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DEBATES

Terrorismo de Estado

Los argentinos hemos sufrido en las dictaduras, en especial en la última, las graves consecuencias del terrorismo de Estado. Secuestros, detenciones, torturas y muertes sin ninguna causa jurídica, sin que los 30.000 desaparecidos sean acusados por violar la ley. Pero el terrorismo de Estado no se conformó con desaparecer, torturar y matar, sino que sembró todos los días el terror entre la población. La noche de los bastones largos con Onganía y la noche de los lápices con Videla, entre otros días negros de la historia argentina, son muestras de la intención de sembrar el terror entre la población. No se trata de poner orden, el orden es la ley, se trata de sembrar miedo, terror. A esas dictaduras que implantaron el miedo, el terror entre la población, los argentinos les dijimos en serio y sin ninguna duda ¡¡¡¡NUNCA MÁS!!!!

Nunca más estar por encima de la ley, (sin embargo no acatar la ley es querer estar por encima), nunca más no poder opinar con libertad, nunca más no poder peticionar ante las autoridades, nunca más trabajadores presos por ejercer el derecho de una medida de fuerza, nunca más periodistas amenazados, nunca más vendedores ambulantes golpeados y robados por la policía solo por querer ganarse la vida dignamente.

El orden y la ley se ejercen de manera constitucional y legal y no como el “intendente” ese que dice orden y manda a golpear, robar la mercadería y detener sin intervención de un juzgado, solo un juez puede mandar a detener.

Hoy estamos viviendo algo impensable, nunca nos imaginamos que un gobierno elegido por el pueblo podría sembrar el terror en la población, sin embargo este gobierno lo está haciendo.

Se siembra miedo o terror cuando te despiden de tu trabajo, cuando no encontrás trabajo, cuando tenés que endeudarte cada vez más para poder comer, cuando no llegás a fin de mes, cuando te reprimen por peticionar ante las autoridades.

Se siembra terror cuando se amenaza a los periodistas, cuando un mandatario se burla de los trabajadores que no llegan a fin de mes, cuando cierran más de treinta empresas por día, cuando no sabés cómo sostener tu negocio, cuando el único camino es bajar la persiana, cuando se detiene a sindicalistas por ejercer el derecho a huelga.

Que el índice de suicidios esté por encima de todo, de muertos por accidente de tránsito y homicidios; y cuando la salida es la depresión y la muerte, sin ninguna duda estamos ante la siembra del terror desde el Estado. Aunque la disfracen de plan económico es un plan de terror. El odio, el terror destruye todo, a la economía, a las personas y a un país.

El terror de la dictadura fue desarmado por el amor de madres y abuelas de plaza de mayo.

Ante tanto odio, tanta crueldad, tanto terror, la esperanza es el amor. El amor al pueblo, a devolverle la dignidad que le robaron, los derechos que a fuerza de represión quieren cercenar. El amor es más fuerte, el amor construye y el amor alimenta, da esperanza, si no fíjense los comedores populares que a fuerza de amor dan de comer, no solo dan comida, dan amor y esperanza.

Recurramos al amor, encontremos en nuestros seres queridos el amor, en nuestras raíces el amor; el amor a la patria, a la bandera, ese mismo amor que te da fuerzas para sostener la bandera ante tanta represión desmedida. El amor te da la esperanza y la fuerza para luchar contra el terror, contra las injusticias, y el amor por la patria te da el valor de defenderla contra los enemigos externos e internos, contra los cipayos, crueles, hambreadores y traidores vende patria.

CONOCER para AMAR y AMAR para DEFENDER.

El terror de Estado te da miedo y el miedo paraliza, el amor te moviliza y te da valor.

LA PATRIA NO SE VENDE, SE DEFIENDE.

 

 

26-10-26

Feliciano Ramos

Capitán Fluvial

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Lanzamiento del Encuentro Regional por la Soberanía – zona Norte

El día 26 de Octubre, en San Fernando, en la sede del Centro de Patrones, Oficiales Fluviales, de Pesca y de Cabotaje Marítimo de San Fernando, provincia de Buenos Aires, distintas organizaciones sindicales, sociales, eclesiásticas y políticas realizaron el lanzamiento del Encuentro Regional por la Soberanía en la zona norte del Gran Buenos Aires.

Del encuentro participaron:

  • Mariano Moreno – Centro de Patrones
  • Ingrid Monge– SOMU- CGT
  • Eduardo Cimolai- Universidad Nacional del Delta
  • Gustavo Mastroianni – ATE- CTA San Fernando
  • Liliana Ruiz – Concejala Fuerza Patria Pilar/ CCC
  • Juan Manuel Reboredo – Concejal Fuerza Patria Tigre/ Corriente Nacional Martín Fierro
  • Javier Sosa – Mesa de Adicciones Escobar
  • Matilda Sejenovich- Movimiento Evita/Tigre
  • Pablo Vega – PTP – PCR

El 20 de noviembre se conmemora en nuestro país el Día de la Soberanía Nacional, en recuerdo de la Batalla de la Vuelta de Obligado de 1845. Ese día, los soldados argentinos al mando de Lucio Mansilla resistieron con cadenas atravesadas sobre el Río Paraná la invasión de la flota anglo-francesa, la más poderosa del mundo en ese momento.

Esta iniciativa forma parte del Encuentro Federal por la Soberanía, que se realiza desde 2023 en distintos puntos del país. La actividad contará con la participación de diversos sectores sociales, sindicales, eclesiásticos y políticos de la región, con el objetivo de promover una intensa campaña de unidad nacional en defensa de la causa nacional. Convocará a decenas de participantes y panelistas, que abordarán de manera integral los principales desafíos estructurales de la Argentina.

En un espíritu de unidad, coincidimos en la necesidad de construir desde abajo una propuesta de salida política que enfrente la avaricia del gobierno nacional de Javier Milei, que avanza con la entrega de derechos, de conquistas laborales históricas, de los recursos naturales y con la entrega absoluta de la Patria.

En este contexto, el 21 de Noviembre, la Universidad Nacional del Delta abraza esta actividad y será anfitriona de este evento histórico para la región.

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AGUA SOBERANÍA

Privatización de AySA: ¿intereses británicos y estadounidenses detrás del control del agua?

