Por Clara Suarez
La tarde apacible y rutinaria de la ciudad de San Lorenzo se ve interrumpida por un acontecimiento cada vez más familiar en los medios de comunicación: largas filas de gente se amontonan para dejar su curriculum frente a la convocatoria de una consultora de la región, con la esperanza de conseguir trabajo. La misma escena se repite unos kilómetros más allá, en Buenos Aires, frente a la búsqueda de empleada de un local de ropa. En paralelo, en distintos lugares de nuestro país, como es el caso de Mendoza, el pueblo continúa poniendo el cuerpo en defensa de nuestros recursos, el agua y los glaciares mientras comunidades rurales y de pueblos originarios sostienen en alto la defensa de sus tierras.
Del otro lado del ring, el gobierno afianza un modelo de país para pocos, con eje en la entrega absoluta de nuestro territorio y nuestra industria.
Dos nuevos proyectos debatidos en los últimos días constituyen el elemento más exponente de dicho modelo.
La bomba que cayó del avión presidencial: el Super RIGI
Hace apenas unos días, nos enteramos por una publicación del presidente Javier Milei en su cuenta de la red social “X” sobre el proyecto de ley del Súper RIGI, un nuevo régimen de incentivo de grandes inversiones con amplios beneficios tributarios para los grandes capitales, más amplios de lo que el esquema vigente establece.
El presidente agregó además que “aplicará para sectores que nunca han existido en Argentina”, lo cual más adelante, en un comunicado de Luis Caputo, se esclareció que se trataba de sectores industriales sin desarrollo local como baterías de litio, paneles solares y demás. Entre otros criticados puntos, el proyecto busca bajar el Impuesto a las Ganancias de un 25% a un 15% para empresas adheridas, beneficios en importaciones y límites a las tasas municipales.
La ecuación es bastante simple si se la mira de cerca: los grandes ganadores de este régimen son los sectores del petróleo, la energía y la minería, mientras que las medianas y pequeñas PYMES y empresas de otros sectores industriales continúan con una alta carga impositiva, viéndose en desventaja competitiva. A su vez, este ataque directo a la industria nacional conlleva desempleo, teniendo en cuenta además el difícil contexto económico que se cierne sobre nuestro país en la actualidad y sin olvidar que los sectores apuntados son extensivos en capital, mas no en mano de obra. Menos empleo en las industrias, además, implica menos circulación de dinero en el mercado interno, por lo tanto, la situación también afecta al sector del comercio.
En conclusión, según apuntan especialistas en economía, el proyecto del Súper RIGI busca captar y proteger capitales extranjeros mientras que la creación de empleo y el alivio para los trabajadores continúan ausentes de la receta.
La otra arista del modelo entreguista: ley de inviolabilidad de la propiedad privada
El proyecto de ley presentado durante el mes pasado se debate ahora en comisiones del Senado y buscar reformar la Ley de Tierras que, desde el año 2011, ponía un límite del 15% en la compra de tierras rurales por parte de potencias extranjeras.
La pretendida modificación no solo quita este tope, permitiendo que un mismo país concentre grandes extensiones de nuestro territorio, sino que también borra los límites sobre tierras con acceso a ríos y lagos, busca modificar la Ley de Manejo del Fuego, limita las causas de utilidad pública que habilitan al Estado a expropiar y elimina procesos de titularización de tierras que se daban en el marco del Registro de Barrios Populares.
Este proyecto se complementa perfectamente no solo con el Súper RIGI sino también con la ya aprobada nueva Ley de Glaciares, permitiendo que capitales extranjeros usen y exploten nuestros recursos naturales para obtener más ganancias, generando daños irreversibles en el medio ambiente. Pero además representa un grave problema de seguridad nacional ya que la concentración de tierras por parte de potencias extranjeras y el acceso incluso a nuestras aguas supone una pérdida de la capacidad soberana de nuestro país, otorgando a los capitales extranjeros no solo poder de presión mayor que el propio Estado sino también posibilidades de llevar a nuestro territorio a conflictos bélicos.
Asimismo, otro retroceso que avanza con este proyecto de ley es la limitación del acceso a la vivienda y a la tierra, ya que limita la intervención estatal sobre el suelo urbano, impulsa a las grandes inmobiliarias y produce más desalojos al mismo tiempo que excluye a las comunidades vulneradas, generando mayor desigualdad social y agudizando la concentración de la riqueza en pocas manos. En otras palabras, la tierra, vista desde esta ley, pasa de ser un recurso común para satisfacer las necesidades del pueblo a ser un activo financiero.
Esa vieja palabra olvidada llamada “soberanía”…
Sostener la defensa de la industria nacional y de nuestra soberanía se vuelve fundamental para pensar cualquier noción de futuro. La entrega, el ajuste y la concentración de riquezas como políticas públicas no sólo tiene consecuencias en la inmediatez, como podemos obervar en las largas filas en busca de trabajo o en el aumento de chóferes de Uber, sino que también conllevan graves consecuencias a largo plazo.
Resulta imprescindible seguir abogando, como lo hicieron nuestros próceres, por una Argentina soberana y libre de toda dominación extranjera.
Solo así podrá asegurarse cualquier lucha por la defensa de los derechos de las y los trabajadores.
