Solicitada de la Asamblea Popular por la Soberanía de Puerto Quequén
*Por declaraciones de su Presidenta hemos conocido que el Consorcio ha contratado un estudio jurídico propuesto por CIARA (Cámara Industria Aceitera República Argentina). Ello constituye una grave irregularidad que direcciona la licitación, pues se trata de una Corporación que representa los intereses de grandes productores, pooles de siembra y empresas exportadoras extranjeras, de la cual, el Estado provincial debiera estar estrictamente independizado. Ello se ha llevado adelante con la aprobación del Directorio; la Presidenta lejos de vetar la decisión, está facultada por Ley, propagandiza la contratación como una virtud. Esto demuestra, una vez más, que el Consorcio, de hecho, funciona como un “ente privado”; cinco de los nueve asientos corresponden a Cámaras Empresarias, uno de los Directores representa a la Cámara de Concesionarios al mismo tiempo que gerencia Terminal Quequén S.A. y otro representa a CIARA, algo incompatible pues siendo juez y parte, tienen poder sobre decisiones del Directorio y acceso a información privilegiada.
Resulta absolutamente incompatible que una firma comercial privada opere una Terminal, pues las empresas exportadoras monopolizan la comercialización impidiendo la participación de pequeños exportadores; por ello les siguen pagando precios sensiblemente inferiores a los productores de la zona de influencia bajo el falso argumento de “puerto sucio”, incluyendo a ACA, que lejos de defender a sus representados conforma truts comercial con las privadas extranjeras.
Estas maniobras se suman a innumerables otras denunciadas por la Asamblea por la Soberanía de Puerto Quequén, que también perjudican indirectamente a toda la población.
*Estamos en riesgo de sufrir otros 30 años de despojos:
Las exportadoras, a través del Consorcio, no solo han pasado a ser el poder económico dominante de la región; sino que también compran voluntades con una propaganda que coloniza el pensamiento de los ciudadanos hasta hacerlos actuar en contra de sus propios intereses. Es imperioso llevar adelante la Propuesta de la Asamblea por la Soberanía de Puerto Quequén con el objeto de garantizar el Servicio Público de la Terminal, transparentar el comercio exterior y recuperar una multimillonaria RENTA en divisas para los argentinos.
Cortando con el espíritu navideño, el gobierno presentó el 23 de diciembre, a través del Subsecretario de Puertos y Vías Navegables, el “Proyecto de Decreto” Número IF-2024-140788195-APN-SSPYVN MEC. Esto seguramente el 1º de enero será decreto y además el gobierno da a entender (siguiendo con su sádica costumbre) que despedirá 500 empleados de esa entidad, 500 familias sin su sustento ¿y van?, 500 padres que no podrán dar de comer a sus hijos, que les será muy difícil que continúen en la escuela, que si alquilan dejaran de pagar y ¿dónde vivirán esas familias? Una tragedia hogareña en cada despido y se multiplican por decenas de miles, porque más allá de un par de jefes el resto son empleados comunes.
El tema es que el “Proyecto de Decreto” será decreto como si el Congreso no existiera, es como cuando no teníamos democracia. Pregunto yo: ¿Dónde está la necesidad? ¿Y dónde la urgencia? A no ser que sea necesidad y urgencia de concentrar y quedarse con el extraordinario negocio extranjero de la mal llamada hidrovía, o tal vez tener todo el poder pasando por arriba al Congreso y a la justicia para así entregárselo a las terminales portuarias extranjeras, que se quedaron con las exportaciones argentinas desde el gobierno de Menem.
El tema es que el decreto va a dar a luz con el año nuevo y sus “particularidades” son estas:
Art1º Suprímase la Subsecretaria de Puertos y Vías Navegables.
Art2° Dispone la disolución y posterior liquidación de la Administración General de Puertos SAU.
O sea, las dos reparticiones que tenían algo de autonomía para ciertas decisiones dejan de existir y son reemplazadas por la “Agencia Nacional de Puertos y Navegación”, una simple agencia donde pocos manejan todo. Todo el negocio de las exportaciones otrora argentinas, hoy en manos extranjeras, lo manejan pocos en economía, muy conveniente para continuar el saqueo por el río Paraná en manos extranjeras.
El peaje nomás de las exportaciones representa 250 millones de dólares de facturación que va a ir a parar a quién sabe qué manos.
Art3º Dispónese a transferencia de recursos, bienes muebles e inmuebles, presupuesto vigente, activos y patrimonio, compromisos, derechos y obligaciones.
Art4º Créase la Agencia Nacional de Puertos y Navegación que estará bajo el control estricto del Ministerio de Economía de la Nación.
¿Otra vez asistiremos los argentinos a la venta indiscriminada de bienes del Estado (o sea de todos los argentinos)? Los bienes del Estado que venden los gobiernos como si fueran suyos detentando un poder para vender que no tienen, a veces son vendidos a precio vil a algún amigo del poder, con sus propios bienes seguro no harían tal cosa.
Unas de las funciones de la agencia:
e) Estimular y facilitar la inversión privada (extranjera más vale) en la explotación y administración de puertos.
De más sabemos los argentinos que la nombrada “inversión privada” es en realidad “inversión extranjera” y que realmente no hay nada de “inversión” sino de extractivismo y saqueo de las riquezas naturales y del comercio exterior argentino.
K) Ejercer RESPONSABILIDAD primaria en materia ambiental.
En este ítem van a tener que responsabilizarse de muchísimo, porque el daño ambiental por el insostenible llamado a licitación de dragado a 44 pies va a ser descomunal, enorme y permanente. Espero fervientemente que no borren este ítem K, lo van a tener que usar ¡y mucho!
Si la SSPYVN no existe más, se debe caer la licitación por el dragado del río Paraná.
En nombre de una repartición que no existe no se pueden abrir los sobres de los oferentes de una licitación.
Una razón más por dar por nula de nulidad absoluta a una licitación que debe ser invalidada por múltiples motivos.
La licitación excede ampliamente el periodo de poder del gobierno que la gestiona. Por ejemplo, a este gobierno le quedan menos de 3 años en el poder, de gobierno, y esta licitación es por la barbaridad de de 30 años con opción a 30 años más. Nunca se hizo por tanto tiempo en el país.
No contempla ningún estudio completo y “serio” de impacto ambiental ni para 42 pies y menos para 44 pies (futuro articulo K). “Serio” quiere decir hecho por las universidades nacionales de cada provincia y no por una dudosa consultora que trabaja para la dragadora extranjera adjudicada.
Se debe acomodar los buques a los ríos, no los ríos a los buques. No hay antecedente en ningún río navegable del mundo que se drague cada vez más profundo según los intereses de los puertos y empresa de dragado.
Por lo antedicho debe considerarse inválida cualquier concesión, como esta, que, por desconocimiento o por improvisación le haya dado la potestad a la empresa adjudicataria dragadora (o terminal portuaria) de decidir qué profundidad dragar.
