En una nota del sitio Infobae hecha a Fernando Morales, un empresario naviero, entre otras cuestiones, alerta sobre la inminente derogación de la ley de Cabotaje Nacional 19.492 (nacida en 1944 como decreto), una verdadera ley soberana.
Cabe señalar que la ley 19.492 solo es posible derogarla mediante otra ley, por la categoría de leyes, por lo tanto no será tan inminente, ya que debe sesionar el Senado para esto y debería hacerse con amplio debate de por medio.
Como lo expresa el empresario, con la derogación de esta ley se procederá a la desregulación del transporte por agua. Poco queda por desregular en ese sentido, porque ya desde hace mucho se viene “desregulando” especialmente desde la década del 90 que el gobierno de Carlos Menem extranjerizo el río Paraná y todo el comercio exterior argentino, con consecuencias devastadoras para el sector mercante y para el país todo. Los gobiernos que lo sucedieron convalidaron esa entrega, ya que poco y nada hicieron para recuperar la soberanía perdida; es más, el gobierno saliente lo convalido con el ladino decreto 949/20.
Poco queda por destruir de la agonizante Marina Mercante argentina ya que con el tratado de navegación con el Paraguay de la dictadura de Ongania, el tema de la bandera de conveniencia, y la entrega de los 90 quedó en total agonía, y con ella los trabajadores marítimos mercantes. La desregulación tan querida por los neo-liberales es en realidad una lisa y llana entrega del país, porque ya que miramos en el tema del libre comercio a Estados Unidos, también debemos tomar ejemplo de su accionar como país en protección de sus intereses. Como dice en la nota de Infobae: “En Estados Unidos no se puede mover un tornillo por agua si no es transportado en buques de bandera, construidos en el país y tripulado por ciudadanos estadounidenses”. Yo agregaría que en Estados Unidos no dragan los chinos ni los belgas, se draga con buques y personal de la misma Armada de Estados Unidos. Creo que en ese sentido deberíamos aprender del país del norte cómo se protegen los intereses nacionales, sólo así llegaremos a ser un país respetable.
Por eso no entiendo de qué estén tan preocupados de que vengan a dragar el río Paraná y de la Plata los chinos y no advertir que por 30 años están dragando los belgas los ríos: Paraná, de la Plata y desde hace algunos años el río Uruguay. Ni belgas ni chinos, ¡ARGENTINOS!
La draga Capitán Núñez fue construida por Astilleros Alianza en Avellaneda, provincia de Buenos Aires.
Tenemos la última flota estatal, la flota de dragas, balizadores, remolcadores, lanchas batimétricas y un sinfín de buques auxiliares de la Dirección Nacional de Vías Navegables, inactiva desde el gobierno de Macri hasta la fecha, por orden misma de los gobiernos que deberían ponerla a producir, para así hacer como Estados Unidos: dragar nosotros nuestros ríos.
Es un grave error que condenará aún más el país no proteger la Marina Mercante nacional, no reactivar los astilleros como Río Santiago y la Dirección Nacional de Vías Navegables, para, así como Estados Unidos, construir nuestros propios buques y dragar nuestros propios ríos. Ya lo hicimos una vez y fuimos grandes; recuperemos lo perdido.
Teniendo un país atravesado de ríos navegables y un Mar Argentino inmenso, con un largo de país de costas marítimas, y una Argentina bicontinental, es estúpido no tener una gran Marina Mercante.
Por otro lado, y para concluir, pregunto: ¿cómo competir con las marinas mercante extranjeras? Ya que, por ejemplo, los buques extranjeros que operan por décadas en Argentina jamás pagaron ningún impuesto en nuestro país, ni tampoco tienen
similares regímenes laborales; por lo tanto así no hay competencia posible. Las consecuencias de esta desregulación total será desocupación, pobreza y una pérdida de soberanía tan grande que pone en riesgo la Nación misma. La soberanía del transporte marítimo y fluvial y del comercio exterior es la madre de las riquezas de un país.
(*) Feliciano Ramos.Capitán Fluvial. 48 años de servicio. Miembro del Foro por la Recuperación del Paraná.
Un primer análisis del paquete de medidas económicas anunciado por el nuevo ministro de Economía Luis Caputo, centrado en una feroz devaluación del peso, muestra a las claras que habrá una inmensa cantidad de perdedores (trabajadores, jubilados, beneficiarios de planes sociales y todos los que cobran sumas fijas) y un pequeño puñado de ganadores (los exportadores).
