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Dolarizar la Argentina. ¿El fin de la inflación?

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La dolarización plena de la Argentina ha sido presentada como tema de debate suponiendo una posible solución a un mal que parece irremediable: la inflación. Hablar de dolarización es hablar de inflación, o al menos de lo que pareciera una posible respuesta a esta.

Recientemente ha cobrado una renovada notoriedad, al paso que la inflación parece no tener techo, aumentando año tras año y cada vez con mayor velocidad. Sumado a esto, en las elecciones primarias del 13 de agosto pasado, el candidato presidencial más votado fue quien propone implementar esta antipatriótica medida. Esta posibilidad ha cobrado fuerza, al punto tal de ya no parecer algo imposible de suceder. Hablar que nuestro país, en un breve lapso, deje de tener nuestra propia moneda para adoptar la de otro Estado aparece hoy como algo probable de suceder.

Hay que decirlo claramente, la dolarización no es una solución al robo y saqueo de los ingresos populares al que nos somete la inflación, en este sentido es meramente ilusoria, es como saltar de la olla directo a las llamas; aunque nuestros ingresos se fijen en dólares existen múltiples formas de vapulearlo.

El 1 a 1 y la “convertibilidad”

Aquí conviene recordar los hechos de la historia reciente, de los cuales muchos hemos sido parte, nos referimos a los diez años que transcurrieron bajo el plan de convertibilidad que impulsaron primero Menem y Cavallo y luego sostuvo la política de la Alianza hasta que voló por los aires en el gobierno de Fernando de la Rúa. Es útil por tres motivos: es la experiencia más similar a una dolarización plena, a la vez es referenciada por J. Milei como el mejor gobierno de los últimos 100 años, y además en el equipo económico y de asesores de este candidato aparecen muchos personajes vinculados a esta experiencia, como Roque Fernández (último ministro de economía del menemismo). Esperemos que este pasado, sumamente doloroso, nos sirva para iluminar el presente y las “novedosas” propuestas.

El Plan de Convertibilidad llevado a cabo a principios de los años 90’ tuvo como uno de sus ejes el establecimiento por ley de la paridad entre el peso y el dólar norteamericano, funcionando este como reserva en el BCRA, pretendiendo asegurar así el valor del peso.

En primer lugar la hiperinflación alfonsinista y la menemista pulverizaron los ingresos, tanto en su capacidad de compra de bienes y servicios como, sobre todo, en su valor medidos en dólares. De esta manera se consiguieron al menos dos grandes e importantes objetivos: uno económico, que consistió en lo que los economistas doctrinarios llaman una “adecuada relación de precios relativos” que no es otra cosa que los salarios e ingresos populares estén en un mínimo histórico, y por otro un importantísimo objetivo político, permitió generar consenso social entre los sectores populares para tomar las medidas más antipopulares y antinacionales con tal de detener la inflación[1].

Pero como esto no era suficiente, junto con lo anterior, se echó mano a los ahorros y se realizó una masiva confiscación de los mismos mediante la conversión de los plazos fijos en bonos (Plan Bonex)[2]. Esta medida, junto a las privatizaciones y toma de deuda se hizo para garantizar un colchón de dólares en el Banco Central (BCRA); junto con ello se ingresó en un canje de deuda externa (Plan Brady) para quitar las obligaciones del Gobierno Nacional en el corto plazo.

 
Domingo Cavallo y el Plan de Convertivilidad

Con esas medidas previas -y otras que abajo se mencionan- en abril de 1991 se impuso la Ley de Convertibilidad que estableció una relación cambiaria fija entre la moneda nacional y la estadounidense, conocido popularmente como el «uno a uno» . Se trató de una moneda, el peso, que se encontraba respaldada por el dólar (esta cumplía en última instancia las funciones de reserva de valor): de esta forma se completaba una regresiva y antipatriótica reforma financiera y se estableció un nuevo esquema de funcionamiento económico.

