Los indicadores económicos y noticias vinculadas a la economía argentina de estas últimas semanas ofrecen un pantallazo no sólo de la situación actual, la foto del momento de la economía argentina, sino que dan indicios de hacia dónde va el modelo económico de Javier Milei.
El primer gran indicador, y la muestra más cabal de hacia dónde va este modelo económico, lo tiene la violenta caída de la producción industrial, que en Santa Fe tiene un rasgo particular que veremos más adelante.
La producción de fabril, la producción industrial en Santa Fe, en el mes de abril de este año presentó una nueva y marcada caída del 11% con respecto al año pasado, y si le sumamos los primeros cuatro meses del año y los comparamos con los primeros cuatro meses del año 2023, la caída es del 14% de la producción industrial.
Al igual que en los cinco meses anteriores, en abril de este año, el índice que hace la Federación Industrial de Santa Fe (FISFE), se ubicó muy por debajo de los niveles, no sólo del 2023, sino también del 2022 y 2021, los años que vivimos la pandemia con toda la economía totalmente detenida o casi detenida.
Según el informe de esta entidad gremial industrial, el 90% de las ramas industriales que se analizaron en la provincia de Santa Fe, en el mes de abril, tuvieron una caída comparado con el año anterior en su producción.
El 90%, nueve de cada diez ramas industriales, produjeron menos que el año pasado en la comparación del mes de abril. Más de 50 actividades fabriles relevadas registraron una disminución de en torno al 20% en la producción
¿Cuáles son las ramas que registraron mayores caídas?
La industria siderúrgica, cayó un 5,1%, la maquinaria agropecuaria, que en otro momento fue la estrella de la producción industrial de Santa Fe también cayó así como la producción de vehículos automotores (muy importante para la provincia de Santa Fe, porque lo que se está viendo como consecuencia es lo que pasa en General Motors).
Según la Asociación de Terminales de Producciones de Vehículos, en junio la producción fue 16,7% menor a la de mayo. Se produjeron 32,029 unidades y fue un 40% menor respecto del mismo mes del año pasado (casi la mitad de los autos que el año pasado se están produciendo). La caída también se registró no sólo en la producción, sino en la venta del exterior y esto tiene que ver con las relaciones (o las malas relaciones) que Argentina está teniendo con el principal socio comercial en la compra de autos que es Brasil, ni más ni menos.
El sector exportó 20.000 unidades, tuvo una caída de casi un 10% en comparación con el mes anterior y también un 10% respecto al junio del año pasado. Decíamos las ramas que habían caído y contábamos vehículos automotores, productos lácteos cayó también, productos de metal y servicios de trabajo de metales. Estas cinco ramas que contamos fueron las de mayor caída y cuando uno ve la foto, cuando uno analiza la imagen y el gráfico que publica la Federación Industrial de Santa Fe, no queda mucha duda porque aparecen todas las ramas industriales en rojo, decíamos nueve de cada diez, en comparación con el mes anterior y en comparación con el año pasado.
¿Cuál es la única rama industrial que creció?
Es interesante ver la foto porque es un poco la película, o mejor dicho el tráiler de la película que nos quieren meter como modelo económico.
Lo único que creció fue la molienda de oleaginosas, que fue la actividad industrial que creció 6,6%. Estamos hablando del complejo cerealero oleaginoso agroindustrial que se ubica centralmente aquí en la región del sector norte del cordón industrial de Rosario y que en comparación con el año pasado, año además que hubo una sequía, tuvo un crecimiento muy grande.
El procesamiento del producto de soja en Santa Fe registró en abril de este año una expansión del 32,4% comparado con el año pasado y la producción de aceite casi un 40% mayor a la del año pasado. En los cuatro meses de 2024 en la actividad industrial vinculada a la cadena de la soja, tuvo una recuperación muy importante con respecto al año pasado. En el primer cuatrimestre la industrialización de soja superó los 10 millones de toneladas, o sea 2,7 millones de toneladas más que en 2023.
Lo único que creció, lo único que tiene chances de producir en la provincia es el complejo agroexportador. Ese es el modelo económico que le imponen a la Argentina y que profundiza el modelo de Milei, que tiene como contracara consecuencias como la destrucción de la industria y la caída total de una característica que tiene el entramado industrial en Argentina: las PYMES, las pequeñas y medianas industrias.
El PYMEcidio y el desempleo
Según el Radar PYME desde la asunción de Javier Milei hasta junio de este año se destruyeron 10.000 pequeñas y medianas empresas, 50 pymes por día. Durante todo el Gobierno de Macri se destruyeron 24.505 y durante el de Alberto Fernández 6.544.
Este sector empresario que genera más del 50 % del trabajo formal en el país, reclama leyes de protección y asegura que el RIGI los pone en peores condiciones.
Esa es la primera consecuencia de este modelo que por un lado tiene un pequeño grupo de empresas que en su mayoría están en manos de capitales extranjeros como son las aceiteras y la agroexportación y la contracara es la destrucción total de la industria.
El 90% de las ramas industriales están cayendo y de las pymes, los seis sectores pymes que tuvieron caídas en este comienzo de año son papel e impresiones, químicos y plásticos, textil e indumentaria.
¿Qué implica la caída de las PYMES? La destrucción del empleo, porque son principal fuente de empleo en la Argentina.
Esta semana el INDEC, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, publicó los datos del desempleo para los primeros tres meses de la administración Milei y por supuesto, como no podía ser de otra manera, la desocupación creció casi un punto en un marco de un leve chicamente del mercado de trabajo.
En relación a diciembre pasado, la suba del desempleo es de dos puntos desde que asumió Javier Milei. Con este panorama, dice el INDEC registró la tasa de desempleo más alta desde la recuperación de la pandemia en el segundo trimestre de 2021. Hay más desempleo y menos producción que en la pandemia.
Es muy interesante lo que dice Ana Inés Navarro, que es la directora de investigaciones del Banco Municipal De Rosario, que dice que además esto es un número que todavía es pequeño, porque es esperable que el mercado laboral no sea rápidamente sensible a la caída de la actividad y el PBI, que se ven estos meses, que primero va a caer la producción, como estamos viendo los datos contamos, y después por cada punto del PBI va a ir cayendo también el empleo formal. Muchas veces esto lleva un tiempo, pero se va a ver seguramente reflejado.
Otro dato a tener en cuenta es que el desfasaje de los salarios, o sea en los salarios muy por atrás de la inflación, también son un aliciente para que no haya desempleo porque tienen menor costo para los empresarios, con lo cual todavía no vemos el impacto completo que va a tener la caída de la producción.
Menos recaudación, menos soberanía monetaria
Otra consecuencia que tiene este modelo es que por supuesto al haber menos producción, al haber menos actividad económica, lo que hubo fue una recaudación fiscal que registró en junio la peor caída en lo que va del año, porque los recursos tributarios alcanzaron los 11.000 millones de pesos, con una variación anual del 212% y una contracción real, cuando uno lo compara, lo desestacionaliza, del 14%, muy por debajo de la inflación acumulada. Se está recaudando menos, el estado recauda menos porque cae la producción.
Dos consecuencias más concretas de esta forma de pensar la economía argentina, en donde solamente lo vinculado a la agroexportación funciona, donde la Argentina tiene lugar solo como productor y exportador de commodities .
Por un lado la pérdida total de la soberanía monetaria, porque la liquidación del agro, los datos que da el monitor agroindustrial de las cámaras industriales como CIARA, dicen que entre soja y maíz hay más de 42 millones de toneladas guardadas y sin vender.
¿Qué tendrá que ver esto, me decís vos, con la soberanía monetaria? Al darle ese poder en el modelo económico a un sector tan pequeño de la economía, lo que vos le das es el poder de definir cuánto vale el dólar y por tanto cuánto vale el peso. Si no liquidan, como está sucediendo en este momento, que la caída de ingresos de divisas del mes de junio fue más que marcada, lo que tenés son las corridas bancarias, lo que tenés es un grupo, un sector económico, decidiendo por el conjunto de la economía.
Mientras en el mismo periodo de 2023 habían ingresado 9.450 millones de dólares y en el 2022 para esta época habían ingresado 15.000, recién ingresaron ahora 9.044 millones, mucho menos que en el 2022, mucho menos que en el 2021 y en 2023.
Estamos hablando incluso años de sequía, menos que eso se ha ingresado, que es lo que dice, bueno está guardada la soja, está guardado el maíz, quedan 35 millones de toneladas de soja, casi el 75% de todas la soja que se produjo está guardada y a esto hay que sumarle el maíz, lo que hace que haya 42,2 millones de toneladas de granos guardados.
Paralelamente que le das el poder de decidir sobre el valor de tu moneda, de decidir el ingreso de divisas, a un grupo muy chiquito, destruís el conjunto de la economía para que sólo crezca ese grupo económico.
Una Argentina más pobre hasta en las entrañas de la tierra.
Y para cerrar un dato sobre otra consecuencia de este modelo, pero de esas que se ven a largo plazo, y que por supuesto no se le puede achacar solo al actual gobierno, pero este la profundiza.
La Asociación Civil Fertilizar, que es la que agrupa a las empresas más importantes de nutrición de cultivos, presentó esta semana en conjunto con el INTA los resultados de un estudio realizado en el NOA y en el NEA, donde analizan cómo está de nutrientes la tierra después de 20, 25, 30 años de este modelo de agricultura, que es el mismo que se enlaza con esta concentración de la propiedad y la concentración de la producción.
Determinaron que hay una degradación de los suelos, una pérdida de fertilidad de materia orgánica, que van dejando más vulnerables a los impactos ambientales y climáticos a los suelos, y encontrar una disminución de la disponibilidad de nutrientes como el fósforo principalmente, pero también de otros como potasio, en Santa Fe, en Entre Ríos, y algunas otras provincias agrícolas, lo que va determinando una importante reducción de la materia orgánica, lo que produce mayor facilidad para la erosión y menor abastecimiento de otros minerales.
Claramente otra consecuencia de poner la economía y la producción en manos de unos pocos con un modelo que privilegia solamente la ganancia y la ganancia de algunos sectores vinculados a los commodities, que determina no sólo que no manejemos el valor de nuestra moneda, no sólo que haya cada vez menos empleo y se destruya en entramado industrial, sino que además van agotando el suelo, que es una fuente central de la riqueza y también de la vida en un país como Argentina.
Una foto actual que no es ni más ni menos que el tráiler de la película del modelo económico que impulsa el gobierno de Javier Milei, una película de terror para las mayorías populares.
A dos meses de la asunción de Javier Milei, y en la víspera del discurso inaugural de las sesiones ordinarias del congreso, repasamos los índices económicos en Santa Fe y la región. Además una radiografía de las primeras señales de una crisis de empleo con despidos y suspensiones, los casos en Santa Fe.
Economía en caída
A dos meses de la asunción de Javier Milei y la implementación de las medidas económicas de Luis Caputo, casi todos los índices de la actividad económica tienen saldo negativo en Argentina, y Rosario y la región no son la excepción.
En diciembre la facturación de las empresas en la ciudad de Rosario cayó en los rubros de industria y construcción. La industria manufacturera cayó 8,7% interanual en diciembre y con los peores índices se registraron los rubros minerales no metálicos (arena sílica, azufre, etc.) 23%; vehículos y equipos de transporte 23%; y fabricación de componentes eléctricos.
Por otro lado un indicador clave de la caída económica es sin duda el comercio, golpeado fuertemente por la caída del consumo empujada por el brutal golpe al bolsillo que significó la devaluación de diciembre y los siderales aumentos de precios. Este rubro cayó en su facturación en 7,7% en diciembre, mientras que los servicios fueron también en caída como el rubro de alojamientos, bares y restaurantes (6%) y transporte (11.2%). Y los primeros indicadores de diciembre van en el mismo sentido: vestimenta descendería en promedio entre 15 y 25% el volumen de sus ventas
¿Quiénes fueron los únicos que tuvieron números positivos en Rosario en diciembre?: la intermediación financiera y los servicios de seguros que subieron en diciembre ¡67%! Como durante el macrismo, mientras se destruye la industria nacional, la producción y el consumo, crece la especulación financiera.
El golpe de gracia a las provincias
Mientras esos números se ven en grandes ciudades como en Rosario, y ante la ausencia de asistencia del Estado nacional, es difícil pensar en una asistencia provincial si no se ponen de pie las provincias para reclamar fuertemente lo que nación les niega, y en paralelo, si no se avanza en políticas fiscales progresivas que graven más a los poquísimos sectores que concentran las ganancias de este modelo y que vienen ganando hace rato.
Las provincias vieron multiplicarse sus deudas por efecto de la devaluación de diciembre, en el mismo momento que vieron caer las transferencias automáticas del gobierno nacional en un porcentaje del 20% (coparticipación federal, compensaciones y partidas estipulados por leyes especiales). Una caída de los ingresos provinciales que según estudios privados sería la peor de los últimos 45 meses.
Cae la actividad, y golpea al empleo
Según un informe del Ministerio de trabajo de Santa Fe, en los últimos 14 meses se firmaron en la Dirección Regional Rosario 50 acuerdos entre empresas santafesinas y gremios, o directamente con empleados, en el marco del artículo 223 Bis de la Ley de Contratos de Trabajo que habilita a la patronal a suspender personal cuando existe “falta o disminución del trabajo no imputable al empleador”, de los cuales 20 pertenecen a los dos meses y medio de gestión, desde que asumió Javier Milei.
Entre las causas mencionadas en el informe se encuentran: aumentos de costos operativos, entre ellos de los salarios acordados en las últimas paritarias; medidas económicas y políticas para la industria adoptadas, el panorama internacional que dificulta la provisión de insumos para utilizar en la producción; caída abrupta de la producción y de las ventas, provocándoles graves perjuicios económicos.
Entre los rubros más perjudicados encontramos 4.500 en vigilancia, 2.280 en la construcción, 1.072 en la Sanidad, 367 en la industria del vidrio y alrededor de 100 en las industrias químicas.
