 10 de agosto de 1814 el Director Supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata, Gervasio Antonio de Posadas, nombró a José Francisco de San Martín como titular de la Gobernación Intendencia de Cuyo, “a su instancia y solicitud”.  El libertador se asentaba allí como parte de su plan de liberación continental.

El Estado como motor de la economía

Con Buenos Aires retaceando fondos y la guerra de independencia en curso, las cuentas con las que se encontró el nuevo gobernador de Cuyo no eran las mejores para el desarrollo de su gestión y de su obra revolucionaria.

El “librecambio” impuesto por los intereses porteños había perjudicado la actividad vitivinícola cuyana al abrir a la competencia extranjera el principal mercado de los vinos mendocinos y los aguardientes sanjuaninos.

En paralelo, el mercado chileno había tomado relevancia con el intercambio de ganado en pie, harinas y frutas secas. La caída de Chile en manos realistas cortó esa fuente de ingresos.

El libertador de América implementó una “economía de guerra” en vistas a recuperar la economía cuyana y acumular los recursos necesarios para la campaña libertadora.

Con los mismos preceptos que ya había desarrollado su aliado y amigo Manuel Belgrano, el centro de su política económica fue darle impulso a la agricultura y la industria, con un Estado fuerte y presente. Con medidas impositivas, para que pagaran más los que más tenían, fomentó la salud, la educación, el reordenamiento territorial y la organización de la hacienda pública

Que paguen más, los que más tienen

Apenas asumido el gobierno tomó varias medidas de alto impacto económico y sobre todo político para la época. Suspendió el envío de fondos a Buenos Aires, que la capital del Virreinato cobraba a Cuyo por un “derecho extraordinario de guerra”, establecido por el gobierno central supuestamente para comprar mulas para el Ejército del Norte.

También cortó el envío de fondos a Córdoba, sede del obispado, en concepto de diezmo eclesiástico.

Esos fondos ayudarían a poner las cuentas en orden y a fomentar el necesario desarrollo de la economía sacando el peso de ese ajuste del lomo de los cuyanos, que ya hacían gran cantidad de sacrificios en pos de la causa patria.

Con las cuentas comenzando a ordenarse, las necesidades se agudizaban, tanto para la administración de Cuyo, como para la preparación del plan de independencia continental, y el general no tenía dudas de quiénes debían cargar con el mayor peso de ese financiamiento.

Estableció una contribución extraordinaria de guerra, un impuesto a la riqueza, a razón de medio peso por cada mil de bienes declarados. La medida fue a contrapelo del sistema impositivo vigente desde la colonia que gravaba principalmente el comercio, haciendo recaer esos impuestos sobre los que los consumían, el pueblo cuyano.

Defender la industria nacional, fomentar la agricultura y crear trabajo para construir la Patria

Sin acceso a fondos externos y con la guerra encima, San Martín impulsó una industria propia: un laboratorio de salitre, una fábrica de pólvora y un taller de paños para vestir a sus soldados. El capítulo más notable fue la metalurgia que organizó junto a fray Luis Beltrán: la fragua y los talleres montados en Mendoza llegaron a ocupar a unos setecientos operarios, lo que los convirtió en el mayor establecimiento industrial del actual territorio argentino en su época.

También impulsó la primera ley de protección a un producto nacional —el vino cuyano— y planes de colonización agrícola en tierras públicas, hasta entonces sin cultivar, en Barriales (hoy General San Martín, Mendoza) y en Pocito (San Juan), donde se construyeron canales de riego siguiendo la tradición hidráulica de los huarpes, los pueblos originarios de la región.

Entre esas medidas figura una de las menos conocidas y más significativas: San Martín dictó la primera ley protectora de los derechos del peón rural a nivel nacional, que obligaba a los patrones a certificar por escrito el pago en tiempo y forma del salario. Casi dos siglos antes de que la protección del trabajo fuera un debate instalado, el gobernador de Cuyo ya legislaba para equilibrar la relación entre el empleador y el trabajador rural.

Para fomentar el trabajo organizó y reglamentó el servicio de correos y de policía, y empleó a los desocupados en el blanqueo de las casas y en el cuidado de la ciudad.

Liberar la cabeza, para liberar América

Además de prohibir los castigos corporales que se aplicaban a los niños en las escuelas, sin duda en toda su gesta la educación del pueblo fue una preocupación central.

San Martín fundó escuelas y bibliotecas y aseguraba que “la educación forma el espíritu de hombres. La naturaleza misma, el genio, la índole ceden a la acción fuerte de este admirable resorte de la sociedad. A ella han debido siempre las naciones la varia alternativa de su política. La libertad, ídolo de los pueblos libres, es aún despreciada de los siervos porque no la conocen. Nosotros palpamos con dolor esta verdad. La independencia americana habría sido obra de momentos, si la infame educación española no hubiera enervado en la mayor parte nuestro genio. Pero aún hay tiempo. Los pobladores del nuevo mundo son susceptibles de las mejores luces. El destino de preceptor de primeras letras que Ud. ocupa le obliga íntimamente a ministrar estas ideas a sus alumnos. Recuerde Ud. que esos tiernos renuevos dirigidos por mano maestra formarán algún día una nación culta, libre y gloriosa. El gobierno le impone el mayor esmero y vigilancia en inspirarles al patriotismo, y virtudes cívicas, haciéndoles entender en lo posible que ya no pertenecen al suelo de una colonia miserable, sino a un pueblo liberal y virtuoso”.

Utilizó incluso su propio capital privado para desarrollar su obra educativa, y en agosto de 1817 cedió parte de la renta de la finca que le había donado el Cabildo mendocino para aumentar la calidad educativa asegurando que eran “para la dotación de una cátedra de matemáticas y geografía. V.S. sabe que estas dos facultades son la llave de la verdadera ilustración; porque sin ellas la historia y la crítica serán un adorno puramente superficial; y el teólogo, el jurista y el filósofo nada valen si carecen del conocimiento y cronología de los sucesos con el grande arte de compararlos y darles aquella colocación precisa, profunda y discreta que sólo pueden inspirar las matemáticas”.

La salud pública como prioridad

El 17 de diciembre de 1814 firmó un bando que establecía la vacunación obligatoria contra la viruela, con estos fundamentos: “Uno de los primeros cuidados del gobierno debe ser el aumento de la población y conservación de los habitantes del Hemisferio Americano para que haya brazos suficientes al cultivo de la agricultura y ejercicio de las artes y comercio, al mismo tiempo que no falten quienes presenten sus pechos al tirano que intenta oprimir los sagrados derechos de nuestra civil libertad que con gloria sostenemos”.

Por el mismo bando se creaba una junta sanitaria compuesta por facultativos y se les ordenaba a los sacerdotes actuar como enfermeros.

Al año siguiente, creó juntas para inspeccionar los hospitales cuyanos, que además de las condiciones de atención debían fiscalizar el uso de los fondos.

El protector del Perú

Como contamos en el libro “¿Por qué volver a Monteagudo?”, el 3 de agosto de 1821 San Martín creó por decreto el Protectorado del Perú, gobierno provisorio que tenía el fin de garantizar el orden y consolidar las bases para la creación de un congreso constituyente. Una de las primeras acciones del nuevo gobierno fue decretar la reforma del sistema de esclavitud, tendiente a eliminar dicha institución centenaria.

A fines de ese año, el libertador firmó el decreto redactado por Monteagudo que disponía la inmediata expulsión de los españoles solteros, a quienes se confiscaba la mitad de sus bienes, extendiéndose meses después a los casados. Eran unos cuatrocientos, los más ricos de Lima, antiguos opresores de esclavos afroamericanos, amantes de los castigos y azotes, los beneficiarios de la opresión y el tributo indígena, los dueños de las minas que consumían miles y miles de vidas humanas, de hombres, mujeres y niños. Ahora marchaban a pie hasta El Callao, rodeados de guardias, llevándose lo puesto hacia la «madre patria».

Hombre de gobierno

El 8 de octubre de 1821 San Martín da a conocer el Estatuto del Perú, redactado por Bernardo Monteagudo. El mismo determinaba tajantemente que “el presente estatuto regirá hasta que se declare la independencia en todo el territorio del Perú, en cuyo caso se convocará inmediatamente a un congreso general que establezca la constitución permanente y forma de gobierno que regirá el estado”.

Algunas de las medidas más notables del Protectorado del Perú impulsadas por San Martín y ejecutadas en su mayoría por Monteagudo fueron:

– Abolición de la servidumbre.

– Abolición del tributo indígena.

– Abolición de la Inquisición.

– Liberación de los hijos de esclavos nacidos desde la proclamación de la independencia.

– Fomento de la educación en todos sus niveles.

– Fomento del teatro y dignificación del oficio de actor.

– Creación de la biblioteca pública (había sido decretada anteriormente por San Martín pero fue Monteagudo quien la efectivizó).

– Otorgamiento de la ciudadanía peruana a todo habitante de la América del Sur.

– Abolición de los castigos corporales.

– Libertad de imprenta y opinión.

– Prohibición del juego por dinero (una de las razones que muchos historiadores coinciden selló la suerte del delegado de San Martín, por ser una costumbre profundamente arraigada entre las clases populares).

– Retiro de los edificios y plazas públicas de todo tipo de estatua, escudo o cualquier elemento que homenajee o reivindique la conquista española, al gobierno virreinal y a los reyes de España.

– Protección de los monumentos arqueológicos y prohibición de sacar del país reliquias de los antiguos peruanos.

– Medidas proteccionistas en beneficio de la producción local.

– Reducción del número de fiestas religiosas y creación de un nuevo calendario de fiestas cívicas que las supera en cantidad (ocho).

Su paso al frente del gobierno peruano quedó expuesto en dos documentos que escribió Monteagudo: “De las tareas administrativas del gobierno, desde su instalación hasta el 15 de julio del año 1822” y “Sobre los principios políticos que seguí en la administración del Perú, y acontecimientos posteriores a mi separación”.

Sin marina mercante no hay progreso.

En el primero de los textos antes mencionados se hace referencia a la importancia cabal del desarrollo de la Marina Mercante:

“Para fomentar la marina mercante, sin la cual no puede progresar la del Estado, se han tocado todos los arbitrios capaces de empeñar el interés individual en este género de industria, concediendo privilegios a los habitantes de la costa que se dediquen a la pesca, y a los que hagan el tráfico en buques tripulados por los naturales del país. Los efectos de estas medidas han empezado ya a sentirse, y una gran parte de la marinería de nuestra escuadra ha sido enganchada en nuestros mismos puertos, cuya población ha carecido hasta aquí del empleo a que naturalmente estaba llamada”.

El crecimiento y la destrucción de los monopolios y los grandes propietarios

Es destacable también el análisis que hace Monteagudo del crecimiento económico que vive la nueva nación dirigida por San Martín a raíz de la destrucción de los monopolios que “los grandes propietarios” peruanos hegemonizaban en sociedad con las autoridades coloniales: “Por último, considerando la situación del país en respecto a su prosperidad y medios que hoy tiene de obtenerla, a nadie parecerá exagerado el concepto de los grandes progresos que ha hecho a la sombra de la libertad. Aunque se han disminuido los capitales por los consumos de la guerra y la inmigración que es consiguiente a ella, la suma de los que han quedado rinde hoy más productos que antes, porque la industria demanda mayores fondos cuando puede emplearse con franqueza, sin las trabas del antiguo monopolio, y porque en fuerza de nuestras nuevas instituciones se han puesto en el mercado un gran número de capitales que estaban sustraídos a la circulación. Es verdad que ya no se encuentran esos grandes propietarios que unidos al gobierno absorbían todos los productos de nuestro suelo: pero subdivididas las fortunas, hoy vive con decencia una porción considerable de americanos, que no ha mucho tiempo tenían que mendigar el amparo de los españoles”.

Gobernar para la patria y contra los cipayos

La política de San Martín en ambos casos le ganó el afecto de los auténticos patriotas de todas las clases y la resistencia de muchos poderosos criollos y españoles a los que estas medidas afectaban directamente.

