Por Cecilia Ferreyra (*)
El presupuesto 2026 y la discapacidad: el ajuste que no se quiere nombrar
El gobierno de Javier Milei presentó el proyecto de presupuesto para 2026 envuelto en un discurso de orden fiscal, eficiencia y reducción del gasto. Sin embargo, detrás de los números y las promesas de equilibrio, aparece una decisión política que golpea de lleno a uno de los sectores más vulnerables de la sociedad: las personas con discapacidad.
Mientras el Ejecutivo impulsa una reducción del impuesto a las ganancias para 144 grandes sociedades —empresas que tributan más de 15 mil millones de pesos—, el propio proyecto reconoce que esta medida implicará dejar de recaudar alrededor de 3 billones de pesos. La pregunta clave es cómo se compensa esa pérdida. La respuesta no está en gravar a los sectores de mayor capacidad económica, sino en recortar derechos.
Entre las medidas que se esconden en el presupuesto 2026 aparece la derogación de la Ley de Emergencia en Discapacidad, conquistada en las calles. No se trata de un tecnicismo ni de un simple reordenamiento administrativo. Como bien se ha señalado:
“No cumplir con la Ley de Emergencia en Discapacidad no es una decisión económica, sino una declaración de abandono.”
La Ley de Emergencia en Discapacidad garantiza prestaciones básicas, actualizaciones de aranceles, acceso a tratamientos, transporte, educación y acompañamientos indispensables para una vida digna. Su derogación no elimina un “gasto”: elimina condiciones mínimas de existencia para miles de personas y sus familias. Prestadores que ya trabajan al límite, instituciones al borde del cierre y personas que dependen de estos servicios quedarían aún más desprotegidas.
El contraste es brutal: alivio fiscal para grandes empresas por un lado, ajuste silencioso sobre quienes menos posibilidades tienen de defenderse, por el otro. El discurso de la eficiencia económica se convierte así en una herramienta para justificar un corrimiento del Estado de sus responsabilidades básicas.
Por eso, este debate no puede quedar encerrado en el Congreso ni reducido a planillas presupuestarias. Debemos seguir exigiendo explicaciones frente a este abandono, y presionar en las calles es una tarea urgente. El presupuesto no es neutral: expresa prioridades, valores y decisiones políticas.
Derogar la Ley de Emergencia en Discapacidad no es equilibrar las cuentas. Es elegir quién paga el costo del ajuste. Y, una vez más, el costo parece recaer sobre quienes menos tienen.
La batalla en las calles hizo posible que el proyecto de presupuesto fuera aprobado, pero con algunas particularidades. En la Cámara de Diputados, en la votación por capítulos y artículos, se rechazó el Capítulo XI, artículo 75, que contemplaba la derogación de la Ley de Emergencia en Discapacidad y del Financiamiento Universitario. Este rechazo hizo posible que dichas leyes, sancionadas con anterioridad en el Congreso, no perdieran vigencia. En el caso del Senado, el presupuesto fue aprobado por mayoría sin la incorporación del capítulo rechazado en Diputados.
Por lo tanto, la lucha hizo posible que continúe vigente la Ley de Emergencia en Discapacidad.
Sin embargo, Milei tenía una nueva carta para avanzar contra la discapacidad: eliminó la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Sus funciones pasarán al Ministerio de Salud. ¿Qué implica esto?
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Retroceso de las políticas públicas en discapacidad.
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Despidos en el Estado Nacional: en lo que va del gobierno de Milei, más de 60.000.
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Borrado de evidencias de irregularidades, como las coimas conocidas que vinculan a Spagnuolo y a Karina Milei.
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Reducción del presupuesto asignado.
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Reducción de la discapacidad a una mera cuestión de salud.
La discapacidad requiere una mirada integral y social que incluya salud, educación, trabajo, transporte y la vida cotidiana de las personas. Esta medida vulnera la Convención Internacional y derechos conquistados, y destruye años de lucha.
Las personas con discapacidad, las familias y quienes trabajan en esta área tenemos una tarea inmensa: seguir en las calles, en lucha, para que no se vulneren más derechos.
(*) Cecilia Ferreyra (Corriente Estatal Unidad René Salamanca en ATE)