Casos Testigo
Acindar (ArcerlorMittal)
El anuncio reciente de la paralización de todas las plantas del grupo siderúrgico Acindar genera preocupación tanto entre los trabajadores directamente afectados como en el sector empresarial y económico en general. Esta decisión, motivada por una marcada caída en las ventas, de una empresa que destina gran parte de su producción a abastecer a la obra pública, plantea un escenario complejo no solo para el empleo directo sino para las comunidades que rodean a la producción y las PYMES que trabajan directamente con el gigante del acero en Villa Constitución y toda la región.
GM
El 2024 comenzó con el peor enero de los últimos 15 años en cuanto a venta de autos, y eso tiene una repercusión directa en las fuentes de empleo automotriz.
General Motors, por ejemplo, paralizó su planta de Alvear hasta el mes de marzo y suspendió a todo su personal con salario reducido. La medida es fruto de la crisis económica y la caída de la demanda. El personal está suspendido hasta el 4 de marzo y, tras un acuerdo alcanzado con las automotrices, cobran entre el 76 y 78% de los sueldos. Desde el SMATA aseguran que la situación recuerda al gobierno de Mauricio Macri, cuando se perdieron 2.000 puestos laborales en el rubro en la zona.
Dinelli
La empresa metalúrgica Dinelli, de Chañar Ladeado, cerró el pasado mes de diciembre y a pesar de que su propietario se había comprometido a pagar las indemnizaciones correspondientes, eso aún no ocurrió, y los 14 empleados que reclaman sus indemnizaciones comenzaron un plan de lucha con cortes de ruta.
Marco Polo
Otra empresa de la industria metalúrgica que enciende las señales de alerta es la de carrocera Metalsur, del grupo Marco Polo, que anunció la suspensión de 500 trabajadores en la planta de Villa Gobernador Gálvez. La medida será por treinta días y, durante el período, los obreros cobrarán el 80% del salario.
La firma dedicada al carrozado de colectivos, siente el impacto directo de la caída de la actividad económica. En los últimos años, había concentrado la producción de unidades urbanas pero hoy esa demanda se planchó.
La empresa, controlada por capitales brasileños, cesó los contratos de unos 140 empleados y avanzó con la suspensión rotativa del personal fijo, que cobrará el 80% cuando no trabaje.
Alerta Ferroviaria
Alertan una situación preocupante con respecto al recientemente reinaugurado ramal ferroviario Rosario/Cañada de Gómez, tras el cierre de la boletería en Cañada, y la paralización de la venta de pasajes online para el mes de marzo. La preocupación cundió en la comunidad por el futuro del servicio y las fuentes de trabajo
Uocra y empresas de construcción en estado de alerta
La decisión de Milei de parar toda la obra pública puso esta semana el gremio de la UOCRA en en estado de alerta y asamblea permanente por la pérdida en estos dos meses de 50 mil puestos de trabajo directos y más de 100 mil indirectos. Pero no solo los trabajadores están en alerta sino que las empresas nucleadas en la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) se declaró en “estado de emergencia” en todo el país a principios de febrero y advirtió que peligran 200.000 empleos y 1.400 empresas del sector por el “desborde inflacionario de 2023”, agravado por el freno a la actividad.
Planta Potabilizadora Santa Fe
La ampliación de la planta potabilizadora de Aguas Santafesinas S.A en Santa Fe Capital se encuentra paralizada y sin mano de obra. Debido a los “precios elevadísimos” de los insumos, la Unión Transitoria de Empresas (UTE), formada por Obring, Supercemento y Basa, a cargo de las obras, despidió a 27 trabajadores y mantienen solo a diez en tareas mínimas.
En un escrito, invocaron “desabastecimiento y precios elevadísimos” de insumos, atraso en el pago e “incertidumbre” sobre la continuidad de fondos nacionales ante la postura de “obra pública cero” del presidente Javier Milei ya desde su primer día como jefe de Estado, y antes incluso como candidato.
El futuro llegó hace rato
La perspectiva de una crisis de empleo en ciernes se vuelve más oscura con fallos como el que se conoció por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que puso un límite a la manera de calcular los intereses que se aplican en una indemnización por despido, algo que fue celebrado por el sector empresarial, que señaló que “es el camino” para empezar a dar impulso a la generación de empleo.
Un presagio del escenario de despidos para el que se preparan.
En el ámbito económico la perspectiva tampoco es alentadora, ya que tal como lo había dispuesto el Gobierno nacional, hoy aumenta el impuesto a los combustibles en el marco del cronograma de descongelamiento, lo que va a impactar de manera directa al precio de la nafta y el gasoil, algo que se repetirá en abril y mayo.
Pero no solo los combustibles aumentarán con el “descongelamiento” y la “libertad de precios” porque también lo harán los colectivos, prepagas, alquileres y trenes de larga distancia y las tarifas de servicios como luz, agua y gas.
La Secretaría de Energía calculó que $35.000 será el valor que abonarán por las facturas de gas y luz los usuarios incluidos en el decil 1 de la población, el de menos ingresos, y que ese monto representará alrededor del 35% de los ingresos de ese sector.
En este contexto dará su discurso inaugural de las sesiones del congreso Javier Milei, que en estas semanas previas mostró que ante la imposibilidad de ofrecer un solo logro económico que haga pensar que su base electoral no será la más golpeada por su política, profundizará “la batalla cultural” haciendo hincapié en el supuesto “combate a la casta”, la corrupción, y la persecución a los artistas opositores o la cancelación de íconos de gestiones anteriores como el INADI, o la política de género.
Mientras esto sucede, la pérdida de poder adquisitivo y la pelea por empatarle a la inflación da señales preocupantes de ir cediendo el lugar a la pelea por, aunque sea, mantener la fuente de laburo.
Un primer análisis del paquete de medidas económicas anunciado por el nuevo ministro de Economía Luis Caputo, centrado en una feroz devaluación del peso, muestra a las claras que habrá una inmensa cantidad de perdedores (trabajadores, jubilados, beneficiarios de planes sociales y todos los que cobran sumas fijas) y un pequeño puñado de ganadores (los exportadores).
Sumado a los aumentos de tarifas de energía, transporte el salto de la cotización del dólar oficial a $800 desde los $375 a los que estaba implica una pérdida del 50% en el valor de los ingresos de las grandes mayorías, y en contrapartida que los monopolios exportadores multipliquen automáticamente sus ya fabulosas ganancias.
Y si en Argentina hablamos de exportadores el sector de la agroindustria es uno de los centrales. El complejo agoreportador oleaginoso-cerealero, incluyendo al biodiésel y sus derivados, aportó el año pasado el 48 % del total de las exportaciones de la Argentina, según datos del INDEC.
De ese complejo los principales productos exportados en 2022 fueron harina de soja (14,2% del total), maíz (11%) y el aceite de soja (6,9%).
Un sector concentrado territorialmente en el sur santafesino y dominado por un puñado de empresas de capitales extranjeros que domina el comercio exterior argentina asociada a los grandes terratenientes dueños de la mayor parte de la tierra y la producción en el país.
A partir de las medidas anunciadas el sector recibirá casi $200 por cada dólar exportado.
Esto se debe a que con la nueva reglamentación un 80% de lo exportado cotiza al dólar oficial ($800) y el 20% restante a través del dólar contado con liquidación (CCL), que cuesta un promedio de $1032 pesos. Lo que implica que por cada dólar recibirán 846 pesos contra los $678 que recibirán hasta el lunes. Un aumento de las ganancias de los agroexportadores del 24,7% .
Siempre ganan
Durante todo el año se pudo leer y escuchar como los voceros del sector nucleados en la Bolsa de Comercio de Rosario, la Bolsa de Cereales de Bs As o el Concejo Agroindustrial Argentino reclamaban una recomposición del dólar para “ser más competitivos” y se lamentaban por los efectos negativos de la sequía en la producción y la agro exportación.
Los datos publicados indican que los 11 meses que pasaron de 2023 comparados con el mismo periodo del 2022, el sector cerealero-oleaginoso perdió valores de ventas al exterior por 18.200 millones de dólares, equivalentes a una caída del 50 por ciento, según destacaron las entidades.
Si bien los números son ciertos habría que agregar que una parte de la caída en las cifras exportadas de los últimos meses tiene que ver con la parálisis de las operaciones que impusieron las empresas ante la expectativa por el posible cambio de gobierno y la mejora de la cotización del dólar. Muchos productores y agroexportadoras eligieron esperar para comercializar parte de la producción.
Por otro lado la caída de la actividad fue una situación excepcional en la década, y no modificó en absoluto el lugar de privilegio que ocupa el sector en la economía argentina.
De hecho un año antes las empresas agroexportadoras tuvieron una liquidación récord de divisas de más u$s40.400 millones, superando incluso los record a los que se había llegado en 2011 y superando en un 22% a lo conseguido en 2021.
Según los datos brindados por la última edición del ranking de las empresas que más facturan en Argentina, elaborado por la Revista Mercado varias de las que ocupan el podio provienen del sector agroexportador.
De los 7 primeros puestos 5 son agroexportadoras.
La empresa de origen suizo/ingles Viterra Argentina (ex Glencore, socia de Vicentin en Renova) ocupa el tercer lugar después de YPF y el Banco Nación y duplicó su facturación hasta llegar a los $ 1.056.031 millones, en 4º lugar está la francesa Louis Dreyfus que facturo en 2022 $1.029.200 millones, en 5º lugar la estadounidense Cargill con $ 997.822 millones, la sigue Asoc. de Coop. Argentinas con $958.165 millones, y Aceitera General Deheza en 7º lugar con una facturación de $948.950 millones.
Pero no son las únicas, en el puesto 21 está la estadounidense ADM Agro que facturo $554.775 millones, en el 33 Syngenta Agro con $341.535 millones y 39 Bunge Argentina con una facturación de $282.500 millones. Vale aclarar que uno de los jugadores clave del sector es la estatal china COFCO pero al no cotizar en Bolsa no tiene obligación de exponer sus balances por eso no participa del ranking de Mercado.
Pero no solo las agroexportadoras están en el rankig de las que más facturan sino también en el de las que más ganan.
En el ranking de las ganancias por ejemplo encontramos que Viterra de perder $594 millones en 2021 pasó a ganar $13.109 (229,8%) en 2022, Profertil pasó de ganar $13.466 millones en 2021 a $59.844 en 2022 (77,2%) y Vicentín que paso de ganar $8.840 millones a $15.920 (80,3%),
Incluso empresas como Molinos Agro o ACA que ganaron menos en 2022 que en 2021 son parte de las 50 empresas que más ganaron en Argentina ese año.
PD: Con la fusión de Bunge y Viterra anunciada este año el nuevo grupo liderará con comodidad los tres segmentos: según los volúmenes del año pasado alcanzarían las 9.802.784 toneladas de cereales; las 960.623 toneladas de soja y girasol en grano; y las 10.111.289 toneladas de derivados oleaginosos.
Pagamos la sequía entre todos.
Pero incluso en 2023 cuando la sequía redujo la producción y por tanto las cantidades exportadas, este sector logró que el estado (cada uno de nosotros y nosotras) compartiese esa perdida.
Gracias a las tres ediciones del Programa de Incremento Exportador (PIE), o dólar soja, que consiguieron amenazando al gobierno con no liquidar dólares, estas empresas recibieron un beneficio adicional de $590.000 millones según un análisis elaborado por Natalia Pérez Barreda del Mirador de Actualidad del Trabajo y la Economía (MATE).
Una transferencia de recursos desde los bolsillos de los argentinos a la caja de estas empresas que para dimensionar el monto de esa ganancia vale citar lo que la autora calcula: “con los ingresos de las tres versiones en función de los salarios de los meses en que se implementaron, se pagan más de cinco años de sueldos de todo el sector agroindustrial sojero”.
También el robo de la evasión.
Habría que sumar que estas empresas le robaron al estado una gran parte de esos dólares a través de la evasión fiscal denunciada esta vez por la Aduana.
La entidad oficial denunció hace unos meses a las siete mayores firmas cerealeras por sobrefacturar importaciones con el fin de fugar divisas ilegalmente.
Las operaciones investigadas involucran el ingreso al país de poroto de soja proveniente de Paraguay, para reexportarlo procesado. A través de la triangulación de la facturación por intermedio de un intermediario, una trader suiza vinculada a las exportadoras argentinas, el insumo llegaba a la Argentina con un 30 por ciento de sobreprecio en relación al valor en puerto de origen.
El objetivo, se presume, era obtener los dólares del Banco Central a precio oficial para pagar la importación, pero con un excedente del 30 por ciento sobre el precio real que se fugaba al exterior.
Las firmas sobre las que se abrió la investigación son Aceitera General Deheza, Bunge Argentina, Cargill SA, Cofco International, LDC Argentina SA (Louis Dreyfus Company), Molinos Agro SA (Molinos Río de la Plata) y Viterra Argentina SA (vinculada a Vicentin).
Caputazo y más ganancias.
Ahora tras los anuncios del ministro de Economía se preparan nuevamente a embolsar fabulosas ganancias, impulsadas por la feroz devaluación y por las perspectivas de un nuevo año record de cosechas.
Si bien en el sector algunas voces se expresaron sorprendidas porque Milei no solo no cumplió su palabra de eliminar las retenciones sino que aumento algunas alícuotas de retenciones (como a la carne, maíz, trigo, tc], y sumara algunas que había eliminado Sergio Massa como las retenciones a las economías regionales, no se escuchan más que felicitaciones al rumbo del recién llegado gobierno.