Con esta última medida se convalidó -en lo fundamental- el esquema de precios relativos impuesto con los procesos hiperinflacionarios, es decir, se validaba lo perdido por los salarios y jubilaciones, y se mantendrían relativamente congelados los precios de los bienes. Dado que ahora los ingresos estarían en una moneda tan fuerte como el dólar, en apariencia no habría nuevas pérdidas de ingreso, pero lamentablemente esto no fue así.

Con las medidas antes detalladas, comenzó a reducirse aceleradamente la tasa inflación, pero esta no desapareció hasta por lo menos luego de 2 años de implementada la convertibilidad. El año 1991 terminó con una alta inflación (superior a los tres dígitos) en gran parte debido a los meses previos al plan, en 1992 los precios al consumidor aumentaron en un valor levemente superior al 10% y algo más del 3% en 1993, año en el que, podría decirse, se encontró finalmente la estabilidad de precios. Lo que no suele decirse es que los salarios permanecieron congelados durante todo el período (más de 10 años). Es decir, que además de lo perdido inicialmente continuaron degradándose por la inflación de los siguientes dos años a pesar de la seudodolarización.

Los otros ejes de este plan fueron las privatizaciones y desguace del Estado, la desregulación de los mercados y la apertura (comercial y financiera). La desregulación de los mercados, (abolición de las juntas de granos, precios máximos a los alquileres, etc) significó el retiro del Estado de mercados sensibles y claves, dejando con mayor “libertad” de acción a los agentes que operan en los mismos; traducido: se le dio rienda suelta a los sectores económicamente más poderosos para que impongan sus condiciones. Las privatizaciones de empresas, -con innumerables hechos de corrupción mediante-  se realizaron con los pretextos de disminuir el déficit fiscal e ingresar fondos en dólares para sostener el programa. La apertura indiscriminada a la importación al igual que al ingreso y egreso de los capitales extranjeros, implicó otorgar la libertad sin frenos ni límites al capital extranjero; estos operaron con total desenfreno en busca de su exclusivo beneficio, aún cuando pusieran en riesgo importantes intereses nacionales; no obstante fueron muy pocas las nuevas empresas que se radicaron en el país (ampliación de la capacidad productiva) y muchas las firmas nacionales que se extranjerizaron en estos años.

Este ingreso masivo e indiscriminado de importaciones y de grandes firmas internacionales significó el fin para una gran parte de la industria nacional, principalmente de las pymes que operaban en el mercado interno. Esto generó un enorme proceso de concentración en la producción[3], junto con la desnacionalización y, como si esto fuese poco, generó un ascenso constante de la desocupación. Este era el verdadero infierno en la era menemista, el que se traducía en el hambre más atroz de millones de argentinos.

Pero esto, lamentablemente, no fue el último azote a los sectores populares. Los cambios en la estructura productiva y la desaparición de miles de pymes fueron aumentando la tasa de desocupación que, junto a la traición de la mayoría de los grandes sindicatos, presionaron aún más a la baja a los salarios, esta vez en forma directa (nominal) e indirectamente (menores contribuciones y aportes jubilatorios, mayor carga horaria por el mismo sueldo, etc.).

Hiperdesocupación. Cientos de fábricas cerradas con la política del menemismo.

Cuando esta baja no fue suficiente se volvió a la carga con leyes de flexibilización laboral (primero Menem, luego de la Rua) que significaron nuevas pérdidas en los derechos laborales y en los ingresos de los trabajadores. Fue tan brutal ese proceso que se llegó a traspasar los límites a la dignidad humana. Vale como ejemplo lo sucedido en la ciudad de Mendoza, donde a las cajeras de un supermercado, con el pretexto de ahorrar tiempo y para que no lo pierdan en el sanitario, se les llego a exigir que usen pañales. El calvario no fue solo para los desocupados, quienes lográbamos mantener la fuente de trabajo, en más de una ocasión vimos atropellados no solo nuestros derechos económicos, sino también los más elementales[4].