Sumado a los aumentos de tarifas de energía, transporte el salto de la cotización del dólar oficial a $800 desde los $375 a los que estaba implica una pérdida del 50% en el valor de los ingresos de las grandes mayorías, y en contrapartida que los monopolios exportadores multipliquen automáticamente sus ya fabulosas ganancias.
Y si en Argentina hablamos de exportadores el sector de la agroindustria es uno de los centrales. El complejo agoreportador oleaginoso-cerealero, incluyendo al biodiésel y sus derivados, aportó el año pasado el 48 % del total de las exportaciones de la Argentina, según datos del INDEC.
De ese complejo los principales productos exportados en 2022 fueron harina de soja (14,2% del total), maíz (11%) y el aceite de soja (6,9%).
Un sector concentrado territorialmente en el sur santafesino y dominado por un puñado de empresas de capitales extranjeros que domina el comercio exterior argentina asociada a los grandes terratenientes dueños de la mayor parte de la tierra y la producción en el país.
A partir de las medidas anunciadas el sector recibirá casi $200 por cada dólar exportado.
Esto se debe a que con la nueva reglamentación un 80% de lo exportado cotiza al dólar oficial ($800) y el 20% restante a través del dólar contado con liquidación (CCL), que cuesta un promedio de $1032 pesos. Lo que implica que por cada dólar recibirán 846 pesos contra los $678 que recibirán hasta el lunes. Un aumento de las ganancias de los agroexportadores del 24,7% .
Siempre ganan
Durante todo el año se pudo leer y escuchar como los voceros del sector nucleados en la Bolsa de Comercio de Rosario, la Bolsa de Cereales de Bs As o el Concejo Agroindustrial Argentino reclamaban una recomposición del dólar para “ser más competitivos” y se lamentaban por los efectos negativos de la sequía en la producción y la agro exportación.
Los datos publicados indican que los 11 meses que pasaron de 2023 comparados con el mismo periodo del 2022, el sector cerealero-oleaginoso perdió valores de ventas al exterior por 18.200 millones de dólares, equivalentes a una caída del 50 por ciento, según destacaron las entidades.
Si bien los números son ciertos habría que agregar que una parte de la caída en las cifras exportadas de los últimos meses tiene que ver con la parálisis de las operaciones que impusieron las empresas ante la expectativa por el posible cambio de gobierno y la mejora de la cotización del dólar. Muchos productores y agroexportadoras eligieron esperar para comercializar parte de la producción.
Por otro lado la caída de la actividad fue una situación excepcional en la década, y no modificó en absoluto el lugar de privilegio que ocupa el sector en la economía argentina.
De hecho un año antes las empresas agroexportadoras tuvieron una liquidación récord de divisas de más u$s40.400 millones, superando incluso los record a los que se había llegado en 2011 y superando en un 22% a lo conseguido en 2021.
Según los datos brindados por la última edición del ranking de las empresas que más facturan en Argentina, elaborado por la Revista Mercado varias de las que ocupan el podio provienen del sector agroexportador.
De los 7 primeros puestos 5 son agroexportadoras.
La empresa de origen suizo/ingles Viterra Argentina (ex Glencore, socia de Vicentin en Renova) ocupa el tercer lugar después de YPF y el Banco Nación y duplicó su facturación hasta llegar a los $ 1.056.031 millones, en 4º lugar está la francesa Louis Dreyfus que facturo en 2022 $1.029.200 millones, en 5º lugar la estadounidense Cargill con $ 997.822 millones, la sigue Asoc. de Coop. Argentinas con $958.165 millones, y Aceitera General Deheza en 7º lugar con una facturación de $948.950 millones.
Pero no son las únicas, en el puesto 21 está la estadounidense ADM Agro que facturo $554.775 millones, en el 33 Syngenta Agro con $341.535 millones y 39 Bunge Argentina con una facturación de $282.500 millones. Vale aclarar que uno de los jugadores clave del sector es la estatal china COFCO pero al no cotizar en Bolsa no tiene obligación de exponer sus balances por eso no participa del ranking de Mercado.
Pero no solo las agroexportadoras están en el rankig de las que más facturan sino también en el de las que más ganan.
En el ranking de las ganancias por ejemplo encontramos que Viterra de perder $594 millones en 2021 pasó a ganar $13.109 (229,8%) en 2022, Profertil pasó de ganar $13.466 millones en 2021 a $59.844 en 2022 (77,2%) y Vicentín que paso de ganar $8.840 millones a $15.920 (80,3%),
Incluso empresas como Molinos Agro o ACA que ganaron menos en 2022 que en 2021 son parte de las 50 empresas que más ganaron en Argentina ese año.
