Los dos últimos meses los trabajadores del puerto de Rosario protagonizaron una histórica lucha, con bloqueos y piquetes, frente a la intransigencia de los estafadores de Vicentin y los fascistas chilenos de Ultramar (ambas concesionarias del puerto en Terminal Puerto Rosario), y la inacción y complicidad del gobierno de Perotti y Javkin.
Frente a condiciones muy difíciles se conquistaron gran parte de los reclamos en este primer round de una lucha que esté en el centro de la política santafesina y puso de manifiesto la necesidad de reformular el manejo de los puertos públicos.
La lucha fue protagonizada por los trabajadores portuarios de Rosario, organizados primero en su gremio SUPA, y en una segunda etapa por los trabajadores que quedaron afuera del acuerdo firmado por el gremio, y los trabajadores contratados. Allí fue muy importante la solidaridad de muchas organizaciones sociales, políticas y sindicales de la región.
El conflicto tuvo su punto de partida en la defensa de los puestos de trabajo y el incumplimiento por parte de la empresa de los acuerdos salariales, pero que también puso sobre la mesa la necesidad de rediscutir la concesión del puerto de la ciudad, uno de los más importantes de la cuenca del Plata, hoy en manos de empresas mafiosas como Vicentín y Ultramar.
Desde que se concesionó el Puerto de Rosario, que es patrimonio público de todos los santafesinos, TPR opera las terminales I y II donde trabajan unos 400 empleados fijos bajo convenio y otros 600 de rotación eventual. La empresa presiona desde unos años para reducir la cantidad de trabajadores, e imponer un sistema de tercerización de los eventuales que queden sin protección gremial.
A fines del año pasado escaló el conflicto con paros y amenazas de despidos, pero se llegó a un acuerdo. En agosto de este año la empresa suspendió el pago de los aumentos salariales comprometidos a los estibadores y el gremio, con gran protagonismo del conjunto de los trabajadores, comenzó con los bloqueos de los accesos a la terminal portuaria. La respuesta de la empresa fue la suspensión de 600 trabajadores.
La empresa alega problemas de costos y presiona a los estibadores para que acepten una baja de las asignaciones y cargas sociales como condición para pagar los acuerdos salariales. No es extraño viniendo de una empresa como Vicentin que estafó a miles de productores y al estado argentino, que quiera utilizar nuevamente las arcas del estado (que se perdería de recibir las cargas sociales) para financiar el aumento comprometido.
Según el mismo gremio en realidad lo que ocurre es que desde hace meses TPR buscaba generar un conflicto para presionar al gobierno provincial para que invierta el dinero que ellos no quieren invertir en los muelles (que se caen a pedazos) o que, a cambio de hacer las inversiones que ellos están obligados por contrato a hacer, les extiendan varias décadas la concesión.
Al Enapro (el organismo público/privado que administra el puerto) la empresa ya le debe 140 millones de pesos porque dejó de pagar el canon, y hace años que no paga el impuesto municipal del Drei, ni gestionó nunca el permiso municipal para funcionar.
En 2020 con el cambio de autoridades en el Enapro se cayeron los planes que la empresa había acordado con funcionarios anteriores como Angel Elías de que el estado se hiciese cargo de las mismas, en lo que hubiese sido una estafa mayor al estado.
La histórica lucha
Con asambleas masivas en las entradas del puerto, movilizaciones por la ciudad y sostenidos piquetes, los trabajadores y sus familias, dieron muestra de gran combatividad frente a la intransigencia y las provocaciones empresarias.
La semana pasada el gremio portuario (Sindicato Unido de Portuarios Argentinos (Supa)) firmó un acuerdo con la empresa Puerto Terminal Rosario (TPR) y el Ministerio de Trabajo de la Nación, que incluyó el aumento pedido más un bono de Navidad, el pago de salarios caídos y veinte reincorporaciones, de los 25 operarios que habían sido cesanteados. Para los 5 restantes se acordó el pago de indemnización y cobertura de la obra social por 6 meses.
Pero un sector de los trabajadores cuestionó el acuerdo y sostuvo los piquetes en la entrada del puerto, con el apoyo de gran parte de los trabajadores contratados del puerto y organizaciones sociales, políticas y sindicales.
A lo largo del conflicto llevaron su apoyo el diputado provincial Carlos del Frade, la ex diputada y presidenta del PTP Santa Fe Mercedes Meier, y el referente del Foro por la Recuperación del Paraná Luciano Orellano.
El conflicto fue escalando, y los trabajadores fueron recibidos por monseñor Emilio Cardarelli e integrantes de la Pastoral Social, del arzobispado de Rosario, que se comprometieron a interceder para destrabar el conflicto lo que auguraba cierta posibilidad de acuerdo, sin embargo este lunes el gobierno provincial ordenó una represión policial en un intento de liberar el ingreso al puerto, que tuvo como saldo trabajadores y familiares de los mismos heridos y la detención de 3 trabajadores portuarios, que luego de una gran movilización al Centro de Justicia Penal fueron liberados, pero a los que la justicia les inició causas penales.
El paro se dio en condiciones muy duras, y con una gran campaña de demonización y aislamiento por parte de los principales medios de comunicación y el lobby empresarial de la región, y demostró una vez más la importancia estratégica del puerto de Rosario, que durante el conflicto tuvo más de 1000 contenedores inmovilizados y generó el reclamo del sector empresario que utiliza el puerto para sus exportaciones e importaciones, como General Motors o Acindar, por ejemplo.
Si bien no lograron todo lo que reclamaban el balance de los trabajadores es positivo por el sostenimiento de la lucha, que se dio con una gran unidad y porque lograron el ingreso de 20 de 25 de los cesanteados. Ahora la pelea sigue desde adentro del puerto.
Recuperar el puerto, recuperar soberanía.
El actual estado de la política portuaria fue delineado primigeniamente por la dictadura militar asociada al capital transnacional, consagrada y profundizada durante el menemismo. Por lo tanto sigue siendo una deuda pendiente desde el punto de vista de los intereses nacionales recuperar lo nuestro y empezar a poner en discusión el rol estratégico del sistema portuario, así como también el rol activo que el Estado provincial debe tener en el mismo.
Desde hace meses el Foro por la recuperación del Paraná comenzó una convocatoria para recuperar el puerto de Rosario, que cuenta con la participación de un amplio abanico de referentes políticos y sindicales de Santa Fe.
“Es hora de que el pueblo pueda conocer el contrato de concesión y las condiciones en que se entregó el patrimonio público. Tenemos que recuperar los puertos de Santa Fe para el Estado, en el marco de la pelea por la recuperación de la soberanía portuaria y comercial”, afirmó en aquella oportunidad Luciano Orellano, referente del Foro. En el mismo sentido el diputadoCarlos Del Frade planteó que “vamos por el final de la concesión de Vicentin en el puerto rosarino, por la nacionalización de los puertos y la recuperación del comercio exterior en defensa de las fuentes laborales y en contra del narcotráfico. El puerto de Rosario es nuestro”.