Como todo eso tampoco alcanzó, y la incapacidad en contener el déficit fiscal –a pesar de las privatizaciones y los ajustes constantes en los gastos del Estado- se volvió masiva la toma de deuda externa para sostener este modelo; y ante un nuevo fracaso, el gobierno nacional, por decreto redujo los salarios estatales y las jubilaciones más altas (en un 13%), la impopular medida anunciada por la por entonces ministra de trabajo Patricia Bullrich, para de esta forma intentar generar una nueva baja salarial en el sector privado. Pero esto tampoco fue suficiente.

Fue así como el gobierno nacional primero y los de varias provincias luego, echaron mano de un recurso que expresamente estaba prohibido, aparecieron así las “cuasimonedas”. Estas eran bonos de muy baja denominación que se utilizaron para abonar total o parcialmente sueldos de los empleados estatales y deuda de los proveedores, quienes debían aceptarlas por su valor nominal (el que figura impreso en el mismo) pero que luego, cuando se utilizaban para comprar o abonar servicios, eran aceptadas con una quita que rondaba entre el 10% al 50% del valor de los mismos. Estas circularon, reemplazando parcialmente al peso basado en el dólar, con las cuales el gobierno licuo parte de sus deudas con pequeños proveedores y empleados, induciendo una vez más otra nueva baja salarial general.

Para intentar sostener el modelo sacaron leyes que al poco tiempo violaron, y volvieron a confiscar masivamente a la población, no solo los ahorros, también el dinero en cuenta corriente que es usado para el día a día (corralito), cortando así la cadena de pagos y profundizando la crisis económica.

Vemos así como, a pesar de la dolarización encubierta, el saqueo a los bolsillos de los trabajadores y jubilados continuó. Ahora no fue solo con la inflación o devaluaciones abiertas, sino mediante inducir nuestros ingresos a la baja a través de múltiples mecanismos: descuentos nominales, mayor jornada horaria con la misma remuneración, cuasimonedas, condiciones laborales deplorables, pérdida de conquistas sociales, etc.

La salida a la mayor catástrofe económica política y social de nuestro país fue cuando una pueblada nacional hizo volar por los aires al gobierno antinacional y antipopular de la Alianza – de de la Rua y Cavallo, generando condiciones para un cambio radical; que entre otras cosas implicó el no pago parcial de la deuda ilegítima y usuraria, planes de asistencia a los hambreados del modelo y el congelamiento de las tarifas.

Dolarización 100%

Visto que el plan de convertibilidad fue un enorme y violento saqueo a los bolsillos de los trabajadores, que a su vez transformó la estructura productiva económica local de forma regresiva y antinacional, surge hoy una gran inquietud ¿Por qué un nuevo intento de este tipo, ahora más extremo como sería una dolarización completa, podría ser apoyado por amplios sectores populares?

Más aún. En distintos medios de comunicación se ha dicho y escrito en contra a esta propuesta: que implicaría una licuación de salarios, que pondría en riesgo a la industria nacional, que socava la soberanía nacional, etc…Y si bien todos estos argumentos, y otros tantos más, son ciertos -y no suelen encontrar resistencias argumentativas- parecen no hacer mella en la propuesta dolarizadora. Para intentar una posible respuesta hay que indagar en la realidad concreta.

Vemos que, según las estadísticas oficiales realizadas sobre los grandes centros urbanos en los que viven algo más de 29 millones de personas (casi 2 de cada 3 habitantes de nuestro país), hay casi 10 millones de asalariados de los cuales más de 3,5 millones trabajan en negro, sin ningún tipo de beneficio social y además 1 millón de personas que se encuentran desocupadas[5]. Según estas mismas estadísticas el 40% de la población (11,5 millones) es pobre, es decir que intenta sobrevivir con ingresos que están lejos de cubrir las necesidades mínimas. Más alarmante aún es la pobreza entre los niños donde llega al 60% del total. Hubo un tiempo en el que el acceso al empleo significaba comenzar a salir de la pobreza, era sinónimo de proyectos familiares, de esperanza en un futuro mejor; claramente eso no es lo que sucede hoy, al menos para una gran parte de los asalariados.

