Soy mamá de un niño con discapacidad, y hoy escribo con la tristeza y la preocupación que compartimos muchas familias en Argentina. Nuestros hijos e hijas necesitan apoyos concretos para poder desarrollarse, vivir con dignidad y tener las mismas oportunidades que cualquier persona.
La reciente decisión de vetar la Ley de Discapacidad significa un retroceso enorme. Esa ley había sido fruto de años de lucha de familias, organizaciones y personas con discapacidad que reclamamos derechos básicos: accesibilidad, inclusión educativa, acompañamiento integral,
cobertura real de tratamientos, apoyos para la vida independiente.
En término de números, La ley de emergencia en discapacidad, tendría un costo fiscal de entre el 0,3 % y el 0,5 % del PBI, una apuesta necesaria para garantizar derechos, no un gasto excesivo.
Este año (2025) el monto de las pensiones no contributivas cayó un 23% y el Nomenclador Nacional que define el coto de los servicios no se actualiza desde mediados de 2024, esto muestra a las claras el recorte en derechos. Cuando el Estado decide vetar una ley así, nos está diciendo que nuestras voces no importan, que los derechos de nuestros hijos e hijas pueden esperar. Pero ellos no pueden esperar: sus necesidades son hoy, cada día. Mientras las discusiones se dan en los despachos, nosotros
lidiamos con barreras que nos agotan y que nos excluyen.
Como mamá, veo cómo cada obstáculo afecta no solo a mi hijo, sino a toda la familia. La falta de apoyos limita sus posibilidades y le quita oportunidades que merece. Un veto no borra nuestra lucha: la multiplica. Vamos a seguir exigiendo que se respeten y garanticen los derechos de las
personas con discapacidad.
No pedimos privilegios, pedimos igualdad. Y una Argentina justa solo puede construirse
incluyendo a todos.