Y eso tiene que ver con que se calcula que el sector podría liquidar entre diciembre y febrero, antes de la llegada de la cosecha gruesa, uno USD 5.000 millones
Según algunas proyecciones solo el complejo sojero liquidará u$s 18.000 millones frente a los u$s 8.000 de la última campaña 22/23. La Bolsa de Comercio de Rosario junto con la Bolsa de Cereales de Buenos Aires estima una producción que rondaría los 50 millones de toneladas y estiman que para el ciclo 2023/2024 la producción de granos alcanzaría los 136,3 millones de toneladas, 70% más que en la campaña pasada. Eso permitiría realizar el doble de las exportaciones de este año llegando a USD 34.000 millones
Mientras las agroexportadoras se relamen por las ganancias record, que no son otra cosa que una transferencia de los bolsillos de los laburantes y los sectores de ingresos fijos, por redes sociales el gobierno avisa que va a reimplantar el impuesto a las ganancia que dejaron de pagar el mes pasado muchos de los trabajadores que van a producir esas ganancias.
Ganan los que venían ganando y plata hay a montones…. pero se la van a quedar unos pocos mientras los sacrificios lo vamos a hacer los de abajo.
Finalmente parece que “la gente de bien” de la que hablaban en campaña eran los bancos, las petroleras, las energéticas y las cerealeras.
(*) Germán Mangione. Periodista. Miembro del Foro por la recuperación del Paraná y Soberanía Popular San Lorenzo.
(Nota publicada en el portal web revistazoom.com.ar)
A pesar del caótico armado del nuevo gabinete, el gobierno de La Libertad Avanza promete un sólido futuro de entrega del Estado argentino que podría culminar en tragedia social.
Después del impacto que generó en las primeras horas el triunfo electoral de Javier Milei, llegó una frenética semana de anuncios, rumores, designaciones, desmentidas y marcha atrás, que van dejando una estela de aún más confusión de cara al nuevo gobierno que asume el próximo 10 de diciembre.
Pero más allá de la incertidumbre asoman algunas pocas –pero no por eso menos preocupantes— certezas. El gobierno de Javier Milei (y de Mauricio Macri) avanzará sin sorpresas en dos caminos que el libertario había anunciado en campaña: el ajuste y la entrega del patrimonio nacional.
Los primeros movimientos y trascendidos que deja ver el hombre de los perros clonados y sus allegados muestran por un lado que su plan de gobierno aprendió de la experiencia fallida del macrismo y avanzará apresuradamente con propuestas de recorte, achicamiento del Estado y las recetas de ajuste de siempre del neoliberalimo, pero esta vez con motosierra y no con bisturí.
Sin embargo, muchos de los anuncios de campaña empiezan a desteñirse de la mano de la real politik y el pragmatismo que la delicada realidad argentina impone. El plan de reducción del gasto choca de frente con una ya complicada situación social que amenaza con estallar ante los primeros aprietes del liberal.
Así, el anuncio de la posible eliminación de los aguinaldos a empleados públicos fue puesto en duda por el mismo equipo de Milei al día siguiente, la eliminación de ayudas sociales no apareció todavía entre las medidas anunciadas, y el recorte de la obra pública fue cuestionado hasta por algunos gobernadores de Juntos por el Cambio.
Habrá que ver hasta dónde avanza teniendo en cuenta que, como se advirtió en campaña, el famoso “ajuste a la política” no alcanza ni a hacerle cosquillas al déficit fiscal que representa apenas una ínfima porción del gasto. ¿Aplicará la motosierra socavando su propia base social? No está claro.
Lo que sí aparece con más claridad, al revisar sus primeros movimientos, alianzas, reuniones y viajes públicos es que no habrá tregua en el plan de entrega planteado y alentado por los principales referentes económicos y políticos de las potencias extranjeras que se relamen ante el reparto de las riquezas de los y las argentinas.
Las felicitaciones de las embajadas de Estados Unidos e Inglaterra en las primeras horas de la victoria libertaria fueron señales claras de lo que vendrá. Exultantes por la sintonía ofrecida en campaña por Milei, tanto EEUU como el Reino Unido no disimulan su entusiasmo por la influencia creciente que tendrán en el nuevo escenario argentino, en medio de la agudización de las tensiones geopolíticas en el mundo, y el avance de China en la región.
Tampoco los libertarios intentan ocultar su afinidad con los principales imperios que históricamente dominaron la región. Milei realiza en estos días su primer viaje como presidente electo a Washington junto a Caputo en busca de financiamiento en dólares para resolverle el problema de las Leliqs a los bancos y endeudar aún más a la Argentina.
Mientras tanto, varios miembros de la troup libertaria como el futuro ministro de Justicia Cúneo Libarona, Diana Mondino, futura canciller, y el nuevo titular del CONICET, Daniel Salamone, festejan en Buenos Aires el cumpleaños número 75 del rey Carlos III de Inglaterra en una ceremonia que agrupó a los principales vínculos de los usurpadores de las Islas Malvinas en el país.
Rumores y versiones sobre la entrega de los ferrocarriles, los canales públicos, Aerolíneas Argentinas, ARSAT y hasta la eliminación de nuestra moneda, vislumbran un futuro negro para la soberanía económica.
Sin embargo, en ese mar de anuncios de privatizaciones y entregas se destacan tres que podríamos decir son los pilares de cualquier posibilidad de proyecto autónomo de país y hoy están en serio peligro: el Paraná, Vaca Muerta, y el litio.
La vuelta del río privado
Guillermo Ferraro, próximo ministro de Infraestructura de Javier Milei, no oculta su plan de trabajo para volver a privatizar la vía navegable troncal del Paraná por donde circula el 80% de las exportaciones argentinas.
En declaraciones radiales Ferraro anunció no sólo avanzar en la reprivatización, como reclaman los agroexportadores, sino en la desarticulación de la Administración General de Puertos, el organismo del Estado que hoy tiene a su cargo la administración de la vía troncal y del cobro de su peaje.
El reclamo de las multinacionales que manejan nuestro comercio exterior, y de la embajada estadounidense, empieza a materializarse de la mano de la llegada de Milei.
«Necesitamos darles competitividad a nuestras cadenas exportadoras y, para ello, licitar el dragado y balizamiento para profundizar el río y hacerlo a riesgo empresario con un peaje lo más bajo posible, que pague la carga y no requiera aportes del Estado es el mejor camino. Hay que trabajar rápidamente en los pliegos y en los estudios que demuestren que la obra no perjudicara el medioambiente», asegura Luis Zubizarreta, presidente de la Cámara de Puertos Privados de la Argentina y CEO de la francesa Dreyfus.
En el mismo sentido se expresó Miguel Simeoni, el presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario, órgano que expresa los intereses de los grandes propietarios de la tierra y de las exportadoras extranjeras. Además pidió que el nuevo gobierno avance sobre la baja de las retenciones, los biocombustibles, la mejora de los accesos a puertos y el fortalecimiento del ferrocarril.
En consonancia con el camino de entrega que toma el tema Paraná esta semana la Legislatura de Santa Fe se va acomodando al nuevo escenario y convoca a una audiencia pública que se expresará en el mismo sentido de la mano de la entidad agraria.
Y no es extraño que incluso el presidente de Paraguay, el economista Santiago Peña, ex funcionario del Banco Mundial y del FMI, y el delfín de Estados Unidos en la región, que venía presionando por el peaje de la hidrovia de la mano de las agroexportadoras extranjeras hiciera en ese marco declaraciones de regocijo por la victoria de Milei, e incluso por la posible designación de Luis Caputo al frente del Ministerio de Economía.
El vuelo de los buitres sobre Vaca Muerta
Quien mire hoy hacia arriba podrá ver más que a las fuerzas del cielo que invoca como aliados el libertario a los buitres imperiales, y sus socios locales sobrevolando las enormes riquezas del país a la espera de quedarse con su parte.
Algo que se ve claramente en el sector energético. Por un lado, las empresas del sector ven en Javier Milei la posibilidad de la desregulación de las tarifas de energía, lo que permitirá el crecimiento meteórico de sus ganancias a costa de un empobrecimiento generalizado de las grandes mayorías y una traba para cualquier plan productivo.
Pero la pelea energética central está sin dudas en torno a Vaca Muerta, la segunda reserva de gas del mundo y la cuarta en petróleo no convencional, que atraviesa cuatro provincias argentinas y que en el mes de septiembre alcanzó un récord de producción superando en 14% la actividad de agosto.
Milei volvió a ratificar su intención de privatizar YPF y su principal activo, una obra en la que el Estado hizo los principales aporte de inversión para la exploración (que es lo que más dinero insume), y que ahora en el momento de empezar a recaudar lo invertido será entregado al mejor postor. Y postores hay muchos, e invirtieron mucho para intentar quedarse con el premio gordo. Así como Mauricio Macri impulsó la llegada de Milei al poder e intentó colar a Javier Iguacel al frente de la petrolera estatal, el empresario Paolo Roca (dueño de Techint) fue quien financió gran parte de la campaña del libertario con el mismo objetivo.
La empresa Inversiones Urbanas Nuevo Milenio, del grupo Techint, figura como única empresa aportante a la campaña de Javier Milei presidente. Y el empresario parece haber ganado la pulseada con el anuncio de que el actual director de Exploración y Producción de Tecpetrol, la empresa petrolera del Grupo Techint, Horacio Marín, ocupará el cargo unificado de presidente y CEO (director ejecutivo) de YPF.
Pero no sólo el empresario siderúrgico y Macri pretenden un trozo de la mayor joya de la abuela que hoy tiene la Argentina, sino que los fondos especulativos extranjeros también movieron sus piezas en el nuevo escenario.
En jugada preparada, y a sólo dos días de la victoria del libertario, la jueza estadounidense Loretta Preska, que entiende en la causa por la expropiación de YPF, accedió a que el país no deba depositar los 16.100 millones de dólares que le reclama de indemnización el fondo yanqui Budford, pero ordenó que el país debe aportar otros activos como garantía para evitar embargos, abriendo la puerta a la entrega de acciones de la estatal YPF.
El triángulo del futuro
La otra gran joya (que la Argentina comparte con Bolivia y Chile) deseada por las grandes potencias de cara al desarrollo tecnológico del futuro, es sin duda el litio. Quizás, por eso, uno de los primeros en felicitar a Milei en la red social de la que es dueño fue Elon Munsk, el magnate estadounidense y dueño de la empresa de autos eléctrico Tesla, que en su momento llegó a decir públicamente en el marco del golpe de Estado a Evo Morales, que si necesitaba el litio haría eso y mucho más por conseguirlo.
Los salares del triángulo del litio albergan más del 50% de las reservas globales de ese metal blando, según un informe sobre la industria de minerales no combustibles del Centro Nacional de Información sobre Minerales del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), publicado en enero de 2023.
“La seguridad del suministro de litio se ha convertido en una máxima prioridad para las empresas de tecnología en Asia, Europa y Norteamérica”, afirma el informe, respaldando las palabras de Laura Richardson (jefa del comando sur de EEUU) que afirmó hace unos meses que estos recursos son una cuestión de “seguridad nacional” para EEUU.
Argentina ya tiene en la actualidad una legislación que limita la soberanía nacional sobre el recurso, y que tanto empresas estadounidenses como chinas vienen aprovechando para tomar posiciones, y esto seguramente facilitará el camino a los planes de profundizar su extranjerización y entrega.
La soberanía como trinchera
Ante este siniestro panorama se impone la necesidad de concentrar los esfuerzos por defender el patrimonio de todos los argentinos y argentinas.
Sin dudas, el tema de la defensa de la soberanía cobra fuerza por varias razones. Y no es que el ajuste a los ya flacos y golpeados bolsillos de las mayorías argentinas no tenga peso o importancia, pero existe la posibilidad como sucedió en el primer gobierno de Carlos Menem, que la entrega del patrimonio permita en una primera etapa ocultar los efectos devastadores de las políticas liberales con el ingreso de dólares frescos al país.
El crecimiento record de la cosecha que se espera para 2024 con la llegada de las lluvias, así como el achicamiento del déficit comercial por la producción petrolera que permitirá reducir los gastos de importación, sumado a la ola de privatización de empresas estatales, pueden generar una sensación de salida económica que por experiencia será transitoria y culminará en tragedia social, pero que mientras tanto brinde sustento político y sobre todo social al gobierno de Milei.
La defensa de la soberanía, entendida como una totalidad, brinda también un paraguas de unidad a la lucha social, que como sucedió en el gobierno de Macri puede tender a verse atomizada por la metralla de medidas antipopulares que –como anuncia el gobierno libertario— disparará hacia todos los sectores apenas asuma. El vórtice común de las luchas ambientales, obreras, feministas, etc., tienen en la pelea por los bienes comunes un punto de unión ineludible para entender los que está en juego en el país y enfrentar a los enormes poderes que se han coaligado para la etapa que viene.
Pero sobre todo la entrega desmiembra y priva al país de cualquier posibilidad de proyecto futuro, y de una base para cualquier proyecto de desarrollo a mediano o largo plazo. ¿Cómo pretende Milei llegar a ser Alemania en 35 años sin el control de la energía, el petróleo, el litio y el comercio exterior? ¿Lo pretende?
La falacia del sufrimiento y la entrega total ahora para disfrutar del crecimiento después es el principal espejismo a combatir, y para hacerlo la defensa de la soberanía nacional es la trinchera.
(*) Germán Mangione. Periodista. Miembro del Foro por la recuperación del Paraná y Soberanía Popular San Lorenzo.
🎙 Ciclo de entrevistas. Con la conducción de Marina Cerquetti.
🗣 Conversamos con Gustavo Zanotti , economista, docente e investigador del CONICET.
➡ Sobre el informe “CRUZAR FRONTERAS PARA COSECHAR GANANCIAS” y la compleja trama que han armado las multinacionales agroexportadoras para poder llevarse sus ganancias sin dejar nada en nuestro país.
La dolarización plena de la Argentina ha sido presentada como tema de debate suponiendo una posible solución a un mal que parece irremediable: la inflación. Hablar de dolarización es hablar de inflación, o al menos de lo que pareciera una posible respuesta a esta.
