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PUERTOS SOBERANÍA

(Más) Descontrol en los puertos

A través de una resolución, el Senasa reducirá los controles en puertos fluviales, marítimos, zonas de espera, muelles y otras áreas aptas.

La medida se suma a la virtual privatización de los controles que estableció el gobierno de Macri en 2017 y a la intención de re privatizar y extranjerizar el control del Paraná dejando en manos de intereses privados el control de lo que entra y sale por nuestro río.

Según la resolución 1278/2024, publicada esta semana en el Boletín Oficial, El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) actualizó el sistema de control de aptitud de carga de bodegas de buques y barcazas para exportación de granos, sus productos y subproductos “con el fin de simplificar y agilizar la operatoria”.  Se excluye a los buques que van a cargar mercadería que no requiera certificación del organismo sanitario nacional.

En un nuevo retroceso de la presencia argentina en el control de lo que sale de nuestros puertos, el gobierno de Javier Milei y Caputo impulsan una serie de cambios que desguarnece aún más al país en el control del comercio exterior.

Algunas de las principales modificaciones son:

Los procedimientos de supervisión del Senasa se optimizarán, ya que ahora se basarán en un análisis de riesgos para determinar la inspección de los buques.

Se modifican los porcentajes de supervisión, ahora el porcentaje de supervisiones por matriz de riesgo se baja a un mínimo de 5% y un máximo de 10%, cuando hasta el momento era de 20% y 30% respectivamente.

Esto implica que van a revisarse muchísimos menos barcos, y teniendo en cuenta el poder de las empresas exportadoras y las navieras seguramente será cercano al mínimo con suerte.

Se introduce la simplificación del trámite para obtener el “Certificado de Aptitud de Bodegas”, que será válido en varias terminales de la hidrovía o en el ámbito marítimo. Una operación peligrosa si se tiene en cuenta la “contaminación” por ejemplo de cargas con droga que suele no ser en un puerto de origen sino en el camino.

Se amplía el tiempo de notificación para las empresas de 24 a 48 horas antes de las inspecciones, y se extiende el periodo de evaluación de las entidades certificadoras a seis meses. También se eliminan ciertos requisitos para los verificadores de bodegas y la supervisión obligatoria fuera de la matriz de riesgo. Como esos allanamientos en los que la policía llega y no encuentra nada, porque ya se les aviso “DOS DÍAS ANTES” del control.

Este desguarnecimiento de nuestros puertos está justificado como siempre en una reducción de controles para evitar la reiteración y avanzar hacia la “simplificación burocrática”, cuando en realidad es prácticamente la eliminación de los pocos controles existentes, dejando a las multinacionales que dirigen nuestro comercio exterior, total libertad para todo tipo de operaciones que como nuestra historia muestra siempre que pueden están por fuera de la ley para mejorar sus ganancias.

También se eliminaron “los requisitos para los verificadores de bodegas, la obligación de supervisión obligatoria por fuera de la matriz de riesgo y la responsabilidad solidaria de agencias marítimas en cuanto al comportamiento de la entidad certificadora seleccionada”.

Esto es similar a la tercerización impulsada en la reforma laboral, y tiene que ver con que se crearon estos años muchas empresas fantasmas de certificación, muchas veces propiedad de las mismas exportadoras o agencias marítimas, y con el corte de la responsabilidad solidaria ante cualquier problema esas empresas que suelen no tener respaldo no dejan “pegadas” a las empresas contratantes y pueden inmolarse y desaparecer sin dejar rastros.

La obsesión liberal por destruir el control argentino

La historia no es nueva, ante cada gobierno liberal avanza una batería de medidas para quitar al Estado toda posibilidad de control y dejar las manos libres a los monopolios en su accionar. Así fue en 2017 con el gobierno de Mauricio Macri con la Resolución 693-E/2017, que también estableció “nuevas reglas” para el “control de aptitud de carga de bodegas y tanques de buques y barcazas para exportación de granos, sus productos y subproductos”.