Si una concesión de dragado de tres décadas con peligro de daño ambiental no pasa por el Congreso en una democracia, esta debe invalidarse. Espero que la justicia intervenga.
Ante tanto avasallamiento de nuestros ríos y tanto saqueo de nuestra patria hay dos grandes ausentes: la clase política y la justicia; espero digan presente porque los ciudadanos comunes seguirán luchando cada vez más porque no les roben el agua de nuestros ríos y que no nos roben el futuro.
(*) Feliciano Ramos – Capitán Fluvial. Miembro del “Foro por la recuperación del río Paraná”
A través de una resolución, el Senasa reducirá los controles en puertos fluviales, marítimos, zonas de espera, muelles y otras áreas aptas.
La medida se suma a la virtual privatización de los controles que estableció el gobierno de Macri en 2017 y a la intención de re privatizar y extranjerizar el control del Paraná dejando en manos de intereses privados el control de lo que entra y sale por nuestro río.
Según la resolución 1278/2024, publicada esta semana en el Boletín Oficial, El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) actualizó el sistema de control de aptitud de carga de bodegas de buques y barcazas para exportación de granos, sus productos y subproductos “con el fin de simplificar y agilizar la operatoria”. Se excluye a los buques que van a cargar mercadería que no requiera certificación del organismo sanitario nacional.
En un nuevo retroceso de la presencia argentina en el control de lo que sale de nuestros puertos, el gobierno de Javier Milei y Caputo impulsan una serie de cambios que desguarnece aún más al país en el control del comercio exterior.
Algunas de las principales modificaciones son:
Los procedimientos de supervisión del Senasa se optimizarán, ya que ahora se basarán en un análisis de riesgos para determinar la inspección de los buques.
Se modifican los porcentajes de supervisión, ahora el porcentaje de supervisiones por matriz de riesgo se baja a un mínimo de 5% y un máximo de 10%, cuando hasta el momento era de 20% y 30% respectivamente.
Esto implica que van a revisarse muchísimos menos barcos, y teniendo en cuenta el poder de las empresas exportadoras y las navieras seguramente será cercano al mínimo con suerte.
Se introduce la simplificación del trámite para obtener el “Certificado de Aptitud de Bodegas”, que será válido en varias terminales de la hidrovía o en el ámbito marítimo. Una operación peligrosa si se tiene en cuenta la “contaminación” por ejemplo de cargas con droga que suele no ser en un puerto de origen sino en el camino.
Se amplía el tiempo de notificación para las empresas de 24 a 48 horas antes de las inspecciones, y se extiende el periodo de evaluación de las entidades certificadoras a seis meses. También se eliminan ciertos requisitos para los verificadores de bodegas y la supervisión obligatoria fuera de la matriz de riesgo. Como esos allanamientos en los que la policía llega y no encuentra nada, porque ya se les aviso “DOS DÍAS ANTES” del control.
Este desguarnecimiento de nuestros puertos está justificado como siempre en una reducción de controles para evitar la reiteración y avanzar hacia la “simplificación burocrática”, cuando en realidad es prácticamente la eliminación de los pocos controles existentes, dejando a las multinacionales que dirigen nuestro comercio exterior, total libertad para todo tipo de operaciones que como nuestra historia muestra siempre que pueden están por fuera de la ley para mejorar sus ganancias.
También se eliminaron “los requisitos para los verificadores de bodegas, la obligación de supervisión obligatoria por fuera de la matriz de riesgo y la responsabilidad solidaria de agencias marítimas en cuanto al comportamiento de la entidad certificadora seleccionada”.
Esto es similar a la tercerización impulsada en la reforma laboral, y tiene que ver con que se crearon estos años muchas empresas fantasmas de certificación, muchas veces propiedad de las mismas exportadoras o agencias marítimas, y con el corte de la responsabilidad solidaria ante cualquier problema esas empresas que suelen no tener respaldo no dejan “pegadas” a las empresas contratantes y pueden inmolarse y desaparecer sin dejar rastros.
La obsesión liberal por destruir el control argentino
La historia no es nueva, ante cada gobierno liberal avanza una batería de medidas para quitar al Estado toda posibilidad de control y dejar las manos libres a los monopolios en su accionar. Así fue en 2017 con el gobierno de Mauricio Macri con la Resolución 693-E/2017, que también estableció “nuevas reglas” para el “control de aptitud de carga de bodegas y tanques de buques y barcazas para exportación de granos, sus productos y subproductos”.
Hasta esa resolución solo el Senasa era responsable de los controles, pero Macri habilitó el ingreso de controles privados. El resultado: la proliferación de empresas fantasmas propiedad de las empresas del sector y hasta de funcionarios del área que no solo capturaron un negocio millonario (legal e ilegalmente) sino que virtualmente se le dio la posibilidad a las exportadoras de autocontrolarse.
Este cambio se sumó a uno anterior hecho por el macrismo que reducía los controles solo a los barcos que se dirigían a países que exigían ese control.
Como afirmábamos más arriba la historia no es nueva y de hecho el presidente del Senasa durante el macrismo Jorge Dillon basó los cambios en una resolución del menemismo, que en diciembre de 1991 determinó que esos certificados podrían ser emitidos no solo por el Senasa sino por “entidades privadas u otras instituciones debidamente registradas a dicho efecto”.
Estas medidas originaron una denuncia penal del diputado santafesino Carlos Del Frade contra el presidente Mauricio Macri y el ministro de Agroindustria Ricardo Buryaile. El legislador también presentó una denuncia penal por “usurpación de cargo” de Cristian Cunha, el coordinador general de Puertos, que comenzó a ejercer sus funciones a principios de 2016 pero recién en mayo de 2017 se realizó el nombramiento en el Boletín Oficial.
La mano de Caputo
El ministro Caputo fue según el portal La Politica Online el impulsor de la vuelta de Pablo Benfatto a la coordinación, fiscalización y control de las operaciones portuarias del Gran Rosario, lugar desde el que puede decidir sobre la habilitación de las bodegas de los buques.
Benfatto , un hombre del ex presidente del PRO, Cristian Cunha, había ocupado ese puesto en 2017 durante la gestión de Macri cuando Cunha fue director del Senasa y el control de los buques virtualmente se privatizó.
“Muchas de las empresas privadas de certificación fueron creadas por ese tiempo y a las apuradas para hacerse del jugoso negocio. Algunas ni siquiera tuvieron la prudencia de crearse una página web. De hecho, el mismo Benfatto es titular de la empresa Port Solutions S.R.L. dedicada a la desinfección, fumigación y mantenimiento de tanques, actividades compatibles con los que se prestan en los buques”, asegura LPO.
Otro de los datos que aporta LPO es que “de 54 empresas inscriptas en el Senasa para prestar servicios portuarios, 14 no se registraron en el RITE, más del 25% siendo un negocio multimillonario: “Porque no pasaban un control a riesgo de ir en cana”, según explicó un funcionario de carrera del organismo”
Según la misma fuente, Cunha y Benfatto les dieron el negocio a estas firmas sin ninguna auditoría estatal. “Les cobraban tarifas planas a los buques para habilitarles las bodegas. A veces ni iban a chequear y decidían de manera discrecional qué barco podía cargar y cual no”. Se sabe que la estadía diaria de una embarcación sale una fortuna, “¿te imaginás lo que está dispuesto a pagar para que lo despachen rápido?”, preguntó con suspicacia un funcionario.
