MARIANELA SCOCCO - INFO>SOBERANA

Por Marianela Scocco (*)

Desfinanciar la ciencia es destruirla. Y también destruye a la ciencia someterla a las corporaciones. Si la ciencia es extractivista, no es ciencia, es negocio.
Guillermo Folguera

A partir de la asunción del gobierno nacional de Javier Milei en diciembre de 2023, desde la Asamblea de Trabajadorxs y la Junta Interna de ATE- CONICET de Rosario (y en todo el país) venimos denunciando el plan de ajuste, vaciamiento y desguace que pone en riesgo la continuidad de la producción de conocimiento público de nuestro país. Era algo que venían anunciando desde la campaña electoral y que pusieron en práctica inmediatamente al degradar al ex Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación a la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, que depende de la Jefatura de Gabinete, y al congelar el presupuesto para funcionar en 2024 y 2025 en los niveles de 2023, luego de la fenomenal devaluación que impusieron al asumir. Hay un amplio consenso en considerar la actual situación que transita CONICET como crítica y, en forma más general, todo el sistema científico nacional. Esta crisis se expresa en una política de ajuste que no tiene precedentes, en cuanto a magnitud, desde la recuperación de la democracia en nuestro país y una incertidumbre en diversos aspectos que hacen a la viabilidad futura del sistema científico.

En este marco, la crisis se ha ido agravando con los meses. La semana pasada nos movilizamos en todo el país por la efectivización inmediata de cargos dispuestos en 2022 para ingresantes a Carrera del Investigador Científico y Tecnológico (CIC) y a Carrera del Personal de Apoyo (CPA); por la publicación de los resultados de la convocatoria CIC de 2023 y la continuidad de estas convocatorias, que desde hace muchos años venían siendo anuales.

Sumados a los reclamos que hemos planteado reiteradamente por recomposición salarial mediante paritarias libres y sin techo, continuidad de becas, financiación para proyectos y ampliación del presupuesto para ciencia y tecnología.

No obstante, desde diversos colectivos hace años venimos sosteniendo que no es suficiente defender CONICET del ajuste, sino que también debemos defenderlo de las corporaciones y de quienes se quieren apropiar del conocimiento científico producido con fondos públicos (o quieren usar los fondos públicos para producir conocimiento científico para las corporaciones).

A contramano de ese sistema y apoyados o amparados en los movimientos ambientales, promovemos una ciencia pública para las comunidades y para la naturaleza.

En este sentido, así como se plantea que no hay alternativas al modelo de producción que se constituyó en las últimas décadas en Argentina -un modelo que puede ser caracterizado como agroindustrial, extractivista y contaminante; de reprimarización, concentración y extranjerización de la economía, es decir, una matriz productiva centrada en la expansión del agronegocio- también se suele afirmar que, como las demandas del feminismo, las del ambientalismo no están en un mismo nivel de urgencia o relevancia que, por ejemplo, la necesidad de sacar a la gente de la pobreza. De esta forma, aún en los sectores políticos o gremiales que reconocen que las demandas del ambientalismo tienen sentido, también sostienen que deben ponerse en perspectiva frente a otros problemas mayores, como la pobreza y la indigencia (Cantamutto; Schorr y Wainer, 2024).

En este texto retomaremos a algunas y algunos investigadores que demostraron la falsedad de esas dicotomías y reflexionamos sobre los vínculos entre las luchas sindicales y las luchas ambientales.

Ciencia estatal hegemónica

En primer lugar, es necesario señalar y denunciar que existe una ciencia estatal hegemónica que opera como insumo principal del agronegocio, que ha exacerbado la matriz extractiva. Esa matriz, pese a las múltiples diferencias de los gobiernos que se sucedieron desde la implementación de la soja transgénica en 1996 a la actualidad y a las divergentes coyunturas económicas internacionales que afrontaron, se profundizó sin incorporar los daños socioambientales, ni las alertas expresadas por las poblaciones afectadas. De esta forma, junto al desarrollo de una ciencia al servicio de grandes corporaciones, la intensificación del extractivismo rural, también minero y urbano, fue sincrónica al incremento de la deuda externa cuyo pago es, al mismo tiempo, uno de los principales argumentos para profundizar este esquema (Gárgano, 2022).