La licuación de sueldos y jubilaciones no es solo una amenaza, es parte de la realidad actual, es parte de nuestra cotidianeidad. Sobre la base de este trasfondo social, crece el hartazgo popular al saqueo inflacionario al que nos vemos sometidos, al igual que a las brutales redistribuciones de ingresos y riquezas que se nos impone con las, cada vez mayores, devaluaciones del peso. Estos hechos y el fracaso de los gobiernos en resolver los problemas populares en, al menos, los últimos 12 años, han contribuido en derrumbar los proyectos y aspiraciones de las grandes mayorías, como el acceso a la casa propia y digna; y crece el miedo -cada vez más real- a una nueva oleada hiperinflacionaria, que termine de hundir en el hambre y una mayor pobreza a la mayoría de los trabajadores y sectores populares.

Para los pequeños y medianos productores agropecuarios, entre que su producción es pagada en pesos al tipo de cambio oficial, muy inferior a las cotizaciones paralelas (con las cuales se suelen fijar muchos de los precios de los insumos que utilizan) y la alta presión impositiva, el escenario no es muy alentador. Y para peor, el gobierno frente a la necesidad de divisas otorga mejoras temporales en el tipo de cambio que poco y nada benefician a los productores y la producción y en cambio alienta –y mucho- a la especulación. Una economía con un único tipo de cambio (como plantean los dolarizadores) y menor presión tributaria suena prometedor. Las Pymes industriales han tenido un auge y éxito relativo con la actual política económica, pero las serias dificultades para conseguir insumos importados, y el achicamiento del mercado nacional ponen en dudas su sostenibilidad.

El argumento que una dolarización atentaría gravemente contra la soberanía nacional, aunque real, en boca de los actuales funcionarios del gobierno nacional suena ridículo. Veamos algunos pocos ejemplos: un gobierno integrado por quienes gestionaron la permanencia de una base de “observación” dirigido por el ejercito de una potencia extranjera en nuestro país; la entrega de lo fundamental de Vaca Muerta y el litio a firmas extranjeras, el escaso control sobre las vías navegables como el río Paraná; y por último no puede dejar de señalarse que luego de salir tercero en las elecciones presidenciales (siendo la peor elección en la historia del justicialismo) el actual ministro de economía – y candidato presidencial- realiza una salvaje devaluación -y aumento en las tasas de interés- acelerando muy peligrosamente aún más la tasa de inflación y la incertidumbre, dando un enorme mazazo al bolsillo popular, para luego justificarse diciendo que es una medida solicitada por el FMI.

Tampoco puede dejar de mencionarse que una parte importante de nuestra economía de hecho ya se encuentra dolarizada. Toda moneda, para ser verdaderamente tal debe cumplir con tres requisitos: servir como medio de cambio, como unidad de cuenta y ser reserva de valor. En cuanto a reserva de valor ya hace bastante tiempo que el peso ha dejado de cumplirlo, las devaluaciones, cada vez más constantes y elevadas junto con los saltos inflacionarios posteriores, han empujado cada vez más a la dolarización de los ahorros. Como unidad de cuenta hay mercados en los cuales, desde hace un buen tiempo que no es considerada, como sucede en el mercado inmobiliario, y todo lo vinculado a las importaciones. Solo conserva plenamente la función de medio de cambio, pero esta función también se encuentra alterada, quien posee pesos busca activamente la forma de transformarlos, de adelantar gastos o depositarlo en cuentas (como el plazo fijo) que mantengan en algo su valor. Es decir que nuestro país no cuenta verdaderamente con una moneda propia en el real sentido y funciones que esta debe cumplir.