Hasta esa resolución solo el Senasa era responsable de los controles, pero Macri habilitó el ingreso de controles privados. El resultado: la proliferación de empresas fantasmas propiedad de las empresas del sector y hasta de funcionarios del área que no solo capturaron un negocio millonario (legal e ilegalmente) sino que virtualmente se le dio la posibilidad a las exportadoras de autocontrolarse.

Este cambio se sumó a uno anterior hecho por el macrismo que reducía los controles solo a los barcos que se dirigían a países que exigían ese control.

Como afirmábamos más arriba la historia no es nueva y de hecho el presidente del Senasa durante el macrismo Jorge Dillon basó los cambios en una resolución del menemismo, que en diciembre de 1991 determinó que esos certificados podrían ser emitidos no solo por el Senasa sino por “entidades privadas u otras instituciones debidamente registradas a dicho efecto”.

Estas medidas originaron una denuncia penal del diputado santafesino Carlos Del Frade contra el presidente Mauricio Macri y el ministro de Agroindustria Ricardo Buryaile. El legislador también presentó una denuncia penal por “usurpación de cargo” de Cristian Cunha, el coordinador general de Puertos, que comenzó a ejercer sus funciones a principios de 2016 pero recién en mayo de 2017 se realizó el nombramiento en el Boletín Oficial.

La mano de Caputo

El ministro Caputo fue según el portal La Politica Online el impulsor de la vuelta de Pablo Benfatto a la coordinación, fiscalización y control de las operaciones portuarias del Gran Rosario, lugar desde el que puede decidir sobre la habilitación de las bodegas de los buques.

Benfatto , un hombre del ex presidente del PRO, Cristian Cunha, había ocupado ese puesto en 2017 durante la gestión de Macri cuando Cunha fue director del Senasa y el control de los buques virtualmente se privatizó.

“Muchas de las empresas privadas de certificación fueron creadas por ese tiempo y a las apuradas para hacerse del jugoso negocio. Algunas ni siquiera tuvieron la prudencia de crearse una página web. De hecho, el mismo Benfatto es titular de la empresa Port Solutions S.R.L. dedicada a la desinfección, fumigación y mantenimiento de tanques, actividades compatibles con los que se prestan en los buques”, asegura LPO.

Otro de los datos que aporta LPO es que “de 54 empresas inscriptas en el Senasa para prestar servicios portuarios, 14 no se registraron en el RITE, más del 25% siendo un negocio multimillonario: “Porque no pasaban un control a riesgo de ir en cana”, según explicó un funcionario de carrera del organismo”

Según la misma fuente, Cunha y Benfatto les dieron el negocio a estas firmas sin ninguna auditoría estatal. “Les cobraban tarifas planas a los buques para habilitarles las bodegas. A veces ni iban a chequear y decidían de manera discrecional qué barco podía cargar y cual no”. Se sabe que la estadía diaria de una embarcación sale una fortuna, “¿te imaginás lo que está dispuesto a pagar para que lo despachen rápido?”, preguntó con suspicacia un funcionario.

Una entrega de la soberanía

La supuesta “simplificación burocrática” no logra ocultar las verdaderas intenciones de entrega total de toda posibilidad de control del Estado argentino sobre lo que sale de nuestros puertos.

Algo que por la historia reciente puede ser trágico para el gran Rosario. Por un lado el caso Vicentin demostró un complejo entramado de planificación tributaria para el saqueo que apoyado en la casi nulidad de controles (que ahora se relajarán aún más) lesionan la capacidad de recaudación del Estado y engordan las ganancias de las multinacionales cerealeras y sus casas matrices en el exterior.

Por otro lado el crecimiento del complejo agroexportador del gran Rosario como trampolín de salida de la exportación de droga de los principales carteles de América Latina se verá potenciada por la reducción de controles, al que hay que sumarle la política de blanqueo de capitales para transformarlo en un combo mortal.