PD: Con la fusión de Bunge y Viterra anunciada este año el nuevo grupo liderará con comodidad los tres segmentos: según los volúmenes del año pasado alcanzarían las 9.802.784 toneladas de cereales; las 960.623 toneladas de soja y girasol en grano; y las 10.111.289 toneladas de derivados oleaginosos.
Pagamos la sequía entre todos.
Pero incluso en 2023 cuando la sequía redujo la producción y por tanto las cantidades exportadas, este sector logró que el estado (cada uno de nosotros y nosotras) compartiese esa perdida.
Gracias a las tres ediciones del Programa de Incremento Exportador (PIE), o dólar soja, que consiguieron amenazando al gobierno con no liquidar dólares, estas empresas recibieron un beneficio adicional de $590.000 millones según un análisis elaborado por Natalia Pérez Barreda del Mirador de Actualidad del Trabajo y la Economía (MATE).
Una transferencia de recursos desde los bolsillos de los argentinos a la caja de estas empresas que para dimensionar el monto de esa ganancia vale citar lo que la autora calcula: “con los ingresos de las tres versiones en función de los salarios de los meses en que se implementaron, se pagan más de cinco años de sueldos de todo el sector agroindustrial sojero”.
También el robo de la evasión.
Habría que sumar que estas empresas le robaron al estado una gran parte de esos dólares a través de la evasión fiscal denunciada esta vez por la Aduana.
La entidad oficial denunció hace unos meses a las siete mayores firmas cerealeras por sobrefacturar importaciones con el fin de fugar divisas ilegalmente.
Las operaciones investigadas involucran el ingreso al país de poroto de soja proveniente de Paraguay, para reexportarlo procesado. A través de la triangulación de la facturación por intermedio de un intermediario, una trader suiza vinculada a las exportadoras argentinas, el insumo llegaba a la Argentina con un 30 por ciento de sobreprecio en relación al valor en puerto de origen.
El objetivo, se presume, era obtener los dólares del Banco Central a precio oficial para pagar la importación, pero con un excedente del 30 por ciento sobre el precio real que se fugaba al exterior.
Las firmas sobre las que se abrió la investigación son Aceitera General Deheza, Bunge Argentina, Cargill SA, Cofco International, LDC Argentina SA (Louis Dreyfus Company), Molinos Agro SA (Molinos Río de la Plata) y Viterra Argentina SA (vinculada a Vicentin).
Caputazo y más ganancias.
Ahora tras los anuncios del ministro de Economía se preparan nuevamente a embolsar fabulosas ganancias, impulsadas por la feroz devaluación y por las perspectivas de un nuevo año record de cosechas.
Si bien en el sector algunas voces se expresaron sorprendidas porque Milei no solo no cumplió su palabra de eliminar las retenciones sino que aumento algunas alícuotas de retenciones (como a la carne, maíz, trigo, tc], y sumara algunas que había eliminado Sergio Massa como las retenciones a las economías regionales, no se escuchan más que felicitaciones al rumbo del recién llegado gobierno.
Y eso tiene que ver con que se calcula que el sector podría liquidar entre diciembre y febrero, antes de la llegada de la cosecha gruesa, uno USD 5.000 millones
Según algunas proyecciones solo el complejo sojero liquidará u$s 18.000 millones frente a los u$s 8.000 de la última campaña 22/23. La Bolsa de Comercio de Rosario junto con la Bolsa de Cereales de Buenos Aires estima una producción que rondaría los 50 millones de toneladas y estiman que para el ciclo 2023/2024 la producción de granos alcanzaría los 136,3 millones de toneladas, 70% más que en la campaña pasada. Eso permitiría realizar el doble de las exportaciones de este año llegando a USD 34.000 millones
Mientras las agroexportadoras se relamen por las ganancias record, que no son otra cosa que una transferencia de los bolsillos de los laburantes y los sectores de ingresos fijos, por redes sociales el gobierno avisa que va a reimplantar el impuesto a las ganancia que dejaron de pagar el mes pasado muchos de los trabajadores que van a producir esas ganancias.
Ganan los que venían ganando y plata hay a montones…. pero se la van a quedar unos pocos mientras los sacrificios lo vamos a hacer los de abajo.