Una entrega de la soberanía
La supuesta “simplificación burocrática” no logra ocultar las verdaderas intenciones de entrega total de toda posibilidad de control del Estado argentino sobre lo que sale de nuestros puertos.
Algo que por la historia reciente puede ser trágico para el gran Rosario. Por un lado el caso Vicentin demostró un complejo entramado de planificación tributaria para el saqueo que apoyado en la casi nulidad de controles (que ahora se relajarán aún más) lesionan la capacidad de recaudación del Estado y engordan las ganancias de las multinacionales cerealeras y sus casas matrices en el exterior.
Por otro lado el crecimiento del complejo agroexportador del gran Rosario como trampolín de salida de la exportación de droga de los principales carteles de América Latina se verá potenciada por la reducción de controles, al que hay que sumarle la política de blanqueo de capitales para transformarlo en un combo mortal.
La frutilla del postre la pone el plan de reprivatización del río Paraná, que volverá a dejar en manos de consorcios privados la administración del dragado y balizamiento, y por tanto de la administración de las cargas que circulan por allí.
Ante esto las cámaras empresarias del sector como Ciara-CEC o sus instituciones como La Bolsa de Comercio de Rosario aseguran que están implementando sus propios sistemas de información y control. Ahora no solo controlan que impuestos pagan mediante sus propias declaraciones juradas de exportación, sino que también quieren que creamos que van a controlar la salida de la droga de los puertos que creció de manera fenomenal los últimos 30 años y generó en su camino los padecimientos que viven nuestras comunidades inundadas de adicciones y violencia.
Según informa el medio Rosario 3, el día de hoy: “El gobierno nacional tomó dos decisiones importantes para Santa Fe en lo que respecta a la hidrovía. Por un lado, hizo un cambio en la traza del canal troncal estirando el dragado a 34 pies hasta Timbúes, cuando hasta ahora llegaba a Puerto General San Martín, una medida que beneficiará a los grandes puertos allí instalados como los de Cofco, Renova, Dreyfus, ACA y AGD. Y por el otro, eliminó la obligatoriedad de dragar desde Timbúes a la ciudad de Santa Fe a 25 pies, una decisión sustentada en que no hay ese tramo tránsito de grandes buques, pero que será de difícil digestión para el establishment de la capital provincial”(1). (el subrayado es mío)
Preciso resumen periodístico de la decisión tomada por la gestión de Javier Milei. Beneficio extraordinario (aún más y más) a monopolios exportadores (mayoría extranjeros) y grandes terratenientes que consolida el modelo actual para el que nuestro Puerto representa “un gasto”.
El “círculo rojo” de la ciudad (o establishment como lo llama el autor de la nota citada) anida en corporaciones como el Ente Portuario, la Bolsa de Comercio, etc. Pero existen en su interior, llamémosle, sectores productivos, con interés en el impacto industrial regional, la generación de empleo y, por supuesto, “prenden velas” a que derrame algo de la crema del negocio concentrado en los puertos del sur provincial. Este sector recibe hoy un golpe letal que, a su vez, envalentona al otro sector, los “especuladores” inmobiliarios, financieros y comerciales que hicieron mega-negocios privados en cada ciclo de parálisis total del Puerto público de la ciudad.
En el medio de esta ciudad, cada vez más desigual con 60% de pobres y demandante urgente de empleo, viven santafesinas/os que asisten con desesperanza como testigos invisibles de esta disputa.
Pregunta. ¿Qué van a hacer las autoridades provinciales y municipales con esta situación?
¿Cuál es el estado del puerto de la ciudad?
Nuestro Puerto siempre estuvo operativo y tiene una infraestructura que ni los desguaces de zona de diques pudieron derrumbar (aunque sí afectar). Tiene más calado que muchos puertos europeos, terminando así con el mito instalado que “no tiene profundidad”.
Los detractores de nuestro puerto viven hablando de “los altísimos costos de mantenimiento del dragado”. Acá quisiera detenerme. Se demostró durante el 2021/22, -período que el Estado nacional mediante la Administración General de Puertos y Vías Navegables-, que cobrando el peaje se obtuvieron recursos importantísimos en dólares para inversiones estratégicas. Y quedó demostrado que tenemos dragas, balizadores y personal altamente capacitado para hacernos cargo del control (y cuidado) de nuestro río Paraná y afluentes. Por esa razón, el destino de nuestro río en manos del Estado nacional o extranjeras está íntimamente ligado al futuro de nuestra ciudad y la región e impedir su re-privatización es una tarea central de nuestra comunidad y la posición política que deben adoptar tanto el gobernador como el intendente municipal. Recordemos que Santa Fe, -con 720 km de ribera al Paraná, 23 puertos privados y extranjeros y 4 puertos públicos-, renunció a ser parte del Ente de Control de la Vía Navegable trocal del Paraná.
Recuperar la Santa Fe portuaria, industrial y ferroviaria
¿Se puede?, sino, ¿para qué sirve la política? La condición es planificar un modelo de ciudad y la región diferente. Nuestro Puerto debe desarrollar su actividad con barcazas, reparadas y construidas por un Astillero local y mediante “muelles flotantes” en localidades costeras, unir las cargas de productos del centro y norte provincial y provincias vecinas con la capital provincial, mediante estas pequeñas embarcaciones. Imaginemos el impacto en pymes, pequeños y medianos productores agrícolas y ganaderos, comercio. ¡Cuántos puesto de trabajo industrial podrían crearse! A la vez, este modelo se desarrolla en armonía con el cuidado ambiental para no seguir dragando ferozmente los cursos de vías navegables y su impacto en la naturaleza y la biodiversidad.
La provincia firmó hace días un acuerdo de la “Región Litoral” (junto a Entre Ríos, Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones) y se debaten proyectos de “región fluvial del litoral” que, ante el modelo nacional “industricida” y de superganancias para grandes terratenientes y monopolios extranjeros, debe definir su rumbo y objetivos. Hasta ahora, son solo palabras. Urge planificar y fortalecer este sistema regional de transporte fluvial de barcazas.
Para finalizar, no dejaremos que los acontecimientos sucedan sin señalarlos y ubicando a sus responsables. El altísimo “costo social” que significaron las decadentes gestiones del Ente Portuario santafesino haciendo ciclos de negocios privados con patrimonio público, paralizando el Puerto y desguazándolo; o bien la incapacidad de diseñar un modelo diferente, generador de una matriz industrial y ferro-portuaria para la ciudad capital, nos exige seguir de cerca la situación y proponer, incansablemente, una salida diferente.
