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LUCHAS POPULARES

Discapacidad en emergencia

Por Cecilia Ferreyra (*) 

El presupuesto 2026 y la discapacidad: el ajuste que no se quiere nombrar

El gobierno de Javier Milei presentó el proyecto de presupuesto para 2026 envuelto en un discurso de orden fiscal, eficiencia y reducción del gasto. Sin embargo, detrás de los números y las promesas de equilibrio, aparece una decisión política que golpea de lleno a uno de los sectores más vulnerables de la sociedad: las personas con discapacidad.

Mientras el Ejecutivo impulsa una reducción del impuesto a las ganancias para 144 grandes sociedades —empresas que tributan más de 15 mil millones de pesos—, el propio proyecto reconoce que esta medida implicará dejar de recaudar alrededor de 3 billones de pesos. La pregunta clave es cómo se compensa esa pérdida. La respuesta no está en gravar a los sectores de mayor capacidad económica, sino en recortar derechos.

Entre las medidas que se esconden en el presupuesto 2026 aparece la derogación de la Ley de Emergencia en Discapacidad, conquistada en las calles. No se trata de un tecnicismo ni de un simple reordenamiento administrativo. Como bien se ha señalado:
“No cumplir con la Ley de Emergencia en Discapacidad no es una decisión económica, sino una declaración de abandono.”

La Ley de Emergencia en Discapacidad garantiza prestaciones básicas, actualizaciones de aranceles, acceso a tratamientos, transporte, educación y acompañamientos indispensables para una vida digna. Su derogación no elimina un “gasto”: elimina condiciones mínimas de existencia para miles de personas y sus familias. Prestadores que ya trabajan al límite, instituciones al borde del cierre y personas que dependen de estos servicios quedarían aún más desprotegidas.

El contraste es brutal: alivio fiscal para grandes empresas por un lado, ajuste silencioso sobre quienes menos posibilidades tienen de defenderse, por el otro. El discurso de la eficiencia económica se convierte así en una herramienta para justificar un corrimiento del Estado de sus responsabilidades básicas.

Por eso, este debate no puede quedar encerrado en el Congreso ni reducido a planillas presupuestarias. Debemos seguir exigiendo explicaciones frente a este abandono, y presionar en las calles es una tarea urgente. El presupuesto no es neutral: expresa prioridades, valores y decisiones políticas.

Derogar la Ley de Emergencia en Discapacidad no es equilibrar las cuentas. Es elegir quién paga el costo del ajuste. Y, una vez más, el costo parece recaer sobre quienes menos tienen.

La batalla en las calles hizo posible que el proyecto de presupuesto fuera aprobado, pero con algunas particularidades. En la Cámara de Diputados, en la votación por capítulos y artículos, se rechazó el Capítulo XI, artículo 75, que contemplaba la derogación de la Ley de Emergencia en Discapacidad y del Financiamiento Universitario. Este rechazo hizo posible que dichas leyes, sancionadas con anterioridad en el Congreso, no perdieran vigencia. En el caso del Senado, el presupuesto fue aprobado por mayoría sin la incorporación del capítulo rechazado en Diputados.

Por lo tanto, la lucha hizo posible que continúe vigente la Ley de Emergencia en Discapacidad.

Sin embargo, Milei tenía una nueva carta para avanzar contra la discapacidad: eliminó la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Sus funciones pasarán al Ministerio de Salud. ¿Qué implica esto?

  • Retroceso de las políticas públicas en discapacidad.

  • Despidos en el Estado Nacional: en lo que va del gobierno de Milei, más de 60.000.

  • Borrado de evidencias de irregularidades, como las coimas conocidas que vinculan a Spagnuolo y a Karina Milei.

  • Reducción del presupuesto asignado.

  • Reducción de la discapacidad a una mera cuestión de salud.

La discapacidad requiere una mirada integral y social que incluya salud, educación, trabajo, transporte y la vida cotidiana de las personas. Esta medida vulnera la Convención Internacional y derechos conquistados, y destruye años de lucha.