A estos San Martín les recordaba: “Cuando América por un rasgo de virtud sublime quebrantó las cadenas de la opresión peninsular, juró a la patria sacrificarlo todo por arribar al triunfo de aquel glorioso empeño. Así es que desde entonces debió desaparecer entre nosotros el ocio, la indiferencia, la molicie y todo cuanto podía enervar la fuerza de aquella valiente resolución. Consecuente a esto, la actividad, la dureza de la vida armada, es el verdadero carácter que debe distinguirnos. No es suficiente el sacrificio de nuestra fortuna. Es preciso dar el sosiego, nuestra existencia misma”.

Hoy recordar los gobiernos sanmartinianos tiene que ser la brújula para orientar la construcción de la definitiva independencia de la patria, desnudando los falsos discursos que, para justificar el saqueo extranjero y el cipayismo de las clases dominantes de adentro, intentan vaciar su obra de su verdadero poder revolucionario.

*Germán Mangione es periodista e investigador. Diplomado en Economía Política. Autor del libro “¿Por qué volver a Monteagudo?”. Coordinador del sitio educativo de historia:  www.puntaquebrachohistoria.com.ar y miembro del Encuentro Federal por la Soberanía.

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POLITICA SANTA FE SOBERANÍA

¿Qué festeja Pullaro?

En la Casa Rosada, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, sonrió junto a funcionarios del gobierno de Javier Milei para anunciar el traspaso de la estratégica Ruta Nacional A012 a la administración provincial. El mandatario lo presentó como una “decisión estratégica” para Santa Fe y celebró que durante los próximos veinte años la provincia administrará uno de los corredores logísticos más importantes del país. Pero detrás de la foto y de los discursos oficiales aparece una pregunta incómoda: ¿qué es exactamente lo que está festejando Pullaro?

Porque lo ocurrido no representa una transferencia de recursos ni una apuesta nacional por el desarrollo de la infraestructura. Es, en realidad, la formalización de un retiro del Estado nacional de una de sus responsabilidades básicas. La Nación abandona una ruta, deja de financiarla, transfiere el problema a la provincia y, además, habilita un nuevo ciclo de privatizaciones. Lo que se presentó como un logro puede leerse, desde otra perspectiva, como la aceptación de que los santafesinos deberán pagar dos veces por una infraestructura que ya financiaban con sus impuestos.

La ruta del abandono

La A012 no es una ruta cualquiera. Constituye la principal vía de acceso al complejo agroexportador del Gran Rosario, por donde circulan más de dos millones de camiones al año. Es la arteria que conecta la producción agrícola con los puertos desde donde sale cerca del 80 % de los granos, harinas y aceites que exporta la Argentina.

Su deterioro no fue producto del azar. Desde la llegada de Javier Milei a la presidencia, la obra pública nacional prácticamente desapareció. El mantenimiento vial fue paralizado y Vialidad Nacional quedó reducida a una expresión mínima. Las consecuencias comenzaron a sentirse rápidamente: rutas destruidas, mayor riesgo de accidentes y un sistema logístico cada vez más deteriorado.

En lugar de revertir esa situación, el Gobierno nacional decidió institucionalizar el abandono. Mediante el decreto 253, habilitó a distintas provincias a hacerse cargo de rutas nacionales y, paralelamente, abrió el camino para concesionar miles de kilómetros mediante peajes privados. Santa Fe quedó incluida dentro de ese esquema. La A012 es apenas el primer paso. También aparecen en ese proceso tramos de las rutas nacionales 9, 11, 19 y 34. En total, más de 1.300 kilómetros de rutas nacionales que atraviesan la provincia podrían terminar bajo un esquema similar al de las privatizaciones de los años noventa.

La foto que necesitaba Milei

El acto tuvo un evidente contenido político. Karina Milei encabezó una puesta en escena destinada a mostrar que el Gobierno nacional mantiene capacidad de construir acuerdos con algunos gobernadores. La imagen era casi tan importante como el convenio.

En momentos en que La Libertad Avanza necesita ampliar su base territorial para consolidar un proyecto de poder hacia 2027, exhibir cercanía con gobernadores de peso resulta estratégico. Pullaro, por su parte, también enfrenta un dilema político: mantener distancia de Milei o explorar acuerdos electorales que le permitan conservar el poder provincial frente al crecimiento libertario. Por eso el acto fue mucho más que una firma administrativa. Fue una señal política para ambos lados. Sin embargo, mientras la Nación obtiene una foto de consenso, Santa Fe recibe una obligación económica.

Pagar dos veces

Los santafesinos ya financian las rutas nacionales mediante los impuestos nacionales y el impuesto a los combustibles. Es decir, ya pagamos para que el Estado nacional construya y mantenga esa infraestructura. Ahora deberemos volver a pagar. La provincia deberá hacerse cargo del mantenimiento, las reparaciones y las futuras obras sin que esos recursos sean transferidos desde la Nación. El costo recaerá nuevamente sobre los ciudadanos, ya sea mediante recursos provinciales, nuevos peajes o mayor endeudamiento. Es difícil encontrar un beneficio para la provincia en ese esquema. Lo que debería ser una responsabilidad del Estado nacional termina convirtiéndose en una carga provincial.

El laboratorio del nuevo modelo

Lo ocurrido con el puente Rosario-Victoria permite anticipar como será el futuro vial. Tras el abandono nacional, el corredor pasó a un nuevo esquema concesionado y los usuarios enfrentaron incrementos extraordinarios en el costo del peaje.

Como explico el diputado nacional Germán Martinez “El aumento será de un 485 por ciento para los que usen Telepase y 970 por ciento para los que paguen en efectivo, débito o QR”. Es decir, añadió: “de 1100 se va a ir a cerca de 5 mil pesos. Es inaceptable y Vialidad Nacional no puede convalidarlo”, finalizó.

La lógica es clara: donde el Estado se retira aparece la privatización y, detrás de ella, mayores costos para quienes utilizan la infraestructura. Ese parece ser el modelo que comienza a extenderse sobre el sistema vial argentino. No se trata solamente de quién administra una ruta. Se trata de quién paga las obras y quién obtiene los beneficios.

¿Infraestructura para quién?

Aquí aparece quizás el aspecto más profundo del debate. Cada vez que Pullaro justifica estas obras insiste en la necesidad de mejorar la competitividad logística de Santa Fe. Incluso los carteles oficiales instalados sobre la autopista Rosario-Santa Fe hablan de facilitar el acceso de los camiones a los puertos y la llegada de los granos. La pregunta es inevitable: ¿infraestructura para quién?

Porque las principales beneficiarias de estas inversiones son las grandes exportadoras concentradas en el cordón agroindustrial del Gran Rosario. Cada minuto que se reduce en el traslado de camiones representa menores costos logísticos y mayores márgenes de rentabilidad para un puñado de corporaciones multinacionales. Desde luego que todos queremos rutas seguras y en buenas condiciones. Nadie discute la necesidad de evitar accidentes ni de mejorar la conectividad. Lo que merece discusión es quién financia esas obras y quién captura finalmente sus beneficios.

Resulta llamativo que mientras la Nación se retira, la provincia asuma deudas para sostener una infraestructura cuyo principal objetivo es abaratar costos de exportación para grandes empresas privadas.

La deuda como política

El otro dato relevante es el financiamiento. Santa Fe inició un proceso de fuerte endeudamiento para desarrollar infraestructura logística vinculada al complejo portuario. Créditos internacionales, emisiones de bonos y préstamos de organismos multilaterales comenzaron a multiplicarse.

Según los datos expuestos durante la discusión pública, la deuda provincial pasó de alrededor de 526 millones de dólares al inicio de la gestión de Pullaro a aproximadamente 1.600 millones de dólares, triplicándose en poco más de dos años. No se trata solamente del volumen de deuda. También importa su destino.

Buena parte de esos recursos se orienta a obras que fortalecen el sistema logístico exportador mientras, al mismo tiempo, el gobierno provincial sostiene un discurso permanente de austeridad y déficit cero. Ese relato justificó recortes sobre jubilaciones, conflictos salariales con docentes, restricciones presupuestarias en áreas sensibles y un fuerte ajuste sobre los trabajadores estatales. La contradicción resulta evidente.

Para salarios y jubilaciones “no hay plata”. Para financiar infraestructura estratégica destinada al negocio exportador sí aparecen créditos, bonos y endeudamiento.

Una discusión sobre soberanía

El problema excede incluso a Santa Fe. Lo que está en juego es una concepción del Estado y del desarrollo nacional. Cuando la Nación abandona rutas estratégicas, transfiere responsabilidades sin recursos y privatiza corredores fundamentales para el comercio exterior, renuncia también a herramientas básicas de planificación territorial.

Y cuando una provincia acepta ese esquema sin discutir el reparto de recursos ni exigir que quienes más se benefician contribuyan al financiamiento de la infraestructura, termina administrando las consecuencias del ajuste nacional. Por eso la pregunta inicial sigue vigente.

¿Qué festeja Pullaro? ¿La posibilidad de administrar una ruta destruida que deberá reparar con recursos provinciales? ¿La consolidación de un modelo donde los santafesinos pagan dos veces mientras las grandes exportadoras reducen sus costos? ¿O la foto política junto a un gobierno nacional que abandona sus responsabilidades pero conserva intacto su compromiso con los intereses de los sectores más concentrados de la economía?

El debate pasa por definir si la infraestructura estratégica debe estar al servicio del desarrollo nacional y del bienestar colectivo o subordinada, una vez más, a las necesidades logísticas de un reducido grupo de corporaciones exportadoras. Porque cuando un Estado deja de ejercer sus responsabilidades sobre las rutas, los puertos y la planificación del territorio, no solo se retira de la obra pública. También retrocede en soberanía.

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RÍO PARANÁ SOBERANÍA

La Argentina acaba de entregar su propio Estrecho de Ormuz

La primera disputa en torno al Paraná es una disputa de sentido. Por eso insisto en hablar del río Paraná y no de la Hidrovía. No se trata de una cuestión semántica menor. “Hidrovía Sociedad Anónima” fue el nombre de la empresa creada en 1995 por la belga Jan de Nul y la argentina Emepa para administrar el dragado y balizamiento del principal corredor fluvial del país. Desde entonces, ese nombre fue desplazando al del río y, con él, una determinada concepción sobre su función, su administración y su propiedad.

Lo que está en discusión no es simplemente una vía de navegación. Está en juego el control de una infraestructura estratégica por donde circula cerca del 80% del comercio exterior argentino.

La reciente adjudicación de la denominada Vía Navegable Troncal constituye un nuevo capítulo de un proceso que comenzó durante el gobierno de Carlos Menem, continuó con sucesivas renovaciones de la concesión y perdió una oportunidad histórica en 2021, cuando el Estado nacional tenía la posibilidad concreta de recuperar el control sobre el Paraná y optó por no hacerlo.

Aquel año se anunciaron la creación de una empresa estatal de dragado y la conformación de un Consejo Federal con participación de las provincias ribereñas para administrar el sistema. Sin embargo, aquellas iniciativas quedaron en el camino y el país volvió a delegar una función estratégica en manos privadas.

Pero si bien la historia de la concesión tiene más de tres décadas, el contexto actual introduce un elemento nuevo y determinante: vivimos en un mundo atravesado por crecientes disputas geopolíticas. Las tensiones entre las grandes potencias ya no son una hipótesis académica sino una realidad visible en múltiples escenarios del planeta.

En ese marco, resulta imprescindible comprender que ningún país desarrollado deja en manos extranjeras el control de sus principales vías navegables. Estados Unidos administra el Mississippi a través del Cuerpo de Ingenieros del Ejército. China hace lo propio con el Yangtsé mediante organismos estatales. La razón es sencilla: quien controla la navegación controla información estratégica, comercio, logística y seguridad.

Por eso sostengo que la Argentina acaba de entregar su propio Estrecho de Ormuz.

La comparación puede parecer exagerada, pero sirve para dimensionar la magnitud de lo que está ocurriendo. El Paraná constituye una arteria vital para la economía nacional y para la inserción internacional del país. Sin embargo, su administración vuelve a quedar subordinada a intereses ajenos a los argentinos.