Para ese objetivo convocar ampliamente para la realización de una transformación del modelo de ciudad y la región con el Puerto como eje central en un modelo que desarrolle industria naval de barcaza, fortalezca el comercio regional, consolide el mercado interno como prioridad y cuide el ambiente. Necesitamos del conocimiento de sectores de la investigación, la docencia y estudiantes de las universidades, a trabajadoras/es y sus organizaciones sindicales y sociales, pequeñas y medianas industrias, empresas, cooperativas y comercios. Para este fin, desde nuestra humilde parte, nos proponemos dialogar y construir en común con quienes tengan interés en defender los intereses de la ciudad y constituir un arco de fuerzas sociales y políticas dispuestas a avanzar en este objetivo de recuperación plena de nuestro Puerto Santa Fe.
Reproducimos el comunicado de la Asamblea Popular por la Soberanía del Puerto de Quequén
Ante el vencimiento de la Concesión otorgada a la Empresa privada “Terminal Quequén S.A.” (de ahora en más TQSA) para ejercer el Servicio de Descarga, Acopio, Elevación y Embarque de cereales en las instalaciones que la ex Junta Nacional de Granos poseía en Puerto Quequén, nos resulta preocupante que un grupo de Entidades Rurales regionales salgan a atacar al Gobierno de la Provincia de Bs. As. porque ante el modesto anuncio de éste, ante la próxima licitación que tendrá por objetivo de renovar la Concesión, la Provincia pedirá “una reserva de carga del 30% en el acopio de dicha Terminal… para mediar en la compra de granos”. Resulta penoso que Entidades que debieran estar defendiendo los intereses de los pequeños y medianos productores y a todos los trabajadores de la ruralidad argentina, salgan en defensa de las multinacionales exportadoras, ya que éstas desde sus posiciones dominantes hace años vienen expropiando diariamente a los asociados de dichas Entidades: La concentración de la tierra en pocas manos constituye uno de los rasgos más característicos de la actividad agrícola, los Censos Agropecuarios son contundentes, desde que se instrumentaron las privatizaciones en los años 90 han desaparecido el 30% de los pequeños y medianos productores a manos de los grandes terratenientes, de las grandes Empresas y los Pools de siembra. Además, mientras Puerto Quequén logró multiplicar casi por tres sus exportaciones, la pobreza de la población se ha duplicado desde aquél entonces. ¿Pueden explicar dónde ha ido a parar la riqueza?
Argumentan que el Estado pretende incursionar en prácticas “distorsivas” sin explicar de qué se trata, para entenderlo mejor pasaremos a explicitar que: *Entre los accionistas de TQSA se encuentran corporaciones extranjeras con sucursales en decenas de países, entre ellas: BUNGE S.A, VITERRA (que facilitó el vaciamiento de Vicentín); COFCO S.A., SOCIEDAD RURAL ARG. y otros. *A pesar de haber quedado convenido en el contrato original de la Concesión que debía pagar el canon en dólares, al desarmarse la política cambiaria de Convertibilidad en enero 2002, aprovecha laberintos judiciales afines para parar a pagar esa tarifa en pesos devaluados a un tercio. *No cumple con su obligación de prestar un “servicio público” ya que no le otorga operatorias a las exportadoras PYMES. *Las inversiones realizadas no alcanzan a lo comprometido en su propuesta. *Cuando se incorporaron las plataformas levadizas de descarga, sus directivos formaron una empresa de transporte con camiones-bateas mono-polizando la actividad. *Contribuyó a realizar un cercado avasallante del Puerto, perjudicando la actividad turística y pesquera. *Con sus excedentes trasvasa capitales de la producción a la especulación financiera. *Mientras inunda con polvillos tóxicos la ciudad la Salud Pública del distrito se degrada día a día; a esto se suman infinidad de daños en la infraestructura urbana que deben ser solventados por todos los ciudadanos con altas Tasas municipales. *Promovió la eliminen varios rubros de Tasas que el Consorcio de Gestión de P. Q. cobraba por distintos servicios, desfinanciando a ese organismo. Más otros daños.
Para evitar estas verdaderas distorsiones particulares de TQSA, y otras de la actividad privada en general que ya explicitaremos, esta Asamblea desde hace 3 años viene proponiendo que estas instalaciones sean operadas por el Estado con el objeto de crear una Sociedad del Estado para que la Provincia opere esta Terminal, de la cual es propietaria y ejerza funciones de Empresa de comercialización interior y exterior de granos; recuperando para los argentinos una actividad abandonada en 1992. Para esta Asamblea la propuesta del Gobierno es positiva pero insuficiente, inmenso paso se daría hacia nuestra Soberanía si el Estado provincial pudiera exportar directamente desde estas instalaciones, no solo el 30% sino la totalidad de su capacidad, constituyendo una “empresa testigo” que detecte todas las maniobras que generan las multinacionales con el comercio exterior produciendo perjuicios multimillonarios al pri-varnos de la renta por la comercialización de los productos de nuestro suelo, por evadir y fugar divisas y por acciones económicas extorsivas con las que desestabilizan reiteradamente a la economía nacional.
Si el Estado recupera la actividad exportadora que se realiza por TQSA se podrá: 1° Evitar las maniobras de evasión. Un 38% de las comercializaciones realizadas por Puerto Quequén y un 2,27% del total argentino, no serán sometidas a las maniobras de sub facturación al comer-cializar entre filiales de una misma empresa, pues se podrán conocer con exactitud las calidades, las cantidades y los precios de los productos de exportación. 2° Terminarán los delitos económicos que se realizan: Por el pago de falsos servicios realizados en el exterior. Por falsos préstamos entre filiales. Por falsos retrasos en los embarques que generan multas a las filiales locales de las exportadoras. Por estafas con las ventas a futuro y la manipulación de los precios internacionales fijados en Chicago en función de los intereses de la USDA (Agencia de Agricultura de E.U.); todo ello para eludir Impuestos a las Ganancias y fugar divisas a sus cuevas fiscales o hacia la especulación financiera improductiva. 3° Se transparentará la comercialización del resto de las Empresas privadas que operan en todos los puertos cerealeros del país. 4° Al ser el Estado un competidor más se romperá el monopolio privado y consecuentemente se eleva-rán los precios que pagan las exportadoras a los productores, como también las remuneraciones a los profesionales, comercializadores, prestadores de servicios y a la población en general. 5° Las Concesiones han demostrado ser ineficaces, pues las Empresas calculan la rentabilidad solo para el período establecido en la concesión y según avanzan los años decaen las inversiones por más que sean necesarias. 6° Será más eficiente el control sobre el narcotráfico y el lavado de dinero; a causa de los puertos privados Rosario se ha convertido en una ciudad narco.
