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RÍO PARANÁ SOBERANÍA VIAS NAVEGABLES

Una licitación sin estudio ambiental y sin consenso político y popular es nula

Por Feliciano Ramos (*)

Son tantas las razones para declarar nula de  nulidad absoluta la licitación por 3 décadas de un dragado de profundización del río Paraná, Río de la Plata y canal Punta Indio a 44 pies, que si lo detallamos no alcanzaría un libro para describirlas. Aun así, intentaré resumir lo más importante.

Comencemos por el tiempo de la licitación: 30 años. Un gobierno al que le queda de mandato un poco más de un año y medio NO puede licitar por 30 años porque compromete a otros gobiernos que aún no asumieron y, tal vez, que es lo mas probable, no estén de acuerdo con la licitación. Debe haber consenso entre los distintos partidos políticos, provincias y población ribereña, consenso que jamás el gobierno de LLA buscó, ni tiene. El año pasado, el Estado, a través de  la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ex AGP y ex DNVN), convocó a una “Audiencia Ambiental” para posteriormente llamar a licitación por el dragado de profundización del río Paraná. Intentaron instalar unos viejos estudios que ni siquiera eran ambientales como válidos, pero tanto la audiencia, como los estudios, como el próximo llamado a licitación, fue ampliamente rechazada e impugnada por más del 96 % de los exponentes, movidos solamente por el patriotismo y la lucha por la salud ambiental del río y sus habitantes. No hay consenso ni político ni en la población para la licitación de dragado, como tampoco hay resto de mandato que lo legitime.  En poco más de un año estaremos votando, eligiendo nuevo presidente.

¿Dónde colocarán las enormes cantidades de metros cúbicos dragados?

La profundidad del canal del río Paraná está a 34/36 pies. Con un dragado a 42/44 pies la diferencia es de 8 pies; como en la licitación no solo se ensancha el canal a 130 metros, sino que se tienen que dragar zonas de fondeo y alije, etc., consideremos un mínimo de  3 metros cúbicos de profundización por metro cuadrado de canal para tener un mínino de material extraído. Por cada metro cuadrado de dragado en el lecho de las provincias bañadas por el río Paraná se deben sacar 3 metros cúbicos de material del lecho, sea este barro, limo o arena. Si consideramos que el ancho de canal a dragar sea de 130 metros, para dragar un metro de ancho de canal deberán extraerse 390 m3. Si un kilómetro son mil metros, para dragar un kilómetro a esa profundidad se sacarán 390.000 m3 por kilómetro dragado.

Ahora bien, desde el Km. 470 del río Paraná hasta la boya de bifurcación que separa el río Paraná en Paraná Guazú y Paraná de las Palmas, hay 236 Km. El río Paraná de las Palmas tiene aproximadamente 130 Km., el río Paraná Guazú 69 Km., y el brazo del Paraná Bravo 27 Km.; en total 462 Km. Si sumamos riacho Talavera, más canal Punta Indio, etc., calculemos  mínimamente 550 Km. de profundización, lo que da la barbaridad de 214.500.000 metros cúbicos de mínima que se dragarán y se volverán a tirar al río en un dragado de refulado y todo este material se sumará a la sedimentación que de ordinario tiene el río Paraná (sedimentación que se desconoce ya que jamás se hizo un estudio completo de todo el río). Pido disculpa por la simpleza del cálculo, es con la intención de que todos entiendan.

Con más de 30 años de dragado extranjero (desde los 90 a hoy), ya tenemos los riachos del humedal que llevan a las lagunas tapados, donde se depositó el material dragado llevado por la corriente; con un dragado a 44 pies el resultado será catastrófico. Los peces, como el sábalo, no se han podido reproducir en bajante por estar las lagunas “desconectadas”  al taparse los riachos que le proveen agua desde el río Paraná.

En el portal Rosario3 se habla dela veda de exportación de pescado, y prosigue: de cada 100 sábalos solo 6 están aptos para reproducirse. Habla de lagunas “desconectadas”  y continúa: los peces que pueden reproducirse se redujeron de un 85 % en 2022 a apenas 5,8 % en Julio de 2025.  

La contaminación del río Paraná

Un estudio del Conicet demuestra la presencia de residuos de agroquímicos y metales pesados en el Paraná, detectó que el fondo de un río que desemboca en la cuenca tiene más glifosato que un campo de soja. “La publicación científica validada a nivel mundial dice que todas las muestras de agua superaron para, al menos alguno de los plaguicidas, el nivel guía recomendado para toda la biota acuática y recomienda articular políticas inmediatas” explicó Marino. El monitoreo sobre la cuenca del Paraná se realizó en tres etapas: la primera fue en 2013, la segunda en 2016 y la más reciente en Enero de 2017, con las que se ratificó la presencia de agroquímicos tanto en el agua como en los sedimentos.

Los niveles de glifosato más AMPA, el metabolito en la degradación del glifosato, hallados en la cuenca del río “son unas cuatro veces las concentraciones que pueden encontrarse en un campo sembrado con soja”, concluyendo que “El fondo de un río que desemboca en el Paraná tiene más glifosato que un campo de soja”.

“La Argentina es uno de los sitios con mayor hidroarsenicismo del planeta y uno de los países con mayor uso de glifosato, lo que la vuelve un escenario de riesgo ecotoxicológico bastante importante, pero muchas veces hay que demostrar ese riesgo de manera experimental”, agregó el especialista, que investiga sobre el efecto ambiental y biológico de los plaguicidas desde hace más de 20 años.

Se han detectado niveles de glifosato superiores a los de los cultivos, aún debajo del agua, en el lecho del río Paraná y también, por ejemplo, en aljibes del impenetrable chaqueño.

El combo de arsénico y glifosato es muy dañino.

¿Se imaginan dragar = remover del lecho, y volver a tirar al río la enorme cantidad de 214.500.000 metros cúbicos de mínima de lecho contaminado?

Un ecocidio ambiental. ¿Para qué? ¿Para quiénes? Para que los buques salgan más cargados y para que quienes ganan sumas varias veces millonarias en dólares, como la Bolsa de Comercio y puertos extranjeros,  ganen muchísimo más.

El costo de las licitaciones de dragado siempre lo pagó y lo seguirá pagando el pueblo argentino a través de sus impuestos. ¡¡SÍ!! Nosotros les pagamos el dragado y balizamiento a la Bolsa de Comercio y puertos extranjeros para que ganen más y más. Y también sabemos que en cada licitación de profundización de dragado que paga el pueblo, los puertos privados (extranjeros o no) les cobran cada vez más a los productores como si el dragado lo pagaran ellos.

La extranjerización del comercio exterior le cuesta cada vez más a los argentinos en impuestos que van a asistir a puertos privados en vez de volver en obras para la población. 

Se hicieron muchos estudios