Durante el proceso licitatorio quedó además en evidencia la dimensión geopolítica de la disputa. Empresas extranjeras compitieron no sólo por un negocio millonario, sino también por demostrar quién representaba mejor los intereses de Estados Unidos estratégicos en la región. Lo hicieron incluso con cartas publicas y visitas a la embajada yanqui. La discusión nunca estuvo centrada en qué modelo de desarrollo necesitaba la Argentina ni en cómo fortalecer la soberanía sobre sus recursos.

A esta situación se suma una preocupación ambiental de enorme gravedad.

La profundización del canal navegable de 34 a 44 pies permitirá el ingreso de embarcaciones oceánicas de mayor porte hasta los puertos del Gran Rosario. Sin embargo, esta decisión se adoptó sin que exista un estudio integral de impacto ambiental que permita anticipar sus consecuencias.

Los problemas derivados del dragado actual ya son visibles. La modificación de los flujos sedimentarios afecta cursos secundarios de agua, altera ecosistemas y genera dificultades en zonas de humedales y lagunas donde se reproduce gran parte de la fauna ictícola del río. Si estos efectos se registran con la profundidad vigente, resulta legítimo preguntarse qué ocurrirá cuando el canal alcance niveles nunca antes explorados.

Lo más llamativo es que en ningún otro lugar del mundo los ríos se adaptan indefinidamente a las necesidades de los barcos. La lógica habitual es exactamente la inversa: son las embarcaciones las que se diseñan en función de las características naturales de cada sistema fluvial.

En Argentina, en cambio, se pretende transformar profundamente el Paraná para reducir costos logísticos a un reducido grupo de grandes compañías exportadoras. Los beneficios económicos de esta decisión no llegarán a los productores ni a la sociedad en su conjunto. Quedarán concentrados en un pequeño núcleo de empresas que dominan el comercio exterior.

Lo verdaderamente preocupante es el silencio político que rodea esta discusión.

La soberanía sobre el Paraná debería ocupar un lugar central en cualquier proyecto nacional de desarrollo. Por allí salen las exportaciones, ingresan divisas fundamentales para la economía y circulan mercancías cuyo control resulta clave para combatir delitos complejos como el narcotráfico y el contrabando.

Sin embargo, el tema permanece ausente de gran parte del debate público.

Cualquier fuerza política que aspire a construir una estrategia de desarrollo para la Argentina deberá responder una pregunta elemental: ¿cómo piensa hacerlo sin controlar la principal vía de comunicación y comercio del país?

La reciente entrega de la administración del Paraná no es un asunto técnico ni una cuestión sectorial. Es una definición estratégica sobre el futuro argentino. Y como toda definición estratégica, sus consecuencias se medirán durante décadas.

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HISTORIA SOBERANÍA

El otro combate de San Lorenzo

Por Germán Mangione (*)

Si hablamos del Combate de San Lorenzo, seguramente, se nos aparecerá la imagen del glorioso ejercito de los Granaderos a Caballo comandados  por el General José de San Martín venciendo en febrero de 1813 al ejército invasor realista en nuestras tierras. Sin embargo no fue el único combate de los ejércitos patrios en nuestras tierras. El 16 de enero de 1846, hace 180 años, el general Lucio Mansilla comando en estas mismas tierras sanlorencinas las tropas que, como parte de la gesta de la Guerra del Paraná, expulso a los imperios invasores de Francia e Inglaterra que pretendían apoderarse de nuestro Río Paraná. La defensa del rio y nuestra soberanía, una pelea que lejos de ser historia tiene plena actualidad.

Controlar el Paraná para controlar Sudamérica

El combate de San Lorenzo como mencionamos fue parte de un conflicto mucho mayor, poco difundido como tal en la historia oficial nacional. Estamos hablando de La Guerra del Paraná, un conflicto bélico que se extendió desde 1845 a 1850 y que tuvo entre sus capítulos más conocidos y gloriosos la Batalla de la Vuelta de Obligado y la Batalla de Punta Quebracho.

Pero fue más que un par de batallas, fue sin dudas una gesta liderada por el entonces líder de la Confederación Argentina, Juan Manuel de Rosas, contra la intención de los imperios más poderosos del momento, Inglaterra y Francia, por la soberanía sobre nuestros ríos y la posibilidad soberana de autodeterminación de nuestra naciente nación sobre su comercio y sus vías navegables.

Esta guerra tuvo como centro la intención de los imperios de navegar, comerciar, y a fin de cuentas controlar la Cuenca del Plata y su principal afluente, el Rio Paraná, puerta de entrada y de salida del comercio no solo de nuestro país sino de todo nuestro subcontinente.

Los franceses asentados en Montevideo habían iniciado en 1938 el bloqueo a los puertos de la Confederación para forzar que se privilegien sus intereses comerciales. En 1846, aliados a los ingleses, también con gran influencia en Uruguay, iniciaron una campaña bélica y comercial para burlar el decreto del 22 de enero de 1841 que había declarado cerrados los ríos Paraná y Uruguay a la navegación de todo buque que no fuese patentado por el gobierno argentino bajo el pabellón nacional, considerando a los invasores verdaderos piratas.

Previamente bloquearon todos los puertos de la Confederación, robaron parte de la escuadra del almirante Brown y tomaron la isla Martín García.

Obligado y después.

El 20 de noviembre de 1845, en la Vuelta de Obligado, se libró el combate más conocido de esta guerra, y por el cual cada año conmemoramos el día de la Soberanía. En aquel enfrentamiento recordado por la estrategia patriota de cruzar cadenas a través del río, a pesar de la férrea defensa argentina y de asestar grandes pérdidas al convoy pirata, la avanzada imperial logro seguir viaje con destino a su objetivo que no era otro que comerciar con las provincias rebeldes de la Confederación como Corrientes, y con el Paraguay y por sobre todo dejar sentado el precedente de que podrían navegar nuestros ríos, sin ningún permiso del país.

El 9 de enero Mansilla, a cargo de las operaciones de la Guerra del Paraná escribe a su par, el General Manuel Corbalan, una carta describiendo el combate:

“Navegaban (los enemigos) nuestro majestuoso Paraná convoyando cincuenta transportes de infames piratas especuladores bajo diferentes pabellones de naciones amigas, indebidamente enarboladas en un río interior de nuestra República”.

La batalla de San Lorenzo.

Luego de la experiencia de Obligado, donde las fuerzas patrias recibieron de lleno el fuego enemigo que inutilizo gran parte de las baterías fijas de cañones de la Confederación para luego desembarcar, Mansilla ideo otra táctica para seguir hostigando al enemigo a lo largo de toda la costa del Paraná.

Implemento el uso de baterías móviles (cañones atados a caballos que iban transportándola de un lugar a otro después de cada ataque) y el aprovechamiento de las altas barrancas de nuestra zona para impedir el fuego enemigo.

Estrategia que fue acompañada por el protagonismo popular de los habitantes de toda la rivera, que no solo hostigaban con fusiles a los barcos que surcaban el rio sino que impidieron en todo momento el aprovisionamiento de carne y comida fresca del enemigo lo que a lo largo de la guerra provoco graves problemas de salud en la tripulación pirata.

Luego de combatir con la Escuadra Anglo-francesa en el Paso del Tonelero, el General Lucio Mansilla colocó ocho cañones ocultos bajo montones de maleza, 250 carabineros y 100 infantes en los barrancos de la costa comprendida entre el Convento de San Lorenzo y la punta del Quebracho.

Tendidos en el suelo, y con orden a los oficiales de no aparecer a la vista del enemigo ni hacer la más leve demostración, fuesen cuales fuesen las hostilidades de éste, hasta que él no diese la señal general de ataque.

Así espero hasta las 11 de la mañana en que aparecieron el vapor Gorgon, la corbeta Expeditive, los bergantines Dolphin, King y dos goletas armadas en la Colonia, lo que significaban 6 buques de guerra con 37 cañones de grueso calibre, custodiando a 52 buques mercantes.

Cuando llegan a San Lorenzo la flota imperial disparo a la costa intentando descubrir las posiciones de la fuerzas de la Confederación, pero estos se mantuvieron ocultos como había ordenado Mansilla. Cuando todo el convoy se encontraba a la altura del convento de San Lorenzo se elevó de pronto la bandera argentina y los cañones criollos rompieron fuego. 

El ataque fue certero; los buques mercantes rumbeaban desmantelados hacia dos arroyos próximos, aumentando con el choque de los unos con los otros las averías que les hacían los cañones de tierra.

Como en toda la guerra del Paraná, la superioridad militar de Francia e Inglaterra sobre las fuerzas criollas era notable, sin embargo con tácticas militares brillantes,  y con la soberanía nacional como bandera, las fuerzas de Mansilla hicieron grandes daños al convoy pirata. Las acciones se extendieron por casi cuatro horas y se reanudaron al caer la tarde cerca de Punta Quebracho

La pérdida de los argentinos, a diferencia de en Obligado, fue mínima. Entre tres buques admitieron haber disparado más de 50 proyectiles sin causar ningún daño a las tropas de tierra.

Mansilla diría después sobre esta batalla que “habíale tocado el honor de defender el pabellón de su patria en el mismo paraje de San Lorenzo que regó con su sangre San Martín al conducir la primera carga de sus después famosos Granaderos a Caballo”.

El Contralmirante Inglefield, en su parte oficial al Almirantazgo Británico, dijo que “los vapores ingleses y franceses sostuvieron el fuego por más de tres horas y media; y apenas un solo buque del convoy salió sin recibir un balazo”.

El comandante británico del HMS Philomel describió así el ataque argentino en San Lorenzo: “Mansilla había preparado todas sus fuerzas para atacar al convoy y sabiendo ahora que las baterías fijas no servirían, dado que las localizaríamos, adoptó un plan más astuto: utilizar artillería móvil.

La victoria de Punta Quebracho

Así fue toda la travesía de esta aventura imperial que encontró a la vuelta de su viaje el capítulo más negro el 4 de junio de 1846 en la angostura de Punta Quebracho, en los territorios de la actual Puerto San Martín, donde las tropas de Mansilla volvieron a utilizar la estrategia usada en San Lorenzo y en otros puntos luego de Obligado, dando un golpe final a la flota anglofrancesa que terminó, en un proceso de unos años, reconociendo la soberanía sobre nuestros ríos interiores, y devolviendo por ejemplo la Isla Martin García.

La actualidad de la batalla por el Paraná

Recordar esta batalla y toda la gesta soberana de la Guerra del Paraná no es solo una cuestión histórica, sino que es de vital importancia en la actualidad.  

El control del Paraná, lejos de ser un debate histórico, es una cuestión de urgencia actual. En marzo de este 2026 el gobierno de Javier Milei, en acuerdo con los principales grupos económicos extranjeros que hoy controlan nuestro comercio exterior, intentará avanzar en una nueva entrega de la administración y control de nuestra principal via navegable a capitales extranjeros con la re licitación de la mal llamada hidrovia.

En momentos en el que el mundo está en vilo ante la avanzada imperialista de Estados Unidos por el control de las riquezas y los recursos de toda America, en disputa con otras potencias imperiales como China y Rusia, el control de la vía por donde sale el 80% de nuestras exportaciones, y una gran parte de las exportaciones de todo el cono sur no es solo una cuestión comercial sino defensa y de soberanía nacional.

Tampoco es una hipótesis del futuro o una teoría conspirativa,  sumado a que en la actualidad casi el 90% del comercio exterior del país esta manejado por empresas procedentes de potencias extranjeras, el cuerpo de ingenieros del ejército de Estados Unidos tiene hoy, a partir de un acuerdo firmado durante el gobierno de Alberto Fernandez y refrendado por la administración de Milei, injerencia directa en el control de lo que entra y sale de nuestro país por el Paraná.

Recuperar una tradición política que entiende a la soberanía como un hecho concreto, ligado al control del territorio, de los recursos y de las decisiones estratégicas, no solo es una urgencia del presente sino una condición indispensable para desarrollar cualquier proyecto de futuro que tenga como guía la felicidad y el desarrollo de nuestro pueblo.

En tiempos donde el Paraná vuelve a estar en debate, San Lorenzo nos recuerda que la historia también es un campo de disputa presente.