De la construcción de un sistema público de saneamiento a la privatización del vital elemento, en una disputa estratégica por la soberanía nacional.

Por José Ainsuain (*)

Conocer la historia nos permite comprender el presente, reconocer nuestras raíces y evitar repetir los errores del pasado. En materia hídrica y de saneamiento, la Argentina cuenta con antecedentes fundamentales: desde el conocimiento de las culturas ancestrales y el plan de ampliación de la red de acequias impulsado por el general José de San Martín en Mendoza, para la producción y el bienestar de la población, hasta las tempranas respuestas científicas frente al clima, como el ensayo Las secas y las inundaciones, elaborado por Florentino Ameghino en 1884 para el campo pampeano.

A finales del siglo XIX, la llegada de las primeras plantas potabilizadoras y redes cloacales a la ciudad de Buenos Aires y Rosario (1887) posicionó al país como pionero en América Latina. Ya en el siglo XX, bajo la presidencia de Roque Sáenz Peña, se creó Obras Sanitarias de la Nación (OSN). Dicha empresa no solo garantizó un servicio esencial para la salud y el bienestar social, sino que también impulsó el desarrollo científico y tecnológico local, formando a profesionales que exportaron su conocimiento a diversos países del mundo.

AySA - Planta General San Martín

El primer desmembramiento

El declive planificado de la empresa pública comenzó bajo la dictadura militar iniciada en 1976. En el marco del plan económico de José Alfredo Martínez de Hoz, se dispuso el «primer desmembramiento» de OSN, al descentralizar y delegar la provisión de agua y saneamiento a las provincias, reservando para la Nación únicamente la operación en la Capital Federal y el Gran Buenos Aires.

A partir de ese momento, las políticas de sucesivos gobiernos provinciales y nacionales desfinanciaron y abandonaron progresivamente la infraestructura hídrica.

La privatización de los años noventa

En 1993, bajo el argumento del déficit fiscal y relegando décadas de desarrollo estatal, el gobierno de Carlos Saúl Menem y gobernadores aliados otorgaron la concesión del servicio por 30 años a la firma francesa Suez, bajo el nombre de Aguas Argentinas.

Aquel esquema privado derivó en escasas inversiones, incrementos tarifarios, cortes de suministro por falta de pago y un servicio deficitario. Dichas deficiencias impactaron negativamente en el aparato industrial, propiciaron la contaminación de afluentes y agravaron la proliferación de enfermedades vinculadas a la falta de agua y cloacas en los barrios populares del conurbano bonaerense.

Estatización y creación de AySA

Tras la crisis socioeconómica de 2001, la concesionaria dejó de cumplir con los compromisos mínimos contractuales, iniciando un paulatino vaciamiento del servicio.

En 2006, la gestión nacional encabezada por Néstor Kirchner resolvió rescindir el contrato y reestatizar el servicio a través del Decreto 304/2006, creando Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) para la Capital Federal y 26 municipios del AMBA.

Esta decisión política de concebir al agua como un bien estratégico tuvo réplicas en provincias como Santa Fe. En paralelo, se jerarquizó la labor del Instituto Nacional del Agua (INA) y del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA) para planificar y ejecutar obras estructurales.

Hasta la actualidad, AySA brinda cobertura a más de 14 millones de personas, contando con capacidad operativa de vanguardia (como los talleres Varela) y balances operativos superavitarios.

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La llegada de Milei y la reprivatización

Con la llegada del gobierno de Javier Milei en 2024, se puso en marcha una política de desregulación y privatización de empresas públicas.

Previamente, la incorporación de la empresa estatal israelí Mekorot para el asesoramiento en sistemas hídricos nacionales sirvió de antesala para la disolución del ENOHSA y el repliegue del INA.

Posteriormente, mediante el Decreto 494/2025, se autorizó formalmente la privatización total de AySA. De manera simultánea, los decretos 493/2025 y 805/2025 modificaron el marco regulatorio del sector, eliminando más de un centenar de artículos del régimen anterior para otorgarles a los futuros concesionarios la potestad de interrumpir el servicio por morosidad y definir de forma autónoma los planes de inversión.

El valor geopolítico del agua dulce

La pugna por el control del agua responde a una disputa interimperialista. Tras la segunda mitad del siglo XX, la aceleración industrial incrementó la presión sobre las reservas de agua dulce a nivel internacional.

En 2020, el vital elemento comenzó a cotizar en los mercados de futuros de Wall Street y, para 2024, las Naciones Unidas advirtieron sobre una situación de emergencia hídrica global.

En un contexto en el que cerca del 90 % del agua dulce disponible en el planeta se destina a la producción agroindustrial e industrial, y solo un 10 % al consumo humano directo, la privatización de las empresas operadoras adquiere una dimensión estratégica.

Los capitales detrás de AySA: las pistas británica y estadounidense

La composición del consorcio que presentó la mayor oferta por AySA abre interrogantes sobre el origen y el control efectivo de los capitales involucrados. Particularmente, la estructura societaria de PHX Aqua, sus antecedentes de constitución en Londres y las vinculaciones de sus directivos con importantes grupos financieros y empresariales estadounidenses plantean interrogantes sobre la posible participación de intereses británicos y norteamericanos en el negocio del agua.

Luego de meses de puja, la adjudicación quedó en manos de un grupo de capitales extranjeros y nacionales.

Con el 55 % del paquete accionario figura PHX Aqua, un fondo de inversión que opera bajo una estructura legal en los Países Bajos, pero cuya fundación tuvo su origen en Londres pocas semanas antes de la licitación de AySA.

A su vez, el 100 % del paquete accionario de PHX Aqua pertenece a Phoenix Global, un fondo de inversión radicado en Curazao, cuyo presidente es Paul Parker, abogado especialista en finanzas, con trayectoria en Wall Street, que además preside importantes empresas de capitales estadounidenses, como The Clorox Company.

Rowing S.A., del ingeniero «multifacético» Walter Román, se adjudicó el 20 % de las acciones. Hay que recordar que es un fiel aportante a la campaña electoral de La Libertad Avanza y que su hermano Leonardo, a través de la firma Servimagnus, participa activamente en el negocio de la mal llamada Hidrovía Paraguay-Paraná.

