Que el humo no tape la dependencia. Mapeo del ecocidio.

Desde lejos no se ve.

Mucho se ha hablado durante estas semanas de las consecuencias de las quemas e incendios recurrentes que se vienen produciendo en las islas. El humo ha invadido nuevamente a las principales ciudades de la región, y los reclamos por una urgente Ley de Humedales y el castigo a los responsables de semejante ecocidio vuelven a estar en el centro de las preocupaciones de la mayoría de la población, que enfrenta con impotencia un fenómeno que sólo se hace visible en los períodos en donde el fuego en los pastizales no permite mirar para otro lado.

La paradoja radica en que es un fenómeno que lleva varias décadas de desarrollo, pero que a pesar de estar relativamente próximo, ha sido lo suficientemente lejano e inaccesible para las mayorías que sólo perciben las consecuencias finales y más descontroladas de un proceso de larga data.

La cuenca del Plata en la mira.

Desde hace varias décadas en nuestro país se ha ido consolidando un modelo productivo modelado en función de los intereses de las principales potencias del mundo en alianza con los grandes terratenientes. Un modelo extractivista que concibe a esta parte del planeta como el reaseguro de ciertas materias primas que son estratégicas tanto para la seguridad alimentaria como para la producción industrial de las grandes potencias. Un modelo que además, clausura toda posibilidad de un desarrollo industrial, independiente, soberano y ambientalmente sustentable. Porque como en todo intercambio con nuestros “socios estratégicos”, a cambio de nuestras materias primas, vienen miles de horas de trabajo condensadas en cientos de productos importados.

El boom de la soja, la siembra directa, la innovación tecnológica con las semillas transgénicas, el corrimiento de la frontera agrícola (que en poco tiempo “colonizó” a fuerza de desmonte más de 70 millones de hectáreas llegando al corazón del Mato Grosso en Brasil), han conformando un verdadero “desierto verde”, que mucho tiene que ver con el cambio climático, las sequías extremas a las que hemos asistido en los últimos años y los cambios en los ciclos de inundaciones.

Es el resultado de un proceso que irrumpió con fuerza transformando el territorio, impactando de lleno en las formas tradicionales de la producción agropecuaria. La concentración de la producción sumada a la extranjerización y monopolización del comercio exterior, son sólo algunos de sus consecuencias más directas.

Un modelo “exitoso”, que multiplicó la producción de alimentos y que pese a las cosechas récord, mantiene a más de la mitad de la población por debajo de la línea de la pobreza. Un modelo que tiene a la Bolsa de Comercio de Rosario como una de las principales usinas que ejerce un looby permanente sobre el poder político en todos sus niveles, sobre las universidades y sobre organismos técnicos estatales encargados de la planificación y el control de la producción (INTA, SENASA, etc).

Humedales, una trinchera para la ganadería en retirada.

El trabajo “Humedales del Delta del Paraná, indicadores para evaluar la sustentabilidad de la actividad ganadera”, elaborado por el Taller Ecologista de Rosario, menciona que en los últimos 25 años se registraron importantes cambios. “El proceso de agriculturización generó el desplazamiento de un importante porcentaje de la actividad ganadera desde la Pampa Húmeda hacia tierras consideradas marginales, como los pastizales inundables del delta”.

El aumento de los precios de los commodities, junto al aumento del valor de la tierra y los arrendamientos, que benefició como nunca antes a los terratenientes, generó la desaparición de miles de pequeños y medianos establecimientos ganaderos y su reconversión a actividades vinculadas a la producción sojera. También obligó a otra parte a buscar refugio en nuevas áreas en donde los costos de producción pudieran ser más competitivos, tanto por un menor costo de las tierras, como por condiciones particularmente favorables para este tipo de producción.

Las islas ofrecen la presencia de recursos forrajeros naturales (se destacan el Lolium sp, Trifolium sp., Stipa sp, Paspalum sp., Bromus sp, etc  que crecen en forma espontánea y abundante), la presencia casi ilimitada de agua (téngase en cuenta que para la producción de 1kg de carne vacuna se requieren 15.000 litros de agua) y el hecho de que la topografía y los ríos actúan como una barrera de contención al ingreso de enfermedades infectocontagiosas y parasitarias.