*Coordinador del sitio educativo www.puntaquebrachohistoria.com.ar y Miembro del Foro por la Recuperación del Paraná

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MILEI POLITICA SOBERANÍA

Retenciones 0, estafa 100%

Fuente: www.revistalanzallamas.com.ar

Un grupo de 10 empresas agroexportadoras, en su mayoría extranjeras, se quedo con 1500 millones de dólares del Estado a partir de la baja de retenciones

Lejos de ser un beneficio para los productores, como anunció el gobierno con bombos y platillos, la medida desesperada de Milei/Caputo para conseguir dólares se transformó en un mega negocio para las multinacionales del agro. 

La historia de la (nueva) estafa

¿Cómo sucedió? Estas empresas son las que le compran los granos a los productores para venderlos al exterior en forma de granos o de subproductos como harina, aceite o biodiesel. Cuando los compran les descuentan a los productores las retenciones, por lo que son estos los que la pagan y no las exportadoras.

La historia de esta estafa al Estado y los productores arrancó esta semana con el decreto decreto 682/2025.

En medio de la desesperación del gobierno por conseguir dólares, se sancionó esta medida inédita que implicaba la eliminación temporaria de retenciones a las exportaciones de cereales y derivados. Retenciones cero, que en un principio entusiasmaron a los productores, aunque muchos advirtieron que era una medida oportunista que solo apuntaba a tratar de conseguir algo de los casi 9 mil millones de dólares remanentes de productos agroindustriales de la campaña 2024/25 . 

Por si eso no alcanzaba el decreto del gobierno habilitó incluso a anotar ventas de la campaña del año que viene 2025/2026, que se estima en 47 millones de toneladas.

La cuestión era conseguir dólares a cualquier costo. Y la razón es que el gobierno ya se quemó casi 100 mil millones de dólares que ingresaron por distintos mecanismos:

Blanqueo: USD 20.631 M
Dólar Blend (CCL): USD 15.124 M
BOPREALES (1, 2 y 3): USD 10.000 M
Repo con bancos privados: USD 3.000 M
Préstamo FMI: USD 12.396 M
Bonte: USD 1.500 M
Retenciones bajas temporarias: USD 21.687 M (récord ene–jul)
Desembolso extra FMI: USD 2.069 M
Préstamos OOII: USD 6.263 M

Pero la oferta duró poco. En 48 horas el gobierno nacional informó que se logró alcanzar el cupo de 7.000 millones de dólares previsto por el decreto, “por lo que se ha dado de baja la opción de registración de las Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) que se encuentren amparadas por el beneficio del citado decreto”. Inicialmente iba a durar hasta el 31 de octubre, pero cerró el 24 de septiembre

Y a partir de este jueves comenzaron a regir nuevamente las alícuotas de derechos de exportación vigentes hasta el viernes pasado. El esquema al que volvió el país tras el cierre del beneficio es de: 26% de retenciones para soja, 24,5% para harina y aceite, y 9,5% para maíz y trigo

¿Quién ganó?

Lo cierto es que solo las grandes exportadoras aprovecharon esta baja de retenciones, cubriendo todo el cupo de unas 15 millones de toneladas en su mayoría de soja, lo que totaliza unos 7.000 millones de dólares. Y lo que implica que el Estado dejó de percibir unos 1.500 millones.

Como explica el gráfico elaborado por Agrofy en base a las declaraciones juradas presentadas los días de retenciones cero las principales empresas agroexportadoras como Bunge (EEUU), Dreyfus (Francia), Cofco (China), Viterra (Inglesa-EEUU) y Cargill (EEUU) se quedaron con el beneficio. 

  • LDC: 3,546 millones de toneladas
  • Cargill: 3,500 millones de toneladas
  • Bunge: 2,675 millones de toneladas
  • AGD: 2,506 millones de toneladas
  • Cofco: 1,868 millones de toneladas
  • Molinos Agro: 1,459 millones de toneladas
  • Viterra: 1,439 millones de toneladas
  • ADM: 678.000 toneladas
  • CHS: 479.000 toneladas
  • ACA: 373.000 toneladas
  • Amaggi: 364.000 toneladas
  • Otros: 700.000 toneladas

Y esto se produce porque esencialmente venden productos que todavía no tienen. Hasta antes de la medida compraron a los productores descontándoles las retenciones, y hoy luego del cierre de la medida, volverán a comprar lo que les falta nuevamente comprando con descuento de retenciones. 

¿Y los productores? La vieron pasar con la ñata contra el vidrio

Incluso en el caso que se produzca alguna “sequía comercial” o que los productores no quieran vender (los que puedan elegir) ese faltante seguramente lo cubrirán como en otros casos con soja provenientes de Paraguay y Brasil. Todo perdida para los productores.

Como lo exigen leyes vigentes como la conocida ley Martinez Raymonda, el gobierno podría haber exigido que las empresas acrediten la tenencia de los productos antes de anotar las ventas, pero eso no sucedió ni da la sensación que vaya a suceder en un gobierno que está al servicio de las multinacionales.

Como bien explica el periodista Matias Longoni en su cuenta de Twitter no es la primera vez que las agroexportadoras aprovechan estas ventanas para quedarse con las ganancias de la producción argentina.

“En octubre de 2007 Cristina ganó la presidencia y todos sabían que Néstor iba a subir las retenciones a la soja, en ese momento del 27.5%, para dejarle una buena caja. Pero el gobierno demoró un mes en concretar la suba al 35% y las exportadoras anotaron DJVE por casi la mitad de la cosecha de ese año. Con esa estrategia le cagaron a Cristina unos 2000 millones de dólares. Y como la jefa se quedó con la espina, en marzo de 2008 irrumpió con aquello de la resolución 125”. Ya es historia conocida.

La ley Martinez Raymonda, promocionada por Alfonsín, justamente habilitaba al Estado a revisar esas DJVE, considerando válidos sólo aquellos permisos de embarque declarados por el exportador cuando tuviera la soja para exportar ya comprada. Es decir que la cerealera no podía anotar una venta de soja si no tenía la soja en su poder. Es decir, que no se podía congelar las retenciones si no estaban los granos en su poder

Esta ley Martinez Raymonda incluso fue utilizada mucho tiempo después, en 2018, por el gobierno de Mauricio Macri, cuando debió volver a imponer retenciones (los famosos 4 pesos de Dujovne) y los exportadores volvieron a aprovechar unas pocas horas para anotar gran cantidad de exportaciones de mercadería que todavía no habían comprado. Así que el invento de Alfonsín sirvió para todos los signos ideológicos, aunque la verdad es que todos son juicios interminables, donde ganan los abogados y la cerealeras no devuelven ni un cobre”

EEUU de todos los lados del mostrador

Mientras este fabuloso negociado se concretaba desde las barrancas del Paraná por donde se desangra más que nunca la argentina, Milei y Caputo viajaban a EEUU a pedir ayuda para conseguir más dólares. Algo que parecen haber logrado con los anuncio del  secretario del Tesoro de Estados Unidos , Scott Bessent, de un posible swap de 20 mil millones de dólares.

Pero lo que llamó la atención en el comunicado de la ayuda financiera fue el pedido de Bessent de que Argentina vuelva a restaurar las retenciones.

¿Lo hacen para que argentina siga recaudando y pueda pagar la deuda o la ola de ventas de cereales argentinos golpea a los productores yanquis? Seguramente por ambas razones combinadas.

La situación interna de EEUU quedó clara tras el reclamo público  de la American Soynean Asociatión (ASA), la entidad que representa a los “farmers” estadounidenses.

El presidente de la ASA, Caleb Ragland, emitió la siguiente declaración:

“Los productores de soja de Estados Unidos han sido claros durante meses: la administración necesita asegurar un acuerdo comercial con China. China es el mayor cliente de soja del mundo y, por lo general, nuestro principal mercado de exportación. Estados Unidos no ha realizado ventas a China en este nuevo año comercial debido a los aranceles de represalia del 20% impuestos por China en respuesta a los aranceles estadounidenses. Esto ha permitido a otros exportadores, Brasil y ahora Argentina, capturar nuestro mercado a expensas directas de los agricultores estadounidenses. La frustración es abrumadora. Los precios de la soja en Estados Unidos están cayendo, la cosecha está en marcha y los agricultores leen los titulares no sobre asegurar un acuerdo comercial con China, sino que el gobierno de Estados Unidos está extendiendo $ 20 mil millones en apoyo económico a Argentina mientras ese país reduce sus impuestos a la exportación de soja para vender 20 cargamentos de soja argentina a China en solo dos días.

Los agricultores estadounidenses no pueden esperar y esperar más. ASA está pidiendo al presidente Trump y a su equipo negociador que prioricen asegurar un acuerdo inmediato sobre la soja con China. La economía agrícola está sufriendo mientras nuestros competidores suplantan a Estados Unidos en el mayor mercado de importación de soja del mundo”.

Los gobernadores ¿Productivistas?

Mencion aparte merecen quienes ahora se presentan como “opción moderada” de la derecha argentina oponiéndose a algunas medidas de Milei, pero que acompañaron y compartieron gran parte del trabajo sucio de ajuste y desregulación de los libertarios: los gobernadores de Provincias Unidas.

Esta es una buena oportunidad para saber a quiénes representan. Según sus propios discursos reclaman por los derechos de “los productores” y “la argentina productiva”.

Sin embargo, ante el choreo totalmente especulativo y que nada tiene que ver con la produccion que les acaban de hacer las exportadoras a los miles de productores que van a seguir pagando las retenciones mientras la diferencia la embolsan las multinacionales no se atrevieron a decir una palabra.

Gisela Scaglia, vicegobernadora de Maximiliano Pullaro y candidata a diputada nacional hablo del tema pero no cuestionó el provecho que puedan haber sacado las exportadoras, ya que “estaban en su derecho”. 

Sin despeinaese dijo que “lo que es triste es que las medidas no estén pensadas desde el corazón productivo y desde quien produce todos los días. Porque creo que tenían que llegar al chacarero, al que en este momento está arreglando el tractor, poniendo en condiciones la cosechadora para cuando venga la cosecha del trigo o tratando de preparar la sembradora para la nueva siembra. O muchos de ellos endeudados, tratando de comprar semillas, y que no pudieron llegar al menos este mes a poder hacer una compra sin retenciones”.

Además del gobierno de Milei, ¿quien le robó a esos “sufridos chacareros”, sino la expotadoras? Sería relamente extraño que un gobierno que endeudó a la provincia para realizar la obra publica que pidieron estas empresas desde La Bolsa de Comercio, hoy reconociera que son esas mismas las que hacen negocios a costa de la verddera producción. Se caen las carteas.

Se robaron un Vicentin

¿Cómo es posible esto en argentina? ¿Cómo es posible que en 48 horas, 10 empresas multinacionales se lleven un monto mayor a todas las deudas por las que quebró Vicentin (u$s 1200 millones), sin hacer mas que un trámite contable?

Esta estafa es posible por como esta organizado el comercio exterior en nuestro país que lejos de ser argentino hoy esta dominado por un grupo recudido de multinacionales principalmente estadounidenses pero también europeas y chinas.

Más alla de la complicidad del gobierno (que de probarse dejaría como migajas insignificantes a las coimas de Karin), esto sucede centralmente porque argentina ha perdido el control total de sus principales palancas de la economía como el comercio exterior y el control de sus puertos, lo que lo lleva a no tener control sobre su moneda por no poder regular el ingreso de divisivas.

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Eso sumado a una política de entrega total como la de Milei, con fuga de divisas, endeudamiento y desregulación de lo que entra y lo que sale del país,  han generado un combo explosivo aprovechado por las multinacionales del agro y las grandes potencias a las que pertenecen.

La oportunidad perdida con Vicentin, como posible empresa testigo del comercio exterior que nos permitiese tener una pequeña porción de ese mecanismo fundamental de la economía, profundizó este proceso que hoy da cuenta de la imposibilidad de pensar cualquier proyecto soberano independiente de desarrollo sin discutir la recuperacón nacional del comercio exterior, el transito fluvial, la administración portuaria y la industria naval propia.

Sin soberanía no hay futuro.

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MARINA MERCANTE RÍO PARANÁ SOBERANÍA

Las agroexportadoras van por todo

Fuente: www.revistalanzallamas.com.ar
Las empresas agroexportadoras, nucleadas en la Bolsa de Comercio de Rosario, que controlan nuestro comercio exterior y el proceso licitatorio de la vía troncal del río Paraná,  avanzan también en el intento de quedarse con el Belgrano Cargas y la Marina Mercante.

