En los últimos días se conoció la información de que el gobierno nacional cedió tres fracciones de tierra a la vera del corredor vial que une Rosario con Victoria (ruta nacional 174).
El convenio firmado entre Vialidad Nacional y entidades agropecuarias definió otorgar dos parcelas para la Sociedad Rural de Victoria (SRV) y una para la Comunidad Islera Asociación Civil (CIAC) a los efectos del montaje de un sistema de mangas y corrales para el embarque y desembarque de hacienda en pie en la zona de islas.
Hasta ahora, el municipio de Victoria, centralizaba estas operaciones y cobraba un canon por dicha tarea. A partir de esta resolución, serán los propios privados los encargados de realizar esta logística de ingreso / egreso, gestión en la que fue clave el papel del gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, que jugó activamente en favor de estos sectores de fuerte peso en el negocio ganadero.
La noticia, que en muchos portales pareció circunscribirse a un tema de reordenamiento vial y diversificación logística, en realidad encierra una aguda disputa que se viene dando desde hace tiempo por las tierras que conforman el Delta del Paraná. De hecho, diversas organizaciones socio-ambientales vienen denunciando una acelerada transformación de estos territorios, que en muchos casos sostienen tiene que ver con las consecuencias del dragado sin control que se ha realizado en el cauce del río Paraná, y las prolongadas bajantes que producto de los efectos del cambio climático han venido agudizándose en los últimos años, poniendo en riesgo unos de los reservorios de biodiversidad más importantes de Argentina: los humedales del Delta del Paraná.
Territorios en disputa
El Delta del Paraná, es un extenso territorio de 17.000km2, con una inmensa biodiversidad que conjuga una multiplicidad de paisajes con una comunidad islera que ha desarrollado allí históricamente modos de vida respetuosos con el medio.
Es sabido también que la ganadería no es un fenómeno nuevo en las islas. Sin embargo, en las últimas décadas, el crecimiento de la actividad ha ido impactando de un modo más notorio en el ambiente de las mismas. De hecho, algunos estudios ([1]) indican que en el año 2007 llegaron a haber más de 1,5 millones de cabezas de ganado y que luego de la gran inundación de ese año, la cifra se redujo sensiblemente. En esa ocasión, la imposibilidad de efectuar un retiro rápido del ganado le terminó costando la vida a miles de animales y más de un productor se replanteó la posibilidad de seguir trasladando animales a territorios inestables como son las planicies inundables que conforman las áreas de humedales, a pesar de las facilidades de acceso que permitió la construcción de la conexión vial entre Rosario – Victoria a áreas que antes eran prácticamente inaccesibles.
El fenómeno obedece a causas estructurales que tienen que ver con un modelo productivo centrado en la producción de materias primas con eje en la producción de soja (que beneficia centralmente a los grandes terratenientes y a las multinacionales que tienen hoy control del comercio exterior), que producto del corrimiento de la frontera agrícola ha ido desplazando a áreas más periféricas actividades como la ganadería, que en muchos casos ha tenido que refugiarse en zonas en donde los costos de la tierra son menores y las condiciones de las pasturas pueden resultar convenientes para este tipo de actividad.
En un informe que realizáramos en el año 2022 ([2]), en el medio de una de las crisis ambientales más profundas de los últimos años generadas por las quemas en las islas, constatábamos solo del registro visual de la foto satelital la existencia de más de 365 establecimientos dedicados a la actividad ganadera, lo que indicaba un repunte de este tipo de actividad productiva.
Los períodos prolongados de sequía, las bajantes del río Paraná y sobre todo los taponamientos de las principales bocas que alimentan de agua al humedal que se han ido obstruyendo producto de la acumulación de los sedimentos arrojados en las tareas de dragado, vienen transformando aceleradamente las condiciones de este territorio y han despertado nuevamente el interés de grandes terratenientes y productores que ven en esto una nueva oportunidad para ampliar sus negocios.
Además, se sabe que una parte importante de estos territorios son tierras fiscales, que en muchos casos han sido usurpados de forma ilegal sin que el Estado tomara acciones para evitarlo, ni que se hagan públicos los datos catastrales que permitirían además verificar responsabilidades en caso de incendios, como los producidos en el año 2020.
En la imagen que vemos a continuación, obtenido del portal marinetraffic.com , podemos ver a modo de ejemplo, el registro de movimientos de la Draga “Pinta” perteneciente a la empresa belga Jan de Nul, que tiene aún la concesión de las tareas de dragado del canal de navegación principal de nuestro río Paraná. Allí puede observarse con claridad el tipo de maniobra que se realiza para arrojar el material removido sobre la costa de las islas, y lo que posteriormente por el propio escurrimiento de las aguas, se va desplazando y acumulando en las bocas de los riachos y arroyos interiores.
El municipio de Victoria junto a un sinnúmero de organizaciones vinculadas al cuidado del medio ambiente, pescadores, actividades turísticas, etc., han solicitado en varias oportunidades al gobierno de Entre Ríos que gestione la remoción de los sedimentos en las bocas de acceso a los riachos que se depositan por el refulado de arena del canal principal.
En momentos de bajante del río Paraná, hay sólo tres bocas que alimentan el humedal de Victoria: la Boca de la Azotea, la Boca del Bobo (arroyo Careaga) y las Cuatro Bocas (Boya 500 – Paranasito), ubicadas entre Puerto San Martín y Diamante. Estas entradas son fundamentales para mantener el flujo de agua dulce hacia el humedal y, en consecuencia, asegurar el bienestar del ecosistema y las comunidades costeras.
En esta imagen puede verificarse el grado de sedimentación en el ingreso de la Boca “boya 500 o Cuatro Bocas” (ingreso al Paranasito), que podía ser recorrida a pie son inconvenientes, prácticamente obturada y con escasos centímetros de profundidad.
En el video publicado a fines de diciembre del año 2024 por el portal web del Diario el Ciudadano, podía observarse otra de las bocas (boca de la Azotea) también con un alto nivel de sedimentación.
Sería lógico preguntarse, por qué el gobernador Frigerio que con toda premura y en un verdadero trámite express logró que el gobierno nacional le cediera las tierras necesarias para facilitar nuevos accesos desde la ruta en beneficio de la actividad ganadera, y que además ha estado sumamente activo en apoyo al proceso de licitación que el gobierno de Milei ha planteado para reprivatizar, entregar a manos extranjeras y profundizar el dragado del canal de navegación principal del río Paraná (en el que además pidió se incluya al Paraná Guazú – Bravo – Talavera como parte principal de la Vía Navegable Troncal), sigue haciendo oídos sordos a los reiterados reclamos respecto del dragado de las bocas que garantizan el agua en el humedal.
Nos preguntamos: ¿Es una acción deliberada para agudizar la situación de crisis hídrica que presenta desde hace años gran parte de humedal con el objetivo de lograr que una parte significativa de ese 1,7 millón de hectáreas puedan utilizarse con fines productivos?.
Además, es sabido que la Dirección de Hidráulica de la provincia de Entre Ríos cuenta con las dragas para poder hacerlo. Sucede en este sentido, algo similar a lo que reiteradamente se ha denunciado en relación a las dragas de la Dirección Nacional de Vías Navegables, que desde hace años se encuentran en estado de total abandono, para justificar luego que es necesario que las tareas de dragado sean realizadas por empresas extrajeras.
Tal lo informado por el portal Análisis Digital ([3]), “La Dirección de Hidráulica cuenta con dos dragas: una se llama La Primera y otra Rex. Las dos se encuentran en Villa Paranacito. La Primera está desarmada y desmantelada. La Rex, que es una draga de corte, está en desuso, pero con un mantenimiento adecuado se puede volver a poner en marcha: con una revisión de motor, cañería, bomba extractora, etcétera, podría volver a ser utilizada. Rex fue utilizada durante mucho tiempo para el mantenimiento del calado del Puerto de Diamante, también se ha utilizado para relleno y hace un tiempo la llevaron a Paranacito para el mantenimiento de los accesos a los canales. Y allí quedó.”
Es sabido, que renombrados terratenientes de la zona, han venido comprando tierras en los últimos años, a precios exiguos por tratarse de zonas inundables. ¿El gobierno de la provincia estará al tanto que su inacción puede terminar multiplicando el valor de esas tierras si su puesta en producción se asegura por la ausencia de anegamientos?. ¿Querrá garantizar un negocio en beneficio de unos pocos a un costo ambiental incalculable?
¿El gobernador sabrá que el recurso ictícola, que es sostén de muchas familias isleras, está en serio riesgo? ¿Conocerá que especies como el dorado, la boga y el surubí, precisan de este tipo de lugares para garantizar el desove y la reproducción de las especies?
No es la primera vez que intereses privados buscan apropiarse de estos territorios para transformarlos y dotarlos de condiciones similares a la existente en nuestra pampa húmeda: modificar las condiciones naturales para asegurar la expansión de la ganadería e incluso de la agricultura extensiva.
Es un proceso que algunos estudios definen como de “pampeanización”, cuyo ejemplo más burdo fue el llevado adelante hace algunos años por la multinacional holandesa Bema Agri, que durante 10 años alteró unas 10.000 hectáreas en la zona de islas frente a la localidad de Villa Constitución, construyó 19km de terraplenes para secar un perímetro en donde incluso llevó maquinaria para poder sembrar soja y maíz. Finalmente la justicia en el año 2018 le impidió continuar por infringir la protección de un área natural y las ordenanzas y leyes provinciales.
Tengamos en cuenta además, que gran parte del descontrol de los incendios que tanto afectaron a nuestra zona en los últimos años, también tiene que ver con este fenómeno: los endicamientos, el descenso del nivel de agua, hace que muchos riachos y cursos de agua menores que actuaban de “cortafuegos naturales” hayan desaparecido. Por lo tanto, los riesgos de que los focos de incendio se expandan rápidamente es mucho mayor, y las consecuencias ya las conocemos…
La intención del gobierno nacional de avanzar con la profundización del dragado del canal de navegación troncal del río Paraná, al que intentó llevar a 44 pies antes de que se frustrara el escandaloso proceso de licitación (aunque ya se sabe que volverá a intentarlo en los próximos meses), agudizará las condiciones críticas en las que ya se encuentra actualmente el humedal. Recordemos que este intento de privatización y entrega del río Paraná fue recientemente denunciado por más de 180 organizaciones que formaron parte de la épica “Remada Contracorriente” que recorrió 1.200 km en defensa del agua, la vida y la soberanía en el mes de marzo del presente año.
¿Victoria del agua o del agronegocio?
Solo comparar una imagen satelital actual con la de algunas décadas atrás, nos permite tomar dimensión de la dramática reducción de las superficies en las que antes había agua y ahora crecen pasturas propias de nuestra pampa que el propio ganado ha ido trasladando hacia este territorio en el que otrora reinaban los juncos y camalotes.
Para los 40.000 habitantes de la ciudad de Victoria, el acceso al agua resulta vital. Sin embargo, como ya pudo verificarse en momentos de bajantes del nivel del río, se ha estado cada vez más al límite en la posibilidad de asegurar la provisión de agua. Sucede que la Laguna Grande, que cada vez es más chica como puede observarse de la foto satelital, es la que se comunica con el Riacho Victoria en donde se encuentra la toma de agua de la ciudad.
La situación es cada vez más urgente, y si las tareas de profundización del dragado del río Paraná con el que pretende avanzar el gobierno nacional de Javier Milei en beneficio de las agroexportadoras se hace efectiva, y siguen sin tomarse las medidas necesarias para desobstruir las bocas de acceso que garantizan niveles de irrigación adecuados para el humedal, no solo se estará poniendo en riesgo la diversidad de la flora y fauna propia de estos ecosistemas, sino que, como ya se vio en anteriores bajantes, se pondrá en riesgo la garantía de acceso a un elemento vital como el agua para la vida y se hará cada vez más crítica la situación de sectores como el de la pesca artesanal, la agricultura familiar, el ecoturismo y la apicultura, que ya están al borde del colapso.
Continuar la pelea en defensa del agua, la vida y la soberanía es la única posibilidad para dar vuelta esta situación. Está en nuestras manos lograr que la victoria sea colectiva y en beneficio de todos.
(*) Pablo Payró. Es arquitecto. Miembro del Foro por la Recuperación del Paraná.
1era Mención categoría “Estudiantes – Nacional” del CONCURSO FEDERAL DE ENSAYOS “CUATRO DÉCADAS LEGISLANDO EN DEMOCRACIA: El Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo en el proceso de conformación y sanción de leyes”. Orden de mérito. Resolución Conjunta RESFC-2023-2-APN-DANPIDTYI#ANPIDTYI
¿Por qué no sale la Ley de Humedales?
Desde la recuperación de la democracia hasta hoy, la cuestión ambiental ha tomado preponderancia y se ha tornado parte de la agenda pública. En Argentina, durante estos 40 años de democracia existieron avances y retrocesos, pero sin duda dicha cuestión es parte de la política “grande” de nuestro país.
Dentro de este marco temporal, es inevitable mencionar como uno de los grandes hitos la Reforma Constitucional de 1994, que si bien es la primera en la historia en hacer mención del ambiente como un derecho social, es fuertemente cuestionada en cuanto a su tratamiento de los recursos naturales. Sin embargo, no puede dejar de reconocerse que la misma dio impulso a una serie de leyes importantes en esta materia: la Ley General del Ambiente; de Bosques; de Glaciares; como así también las recientes Ley de Manejo del Fuego y de Educación Ambiental Integral. Sin embargo, en este recuento de leyes sancionadas, todavía no podemos contar con una muy importante: la Ley de Humedales. Y esto a pesar de que en los últimos años nos hemos encontrado con una constante lamentable: grandes incendios a lo largo del país, que han irrumpido bruscamente en la agenda mediática a partir de que el humo llegó a las grandes urbes.