Las personas con discapacidad, las familias y quienes trabajan en esta área tenemos una tarea inmensa: seguir en las calles, en lucha, para que no se vulneren más derechos.

(*) Cecilia Ferreyra (Corriente Estatal Unidad René Salamanca en ATE)

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LUCHAS POPULARES MOVIMIENTO OBRERO

UOM Villa Constitución rechazó la Reforma Laboral

Por Infosoberana

Compartimos comunicado:

No a la reforma laboral

La Unión Obrera Metalúrgica – Seccional Villa Constitución, junto a la Comisión Interna de ACINDAR y los Cuerpos de Delegados, expresa su rechazo absoluto a la reforma laboral que el Gobierno intenta imponer bajo el argumento de la tecnificación y la modernización.

Este proyecto representa un retroceso histórico en derechos conquistados por generaciones de trabajadores y trabajadoras. Entre los puntos más graves se encuentran:

  •  La posibilidad de pagar salarios mediante tickets u otros formatos no remunerativos, degradando el salario y vaciando la seguridad social.
  • Restricciones al derecho de huelga, afectando la herramienta fundamental de defensa colectiva.
  • El debilitamiento de los derechos frente a enfermedades laborales y accidentes de trabajo, particularmente graves en la industria pesada.
  • El desmonte de los Convenios Colectivos, abriendo la puerta a acuerdos a la baja y a la individualización de las relaciones laborales.
  • El avance hacia un modelo de precarización, contrario al trabajo digno y a la producción nacional.

Este tipo de políticas ya tuvieron antecedentes nefastos en la historia argentina: desde la destrucción industrial impulsada por Martínez de Hoz durante la dictadura cívico-militar, hasta las políticas de apertura indiscriminada de los años noventa que dejaron miles de trabajadores en la calle. La receta es la misma: desindustrializar para disciplinar.

Lo decimos con claridad:
sin industria no hay trabajo; sin trabajo no hay dignidad.
Y una reforma que destruye derechos laborales sólo puede conducir a un industricidio , con consecuencias directas sobre nuestras familias, nuestra comunidad y el futuro del país.

La UOM Villa Constitución, con su historia de lucha, organización y defensa de los derechos democráticos y populares, sostiene que ningún proceso productivo puede consolidarse sobre la pérdida de derechos y la precarización de la vida de los trabajadores.

Rechazamos esta reforma laboral en todas sus formas y reafirmamos nuestro compromiso con la defensa del trabajo, la industria nacional y los derechos conquistados por nuestra clase.

Unión Obrera Metalúrgica Seccional Villa Constitución
Comisión Directiva
Comisión Interna de ACINDAR
Cuerpos de Delegados

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JUBILADOS LUCHAS POPULARES

El sistema previsional de Santa Fe en la mira

Por Mercedes Meier (*)

El Martes 23/7 se retoman las reuniones de comisión de informe sobre la Caja en la legislatura. Irán a exponer sus visiones algunos sindicatos afectados como SIPRUS y CTAA, y también meterán la cola la Fundación Libertad, y las Bolsas de Comercio de Rosario y Santa Fe.

¿Qué tienen para decir de la caja de Jubilaciones de las trabajadoras y trabajadores del Estado Santafesino los férreos defensores de la propiedad privada? ¿Qué tienen para aportar a este debate quienes defienden los intereses de los monopolios extranjeros y los terratenientes que se creen dueños de nuestras riquezas? ¿Acaso también quieren apropiarse de las decisiones que se tomen sobre los destinos de la Caja que es de los trabajadores?

Indigna.

¿Qué está pasando?

El Gobierno de la Provincia puso sobre la mesa el debate sobre el sistema previsional de la Provincia, en el marco de las discusiones nacionales que se dan alrededor de este tema y sobre la base de la pérdida de sustentabilidad que muestra hoy la Caja de Jubilaciones de los trabajadores y trabajadoras de Santa Fe.