Históricamente el sector exportador de granos de la Argentina pugnó por tener, no solo el control del comercio exterior,  sino por incidir en el resto de los eslabones de la producción y comercialización agraria.

Este grupo concentrado de empresas (no son más de 12)  que casi en su totalidad está en manos de capitales extranjeros, tiene desde siempre un poder lobby gigantesco sobre los gobiernos provinciales y el gobierno nacional, lo que le ha permitido, prácticamente, diseñar muchos de los trazos de la infraestructura y de la inversión en obra pública en nuestro país.

A partir del control del ingreso de divisas y de su asociación con los grandes dueños de la tierra en Argentina, han ejercido sistemáticamente presión y, en algunos casos, enfrentamiento sobre los gobiernos que intentaron no seguir sus designios al pie de la letra. Controlan el dólar, y por ende el precio de nuestra moneda. 

Las deudas son de nosotros, los granos son ajenos.

El caso del gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, es paradigmático. El plan de obra pública que presentó apenas asumió está concentrado casi exclusivamente en mejorar la infraestructura a las agroexportadoras.

Lo presentó en la Bolsa de Comercio de Rosario bajo el nombre de “Plan de Obras para la Competitividad Logística del Complejo Agroexportador”, junto al presidente de la entidad Miguel Simioni, que por supuesto destacó la labor del gobernador.

Ampliación de rutas, “para que los granos lleguen mejor a los puertos”, como rezan los carteles en la traza de la autopista Rosario-Santa Fe donde se está construyendo un tercer carril. Accesos ferroviarios a los puertos, mejoramientos de las rutas internas, etc.

Como en la era Milei el financiamiento no es sencillo, el gobierno provincial endeudo a Santa Fe con el Banco de Desarrollo de América Latina en un crédito por 150 millones de dólares para la ejecución de obras viales estratégicas en la zona portuaria, a lo que hay que sumarle lo que la Provincia aportará:otros 37 millones de dólares.

Los 50 mil millones de pesos en los que Pullaro endeudó a la provincia, a un plazo de 36 meses, fueron en “coordinación” con la Bolsa de Comercio de Rosario. Y ahora el líder de la liga de gobernadores “Provincias Unidas” consiguió, de la Legislatura de Santa Fe, la venia para que la provincia tome nuevo financiamiento por 1.150 millones de dólares, una cifra inédita para Santa Fe.

Por si fuera poco, en el mismo período el gobierno provincial se jacta de haber despedido miles de empleados públicos, de haber puesto techo bajísimo a las paritarias docentes y estatales, y llegó en las últimas semanas en medio de la paritaria a decir que “si aumentamos mucho los salarios nos quedamos sin obra pública”

La provincia endeudada, los estatales con sueldos de miseria, pero las agroexportadoras van a mejorar sus ganancias a partir de las obras de infraestructura vial.

Por otro lado no es un dato menor, que la mayoría de estas  fueron planificadas hace años por los técnicos de La Bolsa (solo hace falta buscar esos planes en la web de la institución) y ahora encuentran (como con Perotti, el ex gobernador del PJ), un administrador que las lleve a cabo.

Los dueños del Paraná

No es ningún secreto que estas empresas, en su mayoría estadounidenses, pero también de capitales franceses y del estado chino, son las que planifican y controlan totalmente el nuevo pliego licitatorio de la administración del Paraná.

Desde hace tres décadas, menemismo mediante, el control y la administración del río Paraná quedó en manos privadas y extranjeras. De la mano de la empresa Belga Jan de Nul, el dragado y el cobro del peaje de los más de 5.000 buques que todos los años ingresan a cargar cereales, oleaginosas y  subproductos al gran Rosario, mantuvo al Estado alejado de cualquier posibilidad de ejercer soberanía sobre lo que entra y sale de nuestro país.

Este grupo de monopolios exportadores presiona para que eso se mantenga así, con el Estado argentino afuera, pero con más beneficios para el sector.

No es un secreto el control y la presión que ejercen. La presentación del primer pliego, que terminó fracasando, la hizo el jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Guillermo Francos, junto al director ejecutivo de la Bolsa de Comercio de Rosario, Javier Cervio; el presidente de la Cámara de Puertos Privados Comerciales, Luis Zubizarreta; el vicepresidente de la Comisión de Transporte de la Unión Industrial Argentina (UIA), Juan Locco; y el presidente de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y del Centro de Exportadores de Cereales (CEC), Gustavo Idígoras.

Luego de esa licitación fallida, cuestionada por estar direcccionada para que Jan De Nul sea la única posible oferente, se comenzó un nuevo proceso licitatorio en el que estas empresas dirigen las reuniones técnicas para poner las condiciones. Ya se realizaron en Buenos Aires, Rosario y Paraná, y entre otras cosas plantean el calado del Paraná a 44 pies (ahora está en 34), lo que es cuestionado por técnicos, ambientalistas y organizaciones soberanistas por la falta absoluta de sostenibilidad social y ambiental.

No solo es eso, también condiciones vinculadas al costo del peaje, los tramos que debe comprender el dragado (dejando afuera al tramo Timbúes-Santa Fe por ejemplo). Así, organizan la principal vía navegable, y palanca político económica argentina a su necesidad y beneficio. Presionan además para que no se desarrolle el proyecto del Canal Magdalena que le daría a la Argentina, no solo una salida al mar directa (hoy no la tenemos, estamos presos del Canal Punta Indio que pasa por Montevideo), sino la posibilidad de mejorar los costos de navegación.

Los trenes y los barcos

Ahora también pretenden el control del ferrocarril y de la marina mercante. Pocas veces habíamos asistido a un intento de control total tan desembozado y a una entrega tan abierta de las capacidades públicas sobre resortes clave de la economía como la infraestructura y el transporte, en la era Milei la entrega es con llave en mano. Las agroexportadoras están al acecho del anuncio del gobierno nacional para la licitación y privatización de los principales ramales ferroviarios de cargas. Pero el interés está centrado en uno, el que trae la producción desde el norte argentino a los puertos: el Belgrano Cargas.

Según aseguran esta mejora de la logística reducirá el costo del flete y promoverá el desarrollo agrícola de las regiones alejadas de los puertos Gustavo Idigoras, presidente de la Cámara de Industrias Aceiteras de la República Argentina y del Consejo Agroindustrial Argentino (que reúne a las principales cámaras agroexportadoras), “el costo del flete en zonas de NOA, alejadas de los puertos, tiene una incidencia alta, es de entre el 10% y 15% del valor de la mercadería, y eso podría reducirse a la mitad con un sistema ferroviario eficiente”. Lo que no dice Idigoras es que conociendo la historia y la relación entre el sector exportador y los productores, esa mejora seguramente nunca llegará a la producción, como sucede en el sistema impositivo.

¿Quien asegura que no se produzca una cartelización de las empresas adjudicatarias, y que esa reducción en el costo del flete quede en sus manos? Nadie.

Varias son las empresas interesadas en quedarse con el control del Belgrano Cargas, las nacionales AGD y ACA (ambas asociadas con otras exportadoras extranjeras), la empresa del estado chino COFCO, las estadounidenses Cargill y Bunge, la francesa Dreyfus y la anglo suiza Viterra (que el año pasado se fusionó mundialmente con Bunge, lo que las transformó en la mayor exportadora de cereales y derivados de la Argentina)

Pero como sucede en la mayoría de las áreas, más allá de las licitaciones llevadas adelante “por el estado”, las exportadoras a través de la Bolsa de Comercio de Rosario son las que dirigen los trazos de nuestra infraestructura e incluso las condiciones de esas licitaciones.  Así lo explica Idigoras. “Hay una mesa de trabajo en la cual la Bolsa de Comercio de Rosario también está coordinando encuentros técnicos porque si los pliegos no tienen la posibilidad de desarrollar un plan de inversión y de gestión, seguramente ninguna de las empresas va a participar.  

Es tal el saqueo y la entrega que en Argentina los procesos son inéditos para el mundo, y por supuesto muy diferentes a los que suceden en los países centrales, tan admirados y referenciados por los liberales y los grandes empresarios.

Así como en la cuestión del Paraná se intenta adaptar un río interior a los barcos oceanicos a costa de destruir el ambiente y dañar a las comunidades, en lugar de adaptar los barcos al río con sistemas acorde como sucede en Estados Unidos o Europa, en el caso de la privatización del sistema ferroviario también el proceso es insólito No se va a privatizar solamente la operación y el material rodante sino también las vías. El Estado no va a tener control de absolutamente nada, ni de las vías.

Otra cuestión son los plazos de concesión que al igual que en la entrega del Paraná, serán de 30 a 40 años, hipotecando cualquier posibilidad de desarrollo soberano futuro.

Paralelamente se va consolidando un modelo que se fue instalando desde el primer impulso que el kirchnerismo dio a la reconstrucción del Belgrano Cargas. El material rodante, vagones y trenes, es totalmente importado desde China, nada se fabrica acá. Perdiendo toda posibilidad de reconstrucción de la industria ferroviaria, una industria que junto con la naval son claves para la creación de empleo genuino en nuestra historia.

Las empresas ACA y COFCO recibieron el mes pasado los primeros 90 vagones comprados a una empresa china. Y están gestionando otros 90, lo que también indica que tienen asegurado quedarse con el ramal, por eso avanzan en la inversión.

No es casual que el material rodante sea de China, y es que la inversión para la reconstrucción del Belgrano, destruido durante el menemismo, se hizo a base del endeudamiento estatal con el país oriental, que viene con condiciones de compras de material chino. Hasta de durmientes y vías podrían verse inundando el puerto de Rosario provenientes de la República Popular China. No nos dejan fabricar ni un tornillo. La historia de siempre, el Estado hace la inversión importante, queda endeudado y los monopolios se quedan con el resultado para su beneficio, como en la obra pública santafesina. Raro el antiestatismo de liberales y monopolios.

Finalmente hay que decir que no solo las agroexportadoras están al acecho del Belgrano Cargas sino que las mineras también quieren colarse en la compulsa. 

Como explica Idigoras “la punta de este sistema ferroviario está en los desarrollos mineros, particularmente en el caso del cobre, del oro y del litio. Desde nuestro lado estamos abiertos a trabajar con otra industria”

El modelo extractivo quiere consolidar el control total de cualquier palanca estratégica, sin participación alguna del Estado, que ya hizo lo que tenía que hacer, poner la parte gruesa de la inversión.

La Marina Mercante, también.

Finalmente no podemos dejar de mencionar lo que está sucediendo con otro de los aspectos estratégicos de la logística nacional: la marina mercante.

Con el decreto 340/25 el gobierno de Javier Milei daba la estocada final a nuestra Marina Mercante. Establecía entre otros cambios modificaciones de los esquemas tarifarios en favor de las grandes empresas, permisos de navegación bajo bandera extranjera (reservado hasta el momento para bandera nacional en el caso del cabotaje) y flexibilización de las condiciones laborales de las tripulaciones argentinas, que podían pasar a estar regidas por legislaciones como las de Paraguay con muchos menos derechos y salarios. Además intentaron eliminar el derecho a huelga en el sector. Luego de un fallo, la Justicia Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal frenó la aplicación del decreto, así como la Cámara Nacional del Trabajo declaró la invalidez constitucional de los arts. 2 y 3 del mismo decreto que limitaba los derechos de huelga.

Y el debate se trasladó al ámbito legislativo, donde las agroexportadoras, que también tienen intereses en la marina mercante, mostraron los dientes.

Según afirma LPO la multinacional francesa Dreyfus intentó evitar que la oposición derogara el decreto de Milei en la Cámara de Diputados, a través de la Cámara de Puertos Privados Comerciales, que preside el CEO de Dreyfus Argentina, Luis Zubizarreta. 

Pese al lobby el decreto fue rechazado en la cámara de diputados y ahora se traslada el debate a la cámara de senadores. “Dreyfus logró partir varios bloques opositores, pero no le alcanzó para evitar que Diputados votará la derogación del decreto de Milei”, asegura el portal de análisis político.