Recientemente ha cobrado una renovada notoriedad, al paso que la inflación parece no tener techo, aumentando año tras año y cada vez con mayor velocidad. Sumado a esto, en las elecciones primarias del 13 de agosto pasado, el candidato presidencial más votado fue quien propone implementar esta antipatriótica medida. Esta posibilidad ha cobrado fuerza, al punto tal de ya no parecer algo imposible de suceder. Hablar que nuestro país, en un breve lapso, deje de tener nuestra propia moneda para adoptar la de otro Estado aparece hoy como algo probable de suceder.
Hay que decirlo claramente, la dolarización no es una solución al robo y saqueo de los ingresos populares al que nos somete la inflación, en este sentido es meramente ilusoria, es como saltar de la olla directo a las llamas; aunque nuestros ingresos se fijen en dólares existen múltiples formas de vapulearlo.
El 1 a 1 y la “convertibilidad”
Aquí conviene recordar los hechos de la historia reciente, de los cuales muchos hemos sido parte, nos referimos a los diez años que transcurrieron bajo el plan de convertibilidad que impulsaron primero Menem y Cavallo y luego sostuvo la política de la Alianza hasta que voló por los aires en el gobierno de Fernando de la Rúa. Es útil por tres motivos: es la experiencia más similar a una dolarización plena, a la vez es referenciada por J. Milei como el mejor gobierno de los últimos 100 años, y además en el equipo económico y de asesores de este candidato aparecen muchos personajes vinculados a esta experiencia, como Roque Fernández (último ministro de economía del menemismo). Esperemos que este pasado, sumamente doloroso, nos sirva para iluminar el presente y las “novedosas” propuestas.
El Plan de Convertibilidad llevado a cabo a principios de los años 90’ tuvo como uno de sus ejes el establecimiento por ley de la paridad entre el peso y el dólar norteamericano, funcionando este como reserva en el BCRA, pretendiendo asegurar así el valor del peso.
En primer lugar la hiperinflación alfonsinista y la menemista pulverizaron los ingresos, tanto en su capacidad de compra de bienes y servicios como, sobre todo, en su valor medidos en dólares. De esta manera se consiguieron al menos dos grandes e importantes objetivos: uno económico, que consistió en lo que los economistas doctrinarios llaman una “adecuada relación de precios relativos” que no es otra cosa que los salarios e ingresos populares estén en un mínimo histórico, y por otro un importantísimo objetivo político, permitió generar consenso social entre los sectores populares para tomar las medidas más antipopulares y antinacionales con tal de detener la inflación[1].
Pero como esto no era suficiente, junto con lo anterior, se echó mano a los ahorros y se realizó una masiva confiscación de los mismos mediante la conversión de los plazos fijos en bonos (Plan Bonex)[2]. Esta medida, junto a las privatizaciones y toma de deuda se hizo para garantizar un colchón de dólares en el Banco Central (BCRA); junto con ello se ingresó en un canje de deuda externa (Plan Brady) para quitar las obligaciones del Gobierno Nacional en el corto plazo.
Domingo Cavallo y el Plan de Convertivilidad
Con esas medidas previas -y otras que abajo se mencionan- en abril de 1991 se impuso la Ley de Convertibilidad que estableció una relación cambiaria fija entre la moneda nacional y la estadounidense, conocido popularmente como el «uno a uno» . Se trató de una moneda, el peso, que se encontraba respaldada por el dólar (esta cumplía en última instancia las funciones de reserva de valor): de esta forma se completaba una regresiva y antipatriótica reforma financiera y se estableció un nuevo esquema de funcionamiento económico.
Con esta última medida se convalidó -en lo fundamental- el esquema de precios relativos impuesto con los procesos hiperinflacionarios, es decir, se validaba lo perdido por los salarios y jubilaciones, y se mantendrían relativamente congelados los precios de los bienes. Dado que ahora los ingresos estarían en una moneda tan fuerte como el dólar, en apariencia no habría nuevas pérdidas de ingreso, pero lamentablemente esto no fue así.
Con las medidas antes detalladas, comenzó a reducirse aceleradamente la tasa inflación, pero esta no desapareció hasta por lo menos luego de 2 años de implementada la convertibilidad. El año 1991 terminó con una alta inflación (superior a los tres dígitos) en gran parte debido a los meses previos al plan, en 1992 los precios al consumidor aumentaron en un valor levemente superior al 10% y algo más del 3% en 1993, año en el que, podría decirse, se encontró finalmente la estabilidad de precios. Lo que no suele decirse es que los salarios permanecieron congelados durante todo el período (más de 10 años). Es decir, que además de lo perdido inicialmente continuaron degradándose por la inflación de los siguientes dos años a pesar de la seudodolarización.
Los otros ejes de este plan fueron las privatizaciones y desguace del Estado, la desregulación de los mercados y la apertura (comercial y financiera). La desregulación de los mercados, (abolición de las juntas de granos, precios máximos a los alquileres, etc) significó el retiro del Estado de mercados sensibles y claves, dejando con mayor “libertad” de acción a los agentes que operan en los mismos; traducido: se le dio rienda suelta a los sectores económicamente más poderosos para que impongan sus condiciones. Las privatizaciones de empresas, -con innumerables hechos de corrupción mediante- se realizaron con los pretextos de disminuir el déficit fiscal e ingresar fondos en dólares para sostener el programa. La apertura indiscriminada a la importación al igual que al ingreso y egreso de los capitales extranjeros, implicó otorgar la libertad sin frenos ni límites al capital extranjero; estos operaron con total desenfreno en busca de su exclusivo beneficio, aún cuando pusieran en riesgo importantes intereses nacionales; no obstante fueron muy pocas las nuevas empresas que se radicaron en el país (ampliación de la capacidad productiva) y muchas las firmas nacionales que se extranjerizaron en estos años.
Este ingreso masivo e indiscriminado de importaciones y de grandes firmas internacionales significó el fin para una gran parte de la industria nacional, principalmente de las pymes que operaban en el mercado interno. Esto generó un enorme proceso de concentración en la producción[3], junto con la desnacionalización y, como si esto fuese poco, generó un ascenso constante de la desocupación. Este era el verdadero infierno en la era menemista, el que se traducía en el hambre más atroz de millones de argentinos.
Pero esto, lamentablemente, no fue el último azote a los sectores populares. Los cambios en la estructura productiva y la desaparición de miles de pymes fueron aumentando la tasa de desocupación que, junto a la traición de la mayoría de los grandes sindicatos, presionaron aún más a la baja a los salarios, esta vez en forma directa (nominal) e indirectamente (menores contribuciones y aportes jubilatorios, mayor carga horaria por el mismo sueldo, etc.).
Hiperdesocupación. Cientos de fábricas cerradas con la política del menemismo.
Cuando esta baja no fue suficiente se volvió a la carga con leyes de flexibilización laboral (primero Menem, luego de la Rua) que significaron nuevas pérdidas en los derechos laborales y en los ingresos de los trabajadores. Fue tan brutal ese proceso que se llegó a traspasar los límites a la dignidad humana. Vale como ejemplo lo sucedido en la ciudad de Mendoza, donde a las cajeras de un supermercado, con el pretexto de ahorrar tiempo y para que no lo pierdan en el sanitario, se les llego a exigir que usen pañales. El calvario no fue solo para los desocupados, quienes lográbamos mantener la fuente de trabajo, en más de una ocasión vimos atropellados no solo nuestros derechos económicos, sino también los más elementales[4].
Como todo eso tampoco alcanzó, y la incapacidad en contener el déficit fiscal –a pesar de las privatizaciones y los ajustes constantes en los gastos del Estado- se volvió masiva la toma de deuda externa para sostener este modelo; y ante un nuevo fracaso, el gobierno nacional, por decreto redujo los salarios estatales y las jubilaciones más altas (en un 13%), la impopular medida anunciada por la por entonces ministra de trabajo Patricia Bullrich, para de esta forma intentar generar una nueva baja salarial en el sector privado. Pero esto tampoco fue suficiente.
Fue así como el gobierno nacional primero y los de varias provincias luego, echaron mano de un recurso que expresamente estaba prohibido, aparecieron así las “cuasimonedas”. Estas eran bonos de muy baja denominación que se utilizaron para abonar total o parcialmente sueldos de los empleados estatales y deuda de los proveedores, quienes debían aceptarlas por su valor nominal (el que figura impreso en el mismo) pero que luego, cuando se utilizaban para comprar o abonar servicios, eran aceptadas con una quita que rondaba entre el 10% al 50% del valor de los mismos. Estas circularon, reemplazando parcialmente al peso basado en el dólar, con las cuales el gobierno licuo parte de sus deudas con pequeños proveedores y empleados, induciendo una vez más otra nueva baja salarial general.
Para intentar sostener el modelo sacaron leyes que al poco tiempo violaron, y volvieron a confiscar masivamente a la población, no solo los ahorros, también el dinero en cuenta corriente que es usado para el día a día (corralito), cortando así la cadena de pagos y profundizando la crisis económica.
Vemos así como, a pesar de la dolarización encubierta, el saqueo a los bolsillos de los trabajadores y jubilados continuó. Ahora no fue solo con la inflación o devaluaciones abiertas, sino mediante inducir nuestros ingresos a la baja a través de múltiples mecanismos: descuentos nominales, mayor jornada horaria con la misma remuneración, cuasimonedas, condiciones laborales deplorables, pérdida de conquistas sociales, etc.
La salida a la mayor catástrofe económica política y social de nuestro país fue cuando una pueblada nacional hizo volar por los aires al gobierno antinacional y antipopular de la Alianza – de de la Rua y Cavallo, generando condiciones para un cambio radical; que entre otras cosas implicó el no pago parcial de la deuda ilegítima y usuraria, planes de asistencia a los hambreados del modelo y el congelamiento de las tarifas.
Dolarización 100%
Visto que el plan de convertibilidad fue un enorme y violento saqueo a los bolsillos de los trabajadores, que a su vez transformó la estructura productiva económica local de forma regresiva y antinacional, surge hoy una gran inquietud ¿Por qué un nuevo intento de este tipo, ahora más extremo como sería una dolarización completa, podría ser apoyado por amplios sectores populares?
Más aún. En distintos medios de comunicación se ha dicho y escrito en contra a esta propuesta: que implicaría una licuación de salarios, que pondría en riesgo a la industria nacional, que socava la soberanía nacional, etc…Y si bien todos estos argumentos, y otros tantos más, son ciertos -y no suelen encontrar resistencias argumentativas- parecen no hacer mella en la propuesta dolarizadora. Para intentar una posible respuesta hay que indagar en la realidad concreta.
Vemos que, según las estadísticas oficiales realizadas sobre los grandes centros urbanos en los que viven algo más de 29 millones de personas (casi 2 de cada 3 habitantes de nuestro país), hay casi 10 millones de asalariados de los cuales más de 3,5 millones trabajan en negro, sin ningún tipo de beneficio social y además 1 millón de personas que se encuentran desocupadas[5]. Según estas mismas estadísticas el 40% de la población (11,5 millones) es pobre, es decir que intenta sobrevivir con ingresos que están lejos de cubrir las necesidades mínimas. Más alarmante aún es la pobreza entre los niños donde llega al 60% del total. Hubo un tiempo en el que el acceso al empleo significaba comenzar a salir de la pobreza, era sinónimo de proyectos familiares, de esperanza en un futuro mejor; claramente eso no es lo que sucede hoy, al menos para una gran parte de los asalariados.
La licuación de sueldos y jubilaciones no es solo una amenaza, es parte de la realidad actual, es parte de nuestra cotidianeidad. Sobre la base de este trasfondo social, crece el hartazgo popular al saqueo inflacionario al que nos vemos sometidos, al igual que a las brutales redistribuciones de ingresos y riquezas que se nos impone con las, cada vez mayores, devaluaciones del peso. Estos hechos y el fracaso de los gobiernos en resolver los problemas populares en, al menos, los últimos 12 años, han contribuido en derrumbar los proyectos y aspiraciones de las grandes mayorías, como el acceso a la casa propia y digna; y crece el miedo -cada vez más real- a una nueva oleada hiperinflacionaria, que termine de hundir en el hambre y una mayor pobreza a la mayoría de los trabajadores y sectores populares.
Para los pequeños y medianos productores agropecuarios, entre que su producción es pagada en pesos al tipo de cambio oficial, muy inferior a las cotizaciones paralelas (con las cuales se suelen fijar muchos de los precios de los insumos que utilizan) y la alta presión impositiva, el escenario no es muy alentador. Y para peor, el gobierno frente a la necesidad de divisas otorga mejoras temporales en el tipo de cambio que poco y nada benefician a los productores y la producción y en cambio alienta –y mucho- a la especulación. Una economía con un único tipo de cambio (como plantean los dolarizadores) y menor presión tributaria suena prometedor. Las Pymes industriales han tenido un auge y éxito relativo con la actual política económica, pero las serias dificultades para conseguir insumos importados, y el achicamiento del mercado nacional ponen en dudas su sostenibilidad.
El argumento que una dolarización atentaría gravemente contra la soberanía nacional, aunque real, en boca de los actuales funcionarios del gobierno nacional suena ridículo. Veamos algunos pocos ejemplos: un gobierno integrado por quienes gestionaron la permanencia de una base de “observación” dirigido por el ejercito de una potencia extranjera en nuestro país; la entrega de lo fundamental de Vaca Muerta y el litio a firmas extranjeras, el escaso control sobre las vías navegables como el río Paraná; y por último no puede dejar de señalarse que luego de salir tercero en las elecciones presidenciales (siendo la peor elección en la historia del justicialismo) el actual ministro de economía – y candidato presidencial- realiza una salvaje devaluación -y aumento en las tasas de interés- acelerando muy peligrosamente aún más la tasa de inflación y la incertidumbre, dando un enorme mazazo al bolsillo popular, para luego justificarse diciendo que es una medida solicitada por el FMI.