Los recortes del Gobierno nacional a las provincias y la baja de los salarios de los y las agentes estatales hacen a lo esencial de esta falta de sustentabilidad. 

El Frente “Unidos” que gobierna y dirige ambas Cámaras de la legislatura propone una modificación del sistema jubilatorio que pone en riesgo derechos ganados por los trabajadores y trabajadoras santafesinas, con el blanco en las mujeres.

Las modificaciones que suenan con más fuerzas –no las únicas- son la extensión de la edad jubilatoria y la igualdad de edad entre varones y mujeres para jubilarnos. Si esto avanza se da por tierra la única Ley que reconoció el trabajo no remunerado de las mujeres en nuestras vidas.

Por Ley se conformó una Comisión que emitirá un informe sobre la situación de la Caja. Si bien no es vinculante, su creación es la previa al debate del proyecto de Ley de modificación del sistema previsonal que meterá el Ejecutivo el 15 de Agosto, aparentemente.

Se trata de una comisión legislativa con 17 funcionarios oficialistas, 3 opositores y 4 sindicatos. Nuestro bloque de Diputados del Frente Amplio por la Soberanía se opuso consecuentemente a su creación por la composición, con la necesidad de ratificar que los dueños de la Caja son los trabajadores y trabajadoras de Santa Fe. Ésta se viene reuniendo y escuchando a todo el que quiera decir algo, por ejemplo a las Bolsas de Comercio.

Los números

El sistema previsional venía en sostenido y creciente déficits, pero se desequilibra abruptamente con el cambio de gobierno en la Nación ante la suspensión de recursos vía coparticipación federal y transferencias a las arcas de la provincia.

Milei ya anunció en campaña su intención de “volver a aplicar las AFJP” y fiel a su política de destrucción, desde que asumió no envió un solo peso de la deuda de Nación a las Cajas Provinciales. Somos provincia acreedora de esos fondos desde la firma del acuerdo entre la Nación y las provincias el año 1999, denominado “Compromiso Federal” que, entre otras cosas, obligó al gobierno federal a cubrir los déficits de los sistemas previsionales de las provincias que no transfirieron sus recursos (recordemos que 11 jurisdicciones entre 1994-97 transfirieron sus cajas provinciales a Nación).

Se suman los ajustes del Gobierno Nacional en otras áreas como obras públicas, los fondos de transporte, la caída de planes sociales, etc. forzó a la Provincia a redestinar presupuestos, agravando la situación de la Caja.

El cuadro en materia previsional, fue detallado por el actual secretario de Seguridad Social de Santa Fe, Jorge Boasso:“hoy calculamos que Santa Fe es acreedora de Nación por aproximadamente 800.000 millones de pesos. En lo que va del 2024 la deuda alcanza 172.000 millones de pesos, ya mucho más que todo el 2023. Todo este déficit lo pagan todos los santafesinos”.

Esto sumado a la quita de otros fondos como el FONID (parte del salario docente), el plan “licuadora y motosierra” al que el Gobierno provncial se sube con blanco particular en la docencia santafesina, la caída de los salarios de los y las estatales, y el aumento de sumas no remunerables ni bonificables van vaciando los fondos de la Caja.

Por otro lado, si bien no hay un aumento significativo en la cantidad de jubilaciones por año, la longevidad que hemos alcanzado hace a un aumento de la relación de beneficiarios respecto a aportantes.

 En el año 2023 la cantidad de aportantes a la Caja de Jubilaciones alcanzó la cantidad de 208.240 personas, en tanto que los pasivos en el mismo año son 99.356 personas, alcanzando la “tasa de sostenimiento” el 2,10 (2 aportantes por cada beneficiario). Según la información suministrada, entre 2013 y 2023, los aportantes aumentaron un 16% en tanto los beneficiarios aumentaron un 35% (…) “. (Informe Fabián Palo Oliver y Adrián Massino).