De este modo, en las 2.3 millones de hectáreas que conforman uno de los humedales más grandes de Argentina, frente a las costas de Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires[1], en la que históricamente se habían desarrollado experiencias de ganadería de baja intensidad (se estima en 160.000 cabezas de ganado las existentes hacia 1990), avanzó en pocos años el éxodo ganadero, alcanzando su pico en el año 2007 llegando a las 1.100.000 cabezas.

Luego de las inundaciones de ese año fue descendiendo a casi la mitad, con un repunte que se dio en los últimos años alcanzando en el 2020 las 509.000 cabezas.[2]

Según el relevamiento efectuado de la foto aérea del sector, se han geolocalizado 365 establecimientos con sus respectivas instalaciones dedicadas a la ganadería, desde la ciudad de Diamante hacia el sur.

La carga animal fluctúa de 1animal / 1.46ha en las zonas con mayor densidad de explotación (islas departamento Ibicuy) a 1 animal / 5.56ha (islas departamento Gualeguay), cifras que no son muy distintas a las existentes en el norte de Santa Fe, el lugar con mayor actividad ganadera de la provincia, en donde la ganadería también es de tipo extensiva con un promedio de entre 1 animal / 3.5 hectáreas.[3]

La actividad ganadera predominante en la zona es el engorde estacional de bovinos, el cual consiste en ingresar los animales en los momentos libres de inundaciones, retirándolos o llevándolos a zonas más altas (cuando es posible) ante la llegada de las crecientes.

Se identifican también dos modalidades de acceso a los establecimientos: aquellos a los que se llega mediante caminos (en muchos casos definidos a partir de la ejecución de terraplenes) y los que se acceden directamente desde el agua, mediante la utilización de barcos de hacienda.

En el primer caso, se ubican los establecimientos más vinculados a las localidades de Entre Ríos (Victoria, Gualeguay e Ibicuy), en donde el proceso está signado por una notoria transformación y colonización del territorio con un impacto ambiental de gran magnitud, que en el año 2014 alcanzaba un récord histórico: 8.893 km de diques, terraplenes y canalizaciones, muchos de ellos clandestinos.[4]

En el segundo caso, más próximos a las costas de la provincia de Santa Fe, se encuentran los establecimientos conectados por la vía fluvial, en donde la ocupación se da fundamentalmente sobre la costa de las islas a la vera del río Paraná y en torno a afluentes como son el río Pavón, que desemboca a la altura de Villa Constitución, y avanza hacia el interior frente a San Nicolás en un serpenteante recorrido que concentra una cantidad importante de ellos. Lo mismo sucede, al norte del puente Rosario-Victoria, a la altura de la ciudad de Puerto Gral. San Martín, en el arroyo que desemboca en la denominada Boca del Bobo, frente a las instalaciones de Cargill Quebracho.

Resulta preocupante que en los últimos años se han empezado a conformar polígonos delimitados para “controlar” las inundaciones, particularmente frente a las costas de San Pedro y Ramallo, repitiéndose el patrón de apropiación del territorio mediante terraplenes y endicamientos, que ya  fueron mencionados anteriormente.

El mapa del fuego.

Es conocida e históricamente utilizada la quema inducida del pastizal como una medida de manejo aplicada con el objetivo de obtener rebrotes de mayor calidad de forraje. Sin embargo, se sabe que su aplicación está actualmente prohibida (Ley del Manejo del Fuego N° 9.868 – prov. Entre Ríos), y conceptualmente contraindicada, en términos de la persistencia productiva del recurso y las posibilidades reales de una acción controlada.

De hecho, algunos estudios sostienen que es bastante menor la cantidad de productores que realizan este tipo de acciones, en comparación a décadas atrás. [5]

El fenómeno de las quemas es multicausal, y para entenderlo es necesario tener en cuenta los efectos del cambio climático que mencionamos al inicio de esta nota, que determinan por una lado una sequía prolongada que viene afectando a nuestra zona sumada a la bajante extraordinaria del río Paraná que por su magnitud y persistencia, fue calificada como el estiaje “más largo de la historia” (desde 1884) y “seguirá siendo motivo de especial monitoreo”, según lo advierte el Instituto Nacional del Agua.