Como resultado de todo lo expuesto, el Estado contaría con mayores herramientas económicas para ejercer políticas segmentadas a favor de pequeños productores, trabajadores y presta- dores de servicios rurales; todos explotados crecientemente por las exportadoras extranjeras que han logrado crear bajo la consigna “todos somos el campo”, un falso ideario con el que han sabido captar sus mentes para que las víctimas asuman la defensa de sus victimarios. También podrá el Estado establecer mejores Convenios laborales y contemplar la participación de los trabajadores en la gestión y ganancia empresaria (TQSA al tomar posesión de las instalaciones despide al 60% de los trabajadores). Y finalmente, algo tan reclamado, una parte de los bene-ficios recuperados deberán ser asignados a los Presupuestos de los Municipios de nuestra región como compensación a los perjuicios que genera la actividad agroexportadora. TQSA solo por la actividad como operadora de la Terminal obtiene un beneficio anual equivalente a la suma de lo recaudado por Tasas Urbanas y Rurales durante 3 años por el Municipio de Necochea, y si a ello sumamos el beneficio que obtiene por la comercialización exportadora, el mismo Municipio necesitará un mínimo de 50 años de recaudación para equiparar el beneficio que obtiene el conglomerado de Empresas que constituyen TQSA… en un solo año !!! Llama la atención que estos reyes de la libre competencia se opongan a que el Estado sea un competidor más en el comercio exterior granario para beneficio de la región y toda la Nación ¿Quiénes son entonces los ideologizados y flojos de fundamentos?
Los aceiteros de todo el país paralizaron la actividad desde el martes en reclamo de mejoras salariales ante la negativa de negociación de los monopolios agroexportadores.
Durante los días de paro se redujo en más de un 85% el ingreso de camiones con cereales y oleaginosas a los puertos que pasaron de recibir un promedio de 2600 vehículos la semana pasada a menos de 400. El paro de la actividad es total y puede verse tanto en las filas de camiones en las rutas como en los más de 20 barcos que en el Río Paraná esperan para cargar.
La medida de fuerza es llevada adelante en unidad por el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros de San Lorenzo (SOEA) y la Federación de Obreros y Empleados de la Industria Aceitera (FTCIODyARA), por lo que incluye a todos los trabajadores del rubro del país.
El gremio sanlorencino dirigido por Daniel Succi difundió un comunicado el miércoles en el que explico que “ante la demostración de falta de voluntad de negociación por parte de los empresarios en el marco de la revisión paritaria, los dirigentes del Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros del departamento San Lorenzo (SOEA), en conjunto con la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores y Afines de la República Argentina (FTCIODyARA), con el mandato de más de 250 delegados a nivel nacional, han decidido continuar con la medida de fuerza por otras 24 horas desde el primer turno del día jueves 8 de agosto. La modalidad de revisión de la medida continuará durante la tarde”.
El reclamo de los trabajadores tiene que ver con la recomposición del salario que explican pierde valor frente a la inflación. Los gremios exigen un aumento del 25% y las empresas, agrupadas en la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC), ofrecieron una mejora de 10% para luego sumar otro 5%.
Mientras los grandes medios de comunicación, repitiendo el discurso de los monopolios agroexportadores hablan de una “medida sorpresiva” y cerrada al dialogo por parte de los gremios, la realidad es que la huelga comenzó después de tres semanas de reuniones en las que las empresas no hicieron otra cosa que dilatar el diálogo sin negociar su oferta inicial.
“Ellos tienen tiempo, no tienen problemas. Nosotros no tenemos tiempo. Al igual que el resto de las y los trabajadores vemos cómo el salario cada vez alcanza para menos y no queremos perder lo que conquistamos con años de lucha”, asegura Daniel Yofra secretario general de la Federación de Aceiteros.
Unidad y lucha para no retroceder
“La unidad aceitera es completa, las dos comisiones directivas están mandatadas para tomar las medidas que creamos convenientes y el paro es en todo el país, así que seguimos de esta manera. El paro es contundente: acá no estamos forzando a nadie, la gente está toda parada así que creo que está respondiendo ante la necesidad de un aumento urgente”, asegura Succi de SOEA.
El gremio denuncia que en algunas plantas como la china COFCO aprietan a los trabajadores con la presencia de escribanos para intentar demostrar que el gremio “obliga” a los trabajadores a parar. Una táctica que desconoce la tradición de lucha unitaria que tiene el sector que en cada oportunidad que ha sido necesario demostró por parte de sus trabajadores la firmeza necesaria para torcerle el brazo a las patronales, como en la histórica lucha de 20 días de diciembre de 2020.
Mientras los monopolios exportadores, en su mayoría extranjeros, emiten casi diariamente comunicados a través de su cámara empresaria CIARA (Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina) calificando al paro como una medida de fuerza “incomprensible” y presionando a los trabajadores con el descuento de los días, intenta enfrentar al resto del movimiento obrero con los aceiteros.
El argumento que repiten desde la cámara y desde las intervenciones periodísticas de su vocero, Gustavo Idigoras, es que gran parte de los aceiteros tienen un buen sueldo. Como si eso fuese por obra y gracias de la voluntad empresaria y no producto de las luchas de todos estos años de los trabajadores y trabajadoras del complejo aceitero, y por otro lado intentan instalar que en un país donde el ajuste y la inflación provocan que el promedio de los sueldos no alcancen para cubrir las necesidades básicas, el sector debería conformarse porque está mejor que el resto.
“Va en línea con la gestión de un gobierno nacional que busca la destrucción de los salarios, que diariamente son devorados por la liberación de precios de todos los productos que consumimos, constituyendo la base de su política económica”, sostuvieron desde Ftciodyara.
En un comunicado conjunto las entidades gremiales aseguran que “los representantes de las patronales sostienen que nuestro salario es elevado porque -en el fondo- quieren que el mismo se siga destruyendo hasta que sólo nos alcance para cubrir nuestra alimentación y la de nuestras familias. Añoran los años 90, cuando las políticas neoliberales demolieron la industria nacional y mantuvieron a los trabajadores en una situación cercana a la pobreza. Luchamos durante 20 años para salir de ese lugar y ya lo dijimos en el Primer Plenario Nacional Aceitero: “Basta de meterle la mano en el bolsillo a la familia aceitera”.
Y a continuación se preguntan:
“Si las patronales quieren discutir cuánto es ganar mucho, estamos dispuestos. Pero ¿Quién gana mucho en este país? ¿Los trabajadores aceiteros, que diariamente ponemos nuestra fuerza de trabajo para convertir materia prima en productos oleaginosos y pretendemos darnos el lujo de que nuestras hijas e hijos puedan estudiar en la universidad, ganamos mucho? ¿Ganamos mucho los aceiteros que después de trabajar todo el año en turnos rotativos queremos darnos el lujo de vacacionar donde tengamos ganas? ¿Somos esenciales para trabajar en la pandemia pero no para garantizar una vida digna a nuestras familias? ¿O ganan mucho las empresas multinacionales y grupos nacionales que triangulan exportaciones, fugan divisas y anotan lo que exportan en una declaración jurada?”
¿Qué hay detrás de la intransigencia de los monopolios?