La frutilla del postre la pone el plan de reprivatización del río Paraná, que volverá a dejar en manos de consorcios privados la administración del dragado y balizamiento, y por tanto de la administración de las cargas que circulan por allí.

Ante esto las cámaras empresarias del sector como Ciara-CEC o sus instituciones como La Bolsa de Comercio de Rosario aseguran que están implementando sus propios sistemas de información y control.  Ahora no solo controlan que impuestos pagan mediante sus propias declaraciones juradas de exportación, sino que también quieren que creamos que van a controlar la salida de la droga de los puertos que creció de manera fenomenal los últimos 30 años y generó en su camino los padecimientos que viven nuestras comunidades inundadas de adicciones y violencia.

Los intereses de Argentina…..bien gracias.

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POBREZA SOBERANÍA

Aporte de la ciudad de las carnes y el cereal eterno a una realidad regional y nacional

Por Juan Ariel Charras   (*)

El cálculo siniestro de la desigualdad planificada desde el Estado.

Arrasamiento sistemático de subjetividades.

El juego perverso que el Estado propone para los más desamparados: “No reclames porque perdés lo que te doy”.

La respuesta a esta aseveración una parte de la población la tiene negada de ausencias, por múltiples abandonos sociales y simbólicos la culpa de recibir migajas se hace una cuestión de vida o muerte. El temor fundado desde el Estado de deberle algo por lo otorgado, la maquinaria mediática taladrando en las cabezas que no se merecen esa asistencia miserable, porque es profundamente miserable, lleva su sello de clase fascista y reaccionario, con matices de exterminio planificado.

El número está sumamente planificado

La asignación familiar en el mejor de los casos alcanza para comer 6 días en el caso de una mamá que asuma también el gasto de la compra de pañales. Se trataría de una comida pensada el fin de semana cuando los comedores o merenderos o escuelas están cerrados, con mate cocido o un poco de leche para engañar al estómago, que de nutrición encuentra muy poco pero…

¿Para qué pensar en el desarrollo pleno de las infancias si se necesita mayor control social?

ISABEL de 31 años, vive en un barrio en algún bajo, cerca del río, en un rancho de madera y chapa, sin baño. Su cocina, su pieza y su intimidad las comparte con sus tres hijxs, de 12, 8, 1 año. Ellxs son su razón para vivir y el Estado lo sabe y actúa en consecuencia.

Para el afuera Isabel “es una privilegiada del Estado: 46mil pesos por tres chicxs (dicen los medios) son 150 lucas o más y si cobra la tarjeta alimentar ya podría tener otro y comprarse el auto o el celu nuevo. Mirá que va a querer  trabajar, es una viva, ojalá yo tuviera esa oportunidad” ironizan los lame botas útiles pagos.

Vamos a hablar de la oportunidad magnífica que tiñe la vida de las Isabeles que no tienen cara para el Estado y son un número vacío de significado. Isabel creció en el bajo, más abajo, junto a tres hermanitos; recuerda con mucha nostalgia su niñez, recuerda jugar con su padre cuando volvía del frigorífico, recuerda poco a su madre que trabajaba cama adentro, recuerda que siempre estaban ajustados con la plata, no había lujos. Cuando a su padre lo echaron del laburo se dedicó a la bebida y a pegarle a su mamá, motivo por el cual se mudaron con el hermano de su madre a sus 11 años. Otro calvario vivió por esos lugares ya que en los momentos donde su madre salía a trabajar el tío que les prestaba un techo abusaba de ella. Después de 4 años más de edad y de abusos cumplió 15 años, logra dejar ese hogar oscuro y doloroso, mudándose a lo de su patrona de ese momento, quien la ayudó con su casita y desde entonces vive sola con sus hijxs, hijos que no nacieron de un repollo pero en el barrio sobran mamás y faltan papás; los tres se borraron no sin antes dejarle las marcas en su cuerpo como documento de identidad, de esa identidad que la acerca a su madre.

