Por: Carolina Di Fiori (*)
Las escuelas de educación técnico profesional han sido, históricamente, uno de los pilares del desarrollo productivo argentino. No solo forman técnicos y técnicas con saberes específicos, sino que encarnan una idea de país basada en el trabajo, la industria nacional, la soberanía tecnológica y la movilidad social. Sin embargo, en la actualidad atraviesan una situación crítica producto del desfinanciamiento, el abandono y la falta de compromiso tanto del gobierno nacional como de los gobiernos provinciales, en nuestro caso el de Santa Fe.
Desde sus orígenes en las escuelas de artes y oficios del siglo XIX, la educación técnica estuvo ligada a los momentos en que la Argentina apostó al desarrollo industrial. Su mayor expansión se dio a mediados del siglo XX, especialmente durante el primer peronismo, cuando el Estado impulsó un modelo productivo basado en la industria nacional, el trabajo y la integración entre teoría y práctica.
La creación del CONET y la expansión de las escuelas técnicas respondieron a una necesidad concreta: formar trabajadores calificados para sostener un proyecto de país industrializado. En esos períodos, la educación técnica no fue un gasto, sino una inversión estratégica.
Por el contrario, cada vez que el país giró hacia modelos de valorización financiera, apertura indiscriminada de importaciones y subordinación externa, las escuelas técnicas fueron atacadas, vaciadas o relegadas.
La dictadura iniciada en 1976 significó un quiebre profundo: desindustrialización, endeudamiento externo y destrucción del aparato productivo. En ese contexto, las escuelas técnicas perdieron centralidad, presupuesto y sentido social.
Durante la década de 1990, las políticas neoliberales profundizaron este proceso. La privatización de empresas estatales, el cierre de fábricas y la Ley Federal de Educación fragmentaron el sistema educativo. Las escuelas técnicas quedaron bajo responsabilidad provincial sin los recursos necesarios, obligando a docentes y comunidades educativas a sostenerlas con enorme esfuerzo. Los gobiernos provinciales no se hicieron cargo de su financiamiento.
A pesar de ello, las escuelas técnicas resistieron. Resistieron en los talleres deteriorados, en la falta de insumos y en la convicción de que la educación técnica seguía siendo una herramienta de dignidad y futuro.
La sanción de la Ley de Educación Técnico Profesional N° 26.058 en 2005 representó un punto de inflexión. Reconoció a la educación técnica como estratégica, creó el INET y estableció un Fondo Nacional específico para garantizar financiamiento mínimo y obligatorio.
Ese fondo permitió durante años mejorar infraestructura, equipar talleres, actualizar tecnologías y capacitar docentes. No fue un privilegio: fue el reconocimiento del rol clave que cumple la educación técnica en el desarrollo nacional.
Hoy, ese marco legal está siendo deliberadamente desmantelado.
El proyecto de Presupuesto Nacional 2026 propone eliminar el artículo que garantiza el financiamiento obligatorio de la educación técnica. Esto implica la eliminación práctica del Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional y el vaciamiento del INET.
Esta decisión afecta a más de 1,4 millones de estudiantes y a miles de instituciones en todo el país. No se trata de un error administrativo ni de una medida neutra: es una definición política que expresa una vez más el desprecio del gobierno nacional por la educación pública, el trabajo y la producción.
Hablar de “ajuste” mientras se condena a las escuelas técnicas a talleres sin insumos, máquinas obsoletas y docentes sin formación continua es una forma de violencia institucional. Es una falta de respeto hacia estudiantes, docentes y comunidades que sostienen estas escuelas incluso en las peores condiciones.
Si bien el ajuste se define a nivel nacional, el gobierno provincial de Santa Fe no puede ni debe correrse de su responsabilidad como ya ha hecho. La educación técnica tiene una presencia histórica y estratégica en la provincia, ligada a la industria metalmecánica, agroindustrial, energética y tecnológica.
Sin embargo, frente al retiro de fondos nacionales, el gobierno provincial no ha garantizado una política clara y sostenida para compensar el desfinanciamiento. La falta de inversión suficiente en infraestructura, insumos y actualización tecnológica reproduce desigualdades entre escuelas y degrada la calidad de la formación. Ya sabemos que el gobiernos e Santa Fe ataca a la docencia y no invierte en la educación publica, mucho menos en la educación técnica a cargo, históricamente, del gobierno nacional.
Aceptar pasivamente el ajuste nacional o limitarse a administrar la escasez también es una forma de abandono. Gobernar es priorizar, y cuando la educación técnica no es prioridad, el mensaje es claro: el trabajo y la producción no están en el centro del proyecto político.
La provincia de Santa Fe ocupa un lugar central en la estructura productiva del país. Su entramado industrial y agroindustrial, metalúrgico, metalmecánico, automotriz, agroexportador, lácteo, energético y tecnológico, requiere de manera permanente técnicos y técnicas formados en escuelas públicas. Las escuelas técnicas santafesinas no son un complemento del sistema educativo: son una pieza clave del desarrollo provincial.