Estas quemas no son casos aislados, sino que se suman a una impactante ola de incendios a lo largo del continente y del planeta, lo que grafica una agudización importante de los efectos del cambio climático que también se refleja en grandes olas de calor en todo el mundo. En paralelo, se conjugan históricas sequías e inundaciones con un importante desplazamiento de la frontera agrícola por sobre montes y bosques nativos, con fuerte preponderancia del monocultivo de soja de la mano de los famosos “paquetes tecnológicos”, responsables del “milagro” de poder cultivar en zonas donde históricamente era imposible debido a las bajas precipitaciones o climas inhóspitos, desplazando a otros cultivos u otras actividades como la ganadería.
La pandemia ayudó a democratizar el cuestionamiento por la forma de producir y de consumir, y son muy numerosas las movilizaciones que se han despertado frente a las quemas así como frente a otras problemáticas ambientales que han propugnado notables movimientos alrededor de cuestiones como la minería, la extracción de petróleo o la defensa del agua que se entremezclan con movimientos soberanistas y patrióticos, con momentos de auge y apaciguamiento. Sin embargo, difícilmente puede decirse que se está logrando dentro del marco del Congreso el consenso que sí se logra mayoritariamente en las calles o en las redes sociales.
Después de 10 años de presentado, e incluso habiendo recibido media sanción el primer proyecto de Ley de Humedales en nuestro país, con diferentes presentaciones y con muchos más apoyos que al principio, éste aún se encuentra estancado en el Congreso. Ésto puede parecer producto de la terquedad y las mezquindades propias de algunos legisladores o de “la grieta”, o una consecuencia de la escasa prioridad por parte de los distintos gobiernos que “no escuchan”; pero si bien esas pueden ser algunas causas, la no aprobación de la ley responde a lógicas más profundas que las del propio ámbito legislativo e incluso a lo estrictamente político; lógicas que van y vienen entre el ámbito estatal y la sociedad civil. Desglosar dichas lógicas es el objetivo de este ensayo, y más en concreto, el interrogante a responder es: ¿Por qué no sale la ley?
Partiendo desde una perspectiva marxista pero ubicando la particularidad de América Latina y de nuestro país, el hilo conductor que se sostiene es que el dominio histórico de la clase social de los terratenientes (clase histórica en América Latina, y que actualmente continúa en expansión) no solamente le ha dado forma al país en términos territoriales, sino que ha impregnado fundamentalmente las políticas económicas y ha delineado un país “a su medida”, impactando también sobre las políticas ambientales. Si bien ésto tuvo vaivenes a lo largo de la historia, desde la última dictadura militar en adelante su avance ha sido voraz, y la expansión de su poderío económico y consecuentemente político se logró a través de una nueva ampliación de la frontera agrícola, ésta vez por sobre montes y bosques nativos, donde muchas veces el fuego cobró protagonismo. Ésta característica no es propia únicamente de la Argentina, sino también pueden citarse los casos de Brasil o Bolivia con el Amazonas.
De manera implícita, el abordaje desde el marxismo ubica al Estado dentro de la superestructura, condicionado por la estructura económica de la sociedad donde objetivamente cobran peso las clases sociales, y en particular, una clase social con peso histórico de América Latina como son los terratenientes. Dicha perspectiva da cuenta de que la hipótesis que se plantea tiene que ver con que los intereses propios de esta clase social (la cual mayoritariamente ha delineado el rumbo de nuestro país) no solamente son los responsables de que esté trabada la ley, sino que más bien han moldeado un esquema constitucional y jurídico-legal que en la práctica es muy cómodo para el saqueo y la explotación por parte de potencias extranjeras y empresas multinacionales. Esto no significó el bloqueo total a cualquier tipo de ley, pero sí un fuerte condicionamiento a los esquemas jurídicos ya sea a través del boicot a las leyes aprobadas (como por ejemplo con los intentos de declarar inconstitucional la Ley de Glaciares) o directamente desconociéndose las mismas en la práctica, como podría considerarse frente a los desmontes ilegales.
Utilizando una metodología de carácter cualitativo, se analizan los diversos proyectos y dictámenes existentes, pero haciéndolos parte de algo mucho más grande, aventurando que las diferencias existentes entre los mismos, más que técnicas o científicas son en realidad económico-productivas y en consecuencia, generan distintos bandos políticos. El ensayo se estructura desde lo general a lo particular de la siguiente manera: se parte de caracterizar el momento actual en cuanto a la situación internacional, regional y nacional en relación a la cuestión de los humedales; en segundo término, se pasa a una breve historización del proyecto, y a la distinción de los diversos proyectos presentados y a la disputa existente al interior de las Cámaras Legislativas; en tercer lugar, se abordan desde una escritura de carácter más “militante” los distintos argumentos en contra y son rebatidos, a la par que se pone fuertemente en discusión la Constitución de 1994 y se realizan propuestas de cara al futuro.
El lugar de Argentina en el mundo y la disputa por el futuro de los humedales
Los 40 años de democracia se enmarcan en 40 años de profundos cambios a nivel mundial, que van desde el colapso de la URSS y el fin de la Guerra Fría, pasando por un mundo fuertemente hegemonizado por los Estados Unidos, hasta una situación actual donde vuelven a aparecer potencias con la fuerza suficiente para disputarle a los norteamericanos el control del mundo y que influyen sobre todos los continentes y países, agudizando la contienda.
En la Argentina, estos últimos 40 años han puesto en cuestión la máxima alfonsinista de “con la democracia se come, se cura, se educa”. Más bien, fueron años en los que se legitimó (sobre todo en términos económicos) la herencia posdictatorial: un modelo de acumulación basado en la valorización financiera, mezclado con un desguace brutal del Estado Nacional, niveles de deuda estrafalarios, y todas las consecuencias sociales que eso conlleva en términos de crecimiento de las desigualdades, pobreza, insuficiencia en el acceso a servicios básicos, así como también la profundización del narcotráfico y el crimen organizado. Esto tuvo sus repercusiones sociopolíticas, y si bien existieron gobiernos que optaron por una mayor redistribución, la regla general fue otra y se reforzó el clásico modelo agroexportador, más bien entendido desde el rol asignado a nuestro país como productor de materias primas en la división internacional del trabajo.
En este marco, la agudización de las problemáticas ecológico-ambientales en los últimos 20 o 30 años no es casual. Lo que hay de nuevo es que ahora vemos sus consecuencias con mayor vehemencia. A la par, el mundo vive tiempos tumultuosos y podemos caracterizar como definitivamente equívoca la tesis del filósofo norteamericano Fukuyama, quien planteaba que con el fin de la Guerra Fría se llegaba “al fin de la historia y el fin de las ideologías”. La pandemia y la guerra en Ucrania parecen significar puntos de quiebre a los tiempos donde Estados Unidos tuvo una amplia preponderancia sobre el resto de los países del mundo, algo que ya venía en declive. La llamada “guerra comercial” entre la máxima potencia y China va en escala, y se ha pasado de lo que era una fase de “complementariedad” a lo que algunos denominan la fase de “desacople” entre estos países: economías hasta hace poco complementarias (que se compraban y vendían mutuamente) empiezan a desprenderse gradualmente, en una perspectiva no sólo económica sino también estratégico-militar, bajo la premisa de que es poco conveniente comerciar con su principal competidor por el liderazgo del mundo. Mientras China busca pasar a ser la potencia hegemónica del planeta para el 2050, EEUU busca mantener su poderío; y bajo esos objetivos, se empiezan a perfilar distintos bloques.
Esto ha significado que ambos, y sobre todo la potencia asiática, tengan que buscar formas alternativas de cubrir sus necesidades alimentarias y de recursos. Y aquí es donde se enmarca una avanzada histórica sobre bosques y montes nativos así como también sobre zonas anteriormente “improductivas” (que se calcula en alrededor de unas 70 millones de hectáreas “nuevas” en los últimos 20 años) no sólo en la Argentina sino en buena parte de la región donde destaca la destrucción del Amazonas tanto en Brasil como en Bolivia, siempre con el fuego como protagonista. A su vez, el cultivo que se impone como el eje de esta avanzada es la soja, planta “milagrosa” que por sus nutrientes y su valor ha modificado el panorama económico y político de la región, con la consolidación en el poder de una clase histórica en América Latina: los terratenientes, ahora con territorio ampliado y sin el contrapeso de un Estado desahuciado en la década de los ´90.
Sin este contexto internacional, es imposible poder comprender varios proyectos que se han impulsado recientemente en nuestro país (como las mega granjas porcinas o lo que se discute sobre los “improductivos” bajos submeridionales en la provincia de Santa Fe) así como tampoco podrán entenderse las “demoras” de la política. Al mismo tiempo, es un elemento clave para comprender la discusión en torno no sólo a los humedales, sino a la totalidad de las problemáticas ambientales donde se pone en juego la contradicción (ficticia o real) entre ambiente y producción, y que también vienen despertando resistencias a lo largo del país.
¿Por qué hablar de los terratenientes?
Reformulando una frase hecha, podemos decir que discutir el ambientalismo desligado de la cuestión de las clases sociales es prácticamente hacer jardinería. Por lo tanto, es necesario dedicar a esta cuestión un apartado en específico, porque mientras para algunas corrientes políticas e intelectuales hablar de terratenientes es tildado como algo antiguo y vetusto, pienso que ésto no pierde vigencia. Obviamente, la característica fundamental tiene que ver con la acumulación de grandes cantidades de tierras en pocas manos, pero sería difícil reducir esto a un criterio cuantitativo simple ya que son varios los factores que “ayudan a definir” a un terrateniente además de la cantidad: la productividad de dichas tierras, la distancia que hay con respecto a las principales vías de comunicación, la utilización que se la otorga a dichas propiedades… pero ésto ameritaría otro ensayo de igual tamaño, por lo que en realidad prefiero hablar de terratenientes y no conceptualizarlos de otra manera (cómo podría ser para otras corrientes la idea de “burguesía agraria” o “burguesía rural”) debido a la forma de adquisición de la tierra, ya que en una perspectiva histórica, quienes hoy son “dueños” de una importante cantidad de tierras en nuestro país no se apropiaron de ésta a través de una forma “capitalista” (es decir, a través de la libre competencia) sino que tanto antes como hoy, han avanzado sobre las tierras “no ocupadas” a través de la violencia tanto de carácter físico, desplazando a las poblaciones que allí vivían; así como también destrozando y modificando el ecosistema, bajo una figura que a día de hoy podríamos caracterizar como “violencia ambiental”.
La potestad sobre el medio de producción histórico de América Latina vino acompañada de una ideología fuertemente conservadora, boicoteadora de una diversificación productiva amplia así como también de un desarrollo pleno de la industria nacional. Esto los llevó a impugnar cualquier proyecto político que a lo largo de la historia planteó salir del puesto “natural” de nuestro país: el de ser el granero del mundo, idea que en la actualidad fue reeditada bajo la premisa del “supermercado del mundo”.
Actualmente, estos elementos nos ayudan a sostener que ésta clase terrateniente no solamente sigue detentando el poder sino que está en franca expansión, y que a partir del avance territorial frente a bosques, montes y poblaciones nativas ha extendido también su poderío económico y es en la actualidad la base de sustento político de importantes movimientos políticos (el macrismo en Argentina, el bolsonarismo en Brasil, los golpistas en Bolivia) que no se restringen solamente a lo electoral sino que funcionan como grupo de presión, impugnando en ocasiones el juego democrático así como buscando condicionar a los gobiernos que no le son tan afines. En concreto, no es osado decir que los terratenientes significan un peligro para la democracia, y que sin duda condicionan el funcionamiento “ideal” de las cámaras de representantes.
Esto no es novedad, pero a diferencia de otros momentos históricos, es difícil decir que existe una burguesía industrial o comercial de peso, ni que existe un Estado o movimiento obrero fuertemente organizado capaz de hacerle contrapeso. ¿Entra en los planes de este grupo la protección de los humedales o la defensa del ambiente en general? La pregunta queda abierta, pero podemos aventurar que no.
Breve historización del proyecto de “Ley de Humedales”
Antes de entrar de lleno en la cuestión de los humedales, es necesario destacar que es posible encontrar varios antecedentes, ya que podemos inscribir a esta lucha junto con varias otras precedentes entre las que podemos mencionar: Ley General del Ambiente, Régimen de Gestión ambiental de aguas, Gestión y Eliminación de los PCBs y Gestión Integral de Residuos (todas del 2002); Ley de Bosques (2007); Ley de Glaciares (2010). En varias de éstas es posible rastrear procesos parecidos al que se desarrolla actualmente con la Ley de Humedales, en términos de quienes la impulsan y quienes la resisten, así como también con respecto a la movilización por parte de la sociedad civil, lo que en términos de Berdondini (2016) se define como “lo representable”: aquello que aparece en la historia buscando hacerse oír y que se manifiesta como “formas representativas no electorales”, de las cuales pueden ser ejemplo las más de 500 organizaciones que actualmente adhieren al denominado “proyecto consensuado” presentado por el diputado Leonardo Grosso.
A partir de esto, no es incorrecto decir que la lucha legislativa por una Ley de Humedales precede a la masificación de la consigna que puede verse actualmente en las distintas manifestaciones. Ya en 2010 algunas ONGs, en conjunto con Universidades Nacionales, empezaron a trabajar en un proyecto de Ley de Humedales, teniendo como base las otras leyes de presupuestos mínimos ya existentes. El primer proyecto presentado en relación a este tema tuvo lugar en abril de 2013, a cargo de la senadora nacional por Entre Ríos, Elsa Ruiz Díaz (Frente para la Victoria), con la asistencia de la Fundación Humedales. Meses después, en septiembre, el senador santafesino Rubén Giustiniani junto a diversas organizaciones de la sociedad civil presentó un segundo proyecto en un mismo sentido. Para fines de ese año, ambos proyectos se unificaron y terminaron obteniendo media sanción en la Cámara de Senadores de la Nación, pero al no tratarse nunca en la de Diputados, perdió estado parlamentario en diciembre de 2015. Según Giustiniani, en ese momento prácticamente no se tenía conocimiento ni siquiera de la palabra “humedales”; y esto incluso fue un factor favorable de cara a que pudiera recibir la media sanción.
