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Cuando esta baja no fue suficiente se volvió a la carga con leyes de flexibilización laboral (primero Menem, luego de la Rua) que significaron nuevas pérdidas en los derechos laborales y en los ingresos de los trabajadores. Fue tan brutal ese proceso que se llegó a traspasar los límites a la dignidad humana. Vale como ejemplo lo sucedido en la ciudad de Mendoza, donde a las cajeras de un supermercado, con el pretexto de ahorrar tiempo y para que no lo pierdan en el sanitario, se les llego a exigir que usen pañales. El calvario no fue solo para los desocupados, quienes lográbamos mantener la fuente de trabajo, en más de una ocasión vimos atropellados no solo nuestros derechos económicos, sino también los más elementales[4].

Como todo eso tampoco alcanzó, y la incapacidad en contener el déficit fiscal –a pesar de las privatizaciones y los ajustes constantes en los gastos del Estado- se volvió masiva la toma de deuda externa para sostener este modelo; y ante un nuevo fracaso, el gobierno nacional, por decreto redujo los salarios estatales y las jubilaciones más altas (en un 13%), la impopular medida anunciada por la por entonces ministra de trabajo Patricia Bullrich, para de esta forma intentar generar una nueva baja salarial en el sector privado. Pero esto tampoco fue suficiente.

Fue así como el gobierno nacional primero y los de varias provincias luego, echaron mano de un recurso que expresamente estaba prohibido, aparecieron así las “cuasimonedas”. Estas eran bonos de muy baja denominación que se utilizaron para abonar total o parcialmente sueldos de los empleados estatales y deuda de los proveedores, quienes debían aceptarlas por su valor nominal (el que figura impreso en el mismo) pero que luego, cuando se utilizaban para comprar o abonar servicios, eran aceptadas con una quita que rondaba entre el 10% al 50% del valor de los mismos. Estas circularon, reemplazando parcialmente al peso basado en el dólar, con las cuales el gobierno licuo parte de sus deudas con pequeños proveedores y empleados, induciendo una vez más otra nueva baja salarial general.

Para intentar sostener el modelo sacaron leyes que al poco tiempo violaron, y volvieron a confiscar masivamente a la población, no solo los ahorros, también el dinero en cuenta corriente que es usado para el día a día (corralito), cortando así la cadena de pagos y profundizando la crisis económica.

Vemos así como, a pesar de la dolarización encubierta, el saqueo a los bolsillos de los trabajadores y jubilados continuó. Ahora no fue solo con la inflación o devaluaciones abiertas, sino mediante inducir nuestros ingresos a la baja a través de múltiples mecanismos: descuentos nominales, mayor jornada horaria con la misma remuneración, cuasimonedas, condiciones laborales deplorables, pérdida de conquistas sociales, etc.

La salida a la mayor catástrofe económica política y social de nuestro país fue cuando una pueblada nacional hizo volar por los aires al gobierno antinacional y antipopular de la Alianza – de de la Rua y Cavallo, generando condiciones para un cambio radical; que entre otras cosas implicó el no pago parcial de la deuda ilegítima y usuraria, planes de asistencia a los hambreados del modelo y el congelamiento de las tarifas.

Dolarización 100%

Visto que el plan de convertibilidad fue un enorme y violento saqueo a los bolsillos de los trabajadores, que a su vez transformó la estructura productiva económica local de forma regresiva y antinacional, surge hoy una gran inquietud ¿Por qué un nuevo intento de este tipo, ahora más extremo como sería una dolarización completa, podría ser apoyado por amplios sectores populares?

Más aún. En distintos medios de comunicación se ha dicho y escrito en contra a esta propuesta: que implicaría una licuación de salarios, que pondría en riesgo a la industria nacional, que socava la soberanía nacional, etc…Y si bien todos estos argumentos, y otros tantos más, son ciertos -y no suelen encontrar resistencias argumentativas- parecen no hacer mella en la propuesta dolarizadora. Para intentar una posible respuesta hay que indagar en la realidad concreta.