Con el 15 % figura el grupo brasileño Arcos Saneamento e Participações, operador del servicio de agua y cloacas en más de 15 estados de Brasil.

Por último, con un 10 % de las acciones aparece Filiberti, conocido como el «Rey del Cloro», ya que es el proveedor número uno de cloro y policloruro de aluminio a casi todas las empresas de agua de la Nación.

Con esta adjudicación, junto a sus socios Manzano-Vila, controla gran parte de los servicios estratégicos y esenciales, ya que tiene participación en la red de distribución eléctrica Edenor, Metrogas, estaciones de servicio de la empresa Shell e inversiones activas en la extracción de petróleo en Vaca Muerta, entre otras.

Reflexión final

La historia argentina demuestra dos modelos opuestos: por un lado, la gestión estatal concebida para el acceso universal, la salud pública y el desarrollo tecnológico e industrial; por el otro, la administración privada orientada a la rentabilidad financiera del vital elemento y la entrega de soberanía.

Frente a este nuevo escenario, persiste la pregunta central: ¿es el agua dulce un bien común y un derecho humano fundamental, o una mercancía más sujeta a la cotización de los mercados financieros de Wall Street?

💧 La construcción del íconico establecimiento conocido como ...

 

(*) José Ainsuain, investigador y autor del libro “AGUA Patrimonio de la Humanidad o de Wall Street”

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MALVINAS SOBERANÍA

Acerca de la reforma a la Ley de Defensa Nacional. Ley 23.554 – (Parte I)

El jueves 17 de septiembre, mediante mensaje 2757-2026, el gobierno envió un proyecto de ley bajo el título “Ley de Defensa de la Soberanía Nacional”.

El mensaje se eleva catorce días después de haber dictado un decreto de necesidad y urgencia —Decreto 868/2026— referido a la explotación de hidrocarburos, introduciendo modificaciones a la Ley 26.659, conocida como “Ley Solanas”. Esta ley sanciona a las empresas que exploran, explotan, transportan o almacenan hidrocarburos en la plataforma continental argentina sin la debida autorización de la autoridad de aplicación nacional, así como a las personas físicas involucradas.

Los primeros 40 artículos de este proyecto de ley hacen referencia a la explotación de recursos naturales en la plataforma continental argentina. En los siguientes 93 artículos, el proyecto modifica principalmente la Ley de Defensa Nacional N.º 23.554. Asimismo, introduce modificaciones o repeticiones de leyes como la Ley de Seguridad Interior, Código Aeronáutico, Ley de Procedimientos Administrativos, Ley de Espacios Marítimos, Ley de Financiamiento de Partidos Políticos, Código Penal de la Nación, Ley contra el Encubrimiento y Lavado de Activos, entre otras.

Antecedentes

La actual administración ha tenido una política de acercamiento al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y ha realizado actos que deslegitiman el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, mediante diversas acciones, declaraciones y normas. Se destacan:

– La firma del Comunicado Conjunto del 24/09/2024 con la Cancillería del Reino Unido, conocido como “Mondino-Lammy”, anunciado por el gobierno “en el marco de una nueva relación bilateral, caracterizada por el diálogo y la construcción de confianza”, donde Argentina se compromete, entre otras cosas, a garantizar al Reino Unido las comunicaciones y a “eliminar” todo obstáculo para el desarrollo del gobierno colonial en las islas y de sus habitantes.

– La suspensión de la aplicación de la Ley 27.671 de capacitación obligatoria y permanente de empleados públicos nacionales sobre la cuestión Malvinas.

– La suspensión del funcionamiento del “Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los Espacios Marítimos Correspondientes”, previsto en la Ley 27.558/2020, consejo que debe ser presidido por el presidente de la Nación.

– La imposibilidad de aplicación de la Ley 26.659, conocida como “Ley Solanas”: el actual gobierno eliminó la Secretaría encargada de iniciar y perseguir a los infractores, sin efectuar el debido nombramiento de un nuevo órgano de aplicación, imposibilitando cualquier tipo de investigación y procesamiento.

– La escasa o nula protesta internacional ante la pesca ilegal en Malvinas o ante el otorgamiento de licencias pesqueras por parte del gobierno colonial.

– La falta o deficiente denuncia de operaciones militares en las Islas Malvinas, como la entrada de tropas extranjeras o salida de nacionales sin autorización del Congreso de la Nación.

– El reconocimiento del derecho de autodeterminación a los habitantes de Malvinas mediante discurso oficial del 02/04/2025, modificando unilateralmente la posición argentina y contrariando la Resolución 2065 (XX) de la Asamblea General de Naciones Unidas.

– La falta de transparencia en los actos de gobierno relacionados con el destino de las reservas en oro de la Nación Argentina.

– La suscripción de la carta de intención al “Programa de Protección de Bienes Comunes Globales” con EE. UU., que faculta al gobierno extranjero para la vigilancia y monitoreo del mar argentino. Este acuerdo cede jurisdicción en la Zona Económica Exclusiva argentina y fue anunciado en nuestro país por EE. UU.

– El otorgamiento de concesiones para la explotación de hidrocarburos en Argentina, junto con concesiones de beneficios fiscales e impositivos a empresas sancionadas con anterioridad por el Estado argentino por violación de la “Ley Solanas”.

Sobre las modificaciones a la “Ley Solanas” y al Decreto 868/2026

Aunque el texto conserva cierta similitud regulatoria, la norma no delimita la sanción solo a la actividad hidrocarburífera, sino que regula bienes naturales renovables y no renovables, derogando el DNU 868/2026. El marco regulatorio se amplía, principalmente respecto a prácticas públicas existentes como la pesca.

Se aumentan las penas de multa, inhabilitación y prisión. Se crea una instancia administrativa previa a la aplicación de la sanción denominada cese (art. 12).

El art. 27 declara la extensión de responsabilidad en caso de fusión o transformación de la infractora sancionada.

El perdón al infractor

El régimen establece un instituto no contemplado en la Ley 26.659: el desistimiento. En la teoría general del derecho penal, se contempla la posibilidad de interrupción del hecho delictivo, ya sea por acción ajena al ejecutor o por voluntad del propio agente. Esta última situación se entiende como desistimiento.

En este caso, el desistimiento debe operar conjuntamente con la regularización.