De lo dicho hasta aquí se desprende que hoy, los principales impulsores de la dolarización en la Argentina no han sido J. Milei y su reducido círculo de intelectuales. La actual conducción de la política económica ha permitido, cuando no generado, las condiciones objetivas y subjetivas para tolerar, por parte de los sectores populares, este tipo de medidas profundamente antinacionales como una eventual dolarización.

¿Es posible?

Visto los antecedentes más cercanos y las condiciones para tolerar este tipo de proyecto antinacional, nos queda por ver la viabilidad, en términos de política económica, del proyecto de dolarización plena.

Vale señalar que en este apartado, a diferencia de los dos iniciales, estaremos principalmente en el terreno de las hipótesis, y todo lo que se diga será dentro de un marco relativamente aceptable de probabilidades.

Una de las primeras cuestiones es a qué tipo de cambio se realizaría la conversión. Las opiniones más opuestas estiman que el tipo de cambio podría llegar a ser cercano a los $8.000 (si ocho mil pesos por dólar) son quienes parten de convertir la base monetaria (el total de pesos billetes puestos en circulación contra las reservas del BCRA. En la vereda de enfrente, los intelectuales que proponen la dolarización plena, realizan estimaciones menos pesimistas en la que manifiestan que la conversión se podría hacer a un valor algo superior al “dólar blue”, que hoy ronda los $ 750.-, también existen múltiples estimaciones intermedias, pero en principio concedamos a los intelectuales impulsores de esta antinacional propuesta económica para partir de sus propias y “benignas” estimaciones. En este hipotético caso un salario actual de $ 300.000.- (que hoy se ubicaría por encima del promedio) quedaría luego de la conversión en U$S 400 valor similar al promedio inicial durante la convertibilidad, mientras que la jubilación mínima ($87.500) quedaría en U$S 115.- Esto, en el caso de efectivamente ser así, nos daría dos importantes datos, uno es que consolidaría lo perdido por los salarios en estos últimos años, y el otro es, que al menos parte del “trabajo sucio” parecería estar hecho por la actual gestión.

Otra cuestión clave es la masa de dólares en billetes necesaria para garantizar un proceso mínimo de circulación, cuestión íntimamente relacionada con la anterior; que en principio no luce imposible de conseguir[6]. Por supuesto que esto implicaría que los asalariados aceptemos este brutal hachazo, y los empresarios (sobre todo quienes venden en el mercado doméstico) que sus capitales se desvaloricen -medidos en dólares- en una mayor magnitud. Hoy no habría grandes ingresos de divisas por privatizaciones, como fue en los noventa; se especula que con nuevo endeudamiento externo, más lo producido en Vaca Muerta (petróleo y gas), más el litio y cosechas normales alcancen a generar altos ingresos en dólares, y se espera sobretodo, que, al sellar al dólar como única moneda ingresen al circuito doméstico algo de U$S 400 mil millones, que hoy tendrían en el exterior y el “colchón” los empresarios locales.

Dando por supuesto lo anterior, se insiste que sería en el menos perjudicial de los posibles escenarios de una dolarización plena; aún quedan varias cuestiones por resolver. Una de ellas es sobre las Leliq (mecanismo mediante el cual el BCRA remunera a los bancos comerciales) que hoy ronda la friolera de 19 billones de pesos (millones de millones) que al tipo de cambio “blue” superarían holgadamente los 25 mil millones de dólares. Si los dólares bajo el colchón y el exterior volviesen masivamente, en principio no aparecería como una cuestión problemática, pero en el caso en que esto no suceda (que no ingresen masivamente) la devaluación deberá ser mucho mayor a la indicada inicialmente, por supuesto que existen otras alternativas, como algunas de las que ya se han practicado y señalado anteriormente. ¿Estarán pensando en una nueva confiscación de depósitos? Vale un dato, muchos de los personajes que hoy rodean al candidato “libertario” fueron parte del equipo económico que realizó el Plan Bonex.