¿Porque Dreyfus tiene interés en que no se voltee este decreto?

Porque en Paraguay tiene su propia empresa de transporte fluvial “Lógico Paraguay”, y con las modificaciones podría “copar” el transporte fluvial argentino pero con la legislación laboral y tributaria paraguaya, mucho más beneficiosa para la empresa que la argentina. Pero no es solo el caso de la francesa, del total de 53 empresas inscriptas con el pabellón paraguayo, sólo 6 (seis) son realmente empresas de ese país.

El futuro en juego

Como bien asegura Luciano Orellano, autor del libro  Argentina Sangra por las Barrancas del Río Paraná: “los países muestran a través de sus trazos en el transporte si los utilizan para igualar o desigualar, para industrializar o desindustrializar y primarizar su economía, para la felicidad o la infelicidad de los pueblos. Si son libres o esclavos de los imperialismos y el latifundio terrateniente; clase hegemónica en América Latina”

El avance total de los monopolios exportadores extranjeros sobre el control de toda nuestra infraestructura y los trazos de nuestro transporte marítimo, fluvial y ferroviario son una hipoteca para el futuro de la Argentina y cortan de cuajo cualquier posibilidad de un modelo emancipador de desarrollo que posibilite una argentina libre y soberana con justicia social.

Las grandes empresas, puntas de lanza de los intereses de los imperialismos, saben que es ahora o nunca el momento para consolidar ese dominio total de la mano del gobierno entreguista de Milei. Y que de lograrlo tienen la llave de nuestras riquezas por muchos años.

La cuestión es si el pueblo argentino comprende lo mismo y se organiza para detenerlo y defender la posibilidad de un futuro soberano.

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La escuela de cuadros de la independencia

Fuente: www.revistalanzallamas.com.ar

Mientras comenzaban a sonar los tambores de guerra de la emancipación americana, la independencia comenzó a forjarse en los claustros de una ciudad hoy casi olvidada por la historia oficial: Chuquisaca. En sus aulas y tertulias, jóvenes como Moreno, Monteagudo y Castelli se empaparon de las ideas ilustradas que luego prenderían fuego a los cimientos del orden colonial. Esta nota recorre el corazón intelectual de la emancipación: una revolución de ideas, protagonizada por una generación de cuadros forjados en la Universidad de San Francisco Xavier, que convirtió a Chuquisaca en el epicentro del pensamiento liberador de toda América.

¿Es posible entender el proceso de liberación americano del siglo IXX (o cualquier otro proceso de revolución)  solo desde el punto de vista militar o económico? Claro que no, o por lo menos no de manera completa abarcando toda su complejidad. Esta pregunta en realidad tiene como objetivo poder pensar otro plano de la liberación americana, el de la liberación de las ideas.

Y si bien está claro que no se gana una guerra sin balas ni ejércitos, y que detrás de las guerras subyace inevitablemente un choque de intereses económicos, de lucha de clases (que es lo que mueve la historia) no es menos cierto que es muy complejo pelear una guerra (y ganarla) sin tener claro por qué ideas se pelea.

Es más, difícilmente esas ideas puedan convocar a los protagonistas necesarios del cambio sino están preñadas de algún proyecto más o menos claro de futuro.

Tratar de entender momentos históricos aislados en el tiempo y de su contexto mundial puede ser un callejón sin salida, y pensarlo sin intentar captar las ideas predominantes puede transformarse directamente en una catástrofe interpretativa.

Estas concepciones nos convocan a la hora de intentar pensar el rol de los intelectuales, las instituciones que los formaron, y las expresiones políticas de esos pensamientos (como puede haber sido por ejemplo la prensa revolucionaria) en el proceso independentista de América

¿Cómo llegaban los jóvenes como Monteagudo, como Moreno o como Castelli, representantes de las ideas más radicales de la llamada “izquierda de mayo”, a tomar contacto con las lejanas ideas de la revolución francesa y el iluminismo europeo? Estamos hablando, para contextualizar, de tiempos de lentas comunicaciones y feroz censura monárquica y eclesiástica.

El rol de la Universidad

Sin duda que uno de los caminos era el de los libros, y el del contacto con algunos profesores alojados en centros de estudio. Pero hubo uno de esos centros de estudio que tuvo un rol central, el de la Universidad Mayor Real y Pontificia San Francisco Xavier de Chuquisaca.

La institución educativa a la que nos referimos es una universidad pública ubicada en Sucre, capital del actual territorio del Estado Plurinacional de Bolivia, ciudad que por entonces era denominada La Plata y pertenecía a La Real Audiencia de Charcas (oficialmente conocida como Audiencia y Cancillería Real de La Plata de los Charcas).

Fundada el 27 de marzo de 1624 por impulso de los sacerdotes jesuitas Juan Frías de Herrán, y Luis de Santillán, quien sería su primer rector. Herrán creó la Universidad sobre la base de un colegio jesuita, aprovechando el permiso real que permitía a estos colegios dar títulos académicos a sus alumnos. Impulsada por los jesuitas de La Compañía de Jesús, en sus comienzos estuvo dedicada a los estudios teológicos pero como sucedió en otras instituciones educativas regenteadas por la orden jesuita, la educación se extendía a otras áreas como “filosofía, lógica, física, literatura clásica y también una cátedra de ‘lengua índica’, donde se estudia ba aimara, quechua y guaraní.

En 1681 se agregaron los estudios jurídicos, inicialmente de derecho canónico pero pronto se extendieron a lo civil, con lo que la Universidad de Chuquisaca se convirtió en el principal centro de formación de abogado de una vasta región”, como explica Felipe Pigna en “La vida por la Patria”. Ideas jesuíticas como las del teólogo español Francisco Suárez (1548-1617), quien en su “Tratado sobre las leyes y sobre Dios legislador” afirmaba que la “potestad política otorgada por Dios como orden superior no corresponde a una persona determinada, sino que le toca de suyo a la comunidad establecer el régimen gubernativo y aplicar la potestad a una persona determinada, sobre la guerra justa de la rebelión frente a la tiranía”, antecedieron a las ideas de la ilustración y tiñeron parte de la enseñanza incluso en las colonias.

En 1767 fue expulsada la orden jesuítica por el rey Carlos III. La orden se había transformado en una corriente cada vez más profunda de cuestionamiento del absolutismo en Europa. Con su expulsión de los feudos coloniales y su salida de la Universidad se produjo un cambio de rumbo de la casa de altos estudios, pero nunca se alejó de su espíritu crítico y sus sedimentos vendrían a reavivarse algunas décadas después con la llegada de las ideas antimonárquicas de la ilustración.

Como explica Javier Mendoza Pizarro en su trabajo “La Universidad de San Francisco Xavier en los sucesos de 1809 en el Alto Perú”, mientras en Chuquisaca se mantenían los corsets ideológicos de la iglesia, iban floreciendo en Europa las ideas de la Ilustración que daban lugar a nuevas formas de interpretar el derecho. Esto empujó a que durante la segunda mitad del siglo XVIII se establecieran en España diferentes academias dedicadas a los estudios jurídicos siguiendo esa nueva orientación. De una de ellas, que funcionaba en La Coruña, egresó don Ramón de Rivera y Peña, que emigró hasta Chuquisaca, donde fundó en 1776 la Academia Carolina.

La nueva institución comenzó a funcionar dentro de la Universidad de San Francisco Xavier, aunque dependiendo de la Audiencia en cuestiones importantes como la designación de los profesores y del presidente de la Academia, que debía ser siempre un oidor (funcionarios de la corona española que se centraban en lo relacionado a la administración de la justicia).

Desde 1776 a 1809 se formaron en Charcas por lo me nos 362 abogados, que fueron conformando una masa crítica intelectual ilustrada que fue parte fundamental de las guerras independentistas, lo que el historiador francés Clément Thibaud denominó una “escuela de cuadros para la independencia

El historiador francés incluso hace en su estudio una lista de “miembros de la escuela de cuadros” que luego ten dría incidencia directa en el proceso revolucionario. “Bernardo Monteagudo, Mariano Moreno, Juan José Castelli, Jaime Zudañez (quien se encuentra entre los presuntos autores del manifiesto escrito en Chile en 1810 ‘Catecismo político cristiano’ y fue asesor de O›Higgins), o el 35% de los miembros de la junta insurreccional de La Paz en 1809, tres miembros de la junta de Buenos Aires en 1810, al menos 13 de los 31 diputados que proclamaron la independencia argentina en 1816”.

La Academia Carolina

El prestigio alcanzado por la modernización que implicó el desarrollo de la Academia Carolina se esparció por toda la América del Sur y atrajo a estudiantes de todas las latitudes en busca de la excelencia educativa y la formación en el derecho. La Audiencia de Buenos Aires no se fundó hasta 1785, y no fue hasta 1791 que se creó en Córdoba una facultad de derecho, pero ninguna de ellas alcanzaría la influencia de Chuquisaca.

La entrada a la universidad no era sencilla, no solo por condiciones económicas, sino por el carácter elitista de la misma. En la etapa posterior a la expulsión de los jesuitas se habían levantado algunas barreras de ingreso argumentando que durante ese período habían estudiado allí “toda clase de personas”. Es decir: mestizos, caciques indios y expósitos cuya “pureza de sangre no pudo ser probada”.

Es por eso que era muy común que estudiantes como Monteagudo, sin halos de nobleza, llegasen apadrinados a la casa de estudios.

Fueron las bibliotecas de algunos de los clérigos de la época, oidores, y profesores con nuevas ideas, las que con libros salvados de las hogueras y la censura, alimentaron la curiosidad y la sed de conocimiento de personajes como Mariano Moreno o Bernardo de Monteagudo.

Así como el joven Mariano Moreno, que luego tendría un rol fundamental en la Revolución de Mayo y fundaría La Gazeta de Buenos Ayres, se metió de lleno en los textos de Montesquieu, DÀguessau o Reynal (entre otros), gracias a la biblioteca del canónigo Matías Terrazas. Monteagudo disfrutaría de la invalorable lectura de las nuevas ideas en la biblioteca del oidor Ussoz y Mozi. Se conoce con certeza que circulaban obras como “El Contrato Social” de Rousseau o “El Espíritu de las Leyes” de Montesquieu, al igual que las de Locke o Diderot.

Según relata Manuel Moreno, hermano y biógrafo de Mariano: “Todos los mejores autores de Europa en cuanto a política, moral, religión, historia, etc. que pasaban de tiempo en tiempo por las severas prohibiciones del despotismo inquisitorial hasta Buenos Aires, terminaban en el Perú donde eran mejor recibidas, ya sea por el mejor precio a que se vendían, o porque el espionaje era menos severo allí, porque los responsables de entorpecer la circulación de tales obras les solicitaban que las colocaran en su biblioteca”. Moreno, 1812.

Ideas argentinas

Sobre la relación del clero americano con las nuevas ideas, y desde allí con las nuevas generaciones que iban anidando las semillas de la libertad americana, quien da una clara explicación de esa dinámica es José Ingenieros (médico, polí tico y periodista socialista) en su libro “La evolución de las ideas argentinas”, publicado en 1918, explicando cómo era esa relación en los distintos “estratos” de la iglesia, y cómo se iba conformando “el clima de época”:

 “La revolución argentina –y, en general la americana, pues ‘expulsados los jesuitas y relajadas las órdenes monásticas, el cetro literario pasó a manos de clérigos nacidos en Ámérica… que fueron el centro de las nuevas tendencias, escogiendo como medio adecuado el cultivo de las letras profanas’- tuvo el concurso de los nativos que en busca de una carrera liberal habían entrado al sacerdocio y se veían defraudados en su adelanto profesional por la situación de privilegio en que se hallaban los altos dignatarios, peninsulares todos. ‘Si la parte más numerosa y humilde del clero americano no fue hostil a la revolución, no puede decirse lo mismo del clero superior, de los obispos y arzobispos, entre los cuales no hubo uno solo, desde el Istmo hasta el Cabo, que no permaneciera leal a Fernando VII y a la bandera de la monarquía… Todos conocemos el rasgo de audacia que salvó a nuestra revolución en territorio cordobés’: la cabeza de la reacción española fue el obispo Orellana y a punto se estuvo de suprimir esa cabeza

Inglaterra había mandado a Buenos Aires, desde 1795, un agente secreto, real o supuesto fraile dominico, que es tuvo algunos años alujado en el convento con propósitos confesados de espionaje; en un panfleto que dio a luz en Londres a su regreso, en 1805, dice ‘que notó en la juventud mucha exaltación y odio contra la dominación española, no garantiéndoles la vida a los partidarios del rey y prometiendo colgar al último de ellos con las tripas del último fraile, como era la frase aceptada del republicanismo francés’”.