El artículo 30 incorpora un instituto nuevo y dice:

“Los sujetos que desarrollen o hubieran desarrollado actividades alcanzadas por las prohibiciones en la presente ley podrán requerir, en cualquier momento del procedimiento sancionatorio o incluso después de aplicada la sanción, su incorporación al Régimen de Desistimiento y Regularización”.

Primero, se aclara que no estamos frente a un desistimiento propiamente dicho, ya que este debe ser voluntario. En este caso, la interrupción del hecho infractor se produce por acción de un tercero, es decir, por el inicio del procedimiento sancionatorio o la aplicación de la sanción. Esta interrupción no merece un beneficio, en términos generales, porque no proviene de la voluntad del propio agente infractor. Esta especie de perdón podría asimilarse a una suspensión del juicio a prueba.

Para ingresar al régimen se requieren cinco requisitos, no tres como menciona la norma propuesta:

  • Haber iniciado un proceso sancionatorio o ya haber recibido la sanción.
  • Demostrar el cese de las actividades infractoras.
  • Comprometerse a no reiterar la conducta prohibida.
  • Pagar una multa tarifada.
  • Presentar un compromiso de reconversión de inversiones a desarrollarse en el territorio nacional.

En la situación actual, ninguna empresa ha sido sancionada debido a la inexistencia del órgano de aplicación, como se explicó anteriormente. Por lo tanto, este régimen solo beneficiaría a empresas sancionadas previamente, que podrían solicitar el levantamiento de sanciones ya aplicadas bajo la aplicación de la ley penal más benigna y acogerse a este régimen. Asimismo, quienes en los últimos años han infringido la ley sin ser procesados, debido a la eliminación de la Secretaría encargada, podrían quedar impunes gracias a esta posibilidad.

El régimen exige la reconversión y la inversión en el territorio nacional. Así, los infractores, pagando la multa del artículo 33 y comprometiéndose a no reiterar la conducta, no solo evaden la pena privativa de la libertad —un beneficio destacable, sobre todo cuando este proyecto agrava significativamente las penas, con mínimas de 12 años y máximas de 20—, sino que también aseguran la integridad y continuidad de sus inversiones en el país, por mandato legal.

El proyecto continúa con la regulación del Registro de Infractores —artículo 8— y agrega la eliminación provisoria del registro prevista en el artículo 32, inciso 6), para los beneficiarios del régimen anterior. Esto genera inseguridad para terceros que contraten con dichas empresas, ya que podrían ser pasibles de sanciones posteriores sin posibilidad de haber conocido la prohibición para contratar.

La técnica legislativa empleada y la repetitiva verborragia regulatoria podrían derivar en posibles dobles imposiciones (artículo 23) y, en algunos casos, en la desprotección de terceros, inseguridad jurídica y comercial, y el resquebrajamiento de la buena fe contractual (artículos 15 y 16).

Sobre el juicio en ausencia

En nuestro país, los juicios en ausencia son conocidos como juicios en rebeldía o contumacia, y son habituales en el fuero civil. Sin embargo, los juicios penales en rebeldía no estuvieron permitidos sino a partir del año pasado, con la sanción de la Ley 27.784. En línea con lo acordado por el presidente de la Nación en los “Acuerdos de Isaac”, Argentina se comprometió a implementar procesamientos sin la presencia del imputado.

Nuestro sistema legal sostiene que la presencia del imputado es necesaria para salvaguardar las garantías del debido proceso, la defensa material, el control de la prueba y, por supuesto, el principio de inocencia.

El derecho comparado muestra diversas modalidades para no menoscabar los derechos del imputado. Algunos países permiten el juicio en contumacia solo para hechos que conllevan penas leves o sin penas privativas de la libertad, como Alemania, Austria y Bélgica. Otros países, como Italia, aplican esta figura de modo más amplio, lo que le ha ocasionado sanciones o restricciones a su aplicación por tribunales internacionales. Algunos países, como Estados Unidos, lo prohíben o permiten su aplicación restrictiva, generalmente cuando el imputado renuncia voluntariamente o realiza actos disruptivos. En todos los sistemas, existe la posibilidad de recurrir ampliamente ante una sentencia condenatoria si el imputado se presenta posteriormente.

La aprobación de este instituto en Argentina sorprende no solo por nuestra tradición jurídica de suspender procesos en caso de ausencia, sino también porque ha llevado a la negativa de extradición para condenados en sentencias dictadas en el extranjero sin la presencia del imputado y sin amplias posibilidades de apelación. Aún más preocupante, lejos de permitirlo para delitos con sanciones leves, como algunos países europeos, se estableció para delitos graves como terrorismo o delitos de lesa humanidad.

Durante el primer año de vigencia de este régimen en Argentina, no se ha dictado ninguna sentencia en estos términos.

Comentario acerca del endurecimiento de las penas de la Ley Solanas

El Estado nacional cuenta con esta herramienta jurídica desde 2011, modificada en 2013 para agravar y ampliar las sanciones, que incluyen multas, inhabilitaciones y penas privativas de libertad. La autoridad de aplicación es la Secretaría de Energía, dependiente del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, o el organismo que designe el Poder Ejecutivo Nacional (artículo 6).

El Poder Ejecutivo eliminó este Ministerio sin nombrar otra autoridad de aplicación, lo que imposibilitó la aplicación de la ley. Durante toda su administración no se inició ningún procedimiento. Fue recién el 3 de septiembre de 2026 cuando se designó a la Cancillería como órgano responsable mediante el Decreto 868/2026.

Las normas jurídicas tienen diferentes despliegues. En el caso de los regímenes sancionatorios, es importante su poder disuasivo. Esto se debe a que, cuando la ley penal se aplica, el hecho disvalioso ya se consumó, el daño social ya se ejecutó. La falta de inicio de procedimientos conforme a la “Ley Solanas” durante el último período debilitó su sistema punitivo y permitió el avance de proyectos de explotación de hidrocarburos en la cuenca malvinera de significancia.

El endurecimiento de las penas, por sí solo, no tiene ningún efecto sobre el valor intrínseco de la norma en su faz disuasiva para desalentar la conducta prohibida. La falta de aplicación y la no designación de la autoridad de aplicación extinguieron la posibilidad de su implementación; por lo tanto, desnaturalizaron también su faz ejecutiva.