“Esto directamente es un problema que tienen empresas con el gobierno. Las cámaras ya venían pidiendo rebajas en cuanto a los derechos de exportación y siguen de cerca el tema del dólar”, expresó Daniel Succi en declaraciones periodísticas y agregó que “hace mucho tiempo que estamos en esto. No somos economistas ni directores de empresas, pero somos trabajadores que sabemos lo que pasa adentro de las empresas y sabemos que acá hay una cuestión política”.
Por su parte Daniel Yofra, afirmo en declaraciones radiales que “siempre es el mismo motivo, le están pidiendo algo al gobierno, el gobierno no cede y se niegan a darnos el aumento a nosotros. Las empresas aceiteras generaron este conflicto por salarios porque quieren una devaluación”
En los hechos la medida afecta la liquidación de divisas, mientras todavía se extiende la salida de la cosecha gruesa. “Se pierden divisas” dicen las agroexportadoras pidiendo la intervención del gobierno nacional, que a diferencia del paro durante el tratamiento de la ley Bases (que fue neutralizado a las pocas horas por una conciliación obligatoria) en esta oportunidad se ha mantenido al margen después de varios días de huelga, aumentando las sospechas de que detrás de la dureza de las empresas lo que existe es un tironeo con el gobierno por mayores beneficios.
Algo que se comprueba cuando se observa que en realidad el ingreso de divisas por exportación está casi paralizado desde mucho antes de que se inicie la huelga porque los exportadores y los grandes productores retienen el 70% de la cosecha de soja y el %50 de la de maíz presionando por una devaluación o por la prometida quita de retenciones ante la caída del precio internacional de dichos commodities.
Según un informe difundido por los monopolios exportadores la semana pasada en soja queda un saldo “físico” sin vender de 24,436 millones de toneladas y el pendiente de fijar precio llega a total de 7,723 millones de toneladas. (67% del total de la producción de soja)
En maíz el saldo sin vender físico más el vendido sin precio se proyecta en 17,318 millones de toneladas, partiendo de un volumen de producción de 46 millones y un saldo exportable de 34 millones de toneladas (51% del posible saldo exportable)
Según ese mismo informe la mitad de esa producción está en manos de aceiteras y exportadores.
Pero además lo expresan abiertamente, como hizo Gustavo Idígoras en el panel de cierre de la Experiencia IDEA Rosario. Allí el titular de la Cámara de la Industria Aceitera (CIARA), estimó que si el Gobierno baja las retenciones del 33% al 25%, sería posible alcanzar esas liquidaciones en los próximos seis meses. “La agroindustria dijo que podría ingresar divisas al país por unos US$ 5.000 millones si el Gobierno reduce las retenciones a la soja” aseguró.
En julio el ingreso de divisas fue de u$s 2.616 millones, nivel más bajo comparados con los u$s 3.164 millones de 2022 y u$s 3.518 millones de julio de 2021.
Si pierden los aceiteros
Estas empresas se han transformado en un poderoso lobby en nuestro país que a fuerza de monopolizar nuestro comercio exterior y del control del el ingreso de divisas manejan incluso el valor de nuestra moneda.
Ese poder de lobby ha hecho que sean capaces de generar cualquier conflicto para conseguir más ganancias o amortiguar los vaivenes de la economía mundial cuando ganan un poco menos.
Pero más allá de cualquier jugada extorsiva y especulativa da la sensación que lo que se busca también es disciplinar a uno de los sectores del movimiento obrero de mayor organización y poder de lucha como han demostrado ser en estos años los aceiteros.
Quieren quebrar el movimiento sindical y la unidad de los trabajadores que se expresó en el histórico plenario del mes pasado, para volver imponer un modelo de trabajo que mantenía en la pobreza y en la precariedad de condiciones laborales a los trabajadores en los 90. Y que estos gremios a fuerza de unidad y lucha lograron revertir consiguiendo un justo y necesario nivel salarial como el que tienen actualmente.
Recordemos que CIARA apoyó abiertamente la sanación de la Ley Bases que entre otras cosas intenta quitarle la posibilidad del bloqueo de empresas a gremios, pero que por sobre todo impone el modelo de tercerización que después de tantos años de lucha los aceiteros lograron eliminar casi por completo del sector.
No es solo una pelea sectorial como quieren instalar las empresas, dividiendo al movimiento obrero, Es fundamental el apoyo de toda la comunidad a los trabajadores aceiteros, porque en esta pelea que están dando se juega también hacia dónde va el futuro laboral de la Argentina.
¿Volvemos a los sueldos de pobreza y las condiciones de trabajo precarias de los 90 para todos y todas o peleamos por generalizar sueldos que permitan satisfacer las necesidades de nuestras familias como los aceiteros? Ahí está la cuestión.
Con porfiada insistencia, el Puerto de Santa Fe vuelve a demostrar la potencialidad de su infraestructura y el impacto económico-social en cada uno de sus movimientos operativos. La realidad indica lo que tantas veces señalamos: “solo se necesitan decisiones políticas, gestión y “apretar el botón”. Esta vez, fue la terminal granaria que embarcó 22 mil toneladas de soja (acopiadas en los silos del puerto) de productores del centro norte provincial. Cabe recordar que también se encuentra operativa la Terminal de Contenedores que operó hasta hace un año en convenio con el puerto de La Plata.
Funcionarios provinciales destacaron “el fuerte impacto en la baja de costos del transporte (la carga se lleva hasta la terminal de ACA en San Lorenzo y de ahí al exterior), la promoción de empleo local y regional, la descongestión de camiones en rutas”. Efectivamente el uso de nuestro puerto local posibilita el desarrollo de la actividad agropecuaria de pequeños y medianos productores y, en tanto pueda reactivar la terminal de contenedores, dará impulso también, a la actividad industrial regional generando empleo. Pero debemos señalar que, en el marco de este modelo agro-minero exportador, controlado por un oligopolio extranjero de puertos privados en el sur provincial, estos movimientos de nuestro Puerto local serán esporádicos, meramente complementarios de un mega-negocio absorbido por estos actores; sea por “altísimos costos” al aumentar distancias y del dragado requerido para mantener la profundidad que demandan buques de alto calado.
Santa Fe y la Región Portuaria Fluvial Litoral
Pero sí tenemos un enorme potencial si constituimos una “Región Portuaria Fluvial del Litoral” entre las provincias que compartimos el Paraná, con nuestro Puerto como eje central para dar impulso al transporte fluvial “de la ciudad de Santa Fe aguas al norte” para que las provincias mencionadas puedan convertirse en terminales de salida de la producción de las economías regionales, enfocadas tanto en el mercado interno como en el externo. Desarrollando Industria Naval en la ciudad de Santa Fe, construyendo Astilleros de fabricación y reparación de esas 3 mil barcazas que navegan el Paraná. Abaratando costos mayores a la producción del centro norte provincial, permitiendo crecer y generar empleo, impulsar una nueva industria, y potenciar la navegabilidad de barcaza que no requiere dragado y cuidando así el preciado curso de agua natural. Hay que avanzar en esa decisión política que, probablemente, encuentre resistencia en las Bolsas de Comercio y las Cámaras de Puertos Privados.