Como si lo anterior fuese poco, aún nos quedan pendientes dos temas centrales: la deuda pública (del gobierno nacional, como también de algunas provincias), mayormente denominada en dólares -se considera como deuda externa- que actualmente es una de las grandes piedras atadas al cuello de la economía nacional y por otro lado el balance de pagos. Los vencimiento de deuda, hoy lucen impagables, salvo prórrogas de prórrogas (refinanciación). Si se consiguiese una nueva refinanciación (canje) no se eliminaría el problema, tan solo quedaría para más adelante, pero concedamos esto también. Todo esto lleva implícito que, para hacer frente a la misma, se deberían generar saldos comerciales (superávit externo) tan amplios y sostenido que, las importaciones de bienes y servicios, deberían llegar a un mínimo histórico, deberían reducirse mucho más de lo que ya han comenzado en achicarse, incluso debería ser superior a la caída del 2002. Sería necesaria una muy profunda crisis económica; históricamente la forma clásica de inducir estas ha sido a través de las devaluaciones; con lo cual el zarpazo devaluatorio inicial debería ser bastante mayor al previsto por los promotores de la dolarización total. Esto implicaría no solo problemas para importar insumos básicos, también para productos esenciales que no se fabrican localmente, junto con una buena dosis de cierre de empresas -principalmente destinadas a vender en el mercado interno y pymes- y nuevo ascenso de la tasa de desocupación, que tal como se señaló anteriormente presionaría a la baja (incluso nominal) los salarios. En un contexto, como este los niveles de pobreza se dispararían aún más, pudiendo llegar a valores inéditos en nuestro país. La dolarización, esa aparente “salvación” de una hipeinflación nos condenaría, en un corto a mediano plazo, a una hiperdesocupación[7] e hiperpobreza.

Para quienes piensan que la dolarización total podría ser mejor –en términos económicos- que la situación actual, o con la fantasía que así se podría evitar una proceso hiperinflacionario deberían repensarlo a la luz de nuestra experiencia histórica reciente y de las características actuales.

Pero aquí no terminan “las pálidas” de esta propuesta. Es que junto con la dolarización total se proponen otra serie de medidas, similares a las adoptadas en los años noventa, tales como la completa desregulación de los mercados (ningún tipo de intervención estatal) y de apertura irrestricta al movimiento de mercancías y capitales. Esto se suele señalar que es para reforzar los aspectos antiinflacionarios del plan; pero lo que no se dice es que conllevan al cierre de empresas que no serían “competitivas” en el mercado mundial (principalmente las pymes industriales). Junto a ello, el verdadero objetivo de la política económica propuesta por J. Milei: una nueva y más profunda concentración de la producción y extranjerización del entramado productivo local[8] De la mano de ello una barrida a todas, o al menos a una buena parte, de las conquistas sociales, no por nada se plantea volver más de 100 años atrás en esta materia (sin vacaciones, ni aguinaldo ni el derecho a enfermarse). El viejo sueño de Martínez de Hoz de disciplinar a los empresarios nacionales (sobre todo industriales) y los obreros para quebrar definitivamente la alianza político social que es el fundamento del peronismo estaría a un paso de completarse.

Quedan aún por ver varios aspectos de los que implicaría una dolarización plena en Argentina; pero por cuestiones de espacio se señalarán dos más. Uno es que esta medida nos ataría al ciclo económico de los EE.UU. de una forma mucho más fuerte que la existente hoy. Tendría además la enorme desventaja que la producción local no es complementaria con la de EE.UU, sino que en gran medida compite con la misma. Vale recordar que dicha potencia extranjera destina millones de U$S anuales en promover su producción, en particular la agrícola. Pondría a competir, de igual a igual, a la producción nacional con la norteamericana, sin el desarrollo previo que tiene esta, ni las múltiples protecciones con las que cuenta, ni la infraestructura que ese país posee, etc. Todo esto en un momento en el cual el dólar empieza a ser cuestionado como la moneda que rige las relaciones comerciales internacionales.