Aunque la ley ya establecía penas más severas hace más de una década, la falta de designación de la autoridad competente dejó la norma sin aplicación efectiva.

Sumado a esto, un instituto que favorece a infractores —incluso ya sancionados— como el régimen de “desistimiento y regularización” vuelve ineficaz cualquier endurecimiento punitivo, ya que los infractores podrían acogerse a este régimen para reconvertir sus inversiones y seguir operando.

La aplicación del derecho punitivo es una potestad que tienen los Estados soberanos; por lo tanto, la persecución de los delitos y la imposición de la pena son reflejo del imperium que ejerce cada Estado en su territorio. La aplicación de la “Ley Solanas” por esta administración es igual a cero. Sin embargo, con este proyecto de reforma podría beneficiar a los que fueron sancionados con anterioridad y a quienes actualmente se encuentran explorando hidrocarburos en las Islas Malvinas.

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FERROCARRILES SOBERANÍA

Gabriel Carpano: «Hablar de ferrocarriles es hablar de soberanía y de un proyecto de país»

El integrante de la Red Nacional por la Recuperación y el Desarrollo de los Ferrocarriles analiza el presente del sistema ferroviario argentino, cuestiona el avance de las privatizaciones y plantea la necesidad de recuperar una red integrada de cargas y pasajeros. La reconstrucción de la industria ferroviaria nacional, el empleo y la conexión de las economías regionales aparecen como piezas de una misma discusión: qué sistema de transporte necesita la Argentina y al servicio de qué modelo productivo.

En un país con la extensión territorial de la Argentina, el ferrocarril puede ser mucho más que un medio para trasladar pasajeros o mercancías. Su trazado determina qué regiones se conectan, cómo circula la producción, qué localidades permanecen integradas y de qué manera se vinculan las economías regionales con los grandes centros urbanos y los puertos.

En una nueva entrega de Voces por la Soberanía, Severo Van Kruijssen entrevistó a Gabriel Carpano, miembro de la Red Nacional por la Recuperación y el Desarrollo de los Ferrocarriles, para analizar el presente del sistema ferroviario argentino y los desafíos que enfrenta su recuperación. Una conversación que invita a pensar el ferrocarril como parte de una discusión más amplia sobre modelo productivo, integración territorial y soberanía.

Una función social y otra estratégica

Para Carpano, el ferrocarril cumple dos funciones inseparables. Una de ellas es social: garantizar que los habitantes de distintas regiones puedan trasladarse y que incluso las localidades más alejadas permanezcan conectadas. La otra es estratégica y está directamente relacionada con la ocupación y articulación del territorio.

“Nosotros siempre decimos que el transporte ferroviario cumple una doble función. La primera, una función social, que es asegurar la posibilidad de conexión de las distintas zonas y de los pueblos más remotos, que tienen el derecho a estar conectados, a poder viajar y transportarse. Y la segunda, una función estratégica: el ferrocarril ha cumplido históricamente y puede cumplir un rol de enhebrar nuestra soberanía.”

Desde esa perspectiva, sostiene que la discusión no puede reducirse exclusivamente a la rentabilidad de un servicio. El transporte de pasajeros constituye un derecho y, al mismo tiempo, la red ferroviaria permite conectar regiones productivas y articular territorialmente un país de enorme extensión, que depende de este tipo de infraestructuras para garantizar su integración y cohesión territorial.

De los 48.000 kilómetros de vías al desmembramiento del sistema

Carpano sitúa buena parte de los problemas actuales en un proceso histórico de deterioro que tuvo uno de sus momentos decisivos con las privatizaciones de la década de 1990. Según señala, la Argentina llegó a contar con aproximadamente 48.000 kilómetros de vías operativas, además de una importante estructura industrial vinculada al sector.

“Llegamos a tener la red más importante de América Latina. Tuvimos 48.000 kilómetros de vías operativas y una industria nacional ferroviaria pujante, creativa, con más de 37 talleres, con desarrollo independiente y avanzado.”

El punto central, para Carpano, no fue solamente la reducción de la red, sino el desmembramiento de un sistema que hasta entonces funcionaba de manera integrada. La separación entre cargas y pasajeros y la división de las líneas modificaron profundamente la lógica ferroviaria.

“Antes había una sola gran empresa, Ferrocarriles Argentinos, y eso se desmembró”, explica. Según su análisis, una de las consecuencias fue la progresiva desaparición de los servicios de pasajeros en amplias zonas del interior.

“En general se perdió el transporte de pasajeros para el conjunto de las provincias y del interior de nuestro país, con 900 pueblos que quedaron sin conexión y, por lo tanto, aislados y en declive.”

Carpano también vincula aquel modelo de concesiones con el deterioro del servicio y recuerda la tragedia ferroviaria de Once de 2012, en la que murieron 52 personas, como expresión extrema de los problemas acumulados en el sistema.

Belgrano Cargas: una discusión estratégica

Uno de los puntos centrales de la entrevista es el futuro de Belgrano Cargas y Logística, que reúne las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza.

Carpano recuerda que esas líneas regresaron a la órbita estatal durante la década pasada y que posteriormente se realizaron inversiones en vías, locomotoras, infraestructura y material rodante. Para el dirigente ferroviario, una nueva privatización significaría poner nuevamente esa infraestructura en manos de grandes operadores privados.

“En estos años el Estado invirtió miles de millones en mejorar la extensión de vías. Hubo compras de locomotoras, renovación de vías, infraestructura y material rodante. Se puede seguir discutiendo con qué modelo y si de verdad llega a los pequeños y medianos productores. Es un principio, no el fin. Pero eso es lo que viene a cortar este proyecto de privatización.”

La dimensión territorial explica buena parte de la importancia que Carpano le atribuye al sistema: durante la entrevista señala que la red de Belgrano Cargas comprende alrededor de 7.600 kilómetros de vías, atraviesa numerosas provincias y vincula regiones productivas con puertos estratégicos, entre ellos los del complejo del Paraná.

Por eso entiende que la discusión excede quién administra los trenes. Lo que está en juego es también quién controla una parte decisiva de la logística que permite transportar la producción hasta los puertos de exportación.