A la vez, urge tomar definiciones que salgan de la ambigüedad del ejecutivo provincial ¿No observan contradictorio (más bien antagónico) esta dirección que jerarquiza los puertos públicos provinciales y la del gobierno nacional de avanzar en la re-privatización del río Paraná; de las actividades de dragado, mantenimiento, balizamiento y control hidrológico de las vías navegables de jurisdicción nacional, así como eliminar el Ente de Control de la Vía Navegable (ECOVINA) del que participaban (y decidían) provincias como Santa Fe? Lo mismo puede señalarse de la disolución del Consejo Federal de la Hidrovía. Las autoridades de la provincia no pueden avalar semejante retroceso en materia de federalismo y democratización de los órganos de decisión.
Para finalizar, la pregunta que me vuelve siempre a la cabeza, ¿duermen tranquilos quienes entregaron el suelo e infraestructura pública de nuestro Puerto al capital financiero privado aprobando la creación de los Entes Portuarios allá por los 90? ¿Son conscientes del daño ocasionado? Y sigo preguntándome…, ¿registran el “costo social y laboral” del modelo que instalaron en la ciudad quienes “levantaron la mano” en el Concejo aprobando el Masterplan, dándole así negocios millonarios a privados? ¿Tanto les pedía el “círculo rojo” del poder santafesino? Seguiremos insistiendo con los proyectos de ley presentados junto a Carlos Del Frade, para recuperar el control del puerto modificando la Ley N°11.011.
Sepan que no olvidamos y vamos a transformar el modelo de la ciudad. Fuimos “portuaria, industrial y ferroviaria”. Volveremos a serlo.
“El plenario es importante en el hecho de que haya comunidad, de que todos vayamos para un mismo lado, de que juntemos fuerza, justo en una ciudad como San Lorenzo, donde batallamos y peleamos la soberanía, porque se la llevan todas y no comparten. Y eso en sí no queda en el país, no queda ni en el sueldo de los trabajadores” sintetizaba de forma brillante un delegado del gremio aceitero que desarrolla tareas en la multinacional yanqui Cargill en la previa del histórico plenario nacional de aceiteros.
Este 24 de julio con más de 250 delegados aceiteros de todo el país, se realizó el Primer Plenario Nacional de Delegadas y Delegados Aceiteros, que sus organizadores consideran histórico porque vuelve a expresar la unidad de los dos agrupamientos de trabajadores en el sector, la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina (FTCIODyARA) y el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros del Departamento San Lorenzo (SOEA).
Con centro en analizar la coyuntura nacional, y paneles que desarrollaron las políticas antiobreras que viene llevando adelante el gobierno de Javier Milei los aceiteros se pusieron en pie de guerra para “defender lo conquistado” ante un gobierno nacional que como dicen “eligió a los trabajadores como enemigos”
Daniel Succi, secretario general del SOEA, al abrir el encuentro aseguró que “lo que nos une es defender los derechos de los trabajadores. Y este congreso es para charlar entre nosotros porque planificaron el genocidio de la clase trabajadora, que es una palabra que nos trae los peores recuerdos. Y nos ha costado mucho trabajo defender las condiciones de trabajo que tenemos, los salarios que tenemos”.
Por su parte, el secretario general de la Federación Aceitera, Daniel Yofra, agregó: “Tenemos que fortalecer esta unidad y no vamos a poder fortalecerla si no hacemos medidas de fuerza, si no salimos a luchar no solamente contra las empresas sino contra un gobierno que está minado de patrones”.
El plenario conto con varias mesas de debate sobre temas como “La reforma laboral regresiva: Aspectos individuales y colectivos”, “La política económica del Gobierno Nacional y sus consecuencias. Panorama actual de impuesto a las ganancias a la 4ta categoría” y “La política sindical de los aceiteros ante esta coyuntura”
Defender lo conquistado, enfrentando lo que se viene
La convocatoria se realizó en la ciudad de San Lorenzo, sede del SOEA y del complejo agroexportador más importante de Argentina y uno de los 3 más importantes del mundo.
Por la aduana de esta ciudad sale lo principal de la producción agrícola Argentina y es una pieza clave en el modelo de primarización y concentración de la producción que impulsa el gobierno de Javier Milei. Desde aquí provienen gran parte de los dólares que necesita la Argentina.
Es por eso que las miradas están puestas en el cordón industrial norte de Rosario donde más de 4000 trabajadores hacen funcionar la maquinaria agroexportadora. Una maquinaria que durante los dos paros nacionales contra la política de Milei se detuvo por completo y provocó que Patricia Bulrrich centrara su puesta en escena en uno de los puertos de la región en la última medida de fuerza, y que el Ministerio de trabajo de la Nación dictara una conciliación obligatoria que (de forma inédita) hasta los monopolios exportadores aseguran no haber pedido.
El gobierno y el poder económico en Argentina conocen la importancia del sector, y conoce también la tradición de lucha de los aceiteros. Todavía está fresco en el recuerdo la histórica huelga de 20 días en 2020 que logro torcerle el brazo a los monopolios exportadores.
Medidas que permitieron que los trabajadores del sector pasaran en apenas unas décadas de muy malas condiciones salariales y de trabajo a tener uno de los mejores sueldos y condiciones de trabajo de la Argentina. Los trabajadores también recuerdan esa historia y lo dejan claro cada vez que pueden.
“Este gobierno no hizo más que achicar los salario de quienes trabajamos. Y quieren seguir por ese camino y nos quieren llevar de nuevo a vivir como en los años 90 cuando teníamos un salario de pobreza y teníamos que vivir adentro de la fábrica haciendo horas extras para poder sobrevivir afuera”, afirmo Daniel Yofra, y agregó que “tanto Succi como yo hemos estado en los 90 y sabemos lo que significa luchar en contra de la flexibilización laboral donde se llena la fábrica de contratistas, donde el 80% de las muertes son los contratistas, hoy quieren de nuevo poner el sistema de contratistas en vigencia en las distintas fábricas, pero hoy la situación es totalmente diferente a lo que estábamos en los 90, estamos organizados de otra manera, ya hemos hecho varios paros, y , si vienen a querernos flexibilizar la empresa, a no querer paritarias, a meternos de nuevo el impuesto a la ganancia, seguramente no solamente vamos a enfrentar a la empresa, sino si es necesario enfrentar al gobierno, también lo vamos a hacer”
Ambos dirigentes sindicales, Dabiel Succi y Daniel Yofra, tienen claro que son un mal ejemplo para la política que quiere implementar Milei y entienden cuál es la intención para el sector de las reformas introducidas por la Ley Bases aprobada recientemente, y las responsabilidades políticas que implicó.
“Se viene de nuevo la parte de contratista, que son negocios para los gerentes de cada una de las empresas en las que trabajamos, no es que vamos a descubrir América y tenemos un problema que es mucho más grave que el de los 90. En los 90 esta política era de hecho, y de hecho algo pudimos defender, hoy tenemos el derecho, ¿por qué? Porque los sinvergüenza y caradura de diputados y senadores votaron todo y todavía diciéndote que no estaban convencidos, pero que había que darle la mano a este gobierno que prácticamente es, vuelvo a repetir, es el genocidio de la clase trabajadora, compañeros. Entonces llamamos a la reflexión al resto de los gremios y que se despierten y salgan a defender a los trabajadores”, convocó Succi.