Un tiempo después, en febrero de 2016, la senadora riojana Mirta Teresita Luna presenta nuevamente un proyecto en continuidad con los anteriormente presentados; a la par que la rionegrina Magdalena Odarda y Fernando “Pino” Solanas también presentaron otro en el mismo sentido. De la misma forma que en el caso anterior, se fusionaron, obtuvieron media sanción y nunca fueron tratados por Diputados, perdiendo estado parlamentario en marzo de 2018. Entre marzo y junio de 2018 se presentaron en ambas Cámaras 3 proyectos más auspiciados por distintos legisladores, pero esta vez sin siquiera lograr una media sanción, por lo que al año siguiente perdieron estado parlamentario. Sin embargo, en 2019 se obtuvo un primer fallo favorable a los humedales por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que amparó a un grupo de vecinos que habían denunciado un emprendimiento inmobiliario en la ciudad de Gualeguaychú, Entre Ríos que se emplazaría sobre una zona de humedales y lo frenó.
Hasta aquí, la discusión era más que nada patrimonio de intelectuales y organizaciones ambientalistas. El punto de inflexión para este tema llegó con la pandemia de Covid-19 y los incendios en el Delta del Paraná en 2020, ya que la irrupción del humo en grandes urbes del país por un tiempo prolongado significó la puerta de entrada a la agenda gruesa de la política nacional, en un contexto de encierro que redundó en que muchos se interesaran pasiva o activamente por la cuestión, lo que incluso se tradujo en sendas manifestaciones multitudinarias a pesar una situación sanitaria compleja. Esto se reflejó en que durante los últimos años aumentó también el interés por parte de la política, que se manifestó de hecho en que en 2020 se presentaron 15 proyectos (10 en Diputados y 5 en Senadores), logrando obtener un dictamen unificado de comisión favorable en la Comisión de Ambiente pero que nunca llegó a tratarse; así como en 2022 hubo una misma cantidad de proyectos presentados. De la misma forma, cabe destacar que hoy por hoy la cobertura mediática que tiene la cuestión es incomparable a cómo era previo a 2020, ya que prácticamente la mayoría de los medios de comunicación más importantes hacen al menos mención en redes sociales de lo que sucede con la ley.
Podríamos decir, a la manera de Berdondini (2017), que la cuestión de los humedales tuvo una irrupción contingente en 2013, ligada principalmente a la integración de ésta dentro de una cuestión ambiental comprendida de manera amplia, donde se incluyen los antecedentes ya mencionados. Esto implica ligar su irrupción a una cuestión de agenda más propia de la vida política del Congreso que a una cuestión de agenda pública general de la sociedad, lugar donde si podría situarse a partir de 2020.
A ésto también se sumaba, sin dudas, una coyuntura política de mayor cooperación a nivel legislativo producto de una mayor fragmentación de la oposición en ese momento. En la actualidad, este escenario no se repite. Los grandísimos incendios mayormente enfocados en el Delta pero que tienen expresiones en muchos lugares del país en el marco de una sequía histórica, pusieron a la vista de cualquiera la necesidad de protección de los humedales. Sin embargo, los cambios en la correlación de fuerzas políticas da cuenta de una mayor cohesión y unicidad de la oposición, enmarcado en un Congreso prácticamente agrietado y donde el rol opositor en general se caracteriza fundamentalmente por la idea de “frenar al Gobierno” más que por el hecho de intentar generar iniciativa propia. Esto no se traduce linealmente en que toda la oposición cumple un rol obstruccionista, sino que puede verse heterogeneidad al interior de la misma: mientras algunos operan abiertamente para que la ley no salga, otros se preocupan por lograr una ley de carácter más “lavado” y con menor grado de protección.
En lo que respecta a las últimas novedades, en la actualidad se han emitido dos dictámenes en torno a la ley: uno de mayoría, encabezado por legisladores de Juntos por el Cambio; y uno de minoría, principalmente impulsado por legisladores del Frente de Todos.
La situación actual: varios proyectos, dos dictámenes y un triple lobby en contra
Lo primero que hay que decir es que Argentina es uno de los pocos países que no cuenta con una ley de humedales. A partir de esto, es necesario dar cuenta de la existencia de una diversidad importante de proyectos presentados a lo largo de los últimos años. De éstos, difícilmente podríamos decir que mayoritariamente son antagónicos, sino que más bien las diferencias radican en que, desde bases parecidas, algunos incluyen una extensión mayor o menor en torno a las definiciones que incorpora el proyecto, algo que de fondo traduce diferencias no tanto científicas sino más bien políticas: algo que, como analizan Straccia e Isla Raffaele (2020), ya ha sucedido en otros casos. En base a esto podemos decir que, más que técnicas, las diferencias más bien son de carácter económico-productivo, y esto se traslada a la disputa en el campo político. En concreto, la discusión se da entre proyectos más “completos” y otros más “lavados”, sin nunca haber llegado al punto de que se rechace alguno sino que más bien, cuando la discusión se estancó o no se tuvo la intención de aprobarlo, se optó por la opción del “cajoneo”.
En cuanto a lo estrictamente técnico, la discusión al interior del recinto gira alrededor de la definición sobre qué es un “humedal”, ya que la misma implica una consideración territorial que puede ir desde el 8% al 21% del país, y que es porcentualmente mayor aún al interior de ciertas provincias. Por otra parte en varios casos, más allá de la extensión territorial de los humedales, también la definición trae disputa en torno a qué actividades podrían realizarse o no en dichos territorios. Atado a esto, también se interpone la discusión sobre cómo realizar el inventario sobre los humedales en el territorio nacional (en base a si estaría a cargo de la nación o de las provincias); así como el hecho de realizar el ordenamiento territorial antes o después de dicho inventario.
A diferencia de 2020, donde en un escenario de plena pandemia se había logrado un dictamen unificado, en 2022 fue distinto, habiendo uno de mayoría y otro de minoría. Para esto, tuvieron un rol muy importante legisladores del propio oficialismo que responden mayoritariamente a los gobernadores de varias provincias del norte del país, quienes decidieron no firmar ningún dictamen. Es un dato importante a tener en cuenta que varias de éstas son provincias ligadas a la minería, actividad que representa actualmente el 85% de las exportaciones de Catamarca, el 84% de las de Jujuy, el 78% de las de Santa Cruz y el 75% de las de San Juan.
De todas maneras, también hay otras donde la mayor actividad es la agroindustria y que vienen teniendo un peso relevante a la hora de oponerse, como pueden ser Chaco, Santiago del Estero y Formosa. En esas provincias, en los últimos años el cultivo de soja pasó a ser un elemento central, siendo ésta una de las zonas de mayor deforestación a nivel mundial. Este hecho claramente tiene su expresión política, siendo un excelente ejemplo el formoseño Buryaile (ex ministro de Macri pero también ex presidente de la Sociedad Rural de su provincia), quien presidiendo la comisión de Agricultura no se destacó precisamente por ser de los mayores impulsores de la ley. Buryaile no es un personaje nuevo en la Cámara, sino que es uno de los considerados “agrodiputados”, grupo corporativo ligado al agro que se vio catapultado al Congreso a partir del conflicto del 2008 en torno a la resolución 125.
En este sentido, ante la idea perpetrada por algunos legisladores de que la principal resistencia contra la ley es la de las provincias mineras (Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja, Mendoza, San Juan o San Luis), hay que destacar que la agroindustria también tiene un peso importante pero que geográficamente se expresa de distinta manera:
En las provincias donde el proceso de sojización es relativamente “nuevo” (Chaco, Formosa y Santiago del Estero), la expresión política de resistencia a la ley es la inacción: de 19 representantes que tienen estas provincias en total, sólo 3 fueron coautores de proyectos en relación a humedales, pero en ningún momento argumentaron en favor de los mismos. Por otra parte, fueron varios los que optaron por no firmar ningún dictamen o lo hicieron en disidencia total a pesar de formar parte del oficialismo.
En provincias con mayor peso histórico de la actividad agrícola (son casos Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, La Pampa o la provincia de Buenos Aires), donde también hay mayor afección a las poblaciones (lo que se corresponde con una gran movilización y participación de parte de la sociedad civil), los legisladores no son tan esquivos al debate sino que más bien el rol de los más ligados al agro se corre a “lavar” la ley bajo la premisa de “conciliar” el cuidado del ambiente con la producción, mientras también existen legisladores mucho más “embanderados” a favor de la causa ambiental.
Quedan por fuera de esta tipificación las provincias de Misiones y Corrientes, donde si bien el peso de la soja no es significativo, sí han tenido protagonismo debido a la cantidad de incendios y por el efecto que podría tener la ley sobre algunas actividades productivas, sobre todo en la segunda. Estas provincias, junto con varias provincias “mineras” y las nuevas provincias “sojeras”, se nuclean políticamente en la “Liga de Gobernadores del Norte Grande”1, cuyo rol y peso debería ser analizado más profundamente por fuera de este ensayo. Por otro lado, se excluye del análisis a las provincias de la Patagonia que a pesar de la irrupción de grandes incendios en la zona, hasta ahora tuvieron un rol marginal. A la vez, no se debe dejar de destacar que, de una forma más silenciosa, también tiene peso el negocio inmobiliario conformando lo que Enrique Viale y Maristella Svampa denominan como un “triple lobby”2.
De todas maneras, esta comisión conjunta que se emplazó para debatir la ley emitió dos dictámenes diferentes y es necesario detallarlos. En primera instancia, ambos parten de la definición adoptada por COFEMA3 en 2016, ya que nuestro país descartó la definición de la Convención Ramsar de 1971 por considerarla impropia para su situación particular y conformó una propia. Esta definición entiende al humedal como a “aquellos ambientes en los cuales la presencia temporaria o permanente de agua superficial o subsuperficial causa flujos biogeoquímicos propios y diferentes a los ambientes terrestres y acuáticos. Rasgos distintivos son la presencia de biota adaptada a estas condiciones, comúnmente plantas hidrófitas y/o suelos hídricos o sustratos con rasgos de hidromorfismo. Es importante que el hidromorfismo se asocie a los sustratos y no a los suelos”.
En lo que respecta al resto de los puntos, si bien las diferencias no son notoriamente significativas, hay que decir que el dictamen de minoría del Frente de Todos es bastante más cercano al “proyecto consensuado”4 ya que incluye varias cláusulas más amigables con el ambiente y con las poblaciones locales y originarias, le asigna mayor presupuesto, tiene mayor desarrollo en cuanto a los objetivos e incorpora varios principios considerados fundamentales como: Participación, Co-construcción del conocimiento, Equidad territorial y social, Perspectiva del paisaje, Progresividad, Variabilidad espacio-temporal de los humedales, Principio in dubio pro natura e in dubio pro aqua, Principio de no regresión y Resguardo jurídico ambiental. A su vez, exige un Estudio de Impacto Ambiental previo a la realización de actividades que actualmente no lo necesitan.
En el caso del dictamen de Juntos por el Cambio, éste es mucho más flexible que el de minoría y da más lugar a la interpretación; a su vez, las actividades a llevarse a cabo no serían revisadas solo por el Ministerio de Ambiente sino también por el área de Agricultura perteneciente al Ministerio de Economía, así como también da lugar dentro de un Comité Nacional de Humedales al Consejo Federal de Minería, al INTA, al Consejo Federal Agropecuario y deja de lado a los sindicatos. Por otra parte, en el dictamen mayoritario también se incluyen montos de compensación para los productores que realicen tareas de conservación.
En concreto, el resultado es un dictamen de mayoría que (a título personal pero con base en lo que afirman expertos) poco ayuda a la protección de los humedales, frente a uno de minoría que si bien fue modificado, es mucho más efectivo. Ante esto, Viale y Svampa5 destacan que la estrategia del “triple lobby” ahora se basa, en primera instancia, en evitar el tratamiento de la ley y hacer que nuevamente pierda estado parlamentario, pero de no lograrlo, aprobar el dictamen de mayoría dando lugar a una ley de humedales de “baja protección”. De este hecho, se puede reafirmar la antedicho: que el peso de los lobbys no sólo traba sino que condiciona totalmente el funcionamiento “normal” del Congreso: algo que vale no sólo para este caso sino para cada uno de los casos en materia ambiental. Y mientras éstos adquieran cada vez más peso económico, más lo tendrán en términos políticos. Esto reafirma la idea primigenia de que la lógica de funcionamiento propia del Congreso no funciona al margen de lo que sucede en el mundo, la región y el país, sino que más bien se ve al menos condicionada por dichos sucesos.
Por último, no deben dejar de mencionarse que también hay puntos de proyectos de bloques minoritarios que no fueron incluidos y que sería importante poder incorporar: se destaca la unificación de criterios para los estudios de impacto ambiental así como también el otorgamiento de poder de veto a organizaciones socioambientales y pueblos originarios.
Los argumentos en contra
Argumentar en favor de una ley de humedales a estas alturas es simplemente redundante, pero sí es pertinente poder dar cuenta de los motivos por los que algunos legisladores se oponen (o al menos se resisten) a la aprobación de la ley.