En este sentido, siguiendo a Harvey (2012), cabe destacar que mientras la doctrina neoliberal supone que el Estado se limita solo a proteger el libre mercado, existe una intensa intervención estatal tanto en el plano económico (con la defensa de intereses privados), como en el marco institucional (regulatorio y legislativo) que el propio Estado genera y en su brazo represivo cuando las movilizaciones sociales se intensifican.

Esto se evidencia en la agricultura neoliberal de los años ‘90, que estuvo impulsada por las políticas orientadas desde el FMI, pero también tras la emergencia de los gobiernos latinoamericanos llamados “progresistas”, que reivindicaron un papel más prominente del Estado, con políticas sociales focalizadas y, en algunos casos, de redistribución, pero lo hicieron de forma estrechamente articulada al fortalecimiento de los capitales privados multinacionales (Svampa y Bringel, 2023).

Ese modelo, entonces, estuvo signado por, como dice la historiadora Cecilia Gárgano (2022: 93), una “agricultura basada fuertemente en la generación de conocimientos científicos y tecnológicos para la generación de las semillas y del paquete tecnológico en su conjunto”. Y continúa: “Los paquetes tecnológicos impulsados desde la segunda mitad de la década de 1990 incluyeron para su promoción la articulación entre organismos estatales de investigación y corporaciones semilleras y agroquímicas. Una dinámica que se expandió inscripta en un ciclo histórico nacional de apropiación privada de resultados de investigaciones generados con fondos públicos, y en un proceso internacional de privatización del conocimiento” (Gárgano, 2022: 105).

De esta forma, y siguiendo a la autora, la ciencia estatal hegemónica opera como un insumo fundamental del agronegocio mediante diversos mecanismos: a través de procesos de inclusión y exclusión subordinado de voces (de la agricultura no hegemónica, de comunidades locales y de enfoques científicos críticos) de las agendas estatales de investigación; la promoción de convenios de vinculación tecnológica “público-privados” y la separación de la problemática ambiental de la creciente desigualdad social.

Guillermo Folguera, en su artículo sobre las similitudes entre el trigo HB4 y la extracción de litio (2022), sostiene que una de esas similitudes es la manera en que intervienen los saberes y las prácticas científicas, que cumplen sus roles profesionales para silenciar y legitimar. Así, el discurso profesional ha sido fundamental en las problemáticas asociadas a los agronegocios y a la megaminería por varios motivos: porque, por un lado, se presentan como posibilitadores técnicos, afirmando que nadie conoce más acerca de los efectos de una cosa que su propio creador, donde además se suma la clásica fragmentación disciplinar, poniendo al especialista en un lugar más específico aún. Por otro lado y al mismo tiempo, el saber profesional cobra un lugar significativo al ratificar la dicotomía saber/no saber y de esta forma, las experiencias y saberes de las comunidades no representan un valor.

Pero sobre todo, porque el discurso que prioriza y jerarquiza la práctica y el rol especialista ha sido clave en los convenios de vinculación tecnológica “público-privados” de los que hablábamos antes y, por tanto, en la mezcla de lo público y lo privado. Esto se evidencia en todas las instituciones involucradas. En los convenios y desarrollos del INTA, Universidades Nacionales o CONICET parecen primar los objetivos, las promesas y los lenguajes de las corporaciones.

Un claro ejemplo de ello es el diseño y la implementación del trigo HB4. Este trigo es producto de un acuerdo entre Bioceres, CONICET y la UNL. Raquel Chan, que fue la investigadora responsable del proyecto, es investigadora superior de CONICET, directora del Instituto Agrobiotecnológico del Litoral (IAL, CONICET-UNL) y profesora titular de la UNL.