Este es un tema de debate en el mundo entero, que requiere también estudiar las particularidades de nuestra Caja para encontrar las propuestas que den salida a una jubilación digna para todos y todas, sin perder los derechos conquistados.

Hay salida

Con la necesidad de aportar al debate para una salida a favor de los jubilados y jubiladas de hoy y del futuro en la Provincia, nos animamos a pensar en propuestas para este momento:

  • Fortalecer la lucha en la exigencia al Gobierno Nacional de lo que nos debe a Santa Fe y los aumentos de salarios en blanco a la Provincia.
  • Ir por la progresividad de los aportes. Discutir un nuevo sistema tributario que permita la equidad y la justicia, donde los que más tienen paguen más que los que menos tienen.

Si se hace un promedio de la jubilación de cada uno de los sectores que tiene la Caja de Jubilaciones de Santa Fe, el Poder Judicial tiene el haber más alto con $3.650.505 y le sigue el Poder Legislativo con $3.324.381. En el fondo de la tabla se encuentra la Administración Central $638.856 y un poco más arriba está “municipios y comunas” con $694.613. Esta desigualdad demuestra la necesidad de contar con una progresividad en los aportes.

  • Crear un fondo de garantías al Sistema Previsional. Tomando los ejemplos de otros sistemas previsionales que lo tienen.

En Santa Fe este fondo podría crearse con aportes de sectores económicos que han obtenido rentas extraordinarias la última década y su contribución impositiva ha disminuido considerablemente.

A modo de ejemplo, el sector agroexportador proponemos que pague IIBB sobre la facturación total. Hablamos de gravar a las 20 empresas que facturaron el 2023 por $ 6 billones (un presupuesto y medio provincial). Si les cobramos un 5% de IIBB a 20 empresas agroexportadoras, la provincia obtendría $350 mil millones.

También aumentar progresivamente el Inmobiliario Rural (hoy representa un 3,5% de los ingresos a la recaudación provincial, hace 30 años representaba el 30%).

  • Generar los espacios de encuentro y discusión para que los trabajadores y trabajadoras de la Provincia protagonicen este debate y ejerzamos nuestra soberanía sobre la Caja que nos pertenece.

(*) Mercedes Meier, secretaria del bloque del Frente Amplio por la Soberanía en la Legislatura Provincial, y presidenta del Partido del Trabajo y del Pueblo de Santa Fe

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HISTORIA LUCHAS POPULARES

El Grito de Alcorta

Por Pedro Peretti (*)

Fuente: Página/12

El 25 de junio se conmemora el 112 aniversario de lo que se conoce como Grito de Alcorta, una de las gestas más referidas, citadas y falsificadas de la historia Argentina. La historiografía oficial dice que dos curas de apellido Netri, uno de Máximo Paz y otro de Alcorta, convocaron a un hermano abogado para asesorar a colonos arrendatarios en un conflicto gremial. Bueno, eso nunca sucedió así.

La huelga comenzó en Bigand, Santa Fe, a 27 kilómetros de Alcorta, motorizada por una entente de colonos y comerciantes cuyo líder fue Luis Fontana, yrigoyenista, dueño de una barraca, al que los chacareros no podían pagar el fiado. La causa, entre otras cosas, eran los altos arrendamientos que pagaban. Movilización mediante, con concentración en la plaza del pueblo incluida, entregaron un petitorio a Víctor Bigand; prominente terrateniente lugareño, y fundador del pueblo. Le pedían una rebaja por el alquiler de sus campos y lo emplazaban a responder en 30 días. En ese intervalo, Francisco Capdevila y Manuel Sales, militantes activos de una cédula anarquista de Máximo Paz, organizan la primera comisión de huelga del conflicto y llaman a una asamblea para el 25 de junio en Alcorta. Convocan como asesor jurídico a Franciso Netri, un abogado de la colectividad italiana, ateo militante, de notorias diferencias ideológicas con sus hermanos. El mitin de Alcorta es una continuidad de Bigand, ahí se declara formalmente la huelga, se analizan los contratos de Víctor Bigand, y cierran el acto Fontana y Netri. Francisco Netri fue un invitado a la asamblea, no un organizador; y los curas no tuvieron participación alguna en el conflicto. Así se cocinó el estofado, después vino la literatura.