Vemos que, según las estadísticas oficiales realizadas sobre los grandes centros urbanos en los que viven algo más de 29 millones de personas (casi 2 de cada 3 habitantes de nuestro país), hay casi 10 millones de asalariados de los cuales más de 3,5 millones trabajan en negro, sin ningún tipo de beneficio social y además 1 millón de personas que se encuentran desocupadas[5]. Según estas mismas estadísticas el 40% de la población (11,5 millones) es pobre, es decir que intenta sobrevivir con ingresos que están lejos de cubrir las necesidades mínimas. Más alarmante aún es la pobreza entre los niños donde llega al 60% del total. Hubo un tiempo en el que el acceso al empleo significaba comenzar a salir de la pobreza, era sinónimo de proyectos familiares, de esperanza en un futuro mejor; claramente eso no es lo que sucede hoy, al menos para una gran parte de los asalariados.

La licuación de sueldos y jubilaciones no es solo una amenaza, es parte de la realidad actual, es parte de nuestra cotidianeidad. Sobre la base de este trasfondo social, crece el hartazgo popular al saqueo inflacionario al que nos vemos sometidos, al igual que a las brutales redistribuciones de ingresos y riquezas que se nos impone con las, cada vez mayores, devaluaciones del peso. Estos hechos y el fracaso de los gobiernos en resolver los problemas populares en, al menos, los últimos 12 años, han contribuido en derrumbar los proyectos y aspiraciones de las grandes mayorías, como el acceso a la casa propia y digna; y crece el miedo -cada vez más real- a una nueva oleada hiperinflacionaria, que termine de hundir en el hambre y una mayor pobreza a la mayoría de los trabajadores y sectores populares.

Para los pequeños y medianos productores agropecuarios, entre que su producción es pagada en pesos al tipo de cambio oficial, muy inferior a las cotizaciones paralelas (con las cuales se suelen fijar muchos de los precios de los insumos que utilizan) y la alta presión impositiva, el escenario no es muy alentador. Y para peor, el gobierno frente a la necesidad de divisas otorga mejoras temporales en el tipo de cambio que poco y nada benefician a los productores y la producción y en cambio alienta –y mucho- a la especulación. Una economía con un único tipo de cambio (como plantean los dolarizadores) y menor presión tributaria suena prometedor. Las Pymes industriales han tenido un auge y éxito relativo con la actual política económica, pero las serias dificultades para conseguir insumos importados, y el achicamiento del mercado nacional ponen en dudas su sostenibilidad.

El argumento que una dolarización atentaría gravemente contra la soberanía nacional, aunque real, en boca de los actuales funcionarios del gobierno nacional suena ridículo. Veamos algunos pocos ejemplos: un gobierno integrado por quienes gestionaron la permanencia de una base de “observación” dirigido por el ejercito de una potencia extranjera en nuestro país; la entrega de lo fundamental de Vaca Muerta y el litio a firmas extranjeras, el escaso control sobre las vías navegables como el río Paraná; y por último no puede dejar de señalarse que luego de salir tercero en las elecciones presidenciales (siendo la peor elección en la historia del justicialismo) el actual ministro de economía – y candidato presidencial- realiza una salvaje devaluación -y aumento en las tasas de interés- acelerando muy peligrosamente aún más la tasa de inflación y la incertidumbre, dando un enorme mazazo al bolsillo popular, para luego justificarse diciendo que es una medida solicitada por el FMI.

Tampoco puede dejar de mencionarse que una parte importante de nuestra economía de hecho ya se encuentra dolarizada. Toda moneda, para ser verdaderamente tal debe cumplir con tres requisitos: servir como medio de cambio, como unidad de cuenta y ser reserva de valor. En cuanto a reserva de valor ya hace bastante tiempo que el peso ha dejado de cumplirlo, las devaluaciones, cada vez más constantes y elevadas junto con los saltos inflacionarios posteriores, han empujado cada vez más a la dolarización de los ahorros. Como unidad de cuenta hay mercados en los cuales, desde hace un buen tiempo que no es considerada, como sucede en el mercado inmobiliario, y todo lo vinculado a las importaciones. Solo conserva plenamente la función de medio de cambio, pero esta función también se encuentra alterada, quien posee pesos busca activamente la forma de transformarlos, de adelantar gastos o depositarlo en cuentas (como el plazo fijo) que mantengan en algo su valor. Es decir que nuestro país no cuenta verdaderamente con una moneda propia en el real sentido y funciones que esta debe cumplir.