El trigo HB4 fue aprobado en 2021, ignorando las fuertes oposiciones y discusiones promovidas por diferentes sectores de la comunidad, que denunciaron sus posibles efectos ambientales asociados a la resistencia al stress hídrico (tales como inundaciones o sequías a raíz de la deforestación y el avance de la frontera agropecuaria) y, por otro lado, a las amplias probabilidades de que el glufosinato de amonio sea parte del paquete de agrotóxicos asociados a las plantaciones de trigo HB4, a pesar de la promesa de que no será usado.

El trigo no es el primer HB4, pues esa tecnología ya había sido aplicada en la soja. La alianza entre lo público y lo privado también es una de las lógicas que se expandió a partir de los años ‘90. Promover este tipo de vinculación estado-empresa fue una de las políticas prioritarias del Ministerio de Ciencia y Tecnología, creado 2007, hoy degradado a Secretaría.

Folguera también resalta que hoy reaparece un discurso con promesas similares a las que se hacían hace treinta años. En líneas generales, estas promesas se relacionan con la posibilidad de generar nuevos puestos de trabajo a escala local-provincial y con el ingreso de divisas a escala nacional. Pero sabemos que esas promesas nunca fueron cumplidas y que, por el contrario, los extractivismos han creado “zonas de sacrificio” donde se enferma a las poblaciones y se destruyen los ecosistemas.

Por tanto podemos concluir que si enferma y destruye no es ciencia. Si lo deciden las corporaciones, no es democracia. Y si la ciencia es extractivista, no es soberana ni nacional.

Ciencia digna

Es por ello que reivindicamos la tarea que llevan adelante otros y otras investigadores de CONICET que, como Gárgano y Folguera, demostraron la falsedad de esas dicotomías y que mantienen una práctica militante, desde lo que se conoce como “ciencia digna”.

Especialmente a partir de las investigaciones encabezadas por Andrés Carrasco, médico especializado en biología molecular, que en 2010 publicó un estudio que fue pionero en asociar al glifosato con el incremento de malformaciones congénitas y que además fue perseguido por las autoridades de CONICET por ello.

Investigadores e investigadoras que han escuchado y escuchan a las comunidades más afectadas, que participan en pie de igualdad de las resistencias junto a ambientalistas. Y desde esa escucha y participación comparten datos, saberes e investigaciones. Socializando información, derribando mitos, señalando responsabilidades y mostrando caminos posibles.

De esta forma, sostienen la necesidad de “desnaturalizar” no solo sobre la inevitabilidad de los procesos extractivistas; sino también, como dice Mauricio Cornaglia (2025), en relación a la “corrupción”, elemento central para que sea posible el ecocidio y genocidio que venimos padeciendo.

Entonces volvemos al principio, a la necesidad de analizar y protagonizar las luchas ambientales desde nuestra condición de trabajadores y trabajadoras.

Nancy Fraser (2023) sostiene que es ineludible una ecopolítica que debe ser anticapitalista y transambientalista, es decir, que aborde de manera transversal los problemas ambientales, económicos, políticos y sociales. A nosotras y nosotros, desde América Latina, nos gusta llamarla socioambiental.

En Argentina, las luchas ambientales han tenido como protagonistas a las comunidades indígenas y campesinas, así como también a los nuevos movimientos socioambientales, como por ejemplo los que promueven las resistencias contra la megaminería, contra el uso de agrotóxicos, contra la expansión de la frontera sojera, contra las diferentes formas del urbanismo neoliberal y, de modo más reciente, contra la exploración y explotación del mar argentino, contra el extractivimo forestal e ictícola, el fracking y el litio.