Todo este fenómeno ha generado condiciones de acumulación de biomasa propia del tipo de vegetación de las islas (especies de ciclo anual), que es altamente combustible, y que sumado al efecto de heladas de los últimos inviernos particularmente rigurosos da por resultado materia orgánica particularmente propicia para la propagación descontrolada del fuego, teniendo en cuenta además que la sequía ha debilitado la red hidrográfica que normalmente actuaba de
cortafuegos natural.

La “ausencia” del Estado en todos los niveles, la falta de presupuesto en las áreas que intervienen en el cuidado del ambiente, la connivencia con los intereses económicos que han ejercido en los últimos años una enorme presión sobre el recurso, y principalmente la falta de controles para hacer cumplir las leyes, sumada a la inoperancia de la justicia que en todo este tiempo no ha podido dar con los responsables, genera un cóctel explosivo que determina un verdadero colapso ambiental sin precedentes.

Del análisis de los registros de los focos ígneos, puede inferirse, que gran parte de las quemas actualmente se están realizando en sectores aún no productivos, lo que permite suponer que se trata de acciones tendientes a generar las condiciones para nuevos emprendimientos ganaderos, en zonas que se encuentran aún “vacantes”, teniendo en cuenta el aumento de autorizaciones emitidas por SENASA en el último período.

Por eso se hace imperioso, actualizar, registrar y dar a conocer tanto los catastros, como del listado de propietarios, arrendatarios o pastajeros, que permita identificar a los posible responsables de estas acciones, y aplicar las sanciones que impidan la continuidad de estas prácticas, sobre todo, en los lugares en donde las quemas se han reiterado sistemáticamente en los últimos años.

Sin dudas el humo más difícil de despejar es el que cubre la información precisa sobre los intereses económicos que están en juego, una maquinaria de ocultamiento de múltiples irregularidades que tienen un denominador común: la impunidad.

¿Nadie nunca escuchó a algún isleño hablar de los frigoríficos y cadenas de supermercados que todos conocemos y que tienen relación con muchos de los propietarios del lugar? ¿Ningún funcionario está al tanto de los consignatarios que poseen negocios con grandes ganaderos que tienen una parte de su producción en las islas? ¿Algún fiscal registra los casos de abigeato y venta en negro de animales que mencionan muchos habitantes de la zona? ¿Algún juez federal conocerá las áreas en donde se entremezcla el humo con el tráfico de drogas? ¿Alguna repartición de catastro estará al tanto de los trascendidos sobre ocupación irregular de tierras que efectúan renombrados terratenientes y conocidos políticos, sobre todo en las 125.000has de tierras fiscales del distrito Victoria?

Seguramente todo esto que se sabe de manera informal explica el por qué de tanta dificultad en encontrar responsables. Nada de esto podría suceder si no existiera un entrelazamiento entre el poder político, el judicial y sobre todo el poder económico que los vincula. Por eso, como señala el diputado provincial Carlos del Frade, más que de un  Estado “ausente” hay que hablar de un Estado presente, pero de la peor manera, con la complicidad necesaria para que nada cambie.

El esfuerzo de algunos funcionarios comprometidos, el de algunos referentes de la política que aún sienten que vale la pena seguir peleando por causas justas, y sobre todo la acción colectiva de cientos de jóvenes que no están dispuestos a resignarse frente a tanto ecocidio, ha permitido que el tema irrumpa en la agenda de la vida cotidiana, y les sea cada vez más difícil mirar para otro lado a los responsable de tanta desidia.

Así es como se ha logrado conocer, de forma parcial aún, los nombres de algunos grandes terratenientes y jugadores de peso en el negocio ganadero que tienen emprendimientos en la zona y se encuentran procesados o denunciados por incendios intencionales. Para citar los más destacados, es necesario mencionar a Rufino Pablo Baggio (directivo del grupo Baggio SA), José Antonio Aranda (directivo de Copra SA. vinculada al magnate George Soros y accionista del Grupo Clarín), Gustavo Carlos Lanzillotta, miembro de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Roque Fernández (ministro de economía de Carlos Menem), Juan Carlos Paladini (presidente del frigorífico Paladini), entre otros.

