Por José Iantosca (*)
La “uberización” del trabajo y la producción ha transformado drásticamente muchos sectores de la economía. El caso del sistema de taxis en Rosario se presenta como un ejemplo paradigmático de cómo este fenómeno afecta a las pequeñas y medianas empresas, empobrece a la clase trabajadora y debilita las estructuras de bienestar social que el Estado debe garantizar a sus ciudadanos.
En Rosario, el sistema de taxis ha pasado de contar con más de 4.300 unidades, distribuidas en mini pymes que operaban en un modelo tradicional con todos los derechos laborales, a una situación donde el parque de taxis ha disminuido a unas 2.500 unidades. Esto significa que han desaparecido cerca de 1.821 mini pymes, junto con más de 5.000 puestos de trabajo que, hasta su cierre, gozaban de todas las prestaciones sociales: obra social, ART, seguro de vida, indemnización, entre otros. En su lugar, hoy persisten 900 choferes registrados de forma irregular, algunos apenas con 4 horas de anotación o trabajando solo en sus días de franco.
El impacto económico de esta transición es devastador. Según los datos disponibles, el sistema de taxis ha perdido aproximadamente 80.000 viajes diarios, lo que equivale a 336 millones de pesos que dejaban de circular en la economía de la ciudad. De esta cifra, empresas como Uber y DiDi se llevan un 30%, es decir, unos 100 millones de pesos diarios que antes quedaban distribuidos entre los trabajadores y las pymes locales. Este es un claro ejemplo de cómo los grandes capitales internacionales, al ingresar a través de prácticas de dumping, absorben un porcentaje significativo del mercado, sin generar un impacto positivo en la economía local.
Es importante señalar que el proceso de uberización no solo afecta a los taxis. La precarización también ha llegado a las empresas de remises legales, las proveedoras de software rosarinas, las estaciones de servicio, los lavaderos y los talleres mecánicos, todos sectores que, antes de la competencia desleal de las multinacionales, tenían un funcionamiento en regla y contribuían al Producto Bruto Interno (PBI) de la ciudad. A esto se suma la pérdida de empleos en los medios de transporte tradicionales, como los colectivos, que han visto cómo las tarifas de taxis y remises informales se hacen más atractivas para una ciudadanía que se ve empobrecida, no solo por el costo de los viajes, sino también por la creciente precarización de los trabajos que estos generan.
Este fenómeno tiene una relación directa con el Estado de Bienestar. El transporte público, al igual que la salud, la educación y otros servicios esenciales, debe ser garantizado por el Estado para asegurar la calidad de vida de los ciudadanos. El sistema de transporte debe ser eficiente, accesible y asequible para todos, ya que es una herramienta clave para el acceso a oportunidades laborales, educativas, sociales y de esparcimiento. Sin embargo, la privatización de los viajes en taxis y remises no solo deteriora la calidad del servicio, sino que contribuye a la fragmentación social, dejando a un sector de la población con acceso a un transporte de calidad, mientras otro queda relegado a opciones más riesgosas, inseguros y costosas.
El impacto no se limita a la movilidad de los ciudadanos, sino que también agrava la desigualdad social y económica. A medida que el transporte privado gana terreno y el transporte público se deteriora, la brecha entre las clases altas y las clases populares se amplía. Mientras los ricos y acomodados pueden acceder a servicios de transporte cómodos y privados, los más pobres deben enfrentarse a un sistema de transporte cada vez más ineficiente y caro. Esto, además de aumentar los costos de vida, reduce la capacidad de los trabajadores para acceder a oportunidades económicas y sociales.
El caso de Rosario no es único. En Buenos Aires, por ejemplo, el parque de taxis ha disminuido de 38.000 unidades a solo 14.000, lo que ha resultado en la pérdida de 24.000 puestos de trabajo. La mayoría de los taxis que aún operan en ambas ciudades funcionan únicamente con titulares, dejando a los choferes en una situación aún más precaria.
Es fundamental que el Estado intervenga en la planificación de la movilidad urbana para evitar que la uberización se convierta en el modelo dominante. La clave está en fortalecer el transporte público, fomentando una infraestructura que permita una movilidad accesible para todos, a la vez que se implementan políticas de restricción al uso del vehículo particular, para reducir la contaminación y mejorar la calidad de vida en las ciudades. Además, debe haber una fuerte regulación sobre los servicios privados de transporte para evitar que el trabajo de miles de personas sea explotado por grandes corporaciones que no aportan al bienestar social.
La recuperación del transporte público debe ser un objetivo prioritario, ya que no solo tiene un impacto económico, sino también social y ambiental. Para ello, es necesario repensar la movilidad de nuestras ciudades desde una perspectiva integral, que garantice el acceso a todos los servicios y reduzca la desigualdad.
El transporte público no debe ser una opción subsidiada o precaria, sino una herramienta de igualdad, sustentabilidad y desarrollo. Solo de esta forma se podrá asegurar que todos los ciudadanos, independientemente de su clase social, puedan disfrutar de los beneficios de una ciudad justa y moderna.
(*) José Iantosca.
Miembro del Encuentro Federal por la Soberanía. Taxista. Tesorero de
CATILTAR (Cámara de Titulares de Licencias de Taxis Rosario). Secretario de Mutual Mastegro, productor y asesor de seguros.