Carpano advierte que esta situación tiene antecedentes directos en las privatizaciones de los años noventa, cuando las principales líneas ferroviarias de carga quedaron bajo el control de grandes grupos económicos vinculados a la producción y la exportación. El Nuevo Central Argentino fue concesionado a un grupo encabezado por Aceitera General Deheza; Ferroexpreso Pampeano, a un consorcio vinculado a Techint; y Ferrosur Roca, a Loma Negra, posteriormente controlada por Camargo Corrêa y más recientemente vinculada a Marcelo Mindlin.

Según señala Carpano, el actual proceso de privatización del Belgrano Cargas podría profundizar esa concentración. Entre los grupos interesados menciona a Grupo México (con el aval de Trump) y a un conglomerado de grandes agroexportadoras, entre ellas Cargill, AGD, Bunge, Viterra y Dreyfus. En consonancia con la subordinación del gobierno de Milei a los intereses norteamericanos, Carpano señala que la licitación incluye una denominada «cláusula antichina», que impediría participar a empresas asociadas al Estado de ese país.

¿Puede Argentina volver a fabricar sus trenes?

La recuperación ferroviaria, sostiene Carpano, tampoco puede limitarse a rehabilitar vías o incrementar frecuencias. Debe incluir la reconstrucción de una industria ferroviaria nacional.

Argentina contó históricamente con talleres y establecimientos capaces de fabricar, reparar y mantener material rodante. Gran parte de esa estructura desapareció o perdió capacidad productiva durante las últimas décadas.

Carpano reconoce que después de la tragedia de Once hubo una recuperación de servicios y material ferroviario, pero cuestiona que ese proceso se apoyara fundamentalmente en la adquisición de equipamiento importado y no estuviera acompañado por una reconstrucción equivalente de la capacidad industrial local.

“La posibilidad que tenemos es enorme, porque siguen existiendo trabajadores ferroviarios y muchos técnicos e ingenieros que aman el ferrocarril y que hacen, al día de hoy, que los trenes puedan funcionar. Esa capacidad existe en quienes hoy están trabajando en el ferrocarril.”

Para Carpano, reabrir talleres y recuperar la formación técnica permitiría no sólo reconstruir capacidades estratégicas sino también generar miles de puestos de trabajo y movilizar una extensa red de pequeñas y medianas empresas proveedoras.

Integrar cargas y pasajeros

¿Cómo debería comenzar entonces un proyecto ferroviario diferente?

Carpano plantea como primer paso recuperar una concepción integral del sistema y volver a vincular el transporte de cargas con el de pasajeros dentro de una misma estrategia.

“Hay que volver a armar un único sistema ferroviario integrado: la carga y el pasajero en una única empresa. El transporte de carga genera una ganancia muy grande, que es la que puede subvencionar el transporte de pasajeros para que sea barato y eficiente.”

En este punto introduce otro concepto: el ferrocarril de pasajeros no debería analizarse únicamente mediante una contabilidad empresarial convencional.

Su impacto económico también debería medirse considerando otros factores: cuánto gasto en infraestructura vial puede evitarse, cuántos accidentes de tránsito pueden reducirse y cuál es el beneficio ambiental de trasladar una mayor proporción de pasajeros y cargas por ferrocarril.

Desde esa perspectiva, la rentabilidad social del sistema adquiere un significado diferente.

Otro trazo ferroviario para otro modelo productivo

Pero recuperar lo perdido tampoco sería suficiente.

Carpano propone discutir qué red ferroviaria necesita actualmente la Argentina. Eso supone revisar un trazado históricamente organizado para transportar materias primas desde las regiones productivas hacia los grandes puertos.

“Todo proyecto de ferrocarril tiene que ver con el modelo de país. También hay que romper con el esquema que nos dejaron los ingleses, con los trenes llegando al puerto de Buenos Aires, con ese entramado en forma de tela de araña. Tiene que haber un trazado distinto, transversal, que conecte las economías regionales y a los pequeños y medianos productores.”

La propuesta implica pensar conexiones transversales entre provincias y regiones productivas, además de los tradicionales corredores orientados hacia los puertos.

De esa manera, el ferrocarril aparece no solamente como una infraestructura que debe recuperarse, sino como una herramienta para modificar la organización económica y territorial del país.

La discusión que propone Carpano atraviesa así varios planos simultáneamente: quién controla las vías, quién transporta las cargas, dónde se fabrica el material rodante, qué localidades quedan conectadas y hacia dónde se orienta la producción argentina.

La reconstrucción del sistema ferroviario requiere de una política sostenida en el tiempo. En ese sentido, la discusión sobre cómo financiar su recuperación también remite a las prioridades económicas del país y al destino de sus recursos:

“Para recuperar los ferrocarriles se necesitan inversiones muy importantes. Como en otros temas, no se puede pensar en recuperar soberanía si no discutimos al mismo tiempo la necesidad de frenar la sangría de recursos que hoy se lleva el FMI con una deuda fraudulenta, que nos asfixia y condiciona todo desarrollo independiente.”

Por eso, para el integrante de la Red Nacional por la Recuperación y el Desarrollo de los Ferrocarriles, recuperar el sistema ferroviario supone algo más profundo que volver a poner trenes sobre las vías: significa volver a discutir qué infraestructura necesita la Argentina para sostener un proyecto de desarrollo con integración territorial, industria nacional, trabajo y soberanía.

▶️ Mirá la entrevista completa, compartila y ayudanos a difundir. Conocer y defender nuestros ferrocarriles es también defender nuestra soberanía.

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SOBERANÍA TIERRA

15 de octubre: Rosario se organiza contra la extranjerización de tierras y en defensa de la soberanía

Referentes de organizaciones sociales, políticas, sindicales, estudiantiles y de distintos sectores se reunieron en Rosario para impulsar una movilización multisectorial que tendrá como eje la defensa de la tierra y la soberanía nacional. La jornada confluirá con el reclamo universitario en defensa de la educación pública y, en Rosario, culminará en el Monumento Nacional a la Bandera.

Organizaciones sociales, políticas, sindicales, estudiantiles y referentes de distintos sectores se reunieron en Rosario para avanzar en la construcción de una gran movilización multisectorial el próximo 15 de octubre, en el marco de una jornada de alcance nacional.