Isabel quiere trabajar, quiere estudiar y quiere poder tener un baño en su casita, quiere poder tener piso de material y quiere que sus hijos no duerman todos en la misma cama.

Intenta trabajar los fines de semana cuando deja a sus hijxs con una hermana, pero tiene miedo que le pase algo porque la calle está difícil.

Consigue trabajos por hora, en jornadas interminables que terminan siempre a un precio menor que el acordado.

Manda a sus hijxs a la escuela, ahí comen y desayunan.

Hacer que se hace para No Hacer. Profundización de la política estatal de lo posible antes que lo necesario

Por su situación de vulnerabilidad el Estado le otorga planificadamente 99.531 pesos, ahí adentro esta la tarjeta alimentar, no paga alquiler, no paga electricidad, paga dos garrafas mensuales (una para el frío), 80 pañales mensuales y 12 comidas mensuales.

Retira comida en comedores comunitarios donde la asistencia del Estado nacional hoy es nula; en el mejor momento de progresismo, consistió en 10 o 12 comidas mensuales.

La realidad actual es otra. Las iglesias, las organizaciones sociales, tienen que planificar de dónde van a sacar más de 100.000 pesos cada vez que deciden prender el fuego y mover la olla para que los vecinos y vecinas más necesitados tengan un plato de comida caliente en un tapper que oficia de plato comunitario, en una bolsa, en una botella cortada o en un puñado de manos como hemos podido comprobar.

Fotografía Juliana Briggiler. IG:JuliBri_

Olla de 100 litros para cocinar aproximadamente 150 raciones, 10kg de papas, 10 kg de cebolla, 5 pimientos, 10kg de pollo, 13 kg de fideos o arroz, 2 pack de puré de tomates, condimentos, aceite, garrafa: 100 mil pesos. Para no ser injustos vamos a reconocer que el Estado aporta para el 80% de la olla del primer día del mes, el resto es malabares de la solidaridad de los mismos trabajadorxs, vecinxs y pequeños comerciantes.

Números con personas en su contenido

La solidaridad del que solo tiene para brindar lo que solo tiene.  El bucle perverso de responsabilizar al pobre de su pobreza.

En Villa Gobernador Gálvez en 80 comedores barriales solidarios hasta la médula, se preparan ollas en su mayoría de 100 litros que alcanza para diluir guisos y con las manos mágicas de enormes cocineras, multiplicar con audacia y corazón el contenido para generar 150 raciones por olla.

Entonces 12.000 personas necesitan diariamente de asistencia alimentaria. La mayoría niñxs que, las más de las veces se convierte en su único plato de comida. Para que esos comedores puedan cocinar 20 días al mes son necesarios 160 millones de pesos mensuales, un promedio de 433 pesos por persona por día por ración.

Fotografia Juliana Briggiler. IG:JuliBri_

En la ciudad de las carnes las ratas del puerto se nutren mejor que nuestrxs niñxs.

Vivir de espalda al río

En la misma ciudad de las carnes y del cereal, monumentales ganancias se van por el río dejando solo salarios bajos, contaminación y obreros rotos por las agotadoras e interminables horas de trabajo. Jornadas pagadas planificadamente para que le alcance solo para comer y comprar algo de ropa para algún integrante de la familia; se ve este contraste de la realidad, la necesidad angustiante cotidiana de no poder comer y la brutalidad del saqueo de enormes multinacionales que se llevan la riqueza argentina.

Un camino para ejercer la plena soberanía alimentaria. Proteger a nuestro pueblo y el Estado como garante de derechos

Un millón de pesos por minuto genera en ganancia la tolva de la empresa multinacional Cargill, la tolva que nunca para.

Solo necesitaríamos que puedan aportar 180 minutos, una vez al mes, 3 horas de su producción del primer día del mes, para resolver el problema nutricional de Villa Gobernador Gálvez. De ese primer día del mes, que seguiría su curso con 21 hs más y 29 días más de ganancias.