Más que la necedad o el lobby por parte de las cámaras que nuclean a “la producción”, creo que no sería exagerado decir que los argumentos que varios de estos legisladores esgrimen son las ideas que esta clase terrateniente en expansión ha logrado impregnar no sólo en sus pseudo-representantes, sino también en una parte de la población. A partir de los mismos, ha sido reiterada la calificación de la ley como “inaplicable” (en caso de no ser modificada o “atemperada”), palabra que de cierta manera anticipa o avisa que aunque se apruebe, va a haber quienes se nieguen a respetarla… pero entonces, ¿Para qué existen las leyes? O más bien ¿Quién tiene la capacidad o el poder suficiente para no respetarlas y no atenerse a las consecuencias?
Abordando en concreto los argumentos, uno de los motivos más comunes para restarle importancia a la ley o incluso oponerse tiene que ver con la defensa de “la producción”, calificando a la ley de anti productiva y de hacer “peligrar las inversiones”. Esto se basa en una verdad a medias: los sectores que se verían afectados (en realidad, controlados) son varios de los que más divisas “aportan” al país, y ésta ley vendría a “prohibir” sus actividades. La realidad marca que, por un lado, la ley no viene a prohibir la producción en las zonas de humedales sino a regularla; por otro, no puede dejar de destacarse que en muchos casos son estos mismos sectores los que se han opuesto a políticas económicas que permitan aumentar la recaudación estatal, como ser la nacionalización de empresas claves, impuestos a las grandes fortunas o un aumento del control a las exportaciones (dónde se denuncia históricamente el contrabando). En concreto, son los sectores que más “aportan” pero por el hecho de haber boicoteado históricamente la posibilidad de que sea de otra manera. A su vez, si bien es preciso defender a la producción, es necesario cuestionarse a la par: ¿cuando la producción va a defender el ambiente? ¿Es ésta la única manera de producir?
Por otro lado, otro argumento tiene que ver con la idea de que, según lo planteado por “la ciencia”, la defensa de los humedales no es hoy prioritaria frente a otras problemáticas. Esto se basa en que a nivel mundial, según esgrimen legisladores como el correntino Vara, la prioridad para frenar el cambio climático es la transición energética y el cese del uso de combustibles fósiles. Sin embargo, ni nuestro país ni nuestra región son de los que más aportan a éstas emisiones, por lo que en realidad corresponde a otros la responsabilidad principal de frenar y encarar dicha transición. Mientras tanto, no hay que subestimar la necesidad de este tipo de protecciones, y es importante escuchar a expertos como Folguera6 quien plantea que, a la hora de defender el ambiente, en países como el nuestro la primera medida debería ser el freno a los desmontes. Esto no implica dejar de discutir, como hace el presidente colombiano Petro7, el rol potencial de América Latina en la producción de energía limpia y su papel como proveedor de combustibles fósiles; pero es un error (o un acto malintencionado) trasladar mecánicamente el argumento de la transición energética para restarle importancia a la ley.
Otra razón por la que se subestima la necesidad de la ley tiene que ver con que “no viene a apagar los incendios”. Pero ésto no es algo prometan quienes proponen la ley, sino que como ha sugerido Giustiniani, una ley no cambia por sí sola una realidad sino que “establece reglas de juego de mediano y largo plazo”. En todo caso, hay expertos que plantean que la cantidad de incendios existente es producto de la sequía, pero al contrario de lo que han planteado algunos legisladores, profundizar la protección de los humedales da mejores condiciones para enfrentar este tipo de fenómenos, siendo incluso necesario cuestionar la “naturalidad” de los mismos. Por otra parte, no está demás recalcar que ya existen leyes relacionadas al fuego y no se aplican de la manera que deberían, pero esto tampoco constituye un motivo para dejar de lado la necesidad de una Ley de Humedales.
Por último, hay quienes también afirman que esta ley no serviría porque va a pasar lo mismo que pasa con otras leyes como la Ley de Bosques, la cual está aprobada pero de la que sólo se ejecutó en un año el 5% del total presupuestado. Sin embargo, cabe aclarar que esto no es una responsabilidad del Poder Legislativo sino del Ejecutivo, por lo que no sería un argumento válido para no aprobar la ley.
Para finalizar, el último argumento en contra del que debemos dar cuenta es el que plantea que la ley no debe entrometerse en la “autonomía de las provincias”. Esto será tratado en el siguiente apartado.
Divide y, ¿serás vencido?
Sin tener lo anterior en cuenta, es difícil comprender que a pesar de las grandes movilizaciones y de ser una demanda fuertemente instalada, la ley no haya salido todavía. Pero ésto se sustenta incluso en la estructura jurídica de nuestro país.
Como afirma Pino Solanas, en el reparto de la riqueza las provincias son “las hijas de la pavota”8: son dueñas de los recursos pero no de la renta. Esto es lo que plantea la Constitución de 1994. En este sentido, la “defensa de la producción”, uno de los argumentos claves para oponerse al proyecto por parte de muchos legisladores, termina siendo en muchos casos la defensa de los intereses de las empresas que explotan esos recursos, en su mayoría multinacionales. Es decir, un sistema prácticamente dispuesto para el saqueo de los de afuera en detrimento de las propias poblaciones locales y la soberanía nacional.
Aquí es importante poder abordar la discusión desde la perspectiva histórica, contraponiendo fundamentalmente los artículos 41 y 124 de la Constitución actual de 1994 con el artículo 40 de la Constitución de 1949. Éste último propugnaba: “La organización de la riqueza y su explotación tienen por fin el bienestar del pueblo, dentro de un orden económico conforme a los principios de la justicia social (…)”, pero fundamentalmente decía “los minerales, las caídas de agua, los yacimientos de petróleo, de carbón y de gas, y las demás fuentes naturales de energía, con excepción de los vegetales, son propiedad imprescriptibles e inalienables de la Nación, con la correspondiente participación en su producto que se convendrá con las provincias”
En contraposición a esto, si bien al artículo 41 de la Constitución de 1994 se destaca como el primero en la historia en especificar el “derecho a un ambiente sano, sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo”, su atadura al artículo 124 donde se plantea “corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio”, dificulta la protección en general, reservando a la Nación solamente la posibilidad de “dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección” y a las provincias, “las necesarias para complementarlas, sin que aquéllas alteren las jurisdicciones locales”.
De por sí, cualquier discusión sobre este tipo de cuestiones se ve afectada por las dificultades a la hora de legislar en los distintos niveles jurídicos, ya que se terminan creando fronteras artificiales que en la naturaleza no se distinguen. Sin embargo, podemos afirmar que crear más fronteras (tomando como caso la división por provincias) abona a dificultar más aún la protección ambiental, y son varios los casos que pueden citarse, pero probablemente el más claro es el intento de San Juan de no adherir a la Ley de Glaciares. En este sentido, surgen varias inquietudes, ya que a la hora de este tipo de discusiones…¿A quién representan verdaderamente los legisladores? ¿A los gobiernos provinciales, a sus habitantes o a las empresas que explotan los recursos allí? Mi postura es que este modelo prácticamente habilita de hecho el lobby del poder económico para con los legisladores, a la par que le otorga un poder a los gobernadores provinciales que en muchos casos iguala al poder nacional, pero que de cierto modo “obliga” a las provincias a subordinarse para poder recibir los recursos que el Poder Ejecutivo les envía. Un ejemplo claro de esto es la explotación de Vaca Muerta, cuyos permisos primariamente dependen de la provincia de Neuquén, y no del Estado Nacional.
Cabe aclarar que el argumento “soberanista” puede terminar siendo un arma de doble filo, ya que si bien mi opinión es que es mejor que los recursos naturales estén en manos del Estado Nacional que en las de los Estados Provinciales, existen quienes se paran desde la soberanía para decir que “nadie puede venir a decirles cómo cuidar sus recursos”. Por esto, muchos de los legisladores que se oponen a la ley lo hacen bajo este razonamiento pero no para defender a las poblaciones de dichas provincias sino a quienes explotan sus recursos, algo que no necesariamente redunda en mayor cantidad de puestos de trabajo o más beneficios económicos para la gente. En base a esto, concluyo que ésta cuestión debe ser tenida en cuenta para cualquier discusión sobre recursos naturales, ya que sin una modificación profunda y de fondo sobre la Constitución Nacional, no son ni serán quienes defienden el ambiente los que corren con ventaja ante un conflicto.
¿Qué le depara el futuro a esta ley?
A lo largo de este tiempo, el Congreso atravesó distintas etapas. Si podemos afirmar que durante la década de los ´90 el mismo estuvo signado por las acusaciones de corrupción y por la legitimación de políticas fuertemente entreguistas y antinacionales, la crisis de 2001 significó un punto de inflexión y en la posteridad, la recuperación de la institucionalidad por parte de los gobiernos kirchneristas vino acompañada de un mayor dinamismo y vitalidad del Poder Legislativo. Dentro de esta etapa se enmarca gran parte de las leyes que destacamos. De todas maneras, pareciera ser que cambió el clima que primó por esos años y hoy la polarización se registra en cada rincón. Sin embargo, ejemplos como la legalización del aborto dan cuenta de que es posible lograr estas transformaciones (al menos en el plano legal), y que para eso aparece como clave un elemento que también se repitió en otros escenarios: la transversalidad en impulsar ciertas cuestiones al interior de los distintos partidos. Por otro lado, esto no debe ocultar que, en un país presidencialista, el rol del Ejecutivo en general ha sido tímido y que en muchos casos el Congreso funcionó como chivo expiatorio para evitar posiciones incómodas frente a los poderes económicos concentrados.
Como en toda discusión, es necesario distinguir entre las cuestiones de coyuntura de las que se arrastran de larga data. Con este marco, parece difícil ser optimista teniendo un escenario hostil no sólo para su aprobación, sino para la defensa de cualquier cuestión ambiental en general. A pesar de eso, una de las conclusiones importantes que surge de un análisis simple es que, cuando hay movilización y participación de la sociedad, la ley avanza y la política se ve obligada a prestar atención. Pero por lo general, lo que termina sucediendo es que la movilización y el interés de la sociedad no se dan de manera sostenida en el tiempo, sino que tiene sus momentos de gran auge cuando hay humo pero que rápidamente se disipa cuando el propio humo desaparece. Con ese dato, vale la pena preguntarse qué es lo que molesta realmente: si el humo o el ecocidio; y trabajar intentando que la solución a ambos vaya de la mano, generando conciencia de que los dos son potencialmente peligrosos para la salud.
De todas maneras, será necesario insistir con la ley aunque no se puede dejar de tener en cuenta que, sin un cambio de fondo en la estructura jurídica, las principales palancas para llevar a cabo lo necesario para la defensa de los humedales y del ambiente en general descansan en las manos de unos pocos y no cerca de lo que exigen las mayorías, ya que incluso hay que pensar como posible un escenario donde la ley sea aprobada en el Poder Legislativo pero sea declarada “inconstitucional” por un juez, como algunos han advertido. Obviamente, también es difícil pensar que esta transformación a nivel jurídico y político se dé al margen de los intereses de un poder económico que, según se apunta, tiende cada vez a estar más concentrado e incluso (en nuestro caso) extranjerizado. Será necesario también cuestionar este poder económico.
Pero lo que no puede negarse es que la agudización de éste modelo económico trae consecuencias que son cada vez más sentidas, y necesariamente, cada vez más resistidas, además de que se democratiza el sufrimiento frente a estas problemáticas. La crisis ecológica que se atraviesa no sólo tiene efecto a nivel general, con las sequías y los incendios o las inundaciones. También tiene efectos a nivel micro cuando vemos que la gente muere de cáncer a los 40 años en los pueblos del interior del país.
Esto sin duda llevará a una agudización de la contradicción entre seguir produciendo y consumiendo de la manera en que lo hacemos, y seguir habitando el planeta de la manera en que lo habitamos. A partir de esto, sería una posibilidad interesante poder tratar de enfrentar esta problemática en conjunto con el resto de las problemáticas que tiene no solamente la Argentina sino la región, con la integración regional como eje. Varias cuestiones se resumen en el discurso que dio Gustavo Petro en el marco de la última reunión de la CELAC9. A día de hoy la pregunta fundamental, como sugirió también Giustiniani, ya no se basa en qué mundo queremos dejarles a nuestros hijos y nietos, sino que se ha desplazado a la pregunta por el mundo el que queremos vivir hoy nosotros.
Por último, también será saludable repensar ciertas bases establecidas, tanto en lo que respecta al control de los representados para con sus representantes como también la propia organización del Poder Legislativo. A su vez, queda aquí casi sin cuestionarse el rol del Poder Judicial, que también debería ser discutido y probablemente, democratizado
Bibliografía
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-BERDONDINI, M. (2016). Lo representable. Pujas públicas, actores, arena parlamentaria y leyes candentes en la política argentina. Rosario, Argentina. 1era edición. Prohistoria Ediciones.
-BERDONDINI, M. “Representación, arena parlamentaria y los debates de la cuestión comunicacional en Argentina”. Cuadernos del Ciesal. Año 14, número 16, enero diciembre 2017, pp. 77-108.
-GIUSTINIANI, R. (2017). El contrato secreto YPF-Chevron. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Ediciones UNL.
-ORELLANO, L. (2020). Argentina sangra por las barrancas del Río Paraná. Rosario, Argentina. Editorial Ágora.