Aunque esta primera comisión de huelga tomó el nombre de Alcorta, la integraban colonos de esa localidad, de Máximo Paz y de Bombal. Su característica distintiva fue que solo tenía fijado el cargo de presidente. Los demás integrantes eran vocales y actúaban como secretarios por turnos. El anarquismo descree de las jerarquías no de la organización. Francisco Bulzani, su primer presidente, sería luego expulsado de la FAA en 1913 por traidor.

Tanto Sales como Capdevila, en distintos momentos, fueron encarcelados, torturados y obligados a “exiliarse” de Máximo Paz, perseguidos por el caudillo radical (cepedista) Manuel Rodeiro, importante subarrendador lugareño, líder de la resistencia patronal anti chacarera y autor intelectual de los asesinatos de Francisco Netri en 1916, y del Cap. Eduardo Laurent, en 1928. Aquella derecha radical no era tan distinta a esta derecha radical.

Pero, cuáles fueron los motivos reales de la huelga? ¿Qué la vincula y que la diferencia con el hoy?

La causa de la huelga fue el quantum de los arrendamientos; no hubo otra motivación más que el alto canon que debían pagar. Esa fue la chispa que incendió la pradera. Nunca estuvo en debate la reforma agraria, ni la propiedad de la tierra, eso vino después. El conflicto inicial estuvo circunscripto a la pelea subarrendadores vs arrendatarios. En el Grito de Alcorta hizo eclosión la agricultura de tres pisos, que es parecida en algunos aspectos a la de hoy.

Veamos: en 1912 el tema era así: el terrateniente alquilaba su latifundio en block a un subarrendador, y este lo subalquilaba parcelado, a los colonos arrendatarios.

En 2024 el tema es así: el terrateniente alquila su latifundio a un pool o mega productor que, a su vez, lo hace trabajar por un contratista rural. La diferencia es que hace 112 años el chacarero era insustituible; había que levantarse a las 5 am, atar los caballos y arar todo el día. Sin él no había milagro. Hoy, con el actual desarrollo tecnológico, se pueden cultivar las 38 millones de hectáreas que se siembran en la Argentina sin un solo chacarero. Lo puede hacer un puñado de pools, sin resentir el volumen producido.

Los colonos son imprescindibles desde lo económico, lo cultural. lo social, por el arraigo, etcétera, pero no desde lo productivo. Que sigan existiendo es una decisión política de la sociedad, que solo el Estado puede y debe garantizar. Sin Estado no hay agricultura familiar, chacarera e indigena posible, ni viable.

Volvamos a 1912. La Argentina no fue una tierra de oportunidades fáciles ni extendidas para quienes vinieron a hacer “la América”, como lo presenta la historiografía liberal. La mayoría se volvió tal como vino, dice Gaston Gori: “Fueron necesarios 58 años, desde 1856 a 1914 y un ingreso de 3.000.000 de inmigrantes para poder exhibir ante las naciones del mundo, poco después de la conmemoración del centenario, la existencia de 76.212 chacras sobre un territorio de 160.000.000 de hectáreas cultivables. También sabemos que solo 24.658 propietarios las trabajan personalmente.” (Gaston Gori, El Pan Nuestro 2002). Los números son elocuentes y matan el edulcorado relato de que, al que se bajó de los barcos, acá le fue bien.