Unir fuerzas
¿Este es el camino que tiene que seguir el movimiento sindical?, consultó un periodista en una conferencia de prensa de ambos referentes sindicales aceiteros, y quien tomó la palabra fue Succi: “Sí, claro, , nosotros hace muchos años ya venimos uniendo esfuerzo en paritarias y obviamente que la coyuntura política, un nuevo gobierno donde avasalle los derechos de los trabajadores, nos unió aún más, creo que esto es una demostración, nos debíamos este plenario nacional de delegados y delegadas y bueno, este es un principio, ojalá que se sumen otros gremios y creo que esa es la necesidad que tenemos en todo el país, no solamente los aceiteros, el sector nuestro que es un sector fuerte, pero sí que hoy vamos a tomar una decisión que seguramente los compañeros van a proponer en este plenario nacional histórico y que nosotros llevaremos a cabo como lo venimos haciendo desde hace mucho tiempo”
¿Qué medidas analizan? ¿Están ya pensando alguna? “No lo tenemos hablado, pero seguramente las medidas nuestras desde hace mucho tiempo, la herramienta que tenemos por Constitución Nacional es la huelga, pero eso lo decidirán los compañeros. Hablaban también de convocar otros gremios, ya están charlando con algunas otras organizaciones, digo que de alguna manera esta convocatoria es una de las primeras” afirmó Yofra.
Es sobre la base de esa experiencia que durante el plenario se expresó en varias oportunidades la preocupación por el intento del gobierno de limitar las herramientas de lucha de los trabajadores como es el caso de la huelga o el bloqueo de fábricas.
Sobre el final del encuentro en una votación unánime los más de 250 delegados dieron mandato a las conducciones de la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina (FTCIODyARA) y el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros del Departamento San Lorenzo (SOEA) para tomar “medidas de fuerza en el momento que lo consideren adecuado” para rechazar las políticas de precarización laboral y destrucción del salario contenidas en la Ley Bases.
“En los 90 fue tristeza, después fue bronca, después fue organización, no hay otra alternativa. Ojalá que sean los procesos más rápidos, que los dirigentes entiendan que tienen que salir a representar los derechos de los trabajadores”, concluye el dirigente de la federación aceitera.
Una producción de Info>Soberana que indaga sobre las causas de un fenómeno que afecta a todo Rosario.
Un aporte para seguir pensando en clave de soberanía, y poder dar con los verdaderos responsables de este drama que requiere de soluciones de fondo para terminar con tanta hipocresía del poder político, judicial y económico.
Compartimos la propuesta elaborada por Pablo Landó (*) para la puesta en marcha del puerto de la ciudad de Santa Fe, y el rol del Ente Portuario que hoy lo administra.
El Ente Portuario de Santa Fe es una de las principales trabas para el desarrollo económico de nuestra ciudad.
Es un “ente autónomo no estatal” encargado de administrar nuestro puerto. Para entender por qué un organismo autónomo se encarga de administrar un puerto que es público hay que entender cuál es su origen.
A principios de los 90 cuando el menemismo desplegaba su modelo neoliberal de descentralización del Estado y privatización de los recursos públicos, cedió la administración de los puertos a las provincias. En 1993, la ley provincial N° 11.011 creó los Entes Portuarios (de Santa Fe y Rosario) y les otorgó carácter de “entes autónomos”; un engendro jurídico pergeñado para el saqueo y la entrega.
El directorio del Ente está compuesto por el Presidente (que designa el gobernador), un director municipal (lo pone el Intendente) y hasta 7 representantes de privados (operadores del “círculo rojo” de la ciudad vinculados a los rubros que funcionan dentro y fuera del puerto).
Esos sectores durante años instalaron la idea de un “puerto que no sirve para nada”, decidieron un rumbo de parálisis operativa y productiva y se dedicaron a negociados comerciales e inmobiliarios en la zona de Diques y Avenida Alem. Entre paréntesis.Lo dijimos en compañía de muy pocas personas, -y la realidad de los movimientos operativos actuales nos dio la razón- ¡nuestro Puerto siempre estuvo operativo y tiene una infraestructura que ni los desguaces de zona de diques pudieron derrumbar! (aunque sí afectar). Retomemos…
Para realizar tales negociados sobre terrenos fiscales, tuvieron que aprobar una Ordenanza Municipal llamada “Masterplan” que los puso en valor con obras de infraestructura y servicios que realizó el Estado (o sea, con la nuestra).
Es así cómo podemos entender que nuestro puerto se haya convertido en un hipermercado, casino, shopping, hotel, y barrio de lujo semiprivado y ojo que no estamos en contra del esparcimiento, ni de un centro comercial pero sí que se hagan negocios privados con recursos públicos.
Además, los fondos que administra el EPSF como por ejemplo el cobro de los cánones locativos (alquileres) a desarrolladores inmobiliarios y negocios emplazados allí y por servicios en zona operativa…no van a las arcas del Estado; quedan ahí por ser “ente autónomo no estatal”. Se apropian de millonarios recursos que tanto necesitamos en la ciudad para obras y servicios.
Nosotros queremos recuperar el puerto en toda su potencialidad para los santafesinos. En primer lugar, romper con la herencia menemista y devolverle su carácter “público”. Para eso ya presentamos en la legislatura, junto al Diputado Carlos Del Frade un proyecto para la modificación de la Ley 11.011
Una vez en manos de los santafesinos, ponerlo al servicio de resolver los problemas concretos de la ciudadanía, como por ejemplo uno de los más preocupantes de este momento: el empleo.
Hemos conversado y analizado largo tiempo con investigadores, presidentes de consorcios de gestión de Puertos como el de Mar del Plata, trabajadores de astilleros como Río Santiago, etc, que aseguran que nuestro Puerto puede desarrollar su actividad con barcazas pequeñas, que puedan ser construidas y reparadas por un ASTILLERO LOCAL, MUNICIPAL O PÚBLICO-PRIVADO
Así generaríamos empleo industrial local directo e indirecto. Y mediante “muelles flotantes” en localidades costeras, unir las cargas de productos del centro y norte provincial con la capital provincial, mediante estas pequeñas embarcaciones. Poner el puerto de cara a otro modelo productivo en la región, cuidando el ambiente, apostando a laspymes y pequeños y medianos productores agrícolas y ganaderos.
Señalados los responsables, tenemos que pasar a la acción de revertir el altísimo “costo social” que significó para la ciudad la “privatización encubierta” del Puerto.
Pablo Landó. Comunicador Social. Miembro del Foro por la Recuperación del Paraná. Asesor del Dip. prov. Carlos Del Frade. Dirigente político de la ciudad de Santa Fe.