-STRACCIA, Patricio H, & ISLA RAFFAELE, María L. (2020). Leyes de presupuestos mínimos de protección ambiental: Sobre glaciares, humedales y la emergencia del carácter político de categorías despolitizadas. Ecología austral, 30(1), 85-98. Recuperado en 04 de mayo de 2023, de http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1667-782X2020000100006&lng=es&tlng=es
-SVAMPA, M. y VIALE, E. (14 de noviembre de 2022). Tenemos derecho a una buena Ley de Humedales. DiarioAR. Disponible en
-Diputados Argentina [Honorable Cámara de Diputados de la Nación] (22 de septiembre de 2022). COMISIÓN COMPLETA: 22 de septiembre de 2022 – PLENARIO – Diputados Argentina – Humedales [Video]. Youtube. Disponible en
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-Diputados Argentina [Honorable Cámara de Diputados de la Nación] (10 de noviembre de 2022). COMISIÓN COMPLETA: 27 de septiembre de 2022 – AGRICULTURA Y GANADERÍA – Diputados Argentina [Video]. Youtube. Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=51E7_qEwaeg
-Diputados Argentina [Honorable Cámara de Diputados de la Nación] (10 de noviembre de 2022). COMISIÓN COMPLETA: 10 de noviembre de 2022 – PLENARIO – Diputados Argentina – Humedales [Video]. Youtube. Disponible en
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-LIMA, Yamil [Yamil Lima] (24 de enero de 2023). Impresionante discurso de Petro en la CELAC en Argentina, lo consolida como líder regional y mundial [Video]. Youtube. Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=XZGyM2HlvE0
1 La “Liga” está compuesta por Chaco, Misiones, Formosa, Jujuy, La Rioja, Tucumán, Santiago del Estero, Corrientes, Salta y Catamarca.
2 Lo mencionado fue escrito por Maristella Svampa y Enrique Viale en: https://www.eldiarioar.com/opinion/derecho-buena-ley-humedales_129_9709464.html
4 Se refiere al nombre que coloquialmente se le da al proyecto impulsado por Leonardo Grosso, el cual recibió el apoyo de más de 500 organizaciones sociales y ambientales.
5 SVAMPA, M. y VIALE, E. (14 de noviembre de 2022). “Tenemos derecho a una buena ley de Humedales”. elDiarioar. Disponible en https://www.eldiarioar.com/opinion/derecho-buena-ley-humedales_129_9709464.html
6 Este planteo lo escuché en una charla a la que asistí presencialmente a fines de 2022, por lo que no me es posible citarlo, aunque sí tiene varios libros publicados.
Hace un tiempo que distintas organizaciones venimos observando al avance sin frenos del proyecto de canalización de los Bajos Submeridionales, el humedal más grande de la Argentina y uno de los más importantes de América con una superficie de 5 millones de hectáreas comprendidas entre Santa Fe, Chaco y Santiago del Estero. Unos 54.278 km cuadrados equivalentes a 270 veces la ciudad de Buenos Aires que mirados desde un mapa satelital se encuentra en el corazón geográfico del avance de la frontera agrícola hacia el norte de nuestro país y por lo tanto en el centro de los objetivos de quienes se benefician con el actual modelo agroexportador.
Para lo cual se convierte en fundamental romper con los obstáculos que impone un humedal que tiene funciones ecológicas determinadas por la alternancia de periodos de sequia e inundaciones y se contrapone a la lógica intensiva y a gran escala que se impone en el agro argentino.
Corrimiento de la frontera agrícola.
Hemos analizado lo que se pone en juego con esta mega obra que involucra ecosistemas vitales para nuestra zona y contiene especies en peligro de extinción, pero en esta oportunidad queremos hacer foco en quienes se ocultan detrás del denominado “Plan del Norte” y más específicamente en aquellos que se verán beneficiados con una multimillonaria inversión del Estado para mejorar las tierras de sus latifundios que sin lugar a dudas es una exigencia desde hace décadas que comienza a volverse una realidad.
“Esta región se caracteriza por una marcada pendiente que va del noroeste al sudeste, signada por períodos de inundaciones y sequías que generan importantes consecuencias negativas sobre la producción, el medioambiente y las condiciones sociales de los habitantes de la zona” sostienen desde el Ministerio del Interior justificando los casi 370 millones de dólares que serán invertidos para revertir esta condición natural del humedal. 174 Millones en Santa Fe, 155 Millones en Chaco y 40 Millones en Santiago del Estero
Santa Fe es la provincia que más aporta a esta enorme región con más de la mitad del territorio de los bajos distribuidos principalmente en los 3 departamentos que conforman nuestro norte santafesino: 9 de Julio, Vera y General Obligado. Para descubrir quienes serán los “bendecidos” con semejante inversión vamos a poner la lupa en la propiedad de la tierra y en cómo se distribuye según los últimos censos agropecuarios.
En primer lugar es importante aclarar que los 3 departamentos mencionados son los más despoblados de nuestra provincia y donde mayor concentración de la tierra existe. Ocupan 56.894 Km2 (el 43% de la superficie) y solo vive el 7,6 % de la población total de Santa Fe. Es la región de la provincia donde más se han desarrollado los latifundios desde la Forestal a nuestros días y donde más expulsión del campo a la ciudad se ha dado.
Pero de ese 7,6% que representa unos 257.736 habitantes solo 3.479 son propietarios de tierras agrícolas/ganaderas, el 1,3% de la población. Es decir que 3.479 propietarios se reparten casi el 43% del territorio provincial (la suma de las zonas urbanas no superan los 460km2, el 0,8% del total).Hablamos de unas 4.833.000 hectáreas en las que se producen ni más ni menos que 1.945.316 cabezas de ganado bovino (31% del total provincial), el 98% del algodón, el 60% del girasol y el 26% del sorgo de toda la provincia.
Y aunque estos números nos parezcan estrafalarios todavía hay más. Esta región posee los índices de mayor concentración de tierra por establecimiento lo que indica, según los últimos 2 censos agropecuarios, que 891 terratenientes con campos de más de 1.000 ha acaparan el 62% de la tierra productiva del norte provincial (2.989 .932 hectáreas) ¿Parece mucho? Espera que falta. Si seguimos profundizando en el análisis de los datos censales nos encontramos con que solo 128 de ellos, con propiedades que varían entre las 5000 y más de 20.000 ha, son dueños de 1.429.506 ha, el 30% del norte santafesino.
Entonces volviendo al punto inicial de este pequeño informe nos preguntamos nuevamente ¿Quiénes se esconden detrás del proyecto de canalizar los Bajos sub meridionales? ¿A quienes va a beneficiar semejante inversión millonaria que pone en riesgo uno de los humedales mas importantes de nuestro país, con especies en peligro de extinción y bosques que aun resisten? ¿Es un proyecto que piensa en los miles de comprovincianos que vienen pagando los platos rotos de proyectos como la Forestal o por el contrario está pensado para estos últimos?
Veamos…
En principio ya tenemos algunas respuestas generales que nos dan una idea de la existencia de un núcleo concentrado de propietarios dueños de millones de hectáreas que serán los principales favorecidos con el mejoramiento de sus suelos. Pero veamos a donde van y a quienes les hablan el gobernador y los funcionarios nacionales cada vez que se refiere al proyecto de los bajos sub meridionales, tal vez sea la llave para encontrar algunos nombres propios.
La Sociedad Rural de Reconquista
Presentación Proyecto de Bajos Sub-meridionales
No es casual que Omar Perotti, los gobernadores de Santiago del Estero y Chaco y funcionarios nacionales hayan elegido la Sociedad Rural de Reconquista para anunciar la puesta en marcha de la licitación que, valga el dato, ya en 2018 había anunciado el ex presidente Macri. Esta institución expresa el poder político y es la sede organizativa de la oligarquía terrateniente y ganadera de nuestro norte. Ha sido históricamente presidida por representantes de las familias más poderosas de nuestra provincia que incluyen por ejemplo algunas vinculadas al robo de tierras durante la última dictadura militar.
Podemos nombrar a los Vicentin, los Padoan (ex presidente de Vicentin y la Bolsa de Comercio de Rosario), la familia Capozzolo (vinculada al robo de tierras durante el último golpe de Estado) o los Nardelli (socios de Vicentin en el robo al banco Nación).
A ellos les habla claramente el gobernador Perotti en sus últimas dos visitas:
“Teníamos claro que lo que debíamos hacer era generar el consenso entre los 3 gobernadores y el gobierno nacional para resolver un problema de todos los argentinos como es tener 5 millones y medio de hectáreas no aprovechadas en su potencialidad… Esto les permite hoy a las instituciones sentir que muchos de sus planteos son escuchados y se van materializando”(1)
“ha sido récord en el primer semestre la liquidación de divisas provenientes de la producción agroexportadora, un orgullo porque gran parte de eso sale de nuestra provincia; y a veces en esa visión del Amba, que siempre buscan la figura del terrateniente de casi siglo atrás, en lugar de ver un productor, de los más competitivos del mundo, en conocimiento, en incorporación de tecnología, y en capacidad de trabajo. Lejísimos de esta realidad está lo que se vive en esta provincia con cada productor. Señor presidente (de la Sociedad Rural) cuente con nosotros, estamos en el mismo sendero”(2)
La Sociedad Rural de Vera
Paula Mitre junto a Mauricio Macri.
Paula Mitre es otra representante de esas familias de la elite ganadera que pasó de Presidenta de la Sociedad Rural a concejala del PRO y ahora intendenta de la ciudad de Vera. Gran promotora de la mega obra para favorecer la llegada de inversiones extranjeras se suma a ese pequeño pero selecto grupo de representantes que se han consolidado como expresión política del poder terrateniente en nuestro norte santafesino y ejemplifica muy bien cómo actúa ese lobby. Sus discursos son similares y refuerzan las mismas ideas que sostiene Perotti prometiendo el progreso y la prosperidad.
“Somos una fábrica de proteína, una fábrica de carne. Ya vinieron empresas chinas a ver como se produce para exportar directamente a ese país. Yo creo que eso no va a tener techo. Tenemos que pensar en negocios, en emprendimientos vinculados a todos los recursos naturales que nosotros tenemos. Lo que yo propongo es fortalecer el ámbito privado, vamos a generar las condiciones para que haya inversión local pero también externa. Tenemos los Bajos, la cuña boscosa con el monte que nos dan recursos que no están siendo aprovechados” (3)
Pero para que estos proyectos generen empatía en los pueblos y sean aceptados como propios es necesario apelar a la defensa de los que menos tienen esgrimiendo esa falsa identidad común que esconden atrás de consignas como “Todos somos el campo”. Veamos, si no, lo que relata un pequeño ganadero ante la visita de Mauricio Macri un año después de anunciada la obra:
“fue una sorpresa muy grande, nosotros no sabíamos nada, me encargaron si podíamos juntar seis o siete ganaderos chicos, me lo pidió Paula Mitrede la Sociedad Rural de Vera, tenían que ser pequeños productores, reunión privada, para presentarle la problemática de la gran inundación que hubo, el manejo de las aguas, nos sorprendimos muchísimo cuando supimos que era Macri”.(4)
Realidad mata relato. La teoría del derrame y los hechos que demuestran lo contrario.
Se han escrito libros enteros sobre la teoría del derrame y su lógica distributiva en este mundo capitalista. De hecho, sin hacerlo textual, porque no es políticamente correcto, se anuncia la canalización de los bajos como el modelo de acumulación y crecimiento que permitiría a los pueblos de nuestro norte olvidado “volver a surgir”. En los hechos estaríamos hablando de esos miles que quedan por fuera de los 891 que son dueños del 62% de la tierra que según estas tesis recibirían las mieles de lo que sobre. Veamos un ejemplo concreto que demuestra lo contrario.
Hace exactamente 20 años el magnate húngaro George Soros se instalo en la comuna de San Joaquín y Colonia Mascias, departamento Garay, 150 km al norte de la ciudad de Santa Fe. Con capitales traídos de paraísos fiscales fundó Adecoagro, el latifundio más grande de Argentina que cuenta con 312.000 ha distribuidas en todo el país. Compró la estancia Pilaga, desmonto enormes superficies de monte nativo y coloco 6 bombas flotantes en el río San Javier para que sus plantaciones de arroz tengan agua incluso en periodos de bajante extrema como los que vivimos en estos últimos años. En sus más de 30.000 ha, incluyendo zona de islas, desplegó una inversión de capital inconmensurable con maquinaria de última tecnología que se acopla a un esquema integrado donde controlan desde la semilla, la planta de secado y empaquetado, hasta el producto en la góndola. Todo es propiedad de Adecoagro. Es la principal arrocera del país y una de las principales lácteas entre otras ramas productivas en las que es hegemónica. Sus ganancias han sido tan extraordinarias que se convirtió en la multinacional con más tierras en Argentina y según las cifras de la revista Mercado en las empresa 126 de las 1000 que mas facturaron en 2021 con una monto que asciende a $51.905 millones de pesos
¿Qué dejó para nuestro norte santafesino?