Las penas son de los pobres, las vaquitas y las ganancias se van para afuera.

Desde la Organización Mundial de la Salud se recomienda y se calcula que son necesarios entre 40 y 60 gramos por persona de proteína. Solo si los frigoríficos en diferentes escalas, de acuerdo a sus ganancias aportaran el equivalente en peso o en dinero al valor en el mercado de 6 medias res,  se resolvería el problema proteico. La faena diaria de los diferentes frigoríficos sumando vacas y cerdos ronda unas 4 mil cabezas de ganado. Con solo 2 cabezas diarias de esas 4 mil, ayudaría a cambiar el problema nutricional del 15% de la población de Villa Gobernador Gálvez.

Conocer para defender   

Fotografia Juliana Briggiler. IG:JuliBri_

El número de la indignación está extremadamente planificado, así como el miedo y la estigmatización de un sector social que crece y se multiplica en ausencias y en carencia, que lucha y se resiste a morir y ser silenciado, que de a poco encontrará la forma de sacarse los lastres de esta democracia extremadamente perversa.

 

Aprovecho para compartir un fotograma del documental “La posta de la Rivera” que pronto estaremos presentando.

(*) Juan Ariel Charras Médico MP:24356. Preventor comunitario en adicciones y violencias. Docente de la Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de Rosario (UNR). Coordinador médico de LA FABRICA DE FUTURO #nipibemenosporladroga.

La imagen de portada y las fotografías incluídas en la nota pertenecen a Juliana Briggiler. IG:JuliBri_ 

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ECONOMIA

Las agroexportadoras unas de las grandes ganadoras del Caputazo.

Por Germán Mangione (*)

Un primer análisis del paquete de medidas económicas anunciado por el nuevo ministro de Economía Luis Caputo, centrado en una feroz devaluación del peso, muestra a las claras que habrá una inmensa cantidad de perdedores (trabajadores, jubilados, beneficiarios de planes sociales y todos los que cobran sumas fijas) y un pequeño puñado de ganadores (los exportadores).

Sumado a los aumentos de tarifas de energía, transporte el salto de la cotización del dólar oficial a $800 desde los $375 a los que estaba implica una pérdida del 50% en el valor de los ingresos de las grandes mayorías, y en contrapartida que los monopolios exportadores multipliquen automáticamente sus ya fabulosas ganancias.

Y si en Argentina hablamos de exportadores el sector de la agroindustria es uno de los centrales. El complejo agoreportador oleaginoso-cerealero, incluyendo al biodiésel y sus derivados, aportó el año pasado el 48 % del total de las exportaciones de la Argentina, según datos del INDEC.

De ese complejo los principales productos exportados en 2022 fueron harina de soja (14,2% del total), maíz (11%) y el aceite de soja (6,9%).

Un sector concentrado territorialmente en el sur santafesino y dominado por un puñado de empresas de capitales extranjeros que domina el comercio exterior argentina asociada a los grandes terratenientes dueños de la mayor parte de la tierra y la producción en el país.

A partir de las medidas anunciadas el sector recibirá casi $200 por cada dólar exportado.

Esto se debe a que con la nueva reglamentación un 80% de lo exportado cotiza al dólar oficial ($800) y el 20% restante a través del dólar contado con liquidación (CCL), que cuesta un promedio de $1032 pesos. Lo que implica que por cada dólar recibirán 846 pesos contra los $678 que recibirán hasta el lunes. Un aumento de las ganancias de los agroexportadores del 24,7% .

Siempre ganan

Durante todo el año se pudo leer y escuchar como los voceros del sector nucleados en la Bolsa de Comercio de Rosario, la Bolsa de Cereales de Bs As o el Concejo Agroindustrial Argentino reclamaban una recomposición del dólar para “ser más competitivos” y se lamentaban por los efectos negativos de la sequía en la producción y la agro exportación.