Pero es cierto que aún subsiste una gran desconexión entre luchas sindicales y luchas ambientales, potenciada por la relación directa entre extractivismo, política de concentración de la tierra y deterioro de los derechos humanos. Por ello, la dinámica de las luchas socioambientales debe tener un lenguaje común que muestre el cruce entre una matriz indígeno-comunitaria, la defensa del territorio y los derechos humanos y un discurso ambientalista. Así, debemos colocar en debate conceptos tales como los de soberanía, democracia y derechos humanos. Y es fundamental que incorporemos ese lenguaje común a las luchas sindicales así como a la defensa de CONICET, y que nuestros gremios y equipos de trabajo sean parte constitutiva (y no solo aliada) de las luchas socioambientales.

Ph (Las fotografías incluidas en el artículo fueron realizadas por Sofía Alberti.)

Bibliografía

Cantamutto Francisco; Schorr, Martín y Wainer, Andrés (2024) Con exportar más no alcanza. (aunque neoliberales y neodesarrollistas insistan con eso). Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Siglo XXI Editores.

Cornaglia, Mauricio (2025) “Curso Acelerado: Antiextractivismo, Dignidad y Buen Vivir.” Rosario: Editorial Último Recurso.

Folguera, Guillermo (2022) “Diez similitudes entre el trigo HB4 y la extracción de litio: algo más que coincidencias”. Tekoporá vol. 4, n°2, 24-48

Fraser, Nancy (2023)“Capitalismo Canibal”. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Siglo XXI Editores.

Gárgano, Cecilia (2022) “El campo como alternativa infernal”. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Imago Mundi.

Harvey, David (2012) “El enigma del capital y las crisis del capitalismo.” Madrid: Akal.

Svampa, Maristella y Bringel, Breno (2023) “Del «Consenso de los Commodities» al «Consenso de la Descarbonización»”. Nueva Sociedad n° 306, 51-70.

(*) Marianela Scocco. Doctora en Historia, Investigadora del Conicet, Docente en la Facultad de Humanidades y artes UNR y Directora del Instituto Soberanía.

Lo primero que debería aclarar es que esta no será una crítica de cine. No podría serlo. Solo aspira a ser una opinión, tal vez histórica, pero sobre todo militante.

Argentina, 1985es una película maravillosa sobre el histórico Juicio a las Juntas llevado a cabo ese año. Una película que conmueve, que emociona, pero que también hace reír. Un gran acierto. Porque, entre tanto horror, que la película logre por momentos hacer reír a la sala entera, es, sin dudas, un mérito del director. Pero sobre todo, es una película que duele, porque es como la Crónica de una muerte anunciada, ya que, aunque sabemos que el juicio fue y es un ejemplo en el mundo, que condenó a Videla y a Massera, no nos olvidamos que también absolvió a Galtieri, con lo que significaba para muchos rosarinos y rosarinas, ya que fue el Comandante del II Cuerpo de Ejército en los peores años.