La comuna tiene unos 2000 habitantes de los cuales muchos viven bajo la pobreza. Así lo relataba en 2017 la contralor de cuentas de la comuna María Molina:
“En Colonia Mascías vivimos de manera permanente unas 300 personas prácticamente en la pobreza. Algunos viven de la pesca, otros de changas y la plata de las asignaciones ya no alcanza por lo cara que están las cosas. Estamos observando la proliferación de nuevos ranchos, algo que había desaparecido durante los años anteriores. Es desesperante la situación que está viviendo el comedor que recibe a más de 50 chicos y chicas, pedimos donaciones para poder afrontar las necesidades” (5)
Cuenta un vecino, obrero rural, que trabajó en la arrocera:
“A simple vista nomas, como cualquier ciudadano del pueblo lo puede notar se veía que era grande, que era potencia, que tenía mucho poder y mucho capital por la forma en que compra herramientas, campos, camionetas. De a 50 camionetas. Flotas enteras de tractores John Deer cada vez más caros, con más tecnología, para sacar más producción. Uno se da cuenta lo que son por la cantidad de camiones que sacan cargados con cereales o con hacienda. Acá en San Joaquín a parte de producir 12.000 hectáreas de arroz, tienen animales en feedlot, en los campos que no se utilizan para el arroz, en las islas… todo eso sale de Colonia San Joaquín, de una sola empresa, de Adecoagro.” “Yo arranco en la empresa allá por el 2010, había terminado en una escuela agro técnica y en ese momento había que desmontar el campo para el arroz. Marcaba con banderas usando el GPS hasta donde tenían que llegar las retroexcavadoras. De los 4 años que estuve con la empresa no alcance a conocer todos los campos que tenían” “Yo no tengo ningún problema, solo que no me gusta la forma de trabajar que tienen, la forma de pensar. Tienen esa forma mala de querer llevarse todo y no dejar nada. Por lo menos generá mano de obra en el pueblo, si estas usando las tierras de la zona, estas contaminando todo, por lo menos genera laburo. No es solamente fundir todo y después irte. Dejá algo bueno, que la gente pueda vivir dignamente.” (6)
Como explica Luciano Orellano hasta el cansancio en su libro “Argentina sangra por la barrancas del río Paraná”, existe un núcleo de intereses coincidentes que se entrelazan y que dan como resultado el modelo agro exportador argentino. Millones de hectáreas en pocas manos, algunas de ellas extranjeras, asociados a capitales de países imperialistas que solo buscan resolver sus demandas de alimentos y materias primas hacen de cada región de nuestro país un territorio de rapiña. Para lo cual se adueñan de nuestras industrias, nuestros bancos, nuestros puertos, nuestra flota, nuestra maquinaria y nuestra tecnología garantizando una dependencia casi absoluta.
Esta alianza dominante que planifica y define nuestra matriz productiva pretende avanzar en nuestro norte para resolver el aumento de la demanda internacional de carne, mientras para nuestro pueblo se vuelve cada vez más inalcanzable la canasta básica de alimentos. Para ello cuentan como socios a los principales frigoríficos de la Argentina que, o casualidad, están en manos extranjeras. Según el último informe del Centro de Estudios Sociales e Investigación Histórica de Villa Gobernador Gálvez “son 82 las compañías exportadoras, pero las primeras 10 concentran el 70% del volumen, entre ellas Swift, Gorina, Arre Beef, Friarsa, Compañía Bernal, Frigorífico Rioplatense, Offal Exp y Marfrig.
Nada tienen que ver sus objetivos con las necesidades del pueblo Argentino, por eso pasaron más de 60 años para volver a escuchar un proyecto para nuestro norte pero que lamentablemente repite la matriz extractivista de La Forestal que dejo un tendal de pobreza luego de haber talado casi el 90% de los bosques y haber causado un proceso de desertificación con un daño ecológico calculado en 3.000 millones de dólares.
En cada una de estas experiencias históricas y del presente encontramos un denominador común, tal vez el más importante, que actúa como factor interno. Un pequeño núcleo pero muy poderoso, una oligarquía latifundista expresión política de los dueños de la tierra, principal medio de producción de América del Sur que brinda las condiciones para que aniden estos proyectos e impide cualquier posible desarrollo soberano y ambientalmente sustentable. Opera no solo desde el punto de vista económico sino sobre todo desde el punto de vista ideológico y cultural, sembrando las ideas coloniales alrededor de las que se forma la mayor parte de nuestra clase política dominante. Imparten los conceptos que luego nuestros funcionarios repiten como loros.
Veamos el ejemplo claro de como la Bolsa de Comercio de Rosario afirma que es el país el que le vende al mundo. Las imágenes complementan el objetivo..
Destinos exportaciones Sta Fe – Fuente: Bolsa Comercio de Rosario
¿Quiénes son los socios? Las multinacionales frigoríficas, exportadoras de cereal, de minerales, de lácteos, etc., que son las que comercian y se quedan con los dólares. La nación y las provincias no son socias de ningún país porque no le vendemos nada a nadie, por el contrario le hemos entregado nuestra total soberanía comercial a estas potencias imperialistas.
Mapa de la dependencia. El complejo agroexportador de Argentina.
El peso de esta clase social ha crecido de forma exponencial en los últimos 30 años a la par de los que han crecido sus propiedades. Se afirman en esa alianza que les permite generar corridas bancarias o especular con los precios internos de los alimentos para presionar políticamente. Parados sobre rentas netas que varían entre el 30% y el 50% de lo que se produce en los campos que arriendan son un factor de poder inmenso que condicionan toda nuestra economía.
Concentración de la producción y la propiedad de la tierra.
Según los datos del último censo difundidos por el IPEC de la provincia de Santa Fe el 36,2% de las tierras productivas de nuestra provincia son alquiladas.
Comparación tierras arrendadas de los últimos 30 años (2018 último censo agropecuario)
1988 se arrendaba el 12,3%
2002 se arrendaba el 20,1%
2018 se arrienda el 36,2%
“El problema argentino está en la tierra. La tierra no debe ser un bien de renta, sino un instrumento de producción y de trabajo. La tierra debe ser del que la trabaja, y no del que vive consumiendo sin producir a expensas del que la labora.” Juan Domingo Perón
Hubo momentos históricos donde este poder se puso en cuestión como durante el segundo plan quinquenal del presidente Perón quien no solo promulgo la ley de arrendamientos poniéndole límites a la renta terrateniente sino que llego a expropiar algunas estancias apoyándose en los pequeños y medianos productores y los obreros rurales.
Bajo el rigor de la ley general de expropiaciones y en el marco de la consulta popular del segundo plan quinquenal impulsado por el peronismo, chacareros de San Justo le escribían una carta al general:
“26 de diciembre de 1951 desde San Justo, provincia de Santa Fe
Quienes suscriben como agricultores hemos resulto: 1) La expropiación de terrenos en los campos denominados de Ripamonti, cuyas extensiones pasen de 30.000 hectáreas; 2) La expropiación de terrenos en los campos denominados ‘La Vobril’ cuyas extensiones alcanzaran a 50.000 hectáreas; 3) La expropiación de terrenos en los campos denominados ‘La Pilagá’ cuyas extensiones deben alcanzar a 8.000 hectáreas; 4) La expropiación de terrenos en los campos denominados de sucesión de Antonio Saralegui, cuyas extensiones pasan de 100.000 hectáreas; 5) La expropiación de terrenos en los campos denominados de ‘Classo’ cuyas extensión alcanzará más o menos 15.000 hectáreas.’ ‘Con estas expropiaciones se formarían las chacras mixtas y se beneficiarían muchísimos agricultores que estamos por carecer de tierras en esta zona, en malas condiciones, y a los que los mismos dueños de esos mismos agricultores que actualmente tienen como arrendatario, los hacen cambiar de población y predio año en año, podríamos decir obligándolos a dejar alfalfado el predio desalojado, procedimiento este que perjudica enormemente a los arrendatarios en beneficio de exclusivo de los dueños.” (7)
Los sueños de una Santa Fe y una Argentina donde nuestro pueblo se pueda desarrollar en plenitud y no sigamos contrastando cosechas récord con pobreza récord están más vigentes que nunca. Nuestra tarea es la de ganarnos cada vez mas conscientemente en la idea de a quienes enfrentamos para que este sueño colectivo sea posible. En esa tarea estamos y este es un pequeño aporte a semejante objetivo histórico para los sectores populares de nuestra patria.
Como sostiene el más vigente que nunca Gastón Gori:
“El problema es de fondo y general, y ha de resolverse con la reforma agraria. La Forestal constituye una parte dentro del todo, en lo que respecta a las tierras. El mal del latifundio es una dolencia del país. Mientras millones de hectáreas están en manos extranjeras o de argentinos que viven de sus rentas, centenares de miles de trabajadores del campo no tienen donde arrojar una semilla, donde criar un animal, donde hacer su vivienda, donde trabajar sin la zozobra de los desalojos. Los intereses de los grupos pequeños que frenan la reforma agraria no deben seguir afectando a todo el pueblo argentino. No es un problema de ahora, es un viejo tema de preocupación para los hombres patriotas.” (8)
A continuación algunos de esos 891 nombres que se esconden detrás del proyecto de los bajos sub meridionales.
Principales terratenientes de la provincia de Santa Fe.
Facundo Retamoza – Comunicador Social. Miembro del Foro por la Recuperación del Paraná.
(1) Discurso de Omar Perotti ante la Sociedad Rural de reconquista 10/02/2022 www.santafe.gov.ar
En el anterior informe publicado[1] , nos propusimos echar luz sobre las causas estructurales que generan las reiteradas quemas que afectan a un ecosistema muy frágil como es el de los humedales del delta del Paraná, y los graves perjuicios sobre la salud de los habitantes que lamentablemente han incorporado al humo como parte del paisaje urbano con el que les toca lidiar a diario.
Hablamos de la matriz extractivista que está detrás de todo este fenómeno, la expansión de la frontera agrícola, el éxodo ganadero y la sequía como los elementos principales a tener en cuenta para ponderar el por qué de la reiteración de los incendios en los últimos años. Una Argentina que ha profundizado en las últimas décadas una economía agroexportadora subordinada, dependiente y de extrema especialización, con una integración al mercado mundial de carácter unilateral, que solo busca asegurar la provisión de materias primas a las grandes potencias, y que nos condena a un desarrollo industrial escaso y limitado, que concentra, extranjeriza y primariza todo a su paso. Para lograrlo, hay un núcleo de intereses coincidentes de la clase terrateniente (que opera como factor interno principal), la burguesía intermediaria y los imperialismos[2], que son los principales beneficiarios de un modelo “exitoso”, de “cosechas récord” que sin embargo parece dejar cada vez más lejos del horizonte de la igualdad a sectores cada vez más importantes del pueblo argentino.
Nos proponemos avanzar en este informe en aquello que cada vez se hace más necesario: identificar los nombres que están detrás del humo, hallar los responsables que por acción u omisión han permitido este tipos de quemas en forma reiterada y que se han constatado en dichos territorios.
El Estado en sus distintos niveles, cuenta desde hace años con registros de organismos oficiales como el SENASA, el INTA, las reparticiones de catastro de la provincia de Entre Ríos y Santa Fe, con los cuales sería posible identificar con precisión los propietarios y/o productores de la zona, su localización, tipo de producción, etc. Al mismo tiempo, los modernos sistemas de identificación de focos igneos[3] actualmente permiten su geolocalización en forma precisa, a partir de su referencia satelital.
La pregunta que se impone es por qué en todo este tiempo, el Estado no ha efectuado un cruce de toda la información que se dispone y con la que ya se podría haber identificado a cada uno de los responsables del ecocidio al que asistimos cada vez con mayor indignación e impotencia.
La respuesta la podremos inferir cuando podamos identificar algunos de esos nombres que el humo ha venido tapado hasta ahora, que no son más que la expresión concentrada del poder económico, que como tal, cuenta con una aceitada articulación con una parte del poder político encargado de garantizar ganancias, y que es cómplice de la sistemática pérdida de la soberanía a la que asistimos, de la entrega de nuestros recursos y del daño que se ejerce sobre nuestros bienes comunes.
Nos toca a los ciudadanos de a pie, junto al invalorable aporte de cientos de jóvenes comprometidos con la lucha ambiental, reconstruir un rompecabezas de informaciones parciales, que fruto de la lucha se ha ido logrado recopilar en todo este tiempo.
Como es lógico, en algunos casos no es posible citar la fuente de toda la información, para no comprometer el aporte desinteresado de muchos que quieren aportar pero no pueden hacerlo de forma pública, y porque entendemos que los intereses en juego son grandes…
Nombre y apellido a los multiplicadores del dolor [4].
A los efectos de este informe se han seleccionado 4 casos, que dado las características de los personajes implicados, las extensiones de las propiedades y su peso en la estructura económica de la región se estiman de relevancia para poder comprender las “dificultades” del poder político en hallar responsables y la “lentitud” de la justicia para actuar ante semejante daño ambiental.
Se han tomado registros del mapa del fuego desde el año 2020, momento a partir del cual el fenómeno de las quemas se ha intensificado.
1) JUAN ALEJANDRO BAGGIO – RPB S.A. / FAMILIA BAGGIO
Mapa del fuego / Localización propiedades.
El poderoso grupo Baggio, una de las empresas de mayor peso en la economía de la provincia de Entre Ríos, conocida por su marca de jugos, es una de las mayores propietarias de tierras en toda el área del Delta próximo a la ciudad de Victoria.
SUPERFICIE (en Ha)
LATITUD
LONGITUD
TITULAR EST
11000
-32.73235
-60.42517
R P B SOCIEDAD ANONIMA
11000
-32.87827
-60.44715
R P B SOCIEDAD ANONIMA
3600
-32.85057
-60.44817
BAGGIO RUFINO PABLO
2497
-32.74628
-60.50343
BAGGIO ANIBAL ROMAN
2400
-32.77781
-60.38654
R P B SOCIEDAD ANONIMA
2019
-32.80472
-60.49896
R P B SOCIEDAD ANONIMA
1971
-32.8849
-60.40955
BAGGIO ANIBAL ROMAN
1960
-32.67621
-60.54052
R P B SOCIEDAD ANONIMA
1821
-32.82621
-60.29269
BAGGIO ANIBAL ROMAN
1200
-32.7563
-60.40675
R P B SOCIEDAD ANONIMA
1027
-32.79764
-60.44589
BAGGIO ANIBAL ROMAN
545
-32.84712
-60.47218
BAGGIO RUFINO PABLO
300
-32.67893
-60.48657
SUCESION DE BAGGIO RUFINO PABLO
12
-32.60517
-60.14214
R P B SOCIEDAD ANONIMA
Listado de propiedades y localización georreferencial.