Históricamente, estas instituciones estuvieron vinculadas al crecimiento de polos industriales en Rosario, el cordón industrial del Gran Rosario, Santa Fe capital, Rafaela, Reconquista, Venado Tuerto y muchas otras localidades del interior. Allí, la escuela técnica fue y sigue siendo una vía concreta de inserción laboral, arraigo territorial y movilidad social.
Sin embargo, esta realidad productiva contrasta con las políticas actuales del gobierno provincial. Frente al retiro del financiamiento nacional, Santa Fe no ha desarrollado una estrategia integral que garantice el sostenimiento y fortalecimiento de sus escuelas técnicas, como así tampoco exigirle al gobierno nacional su financiamiento. La inversión provincial resulta insuficiente para cubrir la falta de insumos, la actualización tecnológica de talleres, el mantenimiento edilicio y la formación continua de docentes.
Esta situación revela una contradicción profunda: una provincia que se presenta como productiva y moderna, pero que no invierte de manera decidida en la formación de los trabajadores que esa producción necesita. Administrar el ajuste nacional sin confrontarlo ni compensarlo implica aceptar un deterioro progresivo de la educación técnica.
La falta de una política provincial fuerte para la educación técnica no solo perjudica a estudiantes y docentes, sino que también debilita el entramado productivo santafesino. Sin técnicos formados en condiciones dignas, las industrias dependen cada vez más de tecnología importada, mano de obra precarizada o capacitación privada inaccesible para amplios sectores.
Defender la educación técnica en Santa Fe es defender la industria provincial, el empleo local y el desarrollo con inclusión. El Estado provincial no puede desentenderse ni esconderse detrás del ajuste nacional: tiene la responsabilidad política de priorizar la educación técnica como política estratégica.
En este contexto, resulta especialmente preocupante el avance de iniciativas impulsadas desde el sector privado, como los programas de capacitación para escuelas secundarias promovidos por la Bolsa de Comercio de Rosario, entre ellos “El Río Educa”. Estas propuestas, presentadas como aportes educativos, dejan en claro un corrimiento del rol del Estado y una concepción según la cual deben ser las instituciones privadas las que definan qué, cómo y para qué se enseña en relación con la producción.
Este desplazamiento no es un detalle menor. Cuando la formación vinculada al mundo productivo queda en manos de actores privados, el conocimiento deja de pensarse como un derecho social y pasa a responder a intereses sectoriales y coyunturales. La información y los contenidos que se transmiten no son neutrales: están atravesados por una mirada sesgada, oportunista y funcional a un modelo económico específico, que prioriza la rentabilidad y la lógica del mercado por sobre el desarrollo integral, la soberanía productiva y el interés colectivo.
La escuela técnica pública no puede reducirse a un espacio de capacitación a demanda de los sectores concentrados de la economía. Su función es mucho más amplia: formar trabajadores críticos, con capacidad de comprender los procesos productivos, cuestionarlos y transformarlos en función de un proyecto de país justo, industrializado y soberano. Delegar esa función en instituciones privadas implica renunciar al sentido emancipador de la educación y profundizar la dependencia económica y cultural.
No hay país industrializado sin técnicos. No hay soberanía tecnológica sin formación técnica pública y de calidad. No hay desarrollo con inclusión si la educación se subordina a la lógica del mercado y del recorte.
Las escuelas técnicas no solo enseñan oficios: enseñan a pensar, a producir, a transformar recursos en valor agregado. Enseñan que el conocimiento aplicado es una herramienta de independencia.
Como advertía Manuel Belgrano, los países que se limitan a exportar materias primas sin transformarlas están condenados a la dependencia. Desfinanciar la educación técnica es profundizar ese destino.
En Santa Fe, como en el resto del país, la situación actual de las escuelas técnicas no es casual ni inevitable. Es el resultado de decisiones políticas que, tanto desde el gobierno nacional como desde el provincial, han optado por el ajuste, el desfinanciamiento y la falta de planificación estratégica.
Defender las escuelas técnicas es defender el trabajo local, la industria provincial y la posibilidad de un desarrollo autónomo. Es exigir que el Estado, en todos sus niveles, respete a estudiantes y docentes, garantice recursos y asuma que la educación técnica no es un gasto, sino una inversión indispensable.
Sin educación técnica no hay industria. Sin industria no hay desarrollo. Y sin desarrollo, Santa Fe y la Argentina pierden futuro.
(*) Docente de la EETP N°697
Agrupación docente La Mariano Moreno
Ex secretaria del nivel técnico de Amsafe Rosario
Luciano Orellano, referente del “Foro por la Recuperación del Paraná” y del “Encuentro Federal por la Soberanía”, argumentó : “la iniciativa que pretende llevar adelante el gobierno nacional constituye una verdadera entrega de soberanía, pretendiendo volver a dejar en manos extranjeras el control, la administración y la gestión de una de las vías fluviales más importantes del mundo, lo que toma mayor relevancia en un contexto mundial en el cual se aceleran los factores de guerra, y el control de los bienes y recursos naturales es objetivo primordial en la disputa para las principales potencias del mundo”. “El río, como la Patria, no se vende. ¡Se defiende! ¡Entregar el Paraná es como entregar Malvinas!”