Tampoco puede dejar de mencionarse que una parte importante de nuestra economía de hecho ya se encuentra dolarizada. Toda moneda, para ser verdaderamente tal debe cumplir con tres requisitos: servir como medio de cambio, como unidad de cuenta y ser reserva de valor. En cuanto a reserva de valor ya hace bastante tiempo que el peso ha dejado de cumplirlo, las devaluaciones, cada vez más constantes y elevadas junto con los saltos inflacionarios posteriores, han empujado cada vez más a la dolarización de los ahorros. Como unidad de cuenta hay mercados en los cuales, desde hace un buen tiempo que no es considerada, como sucede en el mercado inmobiliario, y todo lo vinculado a las importaciones. Solo conserva plenamente la función de medio de cambio, pero esta función también se encuentra alterada, quien posee pesos busca activamente la forma de transformarlos, de adelantar gastos o depositarlo en cuentas (como el plazo fijo) que mantengan en algo su valor. Es decir que nuestro país no cuenta verdaderamente con una moneda propia en el real sentido y funciones que esta debe cumplir.
De lo dicho hasta aquí se desprende que hoy, los principales impulsores de la dolarización en la Argentina no han sido J. Milei y su reducido círculo de intelectuales. La actual conducción de la política económica ha permitido, cuando no generado, las condiciones objetivas y subjetivas para tolerar, por parte de los sectores populares, este tipo de medidas profundamente antinacionales como una eventual dolarización.
¿Es posible?
Visto los antecedentes más cercanos y las condiciones para tolerar este tipo de proyecto antinacional, nos queda por ver la viabilidad, en términos de política económica, del proyecto de dolarización plena.
Vale señalar que en este apartado, a diferencia de los dos iniciales, estaremos principalmente en el terreno de las hipótesis, y todo lo que se diga será dentro de un marco relativamente aceptable de probabilidades.
Una de las primeras cuestiones es a qué tipo de cambio se realizaría la conversión. Las opiniones más opuestas estiman que el tipo de cambio podría llegar a ser cercano a los $8.000 (si ocho mil pesos por dólar) son quienes parten de convertir la base monetaria (el total de pesos billetes puestos en circulación contra las reservas del BCRA. En la vereda de enfrente, los intelectuales que proponen la dolarización plena, realizan estimaciones menos pesimistas en la que manifiestan que la conversión se podría hacer a un valor algo superior al “dólar blue”, que hoy ronda los $ 750.-, también existen múltiples estimaciones intermedias, pero en principio concedamos a los intelectuales impulsores de esta antinacional propuesta económica para partir de sus propias y “benignas” estimaciones. En este hipotético caso un salario actual de $ 300.000.- (que hoy se ubicaría por encima del promedio) quedaría luego de la conversión en U$S 400 valor similar al promedio inicial durante la convertibilidad, mientras que la jubilación mínima ($87.500) quedaría en U$S 115.- Esto, en el caso de efectivamente ser así, nos daría dos importantes datos, uno es que consolidaría lo perdido por los salarios en estos últimos años, y el otro es, que al menos parte del “trabajo sucio” parecería estar hecho por la actual gestión.
Otra cuestión clave es la masa de dólares en billetes necesaria para garantizar un proceso mínimo de circulación, cuestión íntimamente relacionada con la anterior; que en principio no luce imposible de conseguir[6]. Por supuesto que esto implicaría que los asalariados aceptemos este brutal hachazo, y los empresarios (sobre todo quienes venden en el mercado doméstico) que sus capitales se desvaloricen -medidos en dólares- en una mayor magnitud. Hoy no habría grandes ingresos de divisas por privatizaciones, como fue en los noventa; se especula que con nuevo endeudamiento externo, más lo producido en Vaca Muerta (petróleo y gas), más el litio y cosechas normales alcancen a generar altos ingresos en dólares, y se espera sobretodo, que, al sellar al dólar como única moneda ingresen al circuito doméstico algo de U$S 400 mil millones, que hoy tendrían en el exterior y el “colchón” los empresarios locales.
Dando por supuesto lo anterior, se insiste que sería en el menos perjudicial de los posibles escenarios de una dolarización plena; aún quedan varias cuestiones por resolver. Una de ellas es sobre las Leliq (mecanismo mediante el cual el BCRA remunera a los bancos comerciales) que hoy ronda la friolera de 19 billones de pesos (millones de millones) que al tipo de cambio “blue” superarían holgadamente los 25 mil millones de dólares. Si los dólares bajo el colchón y el exterior volviesen masivamente, en principio no aparecería como una cuestión problemática, pero en el caso en que esto no suceda (que no ingresen masivamente) la devaluación deberá ser mucho mayor a la indicada inicialmente, por supuesto que existen otras alternativas, como algunas de las que ya se han practicado y señalado anteriormente. ¿Estarán pensando en una nueva confiscación de depósitos? Vale un dato, muchos de los personajes que hoy rodean al candidato “libertario” fueron parte del equipo económico que realizó el Plan Bonex.
Como si lo anterior fuese poco, aún nos quedan pendientes dos temas centrales: la deuda pública (del gobierno nacional, como también de algunas provincias), mayormente denominada en dólares -se considera como deuda externa- que actualmente es una de las grandes piedras atadas al cuello de la economía nacional y por otro lado el balance de pagos. Los vencimiento de deuda, hoy lucen impagables, salvo prórrogas de prórrogas (refinanciación). Si se consiguiese una nueva refinanciación (canje) no se eliminaría el problema, tan solo quedaría para más adelante, pero concedamos esto también. Todo esto lleva implícito que, para hacer frente a la misma, se deberían generar saldos comerciales (superávit externo) tan amplios y sostenido que, las importaciones de bienes y servicios, deberían llegar a un mínimo histórico, deberían reducirse mucho más de lo que ya han comenzado en achicarse, incluso debería ser superior a la caída del 2002. Sería necesaria una muy profunda crisis económica; históricamente la forma clásica de inducir estas ha sido a través de las devaluaciones; con lo cual el zarpazo devaluatorio inicial debería ser bastante mayor al previsto por los promotores de la dolarización total. Esto implicaría no solo problemas para importar insumos básicos, también para productos esenciales que no se fabrican localmente, junto con una buena dosis de cierre de empresas -principalmente destinadas a vender en el mercado interno y pymes- y nuevo ascenso de la tasa de desocupación, que tal como se señaló anteriormente presionaría a la baja (incluso nominal) los salarios. En un contexto, como este los niveles de pobreza se dispararían aún más, pudiendo llegar a valores inéditos en nuestro país. La dolarización, esa aparente “salvación” de una hipeinflación nos condenaría, en un corto a mediano plazo, a una hiperdesocupación[7] e hiperpobreza.
Para quienes piensan que la dolarización total podría ser mejor –en términos económicos- que la situación actual, o con la fantasía que así se podría evitar una proceso hiperinflacionario deberían repensarlo a la luz de nuestra experiencia histórica reciente y de las características actuales.
Pero aquí no terminan “las pálidas” de esta propuesta. Es que junto con la dolarización total se proponen otra serie de medidas, similares a las adoptadas en los años noventa, tales como la completa desregulación de los mercados (ningún tipo de intervención estatal) y de apertura irrestricta al movimiento de mercancías y capitales. Esto se suele señalar que es para reforzar los aspectos antiinflacionarios del plan; pero lo que no se dice es que conllevan al cierre de empresas que no serían “competitivas” en el mercado mundial (principalmente las pymes industriales). Junto a ello, el verdadero objetivo de la política económica propuesta por J. Milei: una nueva y más profunda concentración de la producción y extranjerización del entramado productivo local[8] De la mano de ello una barrida a todas, o al menos a una buena parte, de las conquistas sociales, no por nada se plantea volver más de 100 años atrás en esta materia (sin vacaciones, ni aguinaldo ni el derecho a enfermarse). El viejo sueño de Martínez de Hoz de disciplinar a los empresarios nacionales (sobre todo industriales) y los obreros para quebrar definitivamente la alianza político social que es el fundamento del peronismo estaría a un paso de completarse.
Quedan aún por ver varios aspectos de los que implicaría una dolarización plena en Argentina; pero por cuestiones de espacio se señalarán dos más. Uno es que esta medida nos ataría al ciclo económico de los EE.UU. de una forma mucho más fuerte que la existente hoy. Tendría además la enorme desventaja que la producción local no es complementaria con la de EE.UU, sino que en gran medida compite con la misma. Vale recordar que dicha potencia extranjera destina millones de U$S anuales en promover su producción, en particular la agrícola. Pondría a competir, de igual a igual, a la producción nacional con la norteamericana, sin el desarrollo previo que tiene esta, ni las múltiples protecciones con las que cuenta, ni la infraestructura que ese país posee, etc. Todo esto en un momento en el cual el dólar empieza a ser cuestionado como la moneda que rige las relaciones comerciales internacionales.
El otro es principalmente de índole política. Implica una cesión de formal de parte de nuestra soberanía. La moneda nacional también es parte fundamental de garantizar la unidad territorial de nuestro país, en los hechos, y desde un punto de vista económico, tendríamos un estatus similar al de una cuasicolonia[9].
Y por si todo lo dicho fuese poco, también valen las advertencias que ya ha realizado J. Milei en varias entrevistas televisivas y radiales: “El dólar es solo una moneda, cada uno podrá elegir con que moneda transar”. Coherente con el también propuesto sistema de “Free Banking” (banca libre) en reemplazo del BCRA, donde cada entidad podría emitir moneda. ¿Están adelantando las nuevas cuasimonedas?
Habíamos iniciado el artículo diciendo que hablar de dolarización es hablar de inflación, pero esto es la apariencia. Ahora estamos en condiciones de ver la esencia, de afirmar que la dolarización plena significa un reforzamiento de la subordinación nacional, de profundización de la dependencia política y económica, de destrucción del entramado productivo nacional, de transformaciones antipopulares y antinacionales de la estructura económica.
La dolarización plena no solo requeriría un brutal ajuste y transferencia de ingresos y patrimonio inicial. Nos empujaría aún más a la pobreza y, aún así, tampoco garantizaría la estabilidad de ingresos, ya hemos visto las múltiple trampas preparadas para, luego de realizada la dolarización plena, comprimir aún más los salarios.
Un breve comentario para cerrar este segmento: en EEUU la inflación acumulada desde 2011 fue de aproximadamente un 34% -nada, diríamos aquí- con una tendencia muy fuerte al alza en los últimos años, pero el verdadero dato es que en el mismo período el salario mínimo interprofesional tuvo un aumento de 0%.
Una verdadera política antiinflacionaria
No es cierto que el problema inflacionario no tenga solución, veamos algunos lineamientos que podrían resolverlo de haber un gobierno patriótico y popular.
En primer lugar, es necesaria una reforma monetaria y financiera. Hoy, luego de más de dos décadas de convivir con un proceso inflacionario y de múltiples medidas adoptadas para intentar frenar el mismo –todas fallidas- es crucial una reforma del sistema monetario y financiero. Se necesita una moneda que esté en función de la producción de bienes y servicios y no de la especulación. Contar con una moneda fuerte y estable es un requisito indispensable para combatir la inflación, pero no es suficiente.
Junto con lo anterior es vital importancia avanzar en una transformación de la estructura productiva. Es requisito reemprender el camino de la industrialización nacional, por supuesto que no de todos y cada uno de los bienes, pero sí de aquellos esenciales, y con al menos dos grandes ejes: la desmonopolización de los mercados, y si esto fuera inviable la participación del Estado junto con el control y participación de los empleados y consumidores. El otro aspecto clave es una nacionalización de las palancas fundamentales de nuestra economía. Que lo producido con el esfuerzo y sacrificio nacional sirva para el bienestar y desarrollo de nuestro país.
En cuanto a la deuda externa, proponer una prórroga en los pagos hasta poder establecer que parte de la misma es legítima y a quienes les corresponde abonarla; las grandes empresas que se beneficiaron con la misma, deberán hacerse cargo de la parte que les corresponde. Así como los delitos de lesa humanidad, son imprescriptibles, los delitos económicos que han sumido al país en el caos, atando una pesada piedra al desarrollo de la economía también deben ser imprescriptibles.
Debe reordenarse por completo las cuentas fiscales. Con una reforma tributaria que elimine impuestos (como el IVA en los alimentos, ganancias en los trabajadores y las retenciones a los pequeños productores agropecuarios), se castigue con dureza la evasión y elusión de las grandes compañías y se revean por completo los gastos y subsidios a grandes empresas a las cuales se les garantiza un piso de ganancia. Las cajas del Estado deben dejar de ser un botín de los “amigos” del poder. Las cuentas públicas deben tender a permanecer equilibradas[10].
Controles sobre el comercio exterior siempre son necesarios, en una primera etapa sería clave la centralización del mismo bajo la órbita estatal y participación de los productores locales.
Estas son algunos de los posibles ejes de una política económica antiinflacionaria de un gobierno verdaderamente patriótico y popular.
[1] A esto debe sumarse la traición de Menem a sus promesas de campaña y la caída de la URSS socialimperialista, vendida como el fracaso del comunismo.
[2] El plan Bonex fue llevada adelante por el ministro Erman González – antecesor de D. Cavallo- el 28 de diciembre de 1989 (día de los inocentes en nuestro país), con el objetivo explícito de quitar dinero de circulación, cerca del 60% de la base monetaria, los resultados inmediatos indicaron un nuevo salto inflacionario que derivo en la segunda hiperinflación. Además se realizó con una reforma financiera que, entre otras cosas, prohibió la remuneración de los encajes bancarios.
[3]Mercados clave, como en la alimentación donde un puñado de firmas, en general extranjeras mantienen el control absoluto de la producción. Hoy esas mismas firmas son las que imponen precios en alza para garantizar su cuota de ganancia.
[4]Esa denuncia fue hecha en el año 2003, y fue puesta en duda en los medios “serios” como el oligárquico diario La Nación. En el año 2007, la misma denuncia se hizo en Chile al supermercado Cencosud (que opera en Mendoza como VEA), luego (en otras firmas) en Honduras y hasta en EE.UU. donde los gerentes de la compañía se excusaban diciendo que “sus empleados deberían de estar agradecidos, ya que si no tendrían que prostituirse”.