Aun así, y aunque entiendo el recorte, centrado en ese juicio histórico, no puedo dejar de mencionar algunas consideraciones, que coinciden con ciertas críticas que ya había leído. Gajes del oficio… En primer lugar, quiero reiterar lo ya se dijo en muchas reflexiones, pero con lo que para mí debería empezar cualquier análisis, porque creo que no se puede hablar del Juicio a las Juntas, como hace la película, sin mencionar al Movimiento de Derechos Humanos que se creó en el país, sin el cual no solo el juicio no hubiera sido posible, sino tampoco, quizás, esa temprana democracia. Porque ese juicio, presentado como fundante, fue en realidad resultado del trabajo de los organismos de derechos humanos y de la Conadep después. Resultado que fue paradigmático, ejemplar pero también insuficiente, como ya dijimos. En el mismo sentido, y en segundo lugar, creo que se puede hablar de la necesidad y la decisión (acertada tal vez) del equipo de trabajo de Strassera de seleccionar ciertos casos paradigmáticos para la estrategia judicial de probar el plan sistemático de represión en todo el país. Lo que me parece injusto de la película es decir que ese equipo debía “reunir” las pruebas para, valga la redundancia, probarlo. Esto ya lo había hecho la Conadep y antes, otra vez, los organismos de derechos humanos en todo el país. No decirlo, no mencionarlo siquiera, no es un recorte, es faltar a la historia de lucha más digna que ha tenido nuestro país. En tercer lugar, pero no por eso menos importante, la película goza de otra gran ausencia: el verdadero proyecto de justicia de Alfonsín. No aclara que la autodepuración castrense, esto es, que los comandantes fueran juzgados en tribunales militares, era parte de ese proyecto, así como la posibilidad de que la causa pasara a la justicia civil de no prosperar esa primera opción. También eran parte de aquel proyecto el punto final y la obediencia debida, mencionadas al final como “leyes de impunidad”. El propio juicio fue prueba de ello: solo se juzgó a los comandantes de las tres primeras Juntas (el resto habría actuado por obediencia debida) y sobre una determinada cantidad de casos (dándole un punto final a la otra inmensa cantidad que quedaron afuera). La histórica posibilidad de continuar juzgando a otros represores por otros casos en todo el país, se habilitó por el punto 30 de la sentencia de este juicio, del que la película tampoco hace mención. Es quizá el dato menos conocido, probablemente yo sea una de las pocas personas que lo habría agregado, y hasta quizá la historia le dio la razón a Alfonsín y por eso sancionó esas leyes después. Pero fue, otra vez, la movilización popular la que excedió los límites del Juicio a las Juntas y del proyecto de Alfonsín y permitió la posibilidad de, al menos por un tiempo, juzgar a esa otra gran cantidad de represores en todo el país. Los juicios por delitos de lesa humanidad llevados a cabo en la actualidad hubieran sido mucho más difíciles sin esa corta experiencia que incluyó el trabajo de muchas personas que nunca tendrán su película.

Por último debo reconocer, quizá con riesgo de aburrir, que me molesta un poco el personaje de la supuesta madre de Moreno Ocampo. Coincido, en cambio, con Darín/Strassera cuando le dice a Lanzani/Moreno Ocampo que nunca van a convencer a las personas como su madre. Y yo creo que no lo hicieron (ni lo haremos) porque son parte de las clases dominantes que impulsaron y se beneficiaron con la dictadura. Es allí donde falta la referencia al modelo económico de la dictadura, que otros análisis ya han advertido. Ese modelo económico basado en la reforma financiera y el endeudamiento externo, derivados de la apertura económica, que interrumpieron el modelo industrial sustitutivo sobre el que se había estructurado durante las décadas anteriores la economía argentina, y que significó una gran pérdida de soberanía económica y política, un quiebre histórico que perdura hasta el presente: desindustrialización; reestructuración regresiva del aparato manufacturero (reprimarización de la economía y retroceso de los segmentos fabriles de mayor complejidad); extranjerización de las empresas y las tierras; crisis laboral, desocupación, pobreza y hambre; y la conformación de una sociedad crecientemente polarizada y desigual. Consecuencia de todo ello es el modelo económico extractivista asentado hoy en nuestro país. Las clases dominantes, representadas en el personaje dela madre de Moreno Ocampo, fueron, son y serán las enemigas del pueblo, y aunque eventualmente se sensibilicen, como en la película, con una mujer que debió parir esposa y vendada, lo volverán a justificar de acuerdo toquen nuevamente sus intereses, como ahora cuando encarcelan a mujeres de la comunidad mapuche, una de ellas embarazada, solo por reclamar por su histórico derecho a habitar sus territorios.

¿Es, por todo esto, una película mala? De ninguna manera. La película es buenísima, necesaria, hasta pedagógica. Pero eso ya lo han dicho muchos y muchas. Para mí, desde el único lugar que puedo escribir y pensar que es el mío, la película perdió una oportunidad histórica de salirse de algunas verdades consagradas, aunque igualmente dolorosas, y avanzar en otras más incómodas.

Marianela Scocco. Doctora en Historia, Investigadora del Conicet, Docente en la Facultad de Humanidades y artes UNR y Directora del Instituto Soberanía.