En el centro de la convocatoria estará la defensa de la tierra y la soberanía nacional, frente al avance de la extranjerización y la posibilidad de que grandes extensiones del territorio argentino queden en manos extranjeras, luego del fallo de la Corte Suprema que abre paso a la extranjerización de tierras sin límites.

La jornada tendrá además una importante confluencia con el reclamo universitario, que desde hace tiempo viene exigiendo el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y movilizándose en defensa de la universidad pública. De esta manera, el 15 de octubre reunirá en las calles la defensa de la soberanía nacional y de la educación pública.

Durante el encuentro se planteó que el avance de la extranjerización de tierras adquiere aún mayor gravedad en el marco de lo que los participantes caracterizaron como una ofensiva del imperialismo yanqui sobre América Latina y sus recursos estratégicos, y advirtieron sobre las consecuencias que puede tener para la soberanía y la integridad territorial del país.

De la reunión participaron Luciano Orellano, del Foro por la Recuperación del Paraná y Encuentro Federal por la Soberanía; Germán Martínez, diputado nacional; Claudio Petrussi, veterano de Malvinas; Pedro Peretti, chacarero y escritor; Walter Palombi, del Sindicato de Correos; Pablo Paillole, de Chacareros Federados; Silvio Acosta, de la UOM Villa Constitución; Sebastián Martínez Ledesma, de la Multisectorial Humedales y el Foro por la Recuperación del Paraná; Guillermo Grigioni, director de la Escuela de Medicina de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario; Javier Nuñez, asesor de Islas de Victoria, Entre Ríos; Mercedes Meier, de Fuerza Común/FAS; Juan Carlos Singereisky, concejal de Pueblo Esther; Silvio Aguirre, de la Escuelita de la Patria; Pablo Cubino, estudiante universitario – ALDE y el periodista Carlos Vacarezza.

También estuvieron presentes referentes de organizaciones estudiantiles, gremiales, políticas y sociales, entre ellas ALDE (Secretaria General de la FUR), MACACHAS, MUS, CUBA MTR, PCR, JCR y PC, entre otras.

El 15 de octubre coincidirá además con una jornada de fuerte debate en el Congreso Nacional, donde estarán presentes reclamos vinculados a la defensa de las personas con discapacidad y a la situación de endeudamiento que atraviesa a miles de familias argentinas, junto a otras iniciativas que serán abordadas en la Cámara de Diputados.

Frente al crecimiento de la pobreza, la desocupación y el endeudamiento, y ante políticas que los participantes de la reunión caracterizaron como una profundización de la dependencia y la entrega nacional, se coincidió en la necesidad de construir una respuesta amplia, federal y multisectorial.

El compromiso asumido por los distintos sectores fue aportar a la construcción de una gran jornada nacional de movilización el 15 de octubre, que tendrá expresiones en distintos puntos del país y que en Rosario culminará en el Monumento Nacional a la Bandera.

Defender la tierra es defender la soberanía será uno de los ejes que atravesará la convocatoria.



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DEBATES

Agrotóxicos: matar al mensajero

Se llama Virginia Aparicio, es científica e investigadora del INTA de Balcarce, provincia de Buenos Aires. Trabaja en una investigación donde se comprobó la presencia de un combo de glifosato y otros pesticidas en la población de Argentina. En el estudio científico en cuestión, se detectó que el 86 % de las personas analizadas contenían en sus cuerpos un combo de agrotóxicos, entre ellos glifosato.

La científica encontró más de 200 agrotóxicos en muestras de suelo, agua y sedimento, pero también en la sangre, heces y orina de animales y humanos. El INTA le frenó la investigación para que no muestre cómo nos están envenenando.

La científica dice:

“Nosotros hicimos un aporte científico fundamental para el desarrollo de la investigación en ciencias médicas toxicológicas, que tienen que ver con la exposición de los individuos a mezclas de productos en forma crónica. Esa es la veta de investigación que se está demandando a nivel mundial porque hay una asociación entre algunas enfermedades, como el cáncer, el Alzheimer y el Parkinson, con la exposición a plaguicidas, pero en concentraciones bajas y en tiempo prolongado durante tu vida.

Entonces, la idea era ver cuáles de los 206 plaguicidas que se pudieron medir estaban distribuidos en las matrices y en qué combinación. En Argentina no hubo muestras que no tuvieran mezclas de plaguicidas.

Y los voluntarios que participaron de la propuesta eran 73 personas que se dividieron en tercios. Un tercio eran productores agropecuarios que usaban plaguicidas, como es nuestro sistema de manejo, y productores agroecológicos, pero también vecinos de productores que estarían, para nuestra forma de verlo, representando a los poblados y consumidores de alimentos que vivían en ciudades como Tres Arroyos, Balcarce, Necochea, Tandil, Mar del Plata, que no tienen contacto con el sector productivo, salvo el alimento que consumen, el aire que respiran y el agua que beben.

El tema de los plaguicidas en Argentina es un tema muy tenso de tratar y, sobre todo, desde el INTA, porque tenemos como muy metido en la cabeza, en el mundo agrario, que no se puede producir si no es con el agregado de plaguicidas que maten especies que compiten o dañan nuestro cultivo. Es un tema muy tenso.

Ya antes, cuando coordiné proyectos en INTA, proyectos nacionales, tuve censuras de libros, suspensión de reuniones, pero nunca había llegado al punto de hacerme un sumario.

Somos muchos empleados del Estado en el INTA y en otras instituciones que tenemos un profundo amor por ser servidores públicos. Entonces hacemos un trabajo importante, interesante y que no lo puede hacer ninguna otra institución privada, porque esto se trata de la salud pública y ninguna empresa va a pagar para trabajar y monitorear y diagnosticar cuánto plaguicida hay en el ambiente si es la empresa que los produce.

Entonces, la defensa de nuestro pueblo está en manos de nuestros servidores públicos y yo me siento un servidor público”.

La superioridad del INTA, funcionarios que responden al Gobierno, la quiere castigar duramente por hacer bien su trabajo. La quieren castigar expulsándola del instituto (INTA), exonerándola e inhabilitándola para que no pueda seguir trabajando como científica.

Que esta brutal y cruel censura no quede impune; quieren tapar el daño que generan los agrotóxicos en animales y personas.