El otro es principalmente de índole política. Implica una cesión de formal de parte de nuestra soberanía. La moneda nacional también es parte fundamental de garantizar la unidad territorial de nuestro país, en los hechos, y desde un punto de vista económico, tendríamos un estatus similar al de una cuasicolonia[9].

Y por si todo lo dicho fuese poco, también valen las advertencias que ya ha realizado J. Milei en varias entrevistas televisivas y radiales: “El dólar es solo una moneda, cada uno podrá elegir con que moneda transar”. Coherente con el también propuesto sistema de “Free Banking” (banca libre) en reemplazo del BCRA, donde cada entidad podría emitir moneda. ¿Están adelantando las nuevas cuasimonedas?

Habíamos iniciado el artículo diciendo que hablar de dolarización es hablar de inflación, pero esto es la apariencia. Ahora estamos en condiciones de ver la esencia, de afirmar que la dolarización plena significa un reforzamiento de la subordinación nacional, de profundización de la dependencia política y económica, de destrucción del entramado productivo nacional, de transformaciones antipopulares y antinacionales de la estructura económica.

La dolarización plena no solo requeriría un brutal ajuste y transferencia de ingresos y patrimonio inicial. Nos empujaría aún más a la pobreza y, aún así, tampoco garantizaría la estabilidad de ingresos, ya hemos visto las múltiple trampas preparadas para, luego de realizada la dolarización plena, comprimir aún más los salarios.

Un breve comentario para cerrar este segmento: en EEUU la inflación acumulada desde 2011 fue de aproximadamente un 34% -nada, diríamos aquí- con una tendencia muy fuerte al alza en los últimos años, pero el verdadero dato es que en el mismo período el salario mínimo interprofesional tuvo un aumento de 0%.

Una verdadera política antiinflacionaria

No es cierto que el problema inflacionario no tenga solución, veamos algunos lineamientos que podrían resolverlo de haber un gobierno patriótico y popular.

En primer lugar, es necesaria una reforma monetaria y financiera. Hoy, luego de más de dos décadas de convivir con un proceso inflacionario y de múltiples medidas adoptadas para intentar frenar el mismo –todas fallidas- es crucial una reforma del sistema monetario y financiero. Se necesita una moneda que esté en función de la producción de bienes y servicios y no de la especulación. Contar con una moneda fuerte y estable es un requisito indispensable para combatir la inflación, pero no es suficiente.

Junto con lo anterior es vital importancia avanzar en una transformación de la estructura productiva. Es requisito reemprender el camino de la industrialización nacional, por supuesto que no de todos y cada uno de los bienes, pero sí de aquellos esenciales, y con al menos dos grandes ejes: la desmonopolización de los mercados, y si esto fuera inviable la participación del Estado junto con el control y participación de los empleados y consumidores. El otro aspecto clave es una nacionalización de las palancas fundamentales de nuestra economía. Que lo producido con el esfuerzo y sacrificio nacional sirva para el bienestar y desarrollo de nuestro país.

En cuanto a la deuda externa, proponer una prórroga en los pagos hasta poder establecer que parte de la misma es legítima y a quienes les corresponde abonarla; las grandes empresas que se beneficiaron con la misma, deberán hacerse cargo de la parte que les corresponde. Así como los delitos de lesa humanidad, son imprescriptibles, los delitos económicos que han sumido al país en el caos, atando una pesada piedra al desarrollo de la economía también deben ser imprescriptibles.