De lo dicho hasta aquí se desprende que hoy, los principales impulsores de la dolarización en la Argentina no han sido J. Milei y su reducido círculo de intelectuales. La actual conducción de la política económica ha permitido, cuando no generado, las condiciones objetivas y subjetivas para tolerar, por parte de los sectores populares, este tipo de medidas profundamente antinacionales como una eventual dolarización.

¿Es posible?

Visto los antecedentes más cercanos y las condiciones para tolerar este tipo de proyecto antinacional, nos queda por ver la viabilidad, en términos de política económica, del proyecto de dolarización plena.

Vale señalar que en este apartado, a diferencia de los dos iniciales, estaremos principalmente en el terreno de las hipótesis, y todo lo que se diga será dentro de un marco relativamente aceptable de probabilidades.

Una de las primeras cuestiones es a qué tipo de cambio se realizaría la conversión. Las opiniones más opuestas estiman que el tipo de cambio podría llegar a ser cercano a los $8.000 (si ocho mil pesos por dólar) son quienes parten de convertir la base monetaria (el total de pesos billetes puestos en circulación contra las reservas del BCRA. En la vereda de enfrente, los intelectuales que proponen la dolarización plena, realizan estimaciones menos pesimistas en la que manifiestan que la conversión se podría hacer a un valor algo superior al “dólar blue”, que hoy ronda los $ 750.-, también existen múltiples estimaciones intermedias, pero en principio concedamos a los intelectuales impulsores de esta antinacional propuesta económica para partir de sus propias y “benignas” estimaciones. En este hipotético caso un salario actual de $ 300.000.- (que hoy se ubicaría por encima del promedio) quedaría luego de la conversión en U$S 400 valor similar al promedio inicial durante la convertibilidad, mientras que la jubilación mínima ($87.500) quedaría en U$S 115.- Esto, en el caso de efectivamente ser así, nos daría dos importantes datos, uno es que consolidaría lo perdido por los salarios en estos últimos años, y el otro es, que al menos parte del “trabajo sucio” parecería estar hecho por la actual gestión.

Otra cuestión clave es la masa de dólares en billetes necesaria para garantizar un proceso mínimo de circulación, cuestión íntimamente relacionada con la anterior; que en principio no luce imposible de conseguir[6]. Por supuesto que esto implicaría que los asalariados aceptemos este brutal hachazo, y los empresarios (sobre todo quienes venden en el mercado doméstico) que sus capitales se desvaloricen -medidos en dólares- en una mayor magnitud. Hoy no habría grandes ingresos de divisas por privatizaciones, como fue en los noventa; se especula que con nuevo endeudamiento externo, más lo producido en Vaca Muerta (petróleo y gas), más el litio y cosechas normales alcancen a generar altos ingresos en dólares, y se espera sobretodo, que, al sellar al dólar como única moneda ingresen al circuito doméstico algo de U$S 400 mil millones, que hoy tendrían en el exterior y el “colchón” los empresarios locales.

Dando por supuesto lo anterior, se insiste que sería en el menos perjudicial de los posibles escenarios de una dolarización plena; aún quedan varias cuestiones por resolver. Una de ellas es sobre las Leliq (mecanismo mediante el cual el BCRA remunera a los bancos comerciales) que hoy ronda la friolera de 19 billones de pesos (millones de millones) que al tipo de cambio “blue” superarían holgadamente los 25 mil millones de dólares. Si los dólares bajo el colchón y el exterior volviesen masivamente, en principio no aparecería como una cuestión problemática, pero en el caso en que esto no suceda (que no ingresen masivamente) la devaluación deberá ser mucho mayor a la indicada inicialmente, por supuesto que existen otras alternativas, como algunas de las que ya se han practicado y señalado anteriormente. ¿Estarán pensando en una nueva confiscación de depósitos? Vale un dato, muchos de los personajes que hoy rodean al candidato “libertario” fueron parte del equipo económico que realizó el Plan Bonex.