Un combo de 206 agrotóxicos en animales y personas que vivimos en Argentina, pero también presencia de agrotóxicos en frutas y verduras y, además, en carne vacuna y otras carnes: alimentos que consumimos los argentinos, pero que también se exportan al mundo.

Estamos exportando al mundo carnes y productos agrícolas plagados de agrotóxicos.

En esta avaricia de los megamillonarios por ganar más y más, sin detenerse y sin responsabilizarse por las consecuencias, no solamente están enfermando a la población argentina, sino también al mundo que compra nuestros alimentos plagados de plaguicidas.

El alimento que te enferma

La mundialmente famosa carne argentina incluye un combo de agrotóxicos que comen y beben durante toda su vida los vacunos.

La soja, con la que en China alimentan a los cerdos, contiene un combo de agrotóxicos, y se sabe que estos los incorporan al alimentarse. Así también pasa con las demás exportaciones de alimentos.

Nada ni nadie se salva; al respirar, al consumir vegetales, frutas y carnes, incorporás un combo de más de 200 agrotóxicos en tu cuerpo.

El agua que te enferma

Al abrir la canilla de tu hogar para llenar la pava y cebarte unos matecitos, estás consumiendo un combo de agrotóxicos. Al llenar la olla para cocinar, al bañarte, al limpiar tu casa, al lavar los utensilios de cocina o tu ropa, todo lo hacés con agua potable que contiene un combo de más de 200 agrotóxicos.

¿Cómo permanecer indiferentes ante esta cruel realidad que nos quieren ocultar?

Los agrotóxicos no son los únicos contaminantes a los que estamos expuestos en Argentina.

Un análisis preliminar de muestras de granizo recogidas en la localidad de Funes, provincia de Santa Fe, detectó micropásticos, distintos elementos químicos y metales. Las muestras fueron analizadas por tres laboratorios independientes, dos en Rosario y uno en Córdoba. Entre los elementos encontrados aparecen aluminio, arsénico, cromo, plata y zinc, aunque los resultados todavía no permiten establecer su origen ni su concentración.

También se planteó una posible vinculación con técnicas de siembra de nubes, pero la presencia de estas partículas no demuestra que hayan sido introducidas artificialmente. Para avanzar se necesitan nuevas muestras, controles y monitoreo del aire y de las precipitaciones.

Ni la lluvia se salva del manipuleo económico.

¿Estamos tan mal que no reaccionamos ante una actividad económica que hace megamillonarios a pocos, pero que enferma a la totalidad de la población?

Los responsables de esta actividad económica de un país agroganadero y glifosato-dependiente no viven en el país, sino en Europa, pero los que vivimos y enfermamos en el país somos millones. Jueces, fiscales y presidiarios; empresarios y trabajadores; los dueños de la mansión y la servidumbre; los gobernantes y el pueblo: todos tenemos y convivimos con el combo de más de 200 agrotóxicos en el cuerpo, y todos enfermamos y morimos. Nadie se salva, y menos solo.

Hay que cambiar esta matriz productiva contaminante. Hay una pandemia nacional donde no existe una vacuna, sino un cambio de paradigma. ¡Hay que hacer algo y ya!

Los funcionarios de este cruel Gobierno ya hicieron algo: quieren “matar al mensajero”, creyendo torpemente que con eso se extingue el mensaje o el combo de más de 200 agrotóxicos en la población.

El periodista y productor agrícola Pedro Peretti, en el documental Argentina sangra por las barrancas del río Paraná, manifiesta, con la autoridad que tiene en la materia, que ya no hay casas con familias viviendo en el campo, que la zona agrícola está desierta de las casas habitadas que solíamos ver. Esto es por la concentración de tierras y la explotación sojera.

Se debe hacer una reforma agrícola similar a la que se hizo en Estados Unidos. No se puede seguir concentrando la tierra: la tierra es para el que la trabaja.

Hay una gran parte de la población a la que no le llega la verdad, que vive conectada a su propio ombligo, ve los mismos canales de TV que siempre le ocultan la realidad; una sociedad que consume el opio que la aleja de lo realmente importante de lo que pasa, que la vuelve pasiva, individualista, indiferente, pero que, sin saberlo, también es perjudicada por esta realidad que no se molesta en descubrir.

La masa indiferente favorece al opresor, al que te perjudica mientras te muestra espejitos de colores. Hay que darse cuenta, despertar: la ignorancia tiene cura. La democracia no consiste solo en votar cada cuatro años.

Chorizo al glifosato

En la localidad de La Colina, partido de General La Madrid (provincia de Buenos Aires), el 26 de septiembre pasado se celebró el cumpleaños 115 de la localidad con la tradicional Fiesta del Chorizo a la Pomarola.

Pero esta vez, los 1.000 chorizos cocinados tuvieron un ingrediente adicional, ya que en la preparación fueron utilizados bidones (o baldes) que originalmente contenían GLIFOSATO, lo que quedó registrado en fotografías.

Para colmo, el intendente de La Colina explicó, increíblemente, que los envases eran “viejos”.

Parafraseando al inigualable Diego Maradona: ¿se puede ser tan pelotudo?

¿A quién se debería exonerar? ¿A la científica del INTA o a un intendente que permite que reutilicen un recipiente de agrotóxicos para cocinar?

Debería saber este intendente que un recipiente de agrotóxicos nunca debe reutilizarse y muchísimo menos para contener comida. Tanta ignorancia ya preocupa, más aún en un funcionario.

Para concluir, y sin cambiar el tema de los agrotóxicos, por esto es que antes de cualquier licitación u obra de dragado, por pequeña que fuera, se necesita un estudio previo y completo de impacto ambiental, hecho por científicos y especialistas de las universidades públicas.

Porque, como lo dijo la científica del INTA Virginia Aparicio: “La defensa de nuestro pueblo está en manos de nuestros servidores públicos y yo me siento un servidor público”.

Trataron y tratan de “colar” estudios apócrifos como ambientales; tratan de hacer estudios por tramos y por empresas privadas. Todo esto es más trucho que la misma licitación de dragado, donde además hubo cartelización y direccionamiento a la empresa ganadora.

Si en el país hubiera una Justicia independiente del poder político y económico, la licitación ya estaría anulada.

02-10-2026

Feliciano Ramos
Capitán Fluvial
Miembro del “Foro por la Recuperación del Paraná”

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