Finalmente parece que “la gente de bien” de la que hablaban en campaña eran los bancos, las petroleras, las energéticas y las cerealeras.
(*) Germán Mangione. Periodista. Miembro del Foro por la recuperación del Paraná y Soberanía Popular San Lorenzo.
(Nota gentileza del portal web “Lógica del Pueblo”)
La disputa por la Argentina es voraz. Diferentes sectores imperialistas abren una contienda por las palancas de poder. Luego de las elecciones, esto se expresa en la conformación del gabinete nacional. Hay quienes quieren mostrar un Milei sin músculo controlado por un Macri tras bambalinas, pero la disputa aparenta ser más compleja.
Los primeros días de la semana pasada parecía que La Libertad Avanza conformaba un gabinete con mayoría de funcionarios propios, incluso se había avanzado con nombramientos para el Banco Central y ANSES, y con el área de seguridad delegada al sector de Villaruel; pero a mitad de semana, Macri hizo una rápida jugada con la que aparentemente logró capitalizar lugares claves del ejecutivo nacional.
Los pocos cuadros con los que cuenta Milei llegan de la mano de Eurnekián, presidente de Corporación América que cuenta con Aeropuertos y Terminales de cargas aéreas (Aeropuertos Argentina 2000), Agro y biodiesel (Unitec Bio), Infraestructura (Helport), y Servicios Financieros (Converse Bank). También tiene un nombre ya escrito en el directorio de YPF bajo el pulso de Paolo Rocca -único aportante privado declarado de la campaña-.
No hay nada definido hasta los nombramientos, pero las tensiones entre el macrismo y los libertarios se recrudecen. Después de algunas concesiones, La Libertad Avanza logra contener, al menos por ahora, algunos puestos claves. El Jefe de Gabinete sería Nicolas Posse, quien no cuenta con experiencia en el empleo público. Es el mayor amigo de Milei de la corporación América, en la que Posse fue encargado de la “Unidad Sur de Negocios” de la empresa y del fallido proyecto “Conector Bioceánico Aconcagua”. Dicho proyecto se enmarca en el IIRSA (desarrollado por el Banco Interamericano de Desarrollo -BID-) y proponía reducir costos de fletes que exportan hacia el Océano Pacífico (China- India) mediante un ferrocarril que atraviese la cordillera y embarque en Chile y no en la zona portuaria del Gran Rosario. Posse también tuvo sus pasos en áreas claves de Molinos Río de la Plata.
De la Corporación América también llega Guillermo Francos, ex director de Aeropuertos Argentina 2000. Francos se propone ser Ministro del Interior de un presidente sin gobernadores y que quiere recortar ministerios. Cuenta con un “perfil dialoguista” por sus diferentes acercamientos a la política. Actualmente representa a la Argentina en el BID, donde llegó convocado por Gustavo Béliz. Presidió la fundación Acordar, de la cual Javier Milei fue Jefe Económico, y se fundaron bases para la plataforma de campaña de Scioli en 2015. Fue Diputado Nacional de la mano de Cavallo dentro de la Alianza.
También con ligazones con Eurnekian, llega como Ministro de Infraestructura Guillermo Ferraro. El contador es director de Infraestructura de la consultora KPMG. Dicha consultora de capitales holandeses, se encarga de dar asesoramiento legal, fiscal y financiero a diferentes proyectos públicos y privados. Recientemente fueron allanadas sus oficinas por ser quienes dieron el “visto bueno” para que la empresa Vicentín sea beneficiaria de créditos millonarios por parte del Banco Nación cuando no contaba con tal sustentabilidad; por lo cual se la considera partícipe necesaria de la estafa de Vicentín al Estado.
En diálogo con radio Mitre Ferrero aseguró que contará con dos lineamientos claves: “El primero es que todo lo que puede hacer el privado que lo haga el privado y no lo haga el Estado. El otro vector que se aplica en nuestra área es que, donde hay una demanda, hay una oportunidad de negocios, entonces hay muchos de los proyectos de infraestructura que existe una demanda, si no no tiene sentido llevarlo adelante”. Esta visión menemista del Estado hace recordar a la frase de Roberto Dromi al anunciar el plan de reforma estatal, y es una de las bases de la política de recorte de Milei: el fin de la obra pública y la instalación de un sistema público-privado, donde los privados invertirían y luego cobrarían un canon de uso. Esto va a contramano de las necesidades estratégicas del Estado y de las necesidades sociales; también es desanclado de la realidad argentina, un país de grandes dimensiones territoriales, a diferencia de los países modelo (Chile , Suecia). Los anuncios de Ferraro ya impactaron con telegramas de despidos entre los 200 mil empleados de obra pública en todo el país.
