De la construcción de un sistema público de saneamiento a la privatización del vital elemento, en una disputa estratégica por la soberanía nacional.
Por José Ainsuain (*)
Conocer la historia nos permite comprender el presente, reconocer nuestras raíces y evitar repetir los errores del pasado. En materia hídrica y de saneamiento, la Argentina cuenta con antecedentes fundamentales: desde el conocimiento de las culturas ancestrales y el plan de ampliación de la red de acequias impulsado por el general José de San Martín en Mendoza, para la producción y el bienestar de la población, hasta las tempranas respuestas científicas frente al clima, como el ensayo Las secas y las inundaciones, elaborado por Florentino Ameghino en 1884 para el campo pampeano.
A finales del siglo XIX, la llegada de las primeras plantas potabilizadoras y redes cloacales a la ciudad de Buenos Aires y Rosario (1887) posicionó al país como pionero en América Latina. Ya en el siglo XX, bajo la presidencia de Roque Sáenz Peña, se creó Obras Sanitarias de la Nación (OSN). Dicha empresa no solo garantizó un servicio esencial para la salud y el bienestar social, sino que también impulsó el desarrollo científico y tecnológico local, formando a profesionales que exportaron su conocimiento a diversos países del mundo.
El primer desmembramiento
El declive planificado de la empresa pública comenzó bajo la dictadura militar iniciada en 1976. En el marco del plan económico de José Alfredo Martínez de Hoz, se dispuso el «primer desmembramiento» de OSN, al descentralizar y delegar la provisión de agua y saneamiento a las provincias, reservando para la Nación únicamente la operación en la Capital Federal y el Gran Buenos Aires.
A partir de ese momento, las políticas de sucesivos gobiernos provinciales y nacionales desfinanciaron y abandonaron progresivamente la infraestructura hídrica.
La privatización de los años noventa
En 1993, bajo el argumento del déficit fiscal y relegando décadas de desarrollo estatal, el gobierno de Carlos Saúl Menem y gobernadores aliados otorgaron la concesión del servicio por 30 años a la firma francesa Suez, bajo el nombre de Aguas Argentinas.
Aquel esquema privado derivó en escasas inversiones, incrementos tarifarios, cortes de suministro por falta de pago y un servicio deficitario. Dichas deficiencias impactaron negativamente en el aparato industrial, propiciaron la contaminación de afluentes y agravaron la proliferación de enfermedades vinculadas a la falta de agua y cloacas en los barrios populares del conurbano bonaerense.
Estatización y creación de AySA
Tras la crisis socioeconómica de 2001, la concesionaria dejó de cumplir con los compromisos mínimos contractuales, iniciando un paulatino vaciamiento del servicio.
En 2006, la gestión nacional encabezada por Néstor Kirchner resolvió rescindir el contrato y reestatizar el servicio a través del Decreto 304/2006, creando Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) para la Capital Federal y 26 municipios del AMBA.
Esta decisión política de concebir al agua como un bien estratégico tuvo réplicas en provincias como Santa Fe. En paralelo, se jerarquizó la labor del Instituto Nacional del Agua (INA) y del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA) para planificar y ejecutar obras estructurales.
Hasta la actualidad, AySA brinda cobertura a más de 14 millones de personas, contando con capacidad operativa de vanguardia (como los talleres Varela) y balances operativos superavitarios.
La llegada de Milei y la reprivatización
Con la llegada del gobierno de Javier Milei en 2024, se puso en marcha una política de desregulación y privatización de empresas públicas.
Previamente, la incorporación de la empresa estatal israelí Mekorot para el asesoramiento en sistemas hídricos nacionales sirvió de antesala para la disolución del ENOHSA y el repliegue del INA.
Posteriormente, mediante el Decreto 494/2025, se autorizó formalmente la privatización total de AySA. De manera simultánea, los decretos 493/2025 y 805/2025 modificaron el marco regulatorio del sector, eliminando más de un centenar de artículos del régimen anterior para otorgarles a los futuros concesionarios la potestad de interrumpir el servicio por morosidad y definir de forma autónoma los planes de inversión.
El valor geopolítico del agua dulce
La pugna por el control del agua responde a una disputa interimperialista. Tras la segunda mitad del siglo XX, la aceleración industrial incrementó la presión sobre las reservas de agua dulce a nivel internacional.
En 2020, el vital elemento comenzó a cotizar en los mercados de futuros de Wall Street y, para 2024, las Naciones Unidas advirtieron sobre una situación de emergencia hídrica global.
En un contexto en el que cerca del 90 % del agua dulce disponible en el planeta se destina a la producción agroindustrial e industrial, y solo un 10 % al consumo humano directo, la privatización de las empresas operadoras adquiere una dimensión estratégica.
Los capitales detrás de AySA: las pistas británica y estadounidense
La composición del consorcio que presentó la mayor oferta por AySA abre interrogantes sobre el origen y el control efectivo de los capitales involucrados. Particularmente, la estructura societaria de PHX Aqua, sus antecedentes de constitución en Londres y las vinculaciones de sus directivos con importantes grupos financieros y empresariales estadounidenses plantean interrogantes sobre la posible participación de intereses británicos y norteamericanos en el negocio del agua.
Luego de meses de puja, la adjudicación quedó en manos de un grupo de capitales extranjeros y nacionales.
Con el 55 % del paquete accionario figura PHX Aqua, un fondo de inversión que opera bajo una estructura legal en los Países Bajos, pero cuya fundación tuvo su origen en Londres pocas semanas antes de la licitación de AySA.
A su vez, el 100 % del paquete accionario de PHX Aqua pertenece a Phoenix Global, un fondo de inversión radicado en Curazao, cuyo presidente es Paul Parker, abogado especialista en finanzas, con trayectoria en Wall Street, que además preside importantes empresas de capitales estadounidenses, como The Clorox Company.
Rowing S.A., del ingeniero «multifacético» Walter Román, se adjudicó el 20 % de las acciones. Hay que recordar que es un fiel aportante a la campaña electoral de La Libertad Avanza y que su hermano Leonardo, a través de la firma Servimagnus, participa activamente en el negocio de la mal llamada Hidrovía Paraguay-Paraná.
Con el 15 % figura el grupo brasileño Arcos Saneamento e Participações, operador del servicio de agua y cloacas en más de 15 estados de Brasil.
Por último, con un 10 % de las acciones aparece Filiberti, conocido como el «Rey del Cloro», ya que es el proveedor número uno de cloro y policloruro de aluminio a casi todas las empresas de agua de la Nación.
Con esta adjudicación, junto a sus socios Manzano-Vila, controla gran parte de los servicios estratégicos y esenciales, ya que tiene participación en la red de distribución eléctrica Edenor, Metrogas, estaciones de servicio de la empresa Shell e inversiones activas en la extracción de petróleo en Vaca Muerta, entre otras.
Reflexión final
La historia argentina demuestra dos modelos opuestos: por un lado, la gestión estatal concebida para el acceso universal, la salud pública y el desarrollo tecnológico e industrial; por el otro, la administración privada orientada a la rentabilidad financiera del vital elemento y la entrega de soberanía.
Frente a este nuevo escenario, persiste la pregunta central: ¿es el agua dulce un bien común y un derecho humano fundamental, o una mercancía más sujeta a la cotización de los mercados financieros de Wall Street?
(*) José Ainsuain, investigador y autor del libro “AGUA Patrimonio de la Humanidad o de Wall Street”