Los datos publicados indican que los 11 meses que pasaron de 2023 comparados con el mismo periodo del 2022, el sector cerealero-oleaginoso perdió valores de ventas al exterior por 18.200 millones de dólares, equivalentes a una caída del 50 por ciento, según destacaron las entidades.

Si bien los números son ciertos habría que agregar que una parte de la caída en las cifras exportadas de los últimos meses tiene que ver con la parálisis de las operaciones que impusieron las empresas ante la expectativa por el posible cambio de gobierno y la mejora de la cotización del dólar. Muchos productores y agroexportadoras eligieron esperar para comercializar parte de la producción.

Por otro lado la caída de la actividad fue una situación excepcional en la década, y no modificó en absoluto el lugar de privilegio que ocupa el sector en la economía argentina.

De hecho un año antes las empresas agroexportadoras tuvieron una liquidación récord de divisas de más u$s40.400 millones, superando incluso los record a los que se había llegado en 2011 y superando en un 22% a lo conseguido en 2021.

Según los datos brindados por la última edición del ranking de las empresas que más facturan en Argentina, elaborado por la Revista Mercado varias de las que ocupan el podio provienen del sector agroexportador.

De los 7 primeros puestos 5 son agroexportadoras.

La empresa de origen suizo/ingles Viterra Argentina (ex Glencore, socia de Vicentin en Renova) ocupa el tercer lugar después de YPF y el Banco Nación y duplicó su facturación hasta llegar a los $ 1.056.031 millones, en 4º lugar está la francesa Louis Dreyfus que facturo en 2022 $1.029.200 millones, en 5º lugar la estadounidense Cargill con $ 997.822 millones, la sigue Asoc. de Coop. Argentinas con $958.165 millones, y Aceitera General Deheza en 7º lugar con una facturación de $948.950 millones.

Pero no son las únicas, en el puesto 21 está la estadounidense ADM Agro que facturo $554.775 millones, en el 33 Syngenta Agro con $341.535 millones y 39 Bunge Argentina con una facturación de $282.500 millones. Vale aclarar que uno de los jugadores clave del sector es la estatal china COFCO pero al no cotizar en Bolsa no tiene obligación de exponer sus balances por eso no participa del ranking de Mercado.

Pero no solo las agroexportadoras están en el rankig de las que más facturan sino también en el de las que más ganan.

En el ranking de las ganancias por ejemplo encontramos que Viterra de perder $594 millones en 2021 pasó a ganar $13.109 (229,8%) en 2022, Profertil pasó de ganar $13.466 millones en 2021 a $59.844 en 2022 (77,2%) y Vicentín que paso de ganar $8.840 millones a $15.920 (80,3%),

Incluso empresas como Molinos Agro o ACA que ganaron menos en 2022 que en 2021 son parte de las 50 empresas que más ganaron en Argentina ese año.

PD: Con la fusión de Bunge y Viterra anunciada este año el nuevo grupo liderará con comodidad los tres segmentos: según los volúmenes del año pasado alcanzarían las 9.802.784 toneladas de cereales; las 960.623 toneladas de soja y girasol en grano; y las 10.111.289 toneladas de derivados oleaginosos.

Pagamos la sequía entre todos.

Pero incluso en 2023 cuando la sequía redujo la producción y por tanto las cantidades exportadas, este sector logró que el estado (cada uno de nosotros y nosotras) compartiese esa perdida.

Gracias a las tres ediciones del Programa de Incremento Exportador (PIE), o dólar soja, que consiguieron amenazando al gobierno con no liquidar dólares, estas empresas recibieron un beneficio adicional de $590.000 millones según un análisis elaborado por Natalia Pérez Barreda del Mirador de Actualidad del Trabajo y la Economía (MATE).

Una transferencia de recursos desde los bolsillos de los argentinos a la caja de estas empresas que para dimensionar el monto de esa ganancia vale citar lo que la autora calcula: “con los ingresos de las tres versiones en función de los salarios de los meses en que se implementaron, se pagan más de cinco años de sueldos de todo el sector agroindustrial sojero”.