Como si lo anterior fuese poco, aún nos quedan pendientes dos temas centrales: la deuda pública (del gobierno nacional, como también de algunas provincias), mayormente denominada en dólares -se considera como deuda externa- que actualmente es una de las grandes piedras atadas al cuello de la economía nacional y por otro lado el balance de pagos. Los vencimiento de deuda, hoy lucen impagables, salvo prórrogas de prórrogas (refinanciación). Si se consiguiese una nueva refinanciación (canje) no se eliminaría el problema, tan solo quedaría para más adelante, pero concedamos esto también. Todo esto lleva implícito que, para hacer frente a la misma, se deberían generar saldos comerciales (superávit externo) tan amplios y sostenido que, las importaciones de bienes y servicios, deberían llegar a un mínimo histórico, deberían reducirse mucho más de lo que ya han comenzado en achicarse, incluso debería ser superior a la caída del 2002. Sería necesaria una muy profunda crisis económica; históricamente la forma clásica de inducir estas ha sido a través de las devaluaciones; con lo cual el zarpazo devaluatorio inicial debería ser bastante mayor al previsto por los promotores de la dolarización total. Esto implicaría no solo problemas para importar insumos básicos, también para productos esenciales que no se fabrican localmente, junto con una buena dosis de cierre de empresas -principalmente destinadas a vender en el mercado interno y pymes- y nuevo ascenso de la tasa de desocupación, que tal como se señaló anteriormente presionaría a la baja (incluso nominal) los salarios. En un contexto, como este los niveles de pobreza se dispararían aún más, pudiendo llegar a valores inéditos en nuestro país. La dolarización, esa aparente “salvación” de una hipeinflación nos condenaría, en un corto a mediano plazo, a una hiperdesocupación[7] e hiperpobreza.

Para quienes piensan que la dolarización total podría ser mejor –en términos económicos- que la situación actual, o con la fantasía que así se podría evitar una proceso hiperinflacionario deberían repensarlo a la luz de nuestra experiencia histórica reciente y de las características actuales.

Pero aquí no terminan “las pálidas” de esta propuesta. Es que junto con la dolarización total se proponen otra serie de medidas, similares a las adoptadas en los años noventa, tales como la completa desregulación de los mercados (ningún tipo de intervención estatal) y de apertura irrestricta al movimiento de mercancías y capitales. Esto se suele señalar que es para reforzar los aspectos antiinflacionarios del plan; pero lo que no se dice es que conllevan al cierre de empresas que no serían “competitivas” en el mercado mundial (principalmente las pymes industriales). Junto a ello, el verdadero objetivo de la política económica propuesta por J. Milei: una nueva y más profunda concentración de la producción y extranjerización del entramado productivo local[8] De la mano de ello una barrida a todas, o al menos a una buena parte, de las conquistas sociales, no por nada se plantea volver más de 100 años atrás en esta materia (sin vacaciones, ni aguinaldo ni el derecho a enfermarse). El viejo sueño de Martínez de Hoz de disciplinar a los empresarios nacionales (sobre todo industriales) y los obreros para quebrar definitivamente la alianza político social que es el fundamento del peronismo estaría a un paso de completarse.

Quedan aún por ver varios aspectos de los que implicaría una dolarización plena en Argentina; pero por cuestiones de espacio se señalarán dos más. Uno es que esta medida nos ataría al ciclo económico de los EE.UU. de una forma mucho más fuerte que la existente hoy. Tendría además la enorme desventaja que la producción local no es complementaria con la de EE.UU, sino que en gran medida compite con la misma. Vale recordar que dicha potencia extranjera destina millones de U$S anuales en promover su producción, en particular la agrícola. Pondría a competir, de igual a igual, a la producción nacional con la norteamericana, sin el desarrollo previo que tiene esta, ni las múltiples protecciones con las que cuenta, ni la infraestructura que ese país posee, etc. Todo esto en un momento en el cual el dólar empieza a ser cuestionado como la moneda que rige las relaciones comerciales internacionales.