¿Ganadería para quién?

Las exportaciones argentinas de carne bovina crecieron en los últimos años alcanzando en el 2020 un récord histórico[6]. China se ha constituido en el  principal destino, representando cerca del 60% del total exportado, sobre todo luego de la entrada en vigencia a partir del 2019 del acuerdo que habilita la exportación de carne enfriada y con hueso hacia dicho país. El resto va a Europa, quien demanda un tipo de carne como la que se produce en estos territorios, porque los animales comen pasto natural y eso asegura niveles de calidad muy elevados.

El sintonía con esta demanda, el gobierno nacional, en mayo de este año, anunció el Plan Ganadero con el que aspira a aumentar la producción y estimular la exportación de carne.

Todo este fenómeno impactó en el precio de la carne en el mercado interno, porque los exportadores de carne prefieren enviar las carnes al exterior, por los valores que actualmente se pagan por tonelada.

La contracara es que Argentina presenta el nivel más bajo en más de 100 años en consumo de carne por habitante. En el año 2021 bajó a sólo 47,8 kilogramos per cápita.

Es decir, las vacas se van, pero el daño ambiental nos queda.

Todavía estamos a tiempo. Recuperar soberanía.

Los humedales son ecosistemas extremadamente frágiles y tienen múltiples beneficios para la vida: garantizan la provisión de agua dulce, amortiguan las inundaciones, y contienen una diversidad de flora y fauna que es preciso conocer para defender. Son, además, fuente de alimento para poblaciones ribereñas, y estructurantes de su cultura. Por eso su defensa es una tarea colectiva impostergable.

Ha sido extraordinario el movimiento que se ha desplegado en todo este tiempo, con un sinnúmero de organizaciones que a partir de la preocupación por el ambiente, cuestionan un sistema que parece empecinado en robarnos el futuro.

El debate está abierto y hay que atraverse a ir por más. Podemos seguir buscando culpables de las quemas. Que seguro los hay. Podemos hacer lo imposible por evitar que siga avanzando la ganadería en las áreas en las que aún no ha podido hacer pie. Podemos seguir exigiendo la Ley de Humedales para tratar de proteger un ambiente único que es necesario preservar. Pero lo que es seguro, que más temprano que tarde será necesario debatir si queremos seguir siendo una semi-colonia satisfecha con alcanzar las metas de exportación de materias primas que nos imponen desde afuera y que beneficia a unos pocos a costa de la destrucción de nuestro bienes comunes, o si vamos a animarnos a recuperar el sentido profundo de la palabra soberanía, para que el horizonte de la igualdad vuelva a ser patrimonio de las grandes mayorías.

Ese el principal desafío que tenemos por delante. Que el humo no lo tape.

Pablo Payró, miembro del Instituto Soberanía y del Foro por la Recuperación del Paraná, arquitecto, docente ISET 52 Diseño del Paisaje.

[1] El área analizada corresponde al territorio del PIECAS-DP (Plan Integral Estratégico para la Conservación y el Aprovechamiento Sostenible del Delta del Paraná), con una superficie de 2.300.326 Ha, comprendiendo 364.232 Ha a la provincia de Buenos Aires, 1.757.500 Ha a la provincia de Entre Ríos y 178.594 Ha a la provincia de Santa Fe.  Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

[2] Datos INTA-SENASA-FUCOFA

[3] Informe BCR – AÑO XXXVI – N° Edición 1899 – 15 de Marzo de 2019

[4] Estrategia para la implementación del Corredor de Biodiversidad del Delta del Paraná – Wetsland International. 2019

[5] Analizado en “Inventario de Leyes, Decretos, Resoluciones y Normas Ambientales en general, sobre el Tema:
Humedal del Delta del Paraná. Análisis de su operatividad y aplicación efectiva en el territorio” Raúl Brassesco (INTA Victoria)

[6] Informe BCR – AÑO XXXIX – N° Edición 2004 – Especial Ganadería – 04 de Junio de 2021