[5]siendo este último uno de los valores más bajos que se hayan registrado en los últimos 30 años
[6]) Transformando el PIB actual en dólares a un tipo de cambio de $750 por unidad de moneda extranjera, el PIB 2023 rondaría los U$S 160.000.- y la actual base monetaria por el mismo tipo de cambio estaría en los U$S 8.200 millones.
[7] Claro que, en el mediano plazo, la desocupación tiene solución, simplemente quienes quieran conseguir trabajo deberán hacerlo, agradecida y mansamente, por los salarios y condiciones laborales similares al sudeste asiático (U$S 100 a 150 mensuales, por 12 hs. diarias y un franco al mes).
[8]) No solo por el avance de las importaciones, recordar que las devaluaciones también achican, violentamente, el capital instalado, principalmente el que tiene como objetivo de su producción el mercado interno.
[9] Cuando el gobierno de de la Rúa y Cavallo lanzó las cuasimonedas, en círculos extranjeros -ya algunas repetidoras locales- se preguntaba por la viabilidad de la Argentina como país, y si no sería conveniente que se divida en varios países, cada uno de los cuales conforme un área monetaria óptima.
[10] En las doctrinas económicas más vulgares y difundidas se acusa, casi por completo, al déficit fiscal de ser el generador de la inflación; si esto fuese así EE.UU. debería ser por lejos el país más inflacionario del mundo; para tener una noción en 2021 tuvo un déficit aproximado de U$S 2.780 billones (equivale a más de 6 veces el PIB de Argentina) y en 2022 logró una importante reducción, se ubicó en cerca de U$S 1.380 billones (más de 3 PIB de Argentina); aquí no se defiende la idea de equilibrio presupuestario como una medida antiinflacionaria, sino la idea de que tanto los ingresos como los gastos del Estado deben estar al servicio del desarrollo nacional.
Puede leerse en un artículo realizado por el gran economista argentino Horacio Ciafardini (revista el Porteño 1984) que la inflación es un proceso de aumento sostenido y generalizado de los precios, pero la clave de ésta es que los distintos precios aumentan con ritmos e intensidad diversa. De aquí el viejo dicho que los precios suben por el ascensor y los salarios por la escalera, siendo este último uno de los principales precios de la economía, el de la fuerza de trabajo.
De lo dicho se desprende uno de los principales efectos que tiene la inflación, el de abaratar el precio de la fuerza de trabajo. En particular durante los últimos 6 años (y más atrás también) los salarios y jubilaciones han ido aumentando nominalmente, pero siempre (o casi siempre) por debajo del ritmo al que aumentan los precios de los bienes y servicios; es por ello que cada vez mas los ingresos de los asalariados sirven para adquirir menos productos, “le sobra demasiado mes al sueldo”.
Sobre las causas que generan los procesos inflacionarios existen distintas doctrinas. Una de las que actualmente se encuentra en boga, y con mucha prensa, acusa a la emisión monetaria como el responsable de la misma. Esta, se basa en la teoría cuantitativa del dinero, la cual se encuentra próxima a cumplir 500 años. Fue pensada en y para una sociedad por completo distinta de la actual, en esa época el dinero era el oro o la plata y el nivel de actividad (producción) se mantenía relativamente estable año tras año.
Esta postula que la cantidad de dinero (M) multiplicada por la velocidad de circulación del mismo (V) es igual a la cantidad de transacciones (Q) multiplicado por sus precios (P), y se simboliza en la ecuación M*V = P*Q. Si la velocidad de circulación es relativamente fija, al igual que la capacidad productiva de una sociedad, cada incremento del metálico generaba condiciones para un aumento generalizado de los precios. Por ello en el siglo XVI (años 1500) el aluvión de oro y plata, ingresado en Europa a través de España, dio lugar a las observaciones que fundaron esta teoría. Además que el saqueo de los pueblos originarios de América abarataba enormemente el tiempo social necesario para la obtención de los metales preciosos.
La corriente hegemónica en el pensamiento económico, habitualmente identificada como neoliberal, adopta esta doctrina y más allá de algunos pocos refinamientos interpreta la realidad social actual a la luz de la misma. De aquí que se exponga al déficit fiscal como causante principal de la inflación, dado que el mismo se terminará financiando con un aumento en la cantidad de dinero circulante[1]. A lo largo de nuestra historia han sido varios los pretendidos intentos de combatir a la inflación con recetas acordes a esta línea de pensamiento; todas han fracasado. La más reciente fue durante la gestión macrista con la implementación de las metas de inflación[2] (inflationtargeting) por parte del Banco Central (BCRA), ante la evidente impotencia en contención de precios de esta estrategia el gobierno no dudo en complementarla con otras mediadas no oficiales[3] que también fracasaron y como resultado han terminado por acelerar el ritmo y nivel de aumentos de precios.
Otro de los posicionamientos actuales parte de negar totalmente la influencia de la cantidad de dinero y del déficit fiscal en la inflación. Parte de la idea que este este fenómeno se debe casi exclusivamente a la puja distributiva entre los distintos sectores sociales. De allí las medidas que han impulsado se centran en poner topes a los aumentos de precio (precios máximos, acuerdo de precios, tope en los aumentos salariales, prohibición de exportación, etc) sin intervenir directamente en la producción; pero a la cual terminan por afectar de la peor manera. Dado que estas medidas al ser generalizadas golpean en mayor proporción a los pequeños y medianos productores generando condiciones para un aumento de la concentración y centralización de la producción. Con lo cual este tipo de política antiinflacionaria también ha fracasado, siendo hoy la base de sustento para las teorías más reaccionarias.
La economía política clásica al igual que la marxista han tratado de responder a 4 grandes interrogantes sobre la organización social. ¿cuánto se produce? ¿qué se produce? ¿cómo se produce? y ¿cómo se distribuye lo producido socialmente?
La corriente de pensamiento hegemónica en economía se centra casi exclusivamente en la primera. Importa solo el cuanto, se aduce que lo demás es secundario. A través de los mercados y el intercambio se puede acceder a los distintos productos (no importaría el qué), que este mecanismo excluiría a los “ineficientes” (no importa el cómo), y la distribución depende de la participación de cada uno en la producción, y por lo tanto si esta aumenta, aumentaría también la cantidad que cada sector obtiene. Otra corriente de pensamiento, criticando justamente las “fallas del mercado” y/o por motivaciones políticas sostiene que es crucial un esquema distributivo distinto del actual, pero dejan inalteradas las bases sobre la cual se asienta actual distribución de ingresos; es decir que no resuelve el problema, tan solo (si es que lo consigue) se obtiene una breve mejora momentánea.
Una verdadera política antiinflacionaria debería contemplar los cuatro interrogantes fundantes de la economía política como ciencia. Es importante cuanto se produce y como se distribuye, pero esto no es independiente de las otras dos cuestiones centrales: que es lo que se produce y (sobre todo) como se produce.
Sirve de ejemplo una advertencia realizada por un tradicional periodista político; dice C. Pagni en el oligárquico diario La Nación (26/10/2021) “¿Qué relación hay entre la emisión monetaria y la inflación? Sobre eso hay una enorme discusión entre los economistas. Pero los que forman precios, los que toman decisiones económicas, los que tratan de cubrirse de la inflación creen que hay una relación directa entre emisión e inflación.” Traducido: en un país dominado por monopolios, mayoritariamente extranjeros, y mercados fuertemente cartelizados, es decir con actores con “poder de mercado” (fijar precios), todo aumento en la cantidad de dinero en circulación -antes que aumentar la producción o mejorar la distribución de los ingresos- genera condiciones para que se den nuevos aumentos en los precios.
Es por ello que cualquier plan antiinflacionario que busque beneficiar a las mayorías debe, además de las distintas regulaciones y cambios financieros, tributarios, comerciales, etc, basarse en la transformación de la estructura económica productiva, en la desmonopolización de los mercados y en un fortalecimiento de la soberanía nacional.
[1] Sobre las causas que originan el déficit en las cuentas públicas y sus posibles soluciones hay mucho por debatir, pero esto puede ser motivo de otra nota.
[2] De marnera breve y esquemática se puede decir que dicha política se basó en quitar pesos de circulación a través del ofrecimiento de una elevada tasa de interés.
[3] Como por ejemplo la contención del tipo de cambio, “planchar el dólar”. Esto, además, permitió el famoso “carrytrade” y una de las más fabulosas tasas de ganancia en dólares en el mundo, a través de las especulación.
Este lunes se oficializó un nuevo tramo del “Dólar Soja” que otorga a los exportadores un precio preferencial de dólar para la exportación de la oleaginosa, que los grandes productores todavía guardan en los silos. Con esta medida del gobierno se vuelve a instalar la lógica de la extorsión y se pulveriza cualquier posibilidad de decisión soberana sobre nuestro comercio y nuestra moneda.
El formalmente llamado “Programa de Incremento Exportador” regirá desde este lunes 28 de noviembre hasta el viernes 30 de diciembre un tipo de cambio diferencial para que los productores vendan los granos que aún conservan en sus silos, mediante el cual los agroexportadores recibirán $230 por cada dólar230 vs los 165 de la cotización oficial.
Los sectores concentrados de la producción y la exportación (porque los productores medios y pequeño no tienen espalda para guardar el cereal y especular) retienen la producción (se calcula que todavía retienen granos por más de U$s 5000 millones) presionando por una devaluación o una mejora del precio del dólar pagado por el estado que les genere mayores ganancias.
Lo demostraron durante septiembre durante la primera aplicación del dólar soja, cuando se comercializaron unas 14 millones de toneladas de producto y se liquidaron divisas por u$s8.123 millones de dólares, a instancias de un tipo de cambio diferencial de 200 pesos por dólar, cuando el oficial estaba a 153 pesos.
Es que en lo que va de noviembre el sector había ingresado menos de u$s1.000 millones con una liquidación diaria promedio de apenas u$s50 millones. Probaron su poder de fuego y ahora lo volvieron a utilizar.
¿Soberanía monetaria?
La soberanía monetaria según las definiciones académicas es el derecho exclusivo del Estado de emitir billetes de curso legal, modificar su valor en relación a otros activos (la tasa de interés) y otras monedas (el tipo de cambio), y regular su uso. La mayoría de las economías tienen moneda propia, y este esquema se ha sostenido y fortalecido con el tiempo.
Y en la práctica es la posibilidad de decidir sobre el sistema financiero y monetario en pos del beneficio y la felicidad de la mayoría de nuestro pueblo, organizando la economía para mejorar sus condiciones de vida.
En los hechos un grupo de monopolios exportadores, en su mayoría extranjeros, y un reducido grupo de terratenientes definen en su propio beneficioel valor del dólar y por tanto del peso argentino, trasladando además los altos precios de las materias primas al mercado interno impulsando a la alza la insostenible inflación que sufrimos.
Esto es posible porque el comercio exterior argentino, principal fuente de ingreso de divisas, está en manos extranjeras. En el año 2021, Cargill(EEUU) terminó siendo el principal exportador de granos de Argentina, (12,9 % del total), en el segundo puesto del ranking de exportadores se ubicó el holding estatal chinoChina NationalCereals, Oil&Foodstuffs (Cofco) con 14,4 millones de toneladas (12,3 % del total), apenas por debajo, en el tercer puesto del ranking se encuentra Viterra, (ex Glencore, socio de la estafa de Vicentin a los productores y el estado) exportando 14,35 Mt (12,3 % del total). Le siguen las yanquis ADM, Bunge y la europea Louis Dreyfus.
Estas empresas se nuclean en la Cámara de la Industria Aceitera Argentina (CIARA) con quien el gobierno acordó este nuevo plan soja con la promesa de la liquidación de U$s 3000 antes de fin de año para recomponer las escasas reservas del Banco Central de la Argentina.
Son las mismas empresas que se concentran en la dirección de la Bolsa de Comercio de Rosario, uno de los principales órganos de poder de la Argentina, que influye y define sobre las políticas públicas, la inversión y hasta la construcción de las leyes.Este mes se renovaron autoridades de la institución y se incorporaron Martín Spino (Cofco) y Pablo Cechi (AFA), sumándose a otros miembros representantes de los exportadores como Mario Sampaolesi(Dreyfus) y Gerardo Calace (Glencore).
No solo consiguieron que Sergio Massa les de un dólar diferencial financiado por el estado, sino que además consiguieron la vuelta del diferencial en las retenciones para el aceite y la harina. Actualmente pagan 33% al igual que el poroto, pero volverán a tributar el 31%.
Y por supuesto los exportadores no se conforman con estas ganancias sino que siempre van por todo, como queda claro en el comunicado público de CIARA en el que piden la eliminación de retenciones y un dólar más alto de forma permanente.
Parche sobre parche
Esta medida lejos de atacar los problemas de fondo que generan la inflación y el aumento del dólar vuelve a intentar poner un parche al puente para llegar al año electoral con cierta estabilidad.Incluso en el mismo decreto advierte que la secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca tiene el poder de “ampliar de manera extraordinaria y excepcional los plazos de cumplido de las Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE)”. Les avisa a los exportadores y terratenientes que si necesitan puede ser que se extienda. Solo tienen que presionar no liquidando.
Esta medida se da en el marco de que se cumplen 3 años desde que la empresa Vicentín estafó a cientos de productores y al estado argentino con el famoso “strees financiero” que no fue otra cosa que el vaciamiento de la empresa en pos de la timba financiera propiciada por el macrismocomplice de la estafa.
Es importante recorrer la historia del caso Vicentin para pensar el problema de nuestra soberanía comercial y monetaria. No solo porque con este caso quedo sobre la mesa el entretejido de delitos que hoy organiza la mayoría de nuestro comercio exterior fugando millones de dólares al exterior (subfacturación, triangulación, paraísos fiscales, falta de controles), sino porque también poner de manifiesto la falta de voluntad del gobierno de avanzar en resolver los problemas que están por detrás de los parches.