Por último, Guillermo Ferraro ya anunció cambios en un área estratégica de la Argentina: el Río Paraná. El control de la Cuenca del Plata está a cargo de la Administración General de Puertos desde que caducó la concesión de casi treinta años que había privatizado y concesionado facultades a la empresa Hidrovía S.A. (Jan de Nul y Emepa). Que haya regresado a manos del Estado le devolvió el control sobre las cargas que transitan allí y la potestad del cobro de un peaje millonario; algo sumamente estratégico para el control de la producción y el comercio exterior argetino. Si bien el control por parte de la AGP siempre estuvo en tensión por parte de monopolios imperialistas que se añoran su control, la entrega por parte de Ferraro sería total sin siquiera garantizar control de carga por parte del Estado.
Acorde con las políticas privatistas y con el secretario de Energía Eduardo Rodríguez Cirillo, el dueño de Techint y único aportista privado declarado de la campaña de La Libertad Avanza, Paolo Rocca, logró colocar a Horacio Marín como presidente de YPF. Es preciso recordar que el holding Techint es una empresa multinacional ítalo-argentina con sede en Luxemburgo -paraíso fiscal-. Esta tiene como actividad emblema la metalurgia, concentrando más de la mitad de la producción del acero argentino. Dentro del holding, Tecpetrol produce 170 mil barriles diarios de petróleo en América Latina. Es responsable del 13% de la extracción en Vaca Muerta y en Argentina cuenta con participación en las principales transportadoras y distribuidoras de gas natural (Transportadora de Gas del Norte, Litoral Gas, etc.).
De ahí la importancia que el actual director de Exploración y Producción de Tecpetrol -Marín- ingrese en un área clave y estratégica de la Argentina. YPF es una de las principales empresas argentinas, con gran proyección al contar con Vaca Muerta y el flamante gasoducto que promete soberanía energética y exportación del recurso; también cuenta con la Y-tec e YPF Litio con grandes avances en el desarrollo de encadenamientos productivos del litio argentino.
Milei anunció la privatización de YPF, lo que fue advertido como negativo por diferentes sectores. La empresa es estratégica y necesaria para pensar la soberanía argentina. Pero incluso el plan privatizador cosechó rechazos en actores fuertes del sector, como el exministro macrista de energía Aranguren (ex Shell) quien declaró que la empresa debe retomar el rol social y que puede ser eficiente sin la necesidad de vender las acciones que están en manos del Estado.
El macrismo mete la cola
En principio Luis “toto” Caputto se haría cargo -nuevamente- de la cartera económica. Luego de muchas especulaciones, el delfín de Macri, el “Messi de las finanzas” que “renunció” al mundo privado para ser ministro del macrismo y convalidar el pago usurero a los fondos buitres y la deuda a 100 años, vuelve para ser Ministro de Economía. Caputto fue empleado de las principales financieras del mundo -JP Morgan y del Deutsche Bank-. En este momento, se encuentra en viaje a Estados Unidos junto a Javier Milei y Nicolas Posse -futuro jefe de gabinete-.
Este es, probablemente, el ejemplo más claro de que Macri logró “meter la cola” en el gobierno de Milei. Caputto, si bien no se opone a una posible dolarización, instala como principal un ajuste acérrimo y ortodoxo y la toma de deuda pública, al menos para darle tranquilidad a los banqueros. Esto logró reordenar la estructura del próximo gabinete que tenía como eje la dolarización y el fin del Banco Central. Emilio Olmos, el “experto en dolarización de Milei”, no iría al Banco Central, puesto que aún se encuentra acéfalo.
Pero las incursiones del macrismo dentro del ejecutivo también tiene repercusiones en otras áreas. En seguridad arribaría la presidenta del PRO y ex candidata al sillón de Rivadavia Patricia Bullrich. Área donde tiene experiencia de los cuatro años de Macri e intereses económicos. Su marido, Guillermo Yanco, fue quien tejió relaciones con el primer ministro israelí Netanyahu para la compra de todo el armamento que utilizó el macrismo en represión y la inteligencia ilegal. La vicepresidenta Villarruel pareciera ver deslucida su impronta de dirección de las fuerzas armadas y de seguridad.