El Grito de Alcorta ejemplifica con nitidez esas condiciones misérrimas que la oligarquía y los subarrendadores imponían a sus inquilinos rurales. (A tal punto, que miles de inmigrantes prefirieron volverse a Europa, aún sabiendo que estaba en guerra, antes que seguir sometidos al yugo terrateniente). El levantamiento agrario lo refleja con claridad: “Se ha producido en el sud de Santa Fe, entre los colonos, un movimiento huelguista, que por el hecho mismo de su notoria justicia es susceptible de perjudicar el crédito de Argentina como país de inmigración. Los huelguistas son los que se encuentran bajo el sistema de colonización feudal, a la rusa, que realizan los propietarios de grandes extensiones dentro del cual no cabe el hermoso concepto americano de colono propietarios, algo más que puro brazo.” (Revista Fray Mocho, julio de 1912) La oligarquía necesitaba como el pan, los brazos de la inmigracion para poder valorizar sus campos aún incultos; tanto para el laboreo como para el tendido del ferrocarril. Por eso les preocupaba que el mundo conociera las reales condiciones de vida a la que eran sometidos los colonos. Temían que la Argentina no fuera elegida como destino para emigrar. Pensar que hoy nos quieren reescribir la historia, contándonos que en ese tiempo éramos el sexto país más poderoso del planeta. Un disparate tan desopilante y falaz como militar que la tierra es plana.

¿Y cuál era el sistema de colonización feudal a la rusa, al que hace referencia la revista? No era otro que el de tres pisos: terrateniente, subarrendador y colono arrendatario. El subarriendo fue el gambito que encontró nuestra oligarquía terrateniente para incorporar sus campos a la producción, conservando la propiedad de la tierra; y obviamente sin trabajar ellos. Vivían, como hoy, de rentas. Y como ahora, mandaban a otros a agarrar la pala. El arriendo del arriendo es un invento típicamente argento. Es la piedra angular de nuestro retraso industrial, y la base del poder terrateniente que se proyecta nítido hasta nuestros días. La figura del subarrendador es clave para entender el proceso de colonización, sin él la oligarquía no hubiese podido conservar sus latifundios. Su rol se le ha escapado a la inmensa mayoría de los historiadores y políticos. Es para mi es el detalle clave que explica nuestro subdesarrollo. Peron sancionó la Ley 13246 (1948) que prohibió expresamente el sub-arriendo.

El ex diputado socialista Enrique Dickman hace una comparación que aporta mucha luz a este debate de porqué la Argentina, habiendo partido en la misma línea de desarrollo que EE UU, Canadá, Australia o Nueva Zelandia nunca logró alcanzarlos. “Compárense las 66.000 explotaciones agrícolas argentinas del año 1910, cultivadas por arrendatarios en gran parte, con las 6.000.000 de chacras de los EEUU, de propiedad de los colonos la mayor parte de ellas.”

A partir de distribuir la tierra pública en muchas manos, se generó en EE.UU un potente mercado interno, demandante de bienes industriales y servicios, que los “obligó” a industrializarse. Por el contrario, Argentina privatizó la tierra, concentrando, en vez de repartirla con justicia. Los yankis crearon millones de farmers que generaban trabajo; en cambio nosotros empoderamos a una minúscula oligarquía parasitaria, holgazana y antinacional, que se dedicaba a tirar manteca al techo en París. Subdividir la tierra equitativamente es “la madre del borrego” de su buen uso y tenencia. Su mala distribución es lo que explica el retraso industrial de nuestro país.

La invisibilización del latifundio y de su rol como obstáculo a nuestro desarrollo industrial, es el gran triunfo cultural de la oligarquía terrateniente argentina. El Grito de Alcorta es una prueba concreta de la falacia de que la Argentina del centenario fue una potencia, como lo proclama el actual presidente. La Argentina de 1912 era un puñado de oligarcas megamillonarios y un pueblo hambriento ¡¿así quieren reproducirlo hoy!? De aquellas lluvias, estos lodos… Pero ¡no pasarán!

 

(*) Productor chacarero, ex Director de Federación Agraria Argentina

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