El otro es principalmente de índole política. Implica una cesión de formal de parte de nuestra soberanía. La moneda nacional también es parte fundamental de garantizar la unidad territorial de nuestro país, en los hechos, y desde un punto de vista económico, tendríamos un estatus similar al de una cuasicolonia[9].

Y por si todo lo dicho fuese poco, también valen las advertencias que ya ha realizado J. Milei en varias entrevistas televisivas y radiales: “El dólar es solo una moneda, cada uno podrá elegir con que moneda transar”. Coherente con el también propuesto sistema de “Free Banking” (banca libre) en reemplazo del BCRA, donde cada entidad podría emitir moneda. ¿Están adelantando las nuevas cuasimonedas?

Habíamos iniciado el artículo diciendo que hablar de dolarización es hablar de inflación, pero esto es la apariencia. Ahora estamos en condiciones de ver la esencia, de afirmar que la dolarización plena significa un reforzamiento de la subordinación nacional, de profundización de la dependencia política y económica, de destrucción del entramado productivo nacional, de transformaciones antipopulares y antinacionales de la estructura económica.

La dolarización plena no solo requeriría un brutal ajuste y transferencia de ingresos y patrimonio inicial. Nos empujaría aún más a la pobreza y, aún así, tampoco garantizaría la estabilidad de ingresos, ya hemos visto las múltiple trampas preparadas para, luego de realizada la dolarización plena, comprimir aún más los salarios.

Un breve comentario para cerrar este segmento: en EEUU la inflación acumulada desde 2011 fue de aproximadamente un 34% -nada, diríamos aquí- con una tendencia muy fuerte al alza en los últimos años, pero el verdadero dato es que en el mismo período el salario mínimo interprofesional tuvo un aumento de 0%.

Una verdadera política antiinflacionaria

No es cierto que el problema inflacionario no tenga solución, veamos algunos lineamientos que podrían resolverlo de haber un gobierno patriótico y popular.

En primer lugar, es necesaria una reforma monetaria y financiera. Hoy, luego de más de dos décadas de convivir con un proceso inflacionario y de múltiples medidas adoptadas para intentar frenar el mismo –todas fallidas- es crucial una reforma del sistema monetario y financiero. Se necesita una moneda que esté en función de la producción de bienes y servicios y no de la especulación. Contar con una moneda fuerte y estable es un requisito indispensable para combatir la inflación, pero no es suficiente.

Junto con lo anterior es vital importancia avanzar en una transformación de la estructura productiva. Es requisito reemprender el camino de la industrialización nacional, por supuesto que no de todos y cada uno de los bienes, pero sí de aquellos esenciales, y con al menos dos grandes ejes: la desmonopolización de los mercados, y si esto fuera inviable la participación del Estado junto con el control y participación de los empleados y consumidores. El otro aspecto clave es una nacionalización de las palancas fundamentales de nuestra economía. Que lo producido con el esfuerzo y sacrificio nacional sirva para el bienestar y desarrollo de nuestro país.

En cuanto a la deuda externa, proponer una prórroga en los pagos hasta poder establecer que parte de la misma es legítima y a quienes les corresponde abonarla; las grandes empresas que se beneficiaron con la misma, deberán hacerse cargo de la parte que les corresponde. Así como los delitos de lesa humanidad, son imprescriptibles, los delitos económicos que han sumido al país en el caos, atando una pesada piedra al desarrollo de la economía también deben ser imprescriptibles.

Debe reordenarse por completo las cuentas fiscales. Con una reforma tributaria que elimine impuestos (como el IVA en los alimentos, ganancias en los trabajadores y las retenciones a los pequeños productores agropecuarios), se castigue con dureza la evasión y elusión de las grandes compañías y se revean por completo los gastos y subsidios a grandes empresas a las cuales se les garantiza un piso de ganancia. Las cajas del Estado deben dejar de ser un botín de los “amigos” del poder. Las cuentas públicas deben tender a permanecer equilibradas[10].

Controles sobre el comercio exterior siempre son necesarios, en una primera etapa sería clave la centralización del mismo bajo la órbita estatal y participación de los productores locales.

Estas son algunos de los posibles ejes de una política económica antiinflacionaria de un gobierno verdaderamente patriótico y popular.