Con la participación estatal en Vicentin, en cualquiera de sus formas, la Argentina no solo recuperaría el control de una porción del ingreso de dólares (Vicentín era la 6º exportadora cuando declaró el stress financiero, y hoy su cuota de mercado se la quedaron las multinacionales), sino que hubiese permitido tener una referencia estatal que permita desbaratar parte de las maniobras que hoy le impiden el acceso de dólares a nuestras reservas
Argentina necesita tener el control de su riqueza, administrar su riqueza, organizar su riqueza y poder planificar la Argentina, y para eso necesita tener el control del comercio, recuperar su soberanía comercial para poder recuperar su soberanía monetaria y a partir de ahí podemos plantear otra Argentina.
(*) Germán Mangione. Periodista. Miembro del Foro por la Recuperación del Paraná.
¿Quiénes le roban al pueblo argentino la soberanía sobre sus riquezas?
En la fría noche del 1 de abril, junto al río Paraná, con un viento sur que nos congelaba, pero con los corazones calientes por la tremenda emoción de estar acompañando en la vigilia por el 40 aniversario de la recuperación de Malvinas a nuestros heroicos Combatientes en el Parque Nacional a la Bandera, junto a Manuel Belgrano, tuve una hermosa conversación con Brisa.
Ella es una adolescente de un barrio humilde de la ciudad de Rosario. Acompañada por su mamá y su novio Carlos, con ojos brillantes detrás de sus lentes, me dice: “estuve leyendo, me encanta leer, me devoro todos los libros”.
Expresando gran avidez por encontrar una explicación al mundo, a lo que nos pasa, hacia dónde vamos, ella me transmitía que le gusta mucho leer pero que hay que estudiar, me comentaba artículos que le habían gustado, que tiene un montón de libros, y necesidad de saber y entender.
Alguien que estaba a un costado dijo: “¿viste?, en un ratito pasaron tres barcos, se llevan todo”.
Carlos, serio, contó que está trabajando: “trabajo de albañil, soy peón”. Su mirada reflejaba también la necesidad de aprender y de construir un futuro.
A eso invita este artículo: ¡a dar respuestas a la necesidad de saber y entender de “tantas Brisas y tantos Carlos”!, quienes buscan explicaciones para abrirse camino, y a quienes nos debemos.
Tenemos la responsabilidad histórica de hacer “docencia patriótica”.
La Patria está herida. ¡Hay que liberarla!
¿Qué es la Bolsa de Comercio de Rosario? Su relevancia en nuestra vida cotidiana
Si partimos del principio de la necesidad de “conocer para defender”, nadie puede tener plena conciencia de cambiar algo o modificarlo si no lo conoce. Como dijo Don Ata: “… para el que mira sin ver…la tierra es tierra nomás…”
¿Qué importancia tiene en la vida cotidiana de los argentinos y argentinas esta institución que nos resuena tan “indescifrable” y cuyas funciones en general desconocemos?
¿Por qué si su función es tan relevante en nuestra vida cotidiana permanece “oculta” para las grandes mayorías?
¿Qué importancia tiene para los “ciudadanos de a pie” conocer el rol de la Bolsa de Comercio?
La Argentina es un país dependiente, oprimido, disputado por varias potencias imperialistas, y tiene una parte de su territorio insular y su espacio marítimo ocupado por el imperialismo inglés. La opresión imperialista y latifundista constituyen los principales pilares que sostienen la estructura de atraso y dependencia que hoy padecemos.
Hoy, la BCR es una entidad que nuclea a los más privilegiados del mundo por el crecimiento exponencial de los precios internacionales del trigo, maíz, soja, girasol, aceite, harinas y subproductos; del valor de la tierra; de la renta, los alquileres de los campos; del sector financiero; exportadores; por un lado.
Por otro lado, son los mismos que se han transformado en los grandes importadores de la inflación, “el peor de los impuestos”, que hace crecer la pobreza, rebaja los salarios, achica el mercado y el consumo internos.
En forma permanente repiten “hay que producir más para resolver los grandes problemas de Argentina”. Pero en este país producimos proteínas para 400 millones de habitantes. ¡Somos 45 millones y la gente tiene hambre!
Los precios son monopólicos de ganancias extraordinarias, en un país dependiente, que nada tienen que ver con los costos.
La ley fundamental económica del capitalismo monopolista es la fijación de precios que persigue como fin la obtención de altas ganancias monopólicas que exceden considerablemente la ganancia media. La obtención de estas altas ganancias monopólicas responde a la esencia del imperialismo y se asegura mediante un inusitado reforzamiento de la explotación de los trabajadores y el despojo de amplios sectores del campesinado, la industria, el comercio, etc. Y un avasallamiento y saqueo sistemático de los pueblos de los países dependientes como el nuestro, traducidos en distintos mecanismos de tributos, a través del trabajo del pueblo argentino.
No solo expropian a los trabajadores, sino a las burguesías nacionales a las que si les rige la ley de los costos y la tasa de ganancia media y algunos son condenados a la ruina. Esto en un país en donde reina el monopolio de la tierra, del comercio, de la banca.
Está presidida actualmente por Miguel Simioni, junto a referentes provenientes históricamente del sector financiero especulativo y de las cámaras que agrupan a las agroexportadoras.
La BCR es una entidad que (además de las múltiples funciones que tiene) es un eje económico, financiero, parasitario, que cristaliza la renta terrateniente, y está directamente asociada a la “timba financiera”. Es el órgano, no el único, más importante que tienen la oligarquía, el imperialismo, y la burguesía intermediaria en la ciudad. Y como si esto fuera poco, es una usina ideológica que se nos presenta permanentemente como productivista, desarrollista, para sostener un modelo por el que todos los años batimos los récords de crecimiento, desarrollo, innovación, inversión, exportación, pero que lejos de igualar, desiguala: ¡cosechas récord y pobreza récord!
Para mitigar los efectos del modelo que ellos mismos impulsan, presentado con el eufemismo de la «responsabilidad social empresaria», han creado el Banco de Alimentos de Rosario, una institución que realiza diferentes actividades de ayuda social, y que incluso durante la pandemia, el estado municipal, delegó en ésta gran parte de las acciones en el territorio.
Los rosarinos somos testigos de cómo funcionarios de todos los niveles, repiten como “loros” y obscenamente las “bondades” del modelo y rinden exámenes frente a las autoridades de la BCR. Tal, el caso del gobernador Perotti, que asiduamente es invitado y participa activamente de los eventos organizados por la BCR.
Cabe recordar sobre esta entidad, que los argentinos y santafesinos sabemos que fue a través de esta institución, que su ex presidente Alberto Padoán, de la empresa Vicentín (asociada a la anglo-suiza Glencore, hoy llamada Viterra) cometió la mayor estafa a los argentinos y a los chacareros, a través del Banco Nación, una “impune” estafa millonaria.
Son quienes, también, buscan profundizar para Argentina un modelo con una economía agroexportadora, subordinada, dependiente, y de extrema especialización, y una integración al mercado mundial de carácter unilateral. Todo se reduce, en lo fundamental, a la extracción de productos primarios y a un escaso desarrollo industrial, solo con la excepción de aquello que necesita tomar lo mejor de la ciencia (genética animal y vegetal, semilla, fertilizante, químicos, agroquímicos, siembra directa, etc.), pero que entierra toda posibilidad de un desarrollo nacional industrial, autónomo, independiente, con centro en el mercado interno.
Por ello, han apoyado públicamente el acuerdo del gobierno argentino con el FMI, que legitima la estafa macrista y condena a la Argentina a seguir pagando y aplicando recetas de ajuste, con una pérdida total de autonomía e independencia de nuestro país, que se condensan en las visitas trimestrales pactadas con los funcionarios del Fondo, que auditarán permanentemente el cumplimiento de las metas acordadas.
El Estado ha delegado, en lo fundamental, la posesión y organización de la riqueza en nuestro país, la producción y su distribución, la planificación de la economía real, y los trazos estratégicos, que están hoy en manos del sector privado, principalmente extranjero. Basta visitar la página oficial de la BCR para corroborar esto.
Tienen una palanca fundamental para influir sobre la soberanía monetaria, teniendo en cuenta que uno de cada tres dólares que entra al país viene a Rosario y pasa por sus manos. Suben y bajan el dólar cuando quieren y devalúan nuestra moneda.
Es imposible eludir su intermediación en el blanqueo y lavado de dinero, si tenemos en cuenta que un tercio de la cosecha se comercializa en negro.
En la Bolsa de Comercio conviven distintos sectores.
Si bien en la BCR se expresa en lo fundamental lo que hemos dicho, en forma hegemónica, esto de ninguna manera niega que conviven distintos sectores de la pequeña y mediana burguesía, algunos de gran burguesía, profesionales e intelectuales, no reaccionarios, que nada tienen que ver con los Padoán y lo que hemos descripto.
Los dueños del río Paraná controlan todos los eslabones. Controlan puertos, comercio, trazos, y la mal llamada hidrovía, entre tantas funciones. Para hacer una mención y dar un ejemplo, en el famoso proceso licitatorio de la mal llamada hidrovía, en su momento, el Estado le delegó a la BCR la conformación del pliego para la licitación.
Si estos pivilegiados “dueños de todo”, que se ubican siempre como los “salvadores” a quienes deberíamos rendirles “pleitesía” porque son quienes, según dicen ellos, “nos dan trabajo”: ¿Por qué crece tanto la desocupación en Argentina? ¿Por qué no se resuelve por los años de los años la desocupación estructural que padecemos? ¿Para quiénes son entonces las extraordinarias ganancias?
Si los precios de la tierra, del maíz, trigo, soja, son los más altos desde el año 1914, ¿por qué semejante “privilegio” se transforma en inflación galopante y en un verdadero infierno para los trabajadores que producen, para la producción nacional, para el mercado interno?
Con semejante aumento del precio del trigo ¡tendríamos que estar comiendo pan “gratis”!
Entonces… ¿quiénes le quitan el plato de sopa caliente a nuestros hijos?
¿Quién gobierna?
Cabe preguntarse: ¿quién gobierna este país y esta provincia?; ¿cómo es la articulación entre el poder formal y el poder real?; ¿cuál es la expresión política de esta articulación?; ¿lo hacen en armonía o hay una disputa voraz entre ellos?; ¿cuáles son sus órganos y usinas ideológicas?; ¿cómo operan sobre la formación en y desde los sectores académicos?
Las respuestas ante la pregunta “¿quién gobierna?” suelen reducirse a expresiones tan amplias que no se sabe bien de qué se trata. Escuchamos mucho hablar de “populismo versus neoliberalismo”, “la derecha”, “el imperio”, borrando las categorías que definen claramente a los enemigos de la clase obrera y el pueblo y borrando las roscas de dominación: los terratenientes, la burguesía intermediaria, el imperialismo (que opera además como factor interno). Ausentes y borradas del vocabulario están también las “clases sociales” y la “lucha de clases”.
Así como muchas veces se confunden los conceptos de Estado y Gobierno, del mismo modo se confunden el poder real y el poder formal, ideas fundamentales para desarticular y entender quién gobierna.
El poder real tiene sus voceros. Sectores políticos, empresariales, académicos, son el soporte sin el cual este estado de dependencia es imposible de sostener, construyendo una “cultura de la dominación”.
Con este objetivo operan desde su formación la Bolsa de Comercio, la Fundación Libertad, etc. Influencian e instalan sectores académicos de la universidad, de la diplomacia internacional, y se asientan en los formadores de la opinión pública a quienes escuchamos hablar una y mil veces sobre el “crecimiento y el progreso de la producción”. Lo que no dicen es “para qué” ni en “beneficio de quiénes” son ese crecimiento y ese progreso.
Quienes detentan el poder real se apropian de la extraordinaria labor y de los logros de nuestros científicos, investigadores y profesionales, además de desactivar permanentemente y atentar contra los mecanismos estatales que deberían garantizar las usinas de una ciencia y un conocimiento autónomos en favor del pueblo y de la patria.
Un claro ejemplo fue cuando el entonces presidente de esta entidad, Alberto Padoán, retó públicamente al ex gobernador Miguel Lifschitz por no hacer bien “los deberes” (llámese ley de ART, plan Circunvalar, Belgrano Cargas, etc.). Esto expresa claramente esa famosa e intrincada articulación entre lo público y lo privado, por la cual los argentinos y los santafesinos tenemos que financiar la logística del saqueo.
La intermediación y los mecanismos para garantizar la dependencia
La Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) es el epicentro de gran parte de las operaciones de compra y venta de granos de la zona núcleo de Argentina, siendo el Gran Rosario el área donde se han concentrado, de un modo singular, una cantidad de terminales portuarias y de plantas agroindustriales que posibilitan un nivel de comercialización y procesamiento entre los más importantes del mundo.
Fundada en 1884, la BCR es la entidad que agrupa a los principales referentes del agronegocio de la Argentina y ha sido, principalmente en las últimas décadas, la cara visible de los intereses de este sector ante la opinión pública. No es casual que esto suceda en la ciudad de Rosario.
Hay que tener en cuenta el papel “satelital” de la misma respecto al mercado de Chicago (EE.UU) que es donde se forman los precios internacionales de los granos, en torno a los cuales oscilan los locales. Esto es expresión de la profundización de la dependencia desde la dictadura y consecuencia de la “apertura” de la economía, la desregulación y la libre circulación de capitales.
Es además un centro financiero de relevancia nacional, que ha desarrollado múltiples mecanismos de especulación: mercados a futuros (no solo de los granos sino del dólar), contratos de cobertura, descuento de cheques de pago diferido, fideicomisos financieros, emisión de obligaciones negociables, etc., a través de los cuales una parte importante de la renta proveniente de la producción agropecuaria es convertida en créditos orientados a pymes y grandes empresas, y otra parte directamente orientada a la especulación inmobiliaria y financiera. No es casual que esté cada vez más cerca de concretarse la conformación de un “banco propio”, que sería el corolario lógico de todo este proceso.