También el robo de la evasión.

Habría que sumar que estas empresas le robaron al estado una gran parte de esos dólares a través de la evasión fiscal denunciada esta vez por la Aduana.

La entidad oficial denunció hace unos meses a las siete mayores firmas cerealeras por sobrefacturar importaciones con el fin de fugar divisas ilegalmente.

Las operaciones investigadas involucran el ingreso al país de poroto de soja proveniente de Paraguay, para reexportarlo procesado. A través de la triangulación de la facturación por intermedio de un intermediario, una trader suiza vinculada a las exportadoras argentinas, el insumo llegaba a la Argentina con un 30 por ciento de sobreprecio en relación al valor en puerto de origen.

El objetivo, se presume, era obtener los dólares del Banco Central a precio oficial para pagar la importación, pero con un excedente del 30 por ciento sobre el precio real que se fugaba al exterior.

Las firmas sobre las que se abrió la investigación son Aceitera General Deheza, Bunge Argentina, Cargill SA, Cofco International, LDC Argentina SA (Louis Dreyfus Company), Molinos Agro SA (Molinos Río de la Plata) y Viterra Argentina SA (vinculada a Vicentin).

Caputazo y más ganancias.

Ahora tras los anuncios del ministro de Economía se preparan nuevamente a embolsar fabulosas ganancias, impulsadas por la feroz devaluación y por las perspectivas de un nuevo año record de cosechas.

Si bien en el sector algunas voces se expresaron sorprendidas porque Milei no solo no cumplió su palabra de eliminar las retenciones sino que aumento algunas alícuotas de retenciones (como a la carne, maíz, trigo, tc], y sumara algunas que había eliminado Sergio Massa como las retenciones a las economías regionales, no se escuchan más que felicitaciones al rumbo del recién llegado gobierno.

Y eso tiene que ver con que se calcula que el sector podría liquidar entre diciembre y febrero, antes de la llegada de la cosecha gruesa, uno USD 5.000 millones

Según algunas proyecciones solo el complejo sojero liquidará u$s 18.000 millones frente a los u$s 8.000 de la última campaña 22/23. La Bolsa de Comercio de Rosario junto con la Bolsa de Cereales de Buenos Aires estima una producción que rondaría los 50 millones de toneladas y estiman que para el ciclo 2023/2024 la producción de granos alcanzaría los 136,3 millones de toneladas, 70% más que en la campaña pasada. Eso permitiría realizar el doble de las exportaciones de este año llegando a USD 34.000 millones

Mientras las agroexportadoras se relamen por las ganancias record, que no son otra cosa que una transferencia de los bolsillos de los laburantes y los sectores de ingresos fijos, por redes sociales el gobierno avisa que va a reimplantar el impuesto a las ganancia que dejaron de pagar el mes pasado muchos de los trabajadores que van a producir esas ganancias.

Ganan los que venían ganando y plata hay a montones…. pero se la van a quedar unos pocos mientras los sacrificios lo vamos a hacer los de abajo.

Finalmente parece que “la gente de bien” de la que hablaban en campaña eran los bancos, las petroleras, las energéticas y las cerealeras.

 

(*) Germán Mangione. Periodista. Miembro del Foro por la recuperación del Paraná y Soberanía Popular San Lorenzo.

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🔵 GUSTAVO ZANOTTI en Entrevistas de INFO▶SOBERANA #47

“EVASIÓN CEREAL”

🎙 Ciclo de entrevistas. Con la conducción de Marina Cerquetti.

🗣 Conversamos con Gustavo Zanotti , economista, docente e investigador del CONICET.

➡ Sobre el informe “CRUZAR FRONTERAS PARA COSECHAR GANANCIAS” y la compleja trama que han armado las multinacionales agroexportadoras para poder llevarse sus ganancias sin dejar nada en nuestro país.

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