Otra área de interés del macrismo fue una de las “cajas” más grandes del Estado: el ANSES. Carolina Píparo (de Milei) no sería tenida en cuenta en el área que asumiría Osvaldo Giordano, ministro de Schiaretti, que apoyó la candidatura de Patricia Bullrrich. El economista, exmiembro y habitué de Fundación Mediterranea, fue Subsecretario de Empleo del Ministerio de Economía dirigido por Domingo Cavallo en los ‘90. Histórico funcionario del cordobesismo, fue autor de varias medidas de recortes a los jubilados cordobeses, aunque en sus discursos suele oponerse a los recortes previsionales y prefiere presentarse como “ordenador integral del Estado”. Hace algunos años fundó el Instituto para el Desarrollo Social Argentino, donde genera investigaciones sobre finanzas públicas. Es muy bien ponderado por el círculo rojo cordobés, léase Ratazzi (presidente de Fiat, ex Sevel del grupo Macri, con buena relación con Mauricio). Genera expectativas en Juntos por el Cambio para lograr una reforma previsional integral.
La casta más temida
Como expresamos en una nota anterior de Lógica del Pueblo, con Milei llegaban los sectores más fascistas de la oligarquía argentina. La vicepresidenta Victoria Villarruel encarna eso. Es hija del ex represor Eduardo Villarruel, quien se reivindicó orgulloso de participar de la Operación Independencia contra la “subversión”; lo cual no la acusa de nada, si no fuera porque sus primeros pasos académicos y políticos fueron para reivindicar la dictadura. Algo que demostró públicamente al defender al represor Juan Amelong, condenado cinco veces a cadena perpetua por lesa humanidad, secuestros, torturas, desapariciones y robos de bebés.
Desde muy jóven organizó reuniones con los principales jerarcas de la última dictadura. En un cuaderno que Miguel Etchecolatz (quien desapareció dos veces a Jorge Julio López) tenía en su celda, aparece el nombre de Victoria Villarruel arriba del de la negacionista Cecilia Pando. Villarruel aparece junto a la sigla del Centro de Oficiales de las Fuerzas Armadas, donde solían juntarse las organizaciones que buscaban la impunidad de los represores. Como abogada, fue parte de varias organizaciones pro-impunidad de represores, como Aunar, Memoria Completa, Jóvenes por la Verdad, el Centro de Estudios Jurídicos sobre el Terrorismo y sus Víctimas, etc..
Pero lo que, capaz, es más escalofriante es su vínculo con los servicios de inteligencia. Villarruel es presidenta honoraria de Oíd Mortales. Dicha agrupación se creó a mediados de año, cuando Milei anunció que Villarruel sería quien defina las políticas de seguridad y defensa. Oíd Mortales es sucesora de la Fundación Tridentina por los Valores Clásicos que había formado Gustavo Corbi en 2011. Corbi es un teólogo ultraconservador que estuvo a cargo de la sección Religión de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) durante los primeros meses de la última dictadura.
Se cree que Oíd Mortales tiene el objetivo de diagramar un plan estratégico que llevaría a cabo Villarruel. En sus filas encontramos personas con pronunciamientos prodictatoriales públicos, algunos asesores directos de Villarruel. Entre ellos: el coronel retirado Jorge Vives, un especialista en inteligencia, quien se encargaría de pensar “Seguridad y Defensa”; Marcelo Cinto Courtaux, hijo homónimo del represor que integró la estructura de inteligencia del Ejército durante la dictadura; Ida María Tejeda de Anchézar. reivindicadora de represores, está a cargo del área de “Formación”; Federico Pávito, abogado laboralista que apoya a agrupaciones de abogados defensores de genocidas, aparrece como responsable del área de “Justicia”; Santiago Gándara que fue presidente de la Sociedad Rural de General Pico, anticomunista confeso, estaría a cargo de “agricultura”; y Guillermo Maximiliano Montenegro, asesor de Villarruel en la Cámara de Diputados.
Hasta aquí, y de manera aproximada, vimos algunos de los actores más importantes que resuenan en el armado del gabinete del próximo presidente argentino. Los hechos se suceden de manera vertiginosa en la política argentina y posiblemente parte de esta nota quede en letra muerta. De todas maneras, creemos que en futuros análisis es interesante continuar con el mismo lente, e identificar quienes dirigen sus principales acciones en defensa de nuestra soberanía; y quienes lo hacen en defensa de intereses extranjeros. Como vimos, las palancas del Estado no es una disputa sólo por intereses de actores políticos, sino que hay claros intereses de económicos en disputa.