Según informa la plataforma web, concentra en su sede cuatro mercados, dos cámaras arbitrales, un tribunal de arbitraje general, que se suman a 28 entidades adherentes y participantes vinculadas a la cadena agroindustrial y al mercado de capitales, el mercado físico de granos de la Bolsa de Comercio de Rosario que concentra negocios por el 40% de la producción argentina de soja, maíz, trigo y sorgo y es el principal centro de comercialización física de soja a nivel mundial.
Más de doscientas firmas operan en los cuatro mercados institucionales.
El Mercado a Término de Rosario “Matba Rofex” registró en el anteúltimo año más de 51 millones de contratos, divisiones financieras y agropecuarias.
El mercado ganadero de Rosario “Rosgan” lleva rematadas cerca de un millón y medio de cabezas desde su creación en 2008.
Se realizan más de 3.500.000 ensayos al año en el complejo de nueve Laboratorios de la Bolsa de Rosario. Esta es una breve síntesis del volumen de operaciones que dan cuenta del peso específico de esta institución en la vida económica de nuestra región.
Siendo supuestamente una asociación civil sin fines de lucro, se ha convertido en un fuerte inversor financiero a partir de las ganancias que ha venido acumulando con el tiempo a través de las sociedades colaterales. La mayoría de sus inversiones, según su último balance, están colocadas en inversiones dolarizadas, varias de ellas en el exterior.
En el año 2019 hicieron su paso por la BCR, acompañados por diversos funcionarios argentinos (nacionales, provinciales y municipales), funcionarios y diplomáticos de países extranjeros como el embajador y el vice primer Ministro de la República Popular China y la Comitiva Oficial: el CEO y directivos de COFCO; representantes de Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte; los embajadores de Italia (junto a un grupo de empresarios y emprendedores italianos de diversos rubros, entre otros); la Unión Europea, Suiza; Finlandia; Holanda; Australia; Venezuela; integrantes del Banco Central de Uruguay; etc.
Su desarrollo y creciente peso en la vida política de Santa Fe la ha trasformado en un enclave de paso obligado para dirigentes y funcionarios de todos los niveles del Estado. En una interminable procesión los “representantes del pueblo” rinden pleitesía frente al establishment, en una obscena muestra de capitulación de los políticos que se someten a su poder. El poder formal toma nota de las prioridades que impone la agenda del poder real.
Así, sin personería electoral y sin los avales para participar en las elecciones, la Bolsa de Comercio de Rosario se ha constituido en los hechos en el principal “partido político” de la Provincia de Santa Fe. Es, además, un centro financiero de peso nacional, realidad coherente con el predominio del capital financiero en la Argentina y en el mundo, del que emanan los principales trazos de las políticas públicas. Expresa así las prioridades de las minorías que aplicarán los gestores políticos de turno en funciones de gobierno nacional, provincial y municipal, siempre en nombre de las mayorías para las cuales las urgencias “permanentemente podrán esperar”.
El Estado, en un proceso que se inicia con la dictadura militar en 1976, ha delegado las palancas estratégicas de la economía a los sectores más concentrados de ella, en nombre de garantizar “la libertad y fluidez de los mercados”. La ley de entidades financieras de la dictadura en 1977, la ley de Actividades Portuarias y los decretos de desregulación del transporte fluvial y marítimo de 1992, entre otros, constituyen el conjunto normativo que le ha quitado al Estado los instrumentos para poder ejercer la soberanía plena sobre su moneda y entregar a un puñado de empresas monopólicas extranjeras el control del comercio exterior de nuestro país.
No es un Estado “ausente” como suele afirmarse, es un Estado “presente”, pero al servicio de los intereses de las clases dominantes, que en cada medida va definiendo un modelo de país pensado para estos sectores.
Como consecuencia del abandono estatal del monopolio de la compra y la fijación de precios, que se supo detentar en el gobierno peronista de 1946-1955 durante varias décadas en Argentina mediante la Junta Nacional de Granos y organismos como el IAPI, la ya preexistente BCR se colocó en un lugar central en la comercialización, desarrollándose luego un proceso por el cual decenas de miles de productores debieron vincularse con las fábricas o terminales portuarias de un modo que les permitiera lograr mejores condiciones de negociación, las “compras directas” por las agroexportadoras. En ausencia de una Junta Nacional de Granos y del monopolio del comercio exterior por el Estado, la Bolsa de Comercio entra en escena y de un modo más activo nuclea a un conjunto de intermediarios (corredores y cooperativas de primer y segundo grado), quienes concentran numerosas órdenes de venta de bajo volumen de producción, efectuando las operaciones con las agroexportadoras, en un volumen tal que les permite obtener precios más competitivos, y también concentra al pequeño conjunto de los compradores en su enorme mayoría extranjeros. Esto ha permitido que hoy la BCR sea un factor de poder de peso a la que pocos políticos, académicos y productores agropecuarios se atreven a contradecir. A tal punto ha llegado esta situación que en el marco de las elecciones presidenciales de 2019, elaboró “El Plan de Asuntos Públicos”, un detallado plan de prioridades que fue entregado a los candidatos, en donde se afirma: “La Mesa Ejecutiva de la Bolsa de Comercio de Rosario ha definido un conjunto de temas estratégicos para el campo argentino y la agroindustria, con el objetivo de que los mismos puedan ser tratados y debatidos con las autoridades nacionales, provinciales y municipales, otras organizaciones de la sociedad civil y gobiernos extranjeros; en el convencimiento de que la búsqueda de consensos y una óptima complementación público-privada es el camino más conveniente y razonable para generar las decisiones estratégicas que van a permitir potenciar el desarrollo económico y social de nuestro país.” Lo notable de esta formulación es que pone a los protagonistas internos en el mismo plano que los “gobiernos extranjeros”, lo cual es una prueba contundente de su sumisión a los dictados de los intereses imperialistas.
Un capítulo especial del programa presentado lo constituye el apartado referido a “Infraestructura de Transporte e Inversiones”, en donde se plantea la necesidad de avanzar en la futura reglamentación del Open Access en los ferrocarriles de carga, el vencimiento de la concesión de dragado y balizamiento de la vía navegable troncal desde Puerto Santa Fe al Río de La Plata y el mejoramiento de la red caminera secundaria y rural.
En este mismo sentido, ya en el 2016, y estimulada por los nuevos vientos que soplaban tras la asunción del presidente Mauricio Macri, la BCR presentó, en conjunto con el Gobierno de Santa Fe, un ambicioso “Plan de mejoras de infraestructura de U$S 420 millones para el Gran Rosario”, que con la excusa de reducir el impacto de la logística de carga sobre el tránsito, el medio ambiente y la economía regional, buscaba una reducción significativa de los costos operativos de las empresas del complejo agroexportador. Un video explicativo detallaba con precisión milimétrica cada una de las obras viales y ferroviarias necesarias de implementarse, sin aclarar de dónde provendrían los recursos para financiar las obras, y ahí sí debía volver a aparecer el Estado, para garantizar los recursos o los subsidios necesarios en beneficio de “todos”. De este tipo de estudios surgirán en los años anteriores el Plan Circunvalar, las más de 1.000 publicaciones referidas al estudio de la hidrovía, y un sinnúmero de seminarios sobre el transporte fluvial, congresos de Innovación, workshops y conferencias sobre las principales producciones de la zona, que irán pavimentando el “consenso” sobre la necesidad de avanzar con estas obras, presentadas como indispensables para el desarrollo y el crecimiento, que son solo instrumentos para, de un modo cada vez más eficiente, garantizar la provisión de materias primas, rol que las grandes potencias del mundo han asignado a la Argentina.
El rol de la Bolsa de Comercio es un buen ejemplo que demuestra el peso que posee el “factor interno” en la cadena de la dominación extranjera. El saqueo de nuestros recursos por parte de las potencias imperialistas no sería posible sin el entramado de influencias y presiones que ejercen en las sombras este tipo de entidades sobre el poder político.
Hay que tener en cuenta que del lado de la oferta juegan, entre otros, los terratenientes y grandes burgueses agrarios, cuyos intereses también se expresan en la BCR. Muchos de sus dirigentes son terratenientes, además de sus funciones como corredores, exportadores, etc., como sus ex presidentes Padoán (Vicentín, y propietarios de campos), Boglione (aceitero y terrateniente), etc. Los terratenientes son los principales vehiculizadores de la subordinación a los imperialismos.
La conformación de este sector de la burguesía, que denominamos intermediaria, cuyo comportamiento político solo puede explicarse a partir de los negocios que teje para poder quedarse con una parte importante de la plusvalía generada en todo el proceso de la producción agropecuaria, que abarca desde los obreros rurales hasta los obreros que producen maquinarias agrícolas e insumos químicos, es parte del margen o “tributo” que el imperialismo está dispuesto a resignar para que le sean aseguradas las condiciones del ejercicio de su hegemonía sin interferencias.
Pero para que las prioridades de una minoría logren consenso, es preciso contar con el aval de voces autorizadas en el tema. Allí juega un papel clave el staff de profesionales de la BCR que garantiza la producción de conocimientos específicos indispensables para hacer realidad este modelo de país pensado para los de arriba y los de afuera.
Para ello la entidad cuenta con un plantel de profesionales de primer nivel que elabora informes (1.670 informativos semanales publicados desde hace más de 30 años) y analizan día a día las variables de la economía para orientar las decisiones en cada momento y definir al detalle los planes de gobierno. Son la “mano de obra especializada” con la que cuentan para dictar cursos y programas de capacitación con el objetivo de formación y especialización en los temas sobre los que es necesario debatir para poder instalar y construir sus “necesidades impostergables”.
Pero no solo es en el ámbito de las cuestiones económicas y académicas donde la BCR pisa fuerte. Como todo organismo que pretende incidir en la formación de la opinión pública, el trabajo ideológico y cultural es una herramienta indispensable. Para ello cuenta con una agenda permanente, que garantiza que más de 4.000 personas visiten anualmente el museo que aloja en su sede y asistan a los más de 300 espectáculos que tuvieron lugar allí de forma abierta y gratuita a la comunidad desde hace más de 25 años.
No son menores tampoco los vínculos que la BCR ha ido tejiendo con la Universidad Nacional de Rosario, no solo en la formación de dichos profesionales, sino porque además en los últimos años ha creado carreras específicas sobre estas temáticas. Tal es el caso de la carrera de Especialización en Política y Gestión de las Infraestructuras, que se dicta en dicha alta casa de estudios, en la cual el Rector de la Universidad Nacional de Rosario hasta el año 2019, el arquitecto Héctor Floriani, es el responsable junto al ingeniero Juan Carlos Venesia del Instituto de Desarrollo Regional (IDR), que desde hace varios años trabaja en la difusión de estas iniciativas y es uno de los gestores de los Encuentros de Transporte Fluvial que se realizan en la sede de la BCR cada año.
La Bolsa y las agroexportadoras: no todo es un lecho de rosas…
Como dijimos al inicio de esta nota, esta entidad se ha constituido en el principal vocero de los intereses de los terratenientes, del capital financiero, del puñado de empresas del complejo agroexportador, dando sobradas muestras de su poder de lobby sobre los gobiernos de turno. Además, al hacerlo, ha permitido que los principales CEOs de estos monstruos invisibles puedan mantener el perfil bajo y el desconocimiento público que los caracteriza. Ese es el aspecto principal de su comportamiento. Sin embargo, existe una diferencia entre los mercados de bienes o productos de consumo industriales manufacturados, la mayoría como oferta monopólica, y los mercados de materias primas o commodities.
En el primer caso existen unos pocos productores que ofrecen diferentes productos a distintos precios, a un mercado compuesto por miles o millones de compradores. En cambio en el mercado de commodities, la relación de proporción entre oferentes y compradores es inversa: decenas de miles de productores agropecuarios ofrecen a un número relativamente pequeño de compradores de cereales y oleaginosas que actúan como oligopolio, productos que salvo excepciones son similares y sin diferencias notorias. Por lo tanto, esta situación de oferta atomizada y demanda concentrada obliga a que ambas partes negocien sus precios y sus operaciones en mercados concentradores.
Al negociar la mayor parte de la oferta disponible en un mismo ámbito, los mercados concentradores de la BCR ofrecen a los compradores un lugar en el cual comprar un importante volumen de granos y, a los vendedores, una mejor capacidad de negociación al concentrar la oferta atomizada de cereales y oleaginosas. Es así como esta se presenta como el mercado físico de granos natural para la formación de precios en Argentina. Cuando los monopolios “compran directo” a los productores, puentean a los acopios locales (privados y cooperativas), que son los que luego comercializan la producción en la Bolsa a través de corredores.
Todo lo mencionado hasta aquí funcionará en la medida que no existan operaciones directas entre los productores y los puertos, es decir, sin que nadie intente pasar por encima de la intermediación de la Bolsa de Comercio porque, de hacerlo, se dificultará la fijación de los precios de referencia, se “perjudicará” el negocio de la intermediación y por lo tanto se reducirán los dividendos de la actividad.
Lo mismo sucede en relación a la intervención de sus Cámaras Arbitrales y sus Laboratorios, que diariamente analizan la calidad de los granos que se comercializan.
Ahora bien, en este mundo supuestamente regido por las leyes de la oferta y la demanda, la intervención de la Bolsa de Comercio también puede leerse como un obstáculo, como una interferencia que sería deseable eliminar para apropiarse de una porción mayor de la plusvalía y maximizar ganancias por parte de los monopolios de exportación. Es así que, por momentos, esta contradicción secundaria en la guerra de rapiña, toma mayor relevancia, sobre todo cuando las comercializaciones “en negro” ganan terreno y su fiscalización no es factible ya no solo para el Estado, sino también para la propia BCR.
Luciano Orellano, miembro del Foro por la Recuperación del Paraná, de la Mesa Coordinadora de Defensa de la Soberanía Nacional sobre el río Paraná y el Canal Magdalena y autor del libro “Argentina sangra por las barrancas del río Paraná”