La Universidad se transformó en forjadora de juventudes revolucionarias y allí macerarían las ideas que luego da rían base intelectual a la gesta emancipadora. Transformada en la meca de las nuevas ideas a la que peregrinaban jóvenes de todo el Virreinato, la Universidad, y por tanto la ciudad, no tardó en transformarse en un hervidero de concepciones revolucionarias, que pronto tendrían su bautizo de fuego con la revuelta de 1809, la antesala de la Revolución de Mayo.

Vale una aclaración. Comúnmente se cita a la ilustración europea y a la Constitución de los Estados Unidos (un modelo que tiñó incluso algunos de los documentos fundacionales de la patria) como antecedentes “ideológicos” de los revolucionarios de Mayo, algo que si bien es cierto, es por seguro una concepción in completa.

Esta idea deja fuera de análisis un factor determinante en la conformación de las ideas revolucionarias de la época, como lo fueron los antecedentes de las rebeliones ocurridas durante toda la conquista con el protagonismo de los pueblos originarios. El estallido de Chuquisaca de 1809, que se cita como “el primer grito independentista”, tiene sus raíces en “otros gritos”, los de los pueblos que resistieron desde el comienzo la invasión española con gloriosos capítulos de resistencia y triunfos frente al colonialismo.

Los pueblos originarios, a los que se sumarían después los negros esclavizados traídos a América y los criollos ex pulsados de la tierra, dejaron una huella rebelde que llega hasta nuestros días y que sin dudas marcaron internamente gran parte de las ideas de los principales líderes revolucionarios de Mayo, como puede leerse incluso en los documentos y planes de gobierno escritos por Belgrano, Moreno, Castelli, Monteagudo y hasta el mismo General San Martín.

La revolución de los doctores (La otra revolución de mayo)

Volvamos a Chuquisaca. Como un ágora europea, la ciudad se constituyó en un foro de discusión sobre cuestiones jurídicas pero también filosóficas y por supuesto políticas. El cuestionamiento al origen de la autoridad de los monarcas, el derecho a la soberanía popular y otras ideas núcleo, corrían como regueros de pólvora. “En el seno de una élite de estudiosos se creó una comunidad homogénea por el conocimiento y el interés por la especulación, más o menos jerarquizada, y cuyos lugares de encuentro vieron nacer los inicios de una sociabilidad de tipo democrático (tertulias, salones académicos, etc.)…”, afirma Clément Thibaud en su trabajo “La Academia Carolina y la independencia de América”, quien continúa diciendo que “la conversación tenía una importancia decisiva para la circulación de las ideas locales, y desdramatizaba las opiniones ‘avanzadas’ por el hecho mismo de que no se podía hacer una amplia difusión de ellas.

Los intelectuales charqueños se opusieron a sus concepciones sólo verbalmente, límite que no es muy incapacitante si recordamos la extrema concentración de las élites norteamericanas. Por lo tanto, la práctica de la carta abierta y la lectura de la disertación en público juegan un papel muy importante en este contexto”.

El fermento revolucionario que se fue gestando entre la intelectualidad de Chuquisaca comenzaba a dar vida a lo que luego se llamó “la revolución de los doctores”, el primer grito criollo de independencia de América del Sur que tuvo lugar un 25 de mayo de 1809, un año exacto antes de nuestra conocida revolución de mayo.

Entre los oidores, los profesores y alumnos universitarios, comenzaba a cundir la insurgencia que se iba organizando (como sería a lo largo de todo el proceso independentista americano) en logias secretas que, en algunos casos, actuaban como verdaderos partidos revolucionarios de vanguardia.

La Sociedad de Independientes era el nombre que la organización había adoptado en Chuquisaca, y era conforma da por los sectores intelectuales, teniendo gran influencia en la conformación del Estado y en la introducción de sus miembros en las estructuras gubernamentales, de la justicia y militares.

Javier Garin, en su libro “El discípulo del diablo” explica que “aprovechando el influjo de la Universidad, cooptaba entre los estudiantes a sus cuadros juveniles para que, al graduarse y regresar a sus ciudades de origen, diseminaran por toda América el espíritu de la subversión.

Pertenecían a ella Moldes, Monteagudo, Lemoine, Michel, Mer cado, Alzérreca, Álvarez de Arenales, Sibilat, Malavia, los Zuldáñez y otros futuros patriotas. Casi con seguridad, eran agentes de este núcleo duro en la capital del Virreinato los graduados Mariano Moreno y Juan José Castelli, a quienes pronto tendremos oportunidad de ver en acción, del mismo modo que le reportaba en Quito el patriota ecuatoriano Manuel Rodríguez de Quiroga, también egresado de Chuquisaca”.

El historiador Gabriel René Moreno asegura que “los alumnos en Charcas, tenían sus reuniones secretas a las que concurría un grupo de elegidos iniciados y que fraternizaban entre sí con el vínculo de la más perfecta unidad de ideas y sentimientos contra la metrópoli”.

Y la “sociedad de los independientes” tuvo su oportunidad en 1809 ante las pretensiones de José Goyeneche, enviado desde España por la Junta de Sevilla, con pliegos de instrucciones para asegurar la fidelidad de las colonias al recientemente depuesto rey Fernando VII, pero también con acuerdos con la Infanta Carlota Joaquina, hija de Carlos III, hermana de Fernando y Reina de Portugal con sede en el Brasil, quien tenía pretensiones sobre las posesiones españolas.

Estas pretensiones eran rechazadas por las colonias, y fueron aprovechadas por “los doctores” para, en nombre de la fidelidad al rey de España, azuzar el espíritu independentista que comenzaba a crecer en el Virreinato.

La inmediata reacción del pueblo, que comandado entre otros por Monteagudo, dio inicio a la Revolución preparada desde antes por los alumnos y abogados de la Academia Carolina. Sobre el suceso, el historiador René Moreno dice: “Y su cedió lo que quería y esperaba que sucediese; alborotóse el pueblo, de por sí levantisco y en la ciudad hubo gran movimiento de gente que acudía a la plaza principal y a la Audiencia. Muchos se subieron a los campanarios y comenzaron a echar a vuelo las campanas; otros prendían fogatas en las calles. Desde la Audiencia disparaban cañonazos y descargas de fusilería para amedrentar al pueblo.

Pizarro ordena la libertad de Zudáñez, pero ya el pueblo se había amotinado y atacaron la Audiencia y tomaron pre so a Pizarro; salió éste escoltado por la muchedumbre y conducido por los revolucionarios…”

Luego de la revuelta que depuso al presidente de la Audiencia, del claustro universitario fueron enviados a la ciudad de La Paz como emisarios: el Dr. Manuel Moreno a Buenos Aires, el Dr. Bernardo Monteagudo a Potosí, el Dr. Alzérreca a Cochabamba, el Dr. José Manuel Lemoine a Santa Cruz y el Dr. Mariano Michel a La Paz, quienes lan zaron la “Proclama de la ciudad de La Plata a los valerosos habitantes de la ciudad de La Paz“, llamando a la rebelión abierta contra el yugo español.

La revolución de los doctores sería sofocada cruelmente, por la traición de algunos sectores que querían que los cambios no fuesen tan profundos ni de un rasgo tan popular como el que insinuaban los rebeldes patriotas, y por la todavía precaria organización revolucionaria, pero la mecha independentista no volvería a apagarse y se esparciría por toda América, que entraba así en una nueva fase: la de la liberación.

En una época como la actual, donde se intenta prohibir libros en las escuelas, se desfinancia la educación y se pauperiza el trabajo de los educadores, recordar y repetir su prédica de la ilustración como arma liberadora de los pueblos es una obligación moral para aquellos que soñamos con un pueblo soberano y dueño de su destino. La tarea de descolonizar las cabezas para descolonizar a la patria, es uno de sus más valiosos legados que debemos retomar en la tarea de la “docencia patriótica” que reclama nuestra hora. Finalmente, hoy se revela más actual que nunca su labor en la construcción de la unidad americana frente a las divisiones que planifican y concretan diariamente los imperialismos y sus lacayos locales para avanzar en el saqueo de nuestras riquezas. Reformulando las palabras que algunas vez pronunció Ernesto Che Guevara, hoy más que nunca es necesario crear una… dos… tres… ¡mil!… “Chuquisacas y Sociedades Patrióticas” que den nacimiento a miles de Belgranos, Monteagudos, Castellis o Morenos,  que aporten sus ideas para parir el futuro que soñamos.

Fragmentos del libro “¿Por qué volver a Monteagudo?, de Germán Mangione (*)

(*) Periodista, integrante del Foro por la Recuperación del Paraná y Encuentro Federal por la Soberanía

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Monteagudo: intelectual revolucionario

Por Germán Mangione (*)

“El que con la espada, la pluma o el incensario en la mano conspira contra el saludable dogma de la igualdad, éste es el que cubre la tierra de horrores y la historia de ignominiosas páginas”. Bernardo de Monteagudo, “Continúan las observaciones didácticas”, La Gazeta (21 de febrero de 1812)

Hace doscientos años, un 28 de enero de 1825, en una callejuela del Lima (Perú) se apagaba, o al menos eso creían, la llama de la pluma más filosa de la revolución americana. Ese día era asesinado por encargo Bernardo de Monteagudo, el intelectual revolucionario que siguiendo los pasos de Mariano Moreno llevó a través de toda la América “mestiza” la prensa independentista y la propaganda revolucionaria con la síntesis de las mejores ideas de libertad y soberanía popular que, germinadas por la concepciones de la ilustración antimonárquica y anti feudal europea, se fundían con la experiencia de los pueblos originarios y las clases oprimidas que pugnaban por liberarse a lo largo del continente.

En su breve pero intensa vida política y periodística (que en personajes como Monteagudo, precursores de lo que hoy los sectores más reaccionarios denominan despectivamente “periodismo militante”, no son más que dos dimensiones de la misma perspectiva) estuvo siempre a la par de los grandes héroes Libertadores de América y protagonizó, desde su rol de intelectual al servicio de la independencia. 

¿Por qué volver a Monteagudo? 

Pasó desde las primeras revueltas de Chuquisaca en 1809, por las campañas del norte posteriores a la “Revolución de Mayo” junto a Castelli, para luego integrar los primeros gobiernos patrios en Chile y luego en el Protectorado sanmartiniano en Perú, siendo pieza indispensable para en tender la Asamblea del Año XIII, y sentando las bases de los posteriores proyectos constitucionales, hasta ser la pluma que San Martín y O’Higgins eligieron como espada de las ideas en sus campañas para liberar Chile y Perú, y Simón Bolívar en su proyecto de unión de los pueblos americanos.

Dueño de un intelecto que obnubilaba a quien se cruzara en su camino, su pasión por la libertad americana y las ideas de la revolución le granjearon una innumerable cantidad de enemigos y detractores.

Convencido de que en los momentos decisivos de la historia la práctica política es a todo o nada, que las medias tintas son en esos casos no solo impotentes de transformación sino el mejor camino para la victoria de los enemigos de la libertad de los pueblos, no dudó en hacer lo necesario, o lo que las organizaciones revolucionarias de entonces consideraban necesario y le ordenasen hacer, contra aquellos que intentaban por intereses extraños a la patria, intereses propios, comodidad o simple cobardía, atemperar las llamas de la liberación.

Estudioso y partidario del rol central de la educación y la formación en el camino liberador de los pueblos, fue forjando su pensamiento a lo largo de su vida política. Pero no solo alimentado de libros y grandes pensamientos precedentes, sino de la amalgama de esas ideas con la práctica real de la construcción revolucionaria, lo que hace de su pensamiento y su legado un manantial de enseñanzas que trascienden su tiempo y llegan hasta nuestros días como un tesoro para quienes anhelamos la definitiva independencia de nuestras naciones frente a los intereses de las grandes potencias extranjeras.