Debe reordenarse por completo las cuentas fiscales. Con una reforma tributaria que elimine impuestos (como el IVA en los alimentos, ganancias en los trabajadores y las retenciones a los pequeños productores agropecuarios), se castigue con dureza la evasión y elusión de las grandes compañías y se revean por completo los gastos y subsidios a grandes empresas a las cuales se les garantiza un piso de ganancia. Las cajas del Estado deben dejar de ser un botín de los “amigos” del poder. Las cuentas públicas deben tender a permanecer equilibradas[10].

Controles sobre el comercio exterior siempre son necesarios, en una primera etapa sería clave la centralización del mismo bajo la órbita estatal y participación de los productores locales.

Estas son algunos de los posibles ejes de una política económica antiinflacionaria de un gobierno verdaderamente patriótico y popular.

 

[1] A esto debe sumarse la traición de Menem a sus promesas de campaña y la caída de la URSS socialimperialista, vendida como el fracaso del comunismo.

[2] El plan Bonex fue llevada adelante por el ministro Erman González – antecesor de D. Cavallo- el 28 de diciembre de 1989 (día de los inocentes en nuestro país), con el objetivo explícito de quitar dinero de circulación, cerca del 60% de la base monetaria, los resultados inmediatos indicaron un nuevo salto inflacionario que derivo en la segunda hiperinflación. Además se realizó con una reforma financiera que, entre otras cosas, prohibió la remuneración de los encajes bancarios.

[3]Mercados clave, como en la alimentación donde un puñado de firmas, en general extranjeras mantienen el control absoluto de la producción. Hoy esas mismas firmas son las que imponen precios en alza para garantizar su cuota de ganancia.

[4]Esa denuncia fue hecha en el año 2003, y fue puesta en duda en los medios “serios” como el oligárquico diario La Nación. En el año 2007, la misma denuncia se hizo en Chile al supermercado Cencosud (que opera en Mendoza como VEA), luego (en otras firmas) en Honduras y hasta en EE.UU. donde los gerentes de la compañía se excusaban diciendo que “sus empleados deberían de estar agradecidos, ya que si no tendrían que prostituirse”.

[5]siendo este último uno de los valores más bajos que se hayan registrado en los últimos 30 años

[6]) Transformando el PIB actual en dólares a un tipo de cambio de $750 por unidad de moneda extranjera, el PIB 2023 rondaría los U$S 160.000.- y la actual base monetaria por el mismo tipo de cambio estaría en los U$S 8.200 millones.

[7] Claro que, en el mediano plazo, la desocupación tiene solución, simplemente quienes quieran conseguir trabajo deberán hacerlo, agradecida y mansamente, por los salarios y condiciones laborales similares al sudeste asiático (U$S 100 a 150 mensuales, por 12 hs. diarias y un franco al mes).

[8]) No solo por el avance de las importaciones, recordar que las devaluaciones también achican, violentamente, el capital instalado, principalmente el que tiene como objetivo de su producción el mercado interno.

[9] Cuando el gobierno de de la Rúa y Cavallo lanzó las cuasimonedas, en círculos extranjeros -ya algunas repetidoras locales- se preguntaba por la viabilidad de la Argentina como país, y si no sería conveniente que se divida en varios países, cada uno de los cuales conforme un área monetaria óptima.

[10] En las doctrinas económicas más vulgares y difundidas se acusa, casi por completo, al déficit fiscal de ser el generador de la inflación; si esto fuese así EE.UU. debería ser por lejos el país más inflacionario del mundo; para tener una noción en 2021 tuvo un déficit aproximado de U$S 2.780 billones (equivale a más de 6 veces el PIB de Argentina) y en 2022 logró una importante reducción, se ubicó en cerca de U$S 1.380 billones (más de 3 PIB de Argentina); aquí no se defiende la idea de equilibrio presupuestario como una medida antiinflacionaria, sino la idea de que tanto los ingresos como los gastos del Estado deben estar al servicio del desarrollo nacional.

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