Posee, sólo en el territorio de las islas, nada menos que 41.352 hectáreas, distribuidas en diferentes localizaciones que a continuación se describen:
RPB , son las iniciales de su fundador, Rufino Pablo Baggio, ya fallecido. El grupo actualmente es controlado por uno de sus hijos, Juan Alejandro Baggio, que también es ganadero, dueño de la Cabaña El Arranque, dedicada a la cría de ganado bovino, equino, porcino y ovino.
Bordet en una de sus habituales visitas a la empresa del grupo Baggio S.A.
Es quien ha acompañado en varias oportunidades al gobernador de la provincia de Entre Ríos, Gustavo Bordet, en las visitas que ha realizado a la planta industrial que posee el grupo en la localidad de Gualeguaychú. El gobernador cada vez que puede la pone de ejemplo de “producción primaria con agregado de valor”. Una verdadera radiografía de las aspiraciones de una clase política resignada a conformarse con las migajas de un modelo que traba la posibilidad de un verdadero desarrollo industrial integral, soberano y ambientalmente sustentable.
Bordet y la embajadora del Reino Unido
Y como de negocios se trata, y a veces las guerras complican las exportaciones, se lo ha visto al gobernador salir de gira por Europa y sin ponerse colorado, rendir pleitesías a la embajadora del Reino Unido para ofrecer las bondades de la producción de la citricultura entrerriana, flanqueado por la bandera inglesa que sigue clavada en el corazón de nuestras Malvinas.
Como se puede ver en la infografía de localización, en gran parte de estos territorios, se han registrado quemas de gran magnitud, con un pico a mediados de agosto del corriente año.
No es objetivo de esta nota, adentrarnos en los conflictos que se han suscitado por el manejo de los fondos de esta empresa, ni en el cruce de denuncias entre los integrantes de la familia, que incluyen desde abigeato a la “desaparición” de más de us$ 7 millones de dólares, que algunos medios plantean se encuentran en paraísos fiscales radicados en las Islas Vírgenes Británicas[5].
2) DANIEL ALBERTO NASINI – BCR
Mapa del fuego / Localización propiedades
Es el titular de Nasini SA (agente de Bolsa) y fue presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario hasta noviembre del año 2021, tras 2 años de gestión, y fue también vicepresidente 2° durante la gestión de Alberto Padoán, archiconocido por ser el titular del grupo Vicentín, empresa con múltiples denuncias por las estafas realizadas a través de los créditos obtenidos en la gestión del presidente Mauricio Macri, con una deuda que afectó no sólo al banco Nación, sino también a cientos de productores damnificados.[6]
No es un nombre más, y menos aún, el de la Bolsa de Comercio de Rosario, que es sin dudas la principal usina ideológica de este modelo de país pensado para los de arriba y los de afuera, artífice del boom sojero, las semillas transgénicas, el uso de los agrotóxicos, el desmonte de más de 70 millones de hectáreas en toda la Cuenca del Plata y la extranjerización casi total de nuestro comercio exterior.
Acto por el 137° aniversario de la BCR
La paradoja es que desde sus estrados, que suelen contar con la asistencia perfecta del gobernador Omar Perotti y del intendente Pablo Javkin, que compiten por ser los alumnos más aplicados, se exhortó a tener mayor celeridad a la justicia para encontrar los responsables. ¿Podrían empezar por casa, no?
Casi como una burla, en el mismo momento en que se hacía esa foto, ardían las 420 hectáreas que figuran a nombre del ex – titular de la BCR en la isla “La Deseada”, como puede verse en la imagen satelital que se adjunta.
SUPERFICIE (en Ha)
LATITUD
LONGITUD
TITULAR EST
420
-32.82422
-60.65241
NASINI DANIEL ALBERTO
Listado de propiedades y ubicación georreferencial.
3) JUAN CARLOS PALADINI – PALADINI S.A.
Mapa del fuego / Localización propiedades
Si alguna duda existía respecto de la mano del negocio ganadero en las islas, se podría solo saldar con la presencia de Juan Carlos Paladini, con al menos, 1.100 hectáreas a su nombre, en el corazón de las islas frente a la ciudad de Rosario.
Es el titular de Paladini SA, dueña de uno de los frigoríficos más grandes de Argentina, y con establecimientos ganaderos y porcinos en distintos puntos del país.
Se jacta de ser la primera planta autorizada para la exportación de carne porcina a China, tras el certificado de habilitación que le otorgó el SENASA de la mano del ministro de agroindustria en la era Macri, Luis Miguel Etchevehere, titular de la Sociedad Rural Argentina, y uno de los pesos pesados del negocio ganadero a nivel nacional a través de la consignataria Etchevere Rural SRL, con una actividad importante en el remate de hacienda en la ciudad de Victoria y que además forma parte de ROSGAN, el mercado ganadero que funciona en el seno de la Bolsa de Comercio de Rosario.
El ex-ministro Etchevehre junto a Juan Carlos Paladini.
En noviembre del año 2020, como se informa en el portal “Era Verde. Periodismo Ambiental”[7] fue citado a declarar por la Justicia Federal, junto a otras 46 personas atento a lo solicitado por el fiscal Federal de Victoria, Carlos García Escalda, el juez Federal 2 de Paraná, Daniel Edgardo Alonso, en una causa iniciada para hallar los responsables de las quemas en el delta del Paraná. Por el momento nada se conoce respecto a que se haya avanzado en la penalización de alguno de los implicados.
Una vez más, pareciera que lo único que reina soberano en estos territorios es la impunidad, sobre todo cuando de poderosos se trata.
SUPERFICIE (en Ha)
LATITUD
LONGITUD
TITULAR EST
1100
-32.94703
-60.54643
PALADINI JUAN CARLOS
Listado de propiedades y ubicación georreferencial.
Como puede observase en la imagen que ilustra la localización de la propiedad, se constatan también en este caso, focos ígneos de gran magnitud.
4) JOSE ARANDA – COPRA S.A.
Mapa del fuego / Localización propiedades
Otro de los identificados por la justicia por las quemas es la firma COPRA S.A., empresa ganadera cuyo titular es el empresario José Antonio Aranda, uno de los accionistas del Grupo Clarín (Héctor Magnetto), y socio en varios emprendimientos del multimillonario George Soros, el magnate húngaro-estadounidense conocido mundialmente por sus fraudes financieros y dueño de grandes extensiones de tierra en Argentina, particularmente en Santa Fe, de la mano de la firma Adecoagro.
“Don Aranda” como se lo conoce en Corrientes, es un gran terrateniente que sólo en esa provincia posee 40.000 hectáreas, siendo uno de los principales exportadores de arroz de Argentina y un gran productor ganadero. Presidió durante muchos años la Asociación Bradford Argentina, que representa a lo más granado de la oligarquía ganadera argentina.
El perfil bajo que lo caracteriza, se vió interrumpido en el año 2010 luego del escandaloso proyecto que junto a Soros impulsó en Corrientes para interrumpir con una represa el curso del río Ayui Grande para inundar 8000 hectáreas (una superficie equivalente a la mitad de la ciudad de Rosario), multiplicar la producción de arroz y conseguir con su venta ganancias extraordinarias, aprovechando el incremento del precio de los granos en el mercado internacional. Las consecuencias de la monumental obra eran la desaparición de bosques en galería a lo largo de 137 kilómetros y numerosas especies nativas. Un daño tolerable para las ambiciones de estos empresarios.
Tras más de 4 años de lucha y una multitudinaria marcha en Corrientes se logró finalmente que se desistiera del proyecto. Un ejemplo más de la importancia de la lucha ambiental y el protagonismo popular.
En la zona de islas posee dos importantes lotes cuya localización se indica en el plano, cuya superficie alcanza las 9.321 hectáreas.
SUPERFICIE (en Ha)
LATITUD
LONGITUD
TITULAR EST
7821
-32.77062
-60.2248
COPRA SA
1500
-32.83304
-60.23277
COPRA SA
Listado de propiedades y ubicación georreferencial.
También en este caso, pueden constatarse reiteradas quemas, como se ilustra en la infografía que nos antecede.
Luchar, fracasar, volver a luchar y así hasta la victoria.
Es sumamente importante todo el camino recorrido, y todo el esfuerzo colectivo realizado para poner fin a tanta desidia sobre nuestros territorios y nuestros bienes comunes.
Ya nadie duda, pese a los esfuerzos de mirar para otro lado, sobre todo en las oficinas de Buenos Aires en donde el humo llega solo pocas veces, que el tratamiento de la ley de humedales ha irrumpido en la agenda de la discusión política y que más temprano que tarde su sanción será una realidad.
Y al mismo tiempo que se desarrolla toda la lucha ambiental, nace una esperanza que recorre la Argentina, que está presente en foros y movimientos que pelean por la soberanía, que forja una nueva conciencia que defiende lo que es nuestro, que plantea la necesidad de recuperar el río Paraná, de defender su flora y su fauna, de recuperar su marina mercante, sus puertos y sobre todo las riquezas que por allí circulan, para que estén en beneficio de las grandes mayorías, y no como ahora que sólo se orienta en beneficio de un puñado de monopolios extranjeros y de grandes terratenientes.
Movilización en defensa de los humedales. Rosario.
Es objetivo de este informe, aportar a esta construcción colectiva y soberana, sumando argumentos y datos precisos, para los que tengan que actuar lo hagan, pero sobre todo para redoblar la lucha, codo a codo, que es el único modo que los sectores populares en la historia hemos podido avanzar para lograr que de una buena vez cambie todo lo que deba ser cambiado.
Pablo Payró. Miembro del Instituto Soberanía y del Foro por la Recuperación del Paraná, arquitecto, docente ISET 52 Diseño del Paisaje
[1] Informe: “Que el humo no tape la dependencia. Mapeo del ecocidio”. Pablo Payró. Publicado en las redes del Instituto Soberanía y varios medios y portales de la región.
[2] En “Argentina sangra por las barrancas del río Parana”. Luciano Orellano. Ed. Agora – 2020
[4]“El periodismo va a seguir existiendo para decir con nombre y apellido los multiplicadores del dolor y al mismo tiempo señalar la esperanza”. Carlos del Frade. Reportaje en el día internacional del periodismo. 8sep 2020.Nuestra Radio -FM 88.3
[6] Para más información sobre el tema, se puede descargar el libro “Vicentín: desaparecedores y fugadores” de Carlos del Frade, en https://carlosdelfrade.com.ar/biblioteca-digital/vicentin-desaparecedores-y-fugadores/
Mucho se ha hablado durante estas semanas de las consecuencias de las quemas e incendios recurrentes que se vienen produciendo en las islas. El humo ha invadido nuevamente a las principales ciudades de la región, y los reclamos por una urgente Ley de Humedales y el castigo a los responsables de semejante ecocidio vuelven a estar en el centro de las preocupaciones de la mayoría de la población, que enfrenta con impotencia un fenómeno que sólo se hace visible en los períodos en donde el fuego en los pastizales no permite mirar para otro lado.
La paradoja radica en que es un fenómeno que lleva varias décadas de desarrollo, pero que a pesar de estar relativamente próximo, ha sido lo suficientemente lejano e inaccesible para las mayorías que sólo perciben las consecuencias finales y más descontroladas de un proceso de larga data.
Cuenca del Plata
La cuenca del Plata en la mira.
Desde hace varias décadas en nuestro país se ha ido consolidando un modelo productivo modelado en función de los intereses de las principales potencias del mundo en alianza con los grandes terratenientes. Un modelo extractivista que concibe a esta parte del planeta como el reaseguro de ciertas materias primas que son estratégicas tanto para la seguridad alimentaria como para la producción industrial de las grandes potencias. Un modelo que además, clausura toda posibilidad de un desarrollo industrial, independiente, soberano y ambientalmente sustentable. Porque como en todo intercambio con nuestros “socios estratégicos”, a cambio de nuestras materias primas, vienen miles de horas de trabajo condensadas en cientos de productos importados.
El boom de la soja, la siembra directa, la innovación tecnológica con las semillas transgénicas, el corrimiento de la frontera agrícola (que en poco tiempo “colonizó” a fuerza de desmonte más de 70 millones de hectáreas llegando al corazón del Mato Grosso en Brasil), han conformando un verdadero “desierto verde”, que mucho tiene que ver con el cambio climático, las sequías extremas a las que hemos asistido en los últimos años y los cambios en los ciclos de inundaciones.
Es el resultado de un proceso que irrumpió con fuerza transformando el territorio, impactando de lleno en las formas tradicionales de la producción agropecuaria. La concentración de la producción sumada a la extranjerización y monopolización del comercio exterior, son sólo algunos de sus consecuencias más directas.
Un modelo “exitoso”, que multiplicó la producción de alimentos y que pese a las cosechas récord, mantiene a más de la mitad de la población por debajo de la línea de la pobreza. Un modelo que tiene a la Bolsa de Comercio de Rosario como una de las principales usinas que ejerce un looby permanente sobre el poder político en todos sus niveles, sobre las universidades y sobre organismos técnicos estatales encargados de la planificación y el control de la producción (INTA, SENASA, etc).
Humedales, una trinchera para la ganadería en retirada.
El éxodo ganadero
El trabajo “Humedales del Delta del Paraná, indicadores para evaluar la sustentabilidad de la actividad ganadera”, elaborado por el Taller Ecologista de Rosario, menciona que en los últimos 25 años se registraron importantes cambios. “El proceso de agriculturización generó el desplazamiento de un importante porcentaje de la actividad ganadera desde la Pampa Húmeda hacia tierras consideradas marginales, como los pastizales inundables del delta”.
El aumento de los precios de los commodities, junto al aumento del valor de la tierra y los arrendamientos, que benefició como nunca antes a los terratenientes, generó la desaparición de miles de pequeños y medianos establecimientos ganaderos y su reconversión a actividades vinculadas a la producción sojera. También obligó a otra parte a buscar refugio en nuevas áreas en donde los costos de producción pudieran ser más competitivos, tanto por un menor costo de las tierras, como por condiciones particularmente favorables para este tipo de producción.
Las islas ofrecen la presencia de recursos forrajeros naturales (se destacan el Lolium sp, Trifolium sp., Stipa sp, Paspalum sp., Bromus sp, etc que crecen en forma espontánea y abundante), la presencia casi ilimitada de agua (téngase en cuenta que para la producción de 1kg de carne vacuna se requieren 15.000 litros de agua) y el hecho de que la topografía y los ríos actúan como una barrera de contención al ingreso de enfermedades infectocontagiosas y parasitarias.
Establecimientos Ganaderos
De este modo, en las 2.3 millones de hectáreas que conforman uno de los humedales más grandes de Argentina, frente a las costas de Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires[1], en la que históricamente se habían desarrollado experiencias de ganadería de baja intensidad (se estima en 160.000 cabezas de ganado las existentes hacia 1990), avanzó en pocos años el éxodo ganadero, alcanzando su pico en el año 2007 llegando a las 1.100.000 cabezas.
Luego de las inundaciones de ese año fue descendiendo a casi la mitad, con un repunte que se dio en los últimos años alcanzando en el 2020 las 509.000 cabezas.[2]
Según el relevamiento efectuado de la foto aérea del sector, se han geolocalizado 365 establecimientos con sus respectivas instalaciones dedicadas a la ganadería, desde la ciudad de Diamante hacia el sur.
La carga animal fluctúa de 1animal / 1.46ha en las zonas con mayor densidad de explotación (islas departamento Ibicuy) a 1 animal / 5.56ha (islas departamento Gualeguay), cifras que no son muy distintas a las existentes en el norte de Santa Fe, el lugar con mayor actividad ganadera de la provincia, en donde la ganadería también es de tipo extensiva con un promedio de entre 1 animal / 3.5 hectáreas.[3]
La actividad ganadera predominante en la zona es el engorde estacional de bovinos, el cual consiste en ingresar los animales en los momentos libres de inundaciones, retirándolos o llevándolos a zonas más altas (cuando es posible) ante la llegada de las crecientes.
Se identifican también dos modalidades de acceso a los establecimientos: aquellos a los que se llega mediante caminos (en muchos casos definidos a partir de la ejecución de terraplenes) y los que se acceden directamente desde el agua, mediante la utilización de barcos de hacienda.
En el primer caso, se ubican los establecimientos más vinculados a las localidades de Entre Ríos (Victoria, Gualeguay e Ibicuy), en donde el proceso está signado por una notoria transformación y colonización del territorio con un impacto ambiental de gran magnitud, que en el año 2014 alcanzaba un récord histórico: 8.893 km de diques, terraplenes y canalizaciones, muchos de ellos clandestinos.[4]
En el segundo caso, más próximos a las costas de la provincia de Santa Fe, se encuentran los establecimientos conectados por la vía fluvial, en donde la ocupación se da fundamentalmente sobre la costa de las islas a la vera del río Paraná y en torno a afluentes como son el río Pavón, que desemboca a la altura de Villa Constitución, y avanza hacia el interior frente a San Nicolás en un serpenteante recorrido que concentra una cantidad importante de ellos. Lo mismo sucede, al norte del puente Rosario-Victoria, a la altura de la ciudad de Puerto Gral. San Martín, en el arroyo que desemboca en la denominada Boca del Bobo, frente a las instalaciones de Cargill Quebracho.
Resulta preocupante que en los últimos años se han empezado a conformar polígonos delimitados para “controlar” las inundaciones, particularmente frente a las costas de San Pedro y Ramallo, repitiéndose el patrón de apropiación del territorio mediante terraplenes y endicamientos, que ya fueron mencionados anteriormente.
Diques, terraplenamientos y canalizaciones.
El mapa del fuego.
Es conocida e históricamente utilizada la quema inducida del pastizal como una medida de manejo aplicada con el objetivo de obtener rebrotes de mayor calidad de forraje. Sin embargo, se sabe que su aplicación está actualmente prohibida (Ley del Manejo del Fuego N° 9.868 – prov. Entre Ríos), y conceptualmente contraindicada, en términos de la persistencia productiva del recurso y las posibilidades reales de una acción controlada.
De hecho, algunos estudios sostienen que es bastante menor la cantidad de productores que realizan este tipo de acciones, en comparación a décadas atrás. [5]
El fenómeno de las quemas es multicausal, y para entenderlo es necesario tener en cuenta los efectos del cambio climático que mencionamos al inicio de esta nota, que determinan por una lado una sequía prolongada que viene afectando a nuestra zona sumada a la bajante extraordinaria del río Paraná que por su magnitud y persistencia, fue calificada como el estiaje “más largo de la historia” (desde 1884) y “seguirá siendo motivo de especial monitoreo”, según lo advierte el Instituto Nacional del Agua.
Todo este fenómeno ha generado condiciones de acumulación de biomasa propia del tipo de vegetación de las islas (especies de ciclo anual), que es altamente combustible, y que sumado al efecto de heladas de los últimos inviernos particularmente rigurosos da por resultado materia orgánica particularmente propicia para la propagación descontrolada del fuego, teniendo en cuenta además que la sequía ha debilitado la red hidrográfica que normalmente actuaba de cortafuegos natural.
La “ausencia” del Estado en todos los niveles, la falta de presupuesto en las áreas que intervienen en el cuidado del ambiente, la connivencia con los intereses económicos que han ejercido en los últimos años una enorme presión sobre el recurso, y principalmente la falta de controles para hacer cumplir las leyes, sumada a la inoperancia de la justicia que en todo este tiempo no ha podido dar con los responsables, genera un cóctel explosivo que determina un verdadero colapso ambiental sin precedentes.
Areas afectadas por el fuego.
Del análisis de los registros de los focos ígneos, puede inferirse, que gran parte de las quemas actualmente se están realizando en sectores aún no productivos, lo que permite suponer que se trata de acciones tendientes a generar las condiciones para nuevos emprendimientos ganaderos, en zonas que se encuentran aún “vacantes”, teniendo en cuenta el aumento de autorizaciones emitidas por SENASA en el último período.
Por eso se hace imperioso, actualizar, registrar y dar a conocer tanto los catastros, como del listado de propietarios, arrendatarios o pastajeros, que permita identificar a los posible responsables de estas acciones, y aplicar las sanciones que impidan la continuidad de estas prácticas, sobre todo, en los lugares en donde las quemas se han reiterado sistemáticamente en los últimos años.
Sin dudas el humo más difícil de despejar es el que cubre la información precisa sobre los intereses económicos que están en juego, una maquinaria de ocultamiento de múltiples irregularidades que tienen un denominador común: la impunidad.
¿Nadie nunca escuchó a algún isleño hablar de los frigoríficos y cadenas de supermercados que todos conocemos y que tienen relación con muchos de los propietarios del lugar? ¿Ningún funcionario está al tanto de los consignatarios que poseen negocios con grandes ganaderos que tienen una parte de su producción en las islas? ¿Algún fiscal registra los casos de abigeato y venta en negro de animales que mencionan muchos habitantes de la zona? ¿Algún juez federal conocerá las áreas en donde se entremezcla el humo con el tráfico de drogas? ¿Alguna repartición de catastro estará al tanto de los trascendidos sobre ocupación irregular de tierras que efectúan renombrados terratenientes y conocidos políticos, sobre todo en las 125.000has de tierras fiscales del distrito Victoria?
Seguramente todo esto que se sabe de manera informal explica el por qué de tanta dificultad en encontrar responsables. Nada de esto podría suceder si no existiera un entrelazamiento entre el poder político, el judicial y sobre todo el poder económico que los vincula. Por eso, como señala el diputado provincial Carlos del Frade, más que de un Estado “ausente” hay que hablar de un Estado presente, pero de la peor manera, con la complicidad necesaria para que nada cambie.
El esfuerzo de algunos funcionarios comprometidos, el de algunos referentes de la política que aún sienten que vale la pena seguir peleando por causas justas, y sobre todo la acción colectiva de cientos de jóvenes que no están dispuestos a resignarse frente a tanto ecocidio, ha permitido que el tema irrumpa en la agenda de la vida cotidiana, y les sea cada vez más difícil mirar para otro lado a los responsable de tanta desidia.
Así es como se ha logrado conocer, de forma parcial aún, los nombres de algunos grandes terratenientes y jugadores de peso en el negocio ganadero que tienen emprendimientos en la zona y se encuentran procesados o denunciados por incendios intencionales. Para citar los más destacados, es necesario mencionar a Rufino Pablo Baggio (directivo del grupo Baggio SA), José Antonio Aranda (directivo de Copra SA. vinculada al magnate George Soros y accionista del Grupo Clarín), Gustavo Carlos Lanzillotta, miembro de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Roque Fernández (ministro de economía de Carlos Menem), Juan Carlos Paladini (presidente del frigorífico Paladini), entre otros.
¿Ganadería para quién?
Las exportaciones argentinas de carne bovina crecieron en los últimos años alcanzando en el 2020 un récord histórico[6]. China se ha constituido en el principal destino, representando cerca del 60% del total exportado, sobre todo luego de la entrada en vigencia a partir del 2019 del acuerdo que habilita la exportación de carne enfriada y con hueso hacia dicho país. El resto va a Europa, quien demanda un tipo de carne como la que se produce en estos territorios, porque los animales comen pasto natural y eso asegura niveles de calidad muy elevados.
El sintonía con esta demanda, el gobierno nacional, en mayo de este año, anunció el Plan Ganadero con el que aspira a aumentar la producción y estimular la exportación de carne.
Todo este fenómeno impactó en el precio de la carne en el mercado interno, porque los exportadores de carne prefieren enviar las carnes al exterior, por los valores que actualmente se pagan por tonelada.
La contracara es que Argentina presenta el nivel más bajo en más de 100 años en consumo de carne por habitante. En el año 2021 bajó a sólo 47,8 kilogramos per cápita.
Es decir, las vacas se van, pero el daño ambiental nos queda.
Todavía estamos a tiempo. Recuperar soberanía.
Los humedales son ecosistemas extremadamente frágiles y tienen múltiples beneficios para la vida: garantizan la provisión de agua dulce, amortiguan las inundaciones, y contienen una diversidad de flora y fauna que es preciso conocer para defender. Son, además, fuente de alimento para poblaciones ribereñas, y estructurantes de su cultura. Por eso su defensa es una tarea colectiva impostergable.
Ha sido extraordinario el movimiento que se ha desplegado en todo este tiempo, con un sinnúmero de organizaciones que a partir de la preocupación por el ambiente, cuestionan un sistema que parece empecinado en robarnos el futuro.
El debate está abierto y hay que atraverse a ir por más. Podemos seguir buscando culpables de las quemas. Que seguro los hay. Podemos hacer lo imposible por evitar que siga avanzando la ganadería en las áreas en las que aún no ha podido hacer pie. Podemos seguir exigiendo la Ley de Humedales para tratar de proteger un ambiente único que es necesario preservar. Pero lo que es seguro, que más temprano que tarde será necesario debatir si queremos seguir siendo una semi-colonia satisfecha con alcanzar las metas de exportación de materias primas que nos imponen desde afuera y que beneficia a unos pocos a costa de la destrucción de nuestro bienes comunes, o si vamos a animarnos a recuperar el sentido profundo de la palabra soberanía, para que el horizonte de la igualdad vuelva a ser patrimonio de las grandes mayorías.
Ese el principal desafío que tenemos por delante. Que el humo no lo tape.
Pablo Payró, miembro del Instituto Soberanía y del Foro por la Recuperación del Paraná, arquitecto, docente ISET 52 Diseño del Paisaje.
[1] El área analizada corresponde al territorio del PIECAS-DP (Plan Integral Estratégico para la Conservación y el Aprovechamiento Sostenible del Delta del Paraná), con una superficie de 2.300.326 Ha, comprendiendo 364.232 Ha a la provincia de Buenos Aires, 1.757.500 Ha a la provincia de Entre Ríos y 178.594 Ha a la provincia de Santa Fe. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
[3] Informe BCR – AÑO XXXVI – N° Edición 1899 – 15 de Marzo de 2019
[4] Estrategia para la implementación del Corredor de Biodiversidad del Delta del Paraná – Wetsland International. 2019
[5] Analizado en “Inventario de Leyes, Decretos, Resoluciones y Normas Ambientales en general, sobre el Tema: Humedal del Delta del Paraná. Análisis de su operatividad y aplicación efectiva en el territorio” Raúl Brassesco (INTA Victoria)
[6] Informe BCR – AÑO XXXIX – N° Edición 2004 – Especial Ganadería – 04 de Junio de 2021
El Delta del Paraná, es un extenso territorio de 17.000km2, con una inmensa biodiversidad que conjuga una multiplicidad de paisajes con una comunidad islera que ha desarrollado allí históricamente modos de vida respetuosos con el medio.
El municipio de Victoria junto a un sinnúmero de organizaciones vinculadas al cuidado del medio ambiente, pescadores, actividades turísticas, etc., han solicitado en varias oportunidades al gobierno de Entre Ríos que gestione la remoción de los sedimentos en las bocas de acceso a los riachos que se depositan por el refulado de arena del canal principal.
Tengamos en cuenta además, que gran parte del descontrol de los incendios que tanto afectaron a nuestra zona en los últimos años, también tiene que ver con este fenómeno: los endicamientos, el descenso del nivel de agua, hace que muchos riachos y cursos de agua menores que actuaban de “cortafuegos naturales” hayan desaparecido. Por lo tanto, los riesgos de que los focos de incendio se expandan rápidamente es mucho mayor, y las consecuencias ya las conocemos…