Su vasto arco de pensamiento y desarrollo de ideas y su pulsión de estar donde la historia se está escribiendo, generan un sinnúmero de posibles abordajes biográficos. Muchos de esos abordajes ya han sido realizados con antelación a este intento, y con muy buenos resultados.

En nuestro caso, la mirada sobre Monteagudo, su vida, su acción y su pensamiento, está posada sobre su rol de intelectual de la revolución en América. Dicho rol ha quedado, no casualmente, muchas veces escondido a la sombra de las grandes figuras de nuestras revoluciones, o detrás de relatos que fuera de tiempo y contexto sobredimensionan episodios polémicos muy difíciles de entender con miradas de este tiempo y aislados del momento en que se desarrollaron.

Recuperar la trayectoria y los escritos del joven tucumano, un ciudadano de América toda, es no solo una reivindicación histórica sino esencialmente la posibilidad de brindar herramientas para pensar el rol de los intelectuales en los procesos de liberación nacional y social tan urgentes en nuestro tiempo. En su figura se condensa además un tipo de intelectual revolucionario en particular, el de aquel que se compromete a riesgo de su vida misma en los procesos que estudia e intenta comprender para sintetizar y transformar.

Un intelectual, un periodista, un propagandista, un político, al que le quema el corazón no solo por explicar y relatar las injusticias que observa e interpreta, sino por crear y poner en práctica las ideas y herramientas necesarias para transformar esa realidad y extirpar para siempre esas injus ticias. Ese fue Bernardo de Monteagudo.

¿Por qué recuperar ahora a Monteagudo?

Hoy nuestro país asiste al avance de lo más concentrado y reaccionario del poder oligárquico y colonial, personificado en los representantes directos de los principales imperialismos que se disputan el mundo, y de sus lacayos locales.

Vemos cómo avanzan imponiendo su plan económico de saqueo y extranjerización de nuestros bienes comunes, y para hacerlo han logrado una lógica colonizada de pensamiento que da sostén cultural e ideológico a ese plan, que en esta oportunidad y ante el fracaso de otras corrientes políticas, ha logrado penetrar en grandes sectores de nuestra sociedad.

Es por esto que para pensar cualquier proyecto de país que pueda lograr la felicidad de nuestro pueblo es necesario más que nunca concebir una nueva y definitiva “feliz revolución de las ideas”, como conceptualizó Mariano Moreno a la Revolución de Mayo de 1810.

En la lucha emancipadora, antes y ahora, indudablemente es primordial descolonizar nuestras cabezas, para allanar el camino de la liberación de nuestra patria.

Así lo entendieron, y actuaron en consecuencia, muchos de nuestros patriotas de mayo, entre quienes se encontraba ese inigualable intelectual revolucionario de la independencia, Bernardo de Monteagudo, que construyó allí, en el periodismo, la educación y la propaganda revolucionaria, su principal trinchera de lucha y aporte a la causa independentista.

Así nos lo necesitamos plantear hoy quienes anhelamos un futuro construido sobre una patria justa, libre y soberana.

Así también lo entendieron y lo entienden siempre los enemigos de la patria que trabajan de forma incansable para imponer sus intereses no solo con la fuerza, sino conjuntamente asentados sobre el control y la “imposición de las ideas”.

Lejos de una mirada nostálgica, rescatar la obra y sobre todo la vida de personajes como Monteagudo es poner la mirada en el futuro que queremos construir, un futuro en que las ideas y los intelectuales estén comprometidos en cuerpo y alma con la liberación de nuestra patria y la construcción de una Argentina justa y soberana

https://www.instagram.com/p/DFXjYResQT3/

*Fragmentos de la introducción del libro ¿Por qué volver a Monteagudo? de Germán Mangione.

Nota publicada en Rosario/12

 

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PUERTOS SOBERANÍA

(Más) Descontrol en los puertos

A través de una resolución, el Senasa reducirá los controles en puertos fluviales, marítimos, zonas de espera, muelles y otras áreas aptas.

La medida se suma a la virtual privatización de los controles que estableció el gobierno de Macri en 2017 y a la intención de re privatizar y extranjerizar el control del Paraná dejando en manos de intereses privados el control de lo que entra y sale por nuestro río.

Según la resolución 1278/2024, publicada esta semana en el Boletín Oficial, El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) actualizó el sistema de control de aptitud de carga de bodegas de buques y barcazas para exportación de granos, sus productos y subproductos “con el fin de simplificar y agilizar la operatoria”.  Se excluye a los buques que van a cargar mercadería que no requiera certificación del organismo sanitario nacional.

En un nuevo retroceso de la presencia argentina en el control de lo que sale de nuestros puertos, el gobierno de Javier Milei y Caputo impulsan una serie de cambios que desguarnece aún más al país en el control del comercio exterior.

Algunas de las principales modificaciones son:

Los procedimientos de supervisión del Senasa se optimizarán, ya que ahora se basarán en un análisis de riesgos para determinar la inspección de los buques.

Se modifican los porcentajes de supervisión, ahora el porcentaje de supervisiones por matriz de riesgo se baja a un mínimo de 5% y un máximo de 10%, cuando hasta el momento era de 20% y 30% respectivamente.

Esto implica que van a revisarse muchísimos menos barcos, y teniendo en cuenta el poder de las empresas exportadoras y las navieras seguramente será cercano al mínimo con suerte.

Se introduce la simplificación del trámite para obtener el “Certificado de Aptitud de Bodegas”, que será válido en varias terminales de la hidrovía o en el ámbito marítimo. Una operación peligrosa si se tiene en cuenta la “contaminación” por ejemplo de cargas con droga que suele no ser en un puerto de origen sino en el camino.

Se amplía el tiempo de notificación para las empresas de 24 a 48 horas antes de las inspecciones, y se extiende el periodo de evaluación de las entidades certificadoras a seis meses. También se eliminan ciertos requisitos para los verificadores de bodegas y la supervisión obligatoria fuera de la matriz de riesgo. Como esos allanamientos en los que la policía llega y no encuentra nada, porque ya se les aviso “DOS DÍAS ANTES” del control.

Este desguarnecimiento de nuestros puertos está justificado como siempre en una reducción de controles para evitar la reiteración y avanzar hacia la “simplificación burocrática”, cuando en realidad es prácticamente la eliminación de los pocos controles existentes, dejando a las multinacionales que dirigen nuestro comercio exterior, total libertad para todo tipo de operaciones que como nuestra historia muestra siempre que pueden están por fuera de la ley para mejorar sus ganancias.

También se eliminaron “los requisitos para los verificadores de bodegas, la obligación de supervisión obligatoria por fuera de la matriz de riesgo y la responsabilidad solidaria de agencias marítimas en cuanto al comportamiento de la entidad certificadora seleccionada”.

Esto es similar a la tercerización impulsada en la reforma laboral, y tiene que ver con que se crearon estos años muchas empresas fantasmas de certificación, muchas veces propiedad de las mismas exportadoras o agencias marítimas, y con el corte de la responsabilidad solidaria ante cualquier problema esas empresas que suelen no tener respaldo no dejan “pegadas” a las empresas contratantes y pueden inmolarse y desaparecer sin dejar rastros.

La obsesión liberal por destruir el control argentino

La historia no es nueva, ante cada gobierno liberal avanza una batería de medidas para quitar al Estado toda posibilidad de control y dejar las manos libres a los monopolios en su accionar. Así fue en 2017 con el gobierno de Mauricio Macri con la Resolución 693-E/2017, que también estableció “nuevas reglas” para el “control de aptitud de carga de bodegas y tanques de buques y barcazas para exportación de granos, sus productos y subproductos”.

Hasta esa resolución solo el Senasa era responsable de los controles, pero Macri habilitó el ingreso de controles privados. El resultado: la proliferación de empresas fantasmas propiedad de las empresas del sector y hasta de funcionarios del área que no solo capturaron un negocio millonario (legal e ilegalmente) sino que virtualmente se le dio la posibilidad a las exportadoras de autocontrolarse.

Este cambio se sumó a uno anterior hecho por el macrismo que reducía los controles solo a los barcos que se dirigían a países que exigían ese control.

Como afirmábamos más arriba la historia no es nueva y de hecho el presidente del Senasa durante el macrismo Jorge Dillon basó los cambios en una resolución del menemismo, que en diciembre de 1991 determinó que esos certificados podrían ser emitidos no solo por el Senasa sino por “entidades privadas u otras instituciones debidamente registradas a dicho efecto”.

Estas medidas originaron una denuncia penal del diputado santafesino Carlos Del Frade contra el presidente Mauricio Macri y el ministro de Agroindustria Ricardo Buryaile. El legislador también presentó una denuncia penal por “usurpación de cargo” de Cristian Cunha, el coordinador general de Puertos, que comenzó a ejercer sus funciones a principios de 2016 pero recién en mayo de 2017 se realizó el nombramiento en el Boletín Oficial.

La mano de Caputo

El ministro Caputo fue según el portal La Politica Online el impulsor de la vuelta de Pablo Benfatto a la coordinación, fiscalización y control de las operaciones portuarias del Gran Rosario, lugar desde el que puede decidir sobre la habilitación de las bodegas de los buques.

Benfatto , un hombre del ex presidente del PRO, Cristian Cunha, había ocupado ese puesto en 2017 durante la gestión de Macri cuando Cunha fue director del Senasa y el control de los buques virtualmente se privatizó.

“Muchas de las empresas privadas de certificación fueron creadas por ese tiempo y a las apuradas para hacerse del jugoso negocio. Algunas ni siquiera tuvieron la prudencia de crearse una página web. De hecho, el mismo Benfatto es titular de la empresa Port Solutions S.R.L. dedicada a la desinfección, fumigación y mantenimiento de tanques, actividades compatibles con los que se prestan en los buques”, asegura LPO.

Otro de los datos que aporta LPO es que “de 54 empresas inscriptas en el Senasa para prestar servicios portuarios, 14 no se registraron en el RITE, más del 25% siendo un negocio multimillonario: “Porque no pasaban un control a riesgo de ir en cana”, según explicó un funcionario de carrera del organismo”

Según la misma fuente, Cunha y Benfatto les dieron el negocio a estas firmas sin ninguna auditoría estatal. “Les cobraban tarifas planas a los buques para habilitarles las bodegas. A veces ni iban a chequear y decidían de manera discrecional qué barco podía cargar y cual no”. Se sabe que la estadía diaria de una embarcación sale una fortuna, “¿te imaginás lo que está dispuesto a pagar para que lo despachen rápido?”, preguntó con suspicacia un funcionario.

Una entrega de la soberanía

La supuesta “simplificación burocrática” no logra ocultar las verdaderas intenciones de entrega total de toda posibilidad de control del Estado argentino sobre lo que sale de nuestros puertos.

Algo que por la historia reciente puede ser trágico para el gran Rosario. Por un lado el caso Vicentin demostró un complejo entramado de planificación tributaria para el saqueo que apoyado en la casi nulidad de controles (que ahora se relajarán aún más) lesionan la capacidad de recaudación del Estado y engordan las ganancias de las multinacionales cerealeras y sus casas matrices en el exterior.

Por otro lado el crecimiento del complejo agroexportador del gran Rosario como trampolín de salida de la exportación de droga de los principales carteles de América Latina se verá potenciada por la reducción de controles, al que hay que sumarle la política de blanqueo de capitales para transformarlo en un combo mortal.

La frutilla del postre la pone el plan de reprivatización del río Paraná, que volverá a dejar en manos de consorcios privados la administración del dragado y balizamiento, y por tanto de la administración de las cargas que circulan por allí.

Ante esto las cámaras empresarias del sector como Ciara-CEC o sus instituciones como La Bolsa de Comercio de Rosario aseguran que están implementando sus propios sistemas de información y control.  Ahora no solo controlan que impuestos pagan mediante sus propias declaraciones juradas de exportación, sino que también quieren que creamos que van a controlar la salida de la droga de los puertos que creció de manera fenomenal los últimos 30 años y generó en su camino los padecimientos que viven nuestras comunidades inundadas de adicciones y violencia.

Los intereses de Argentina…..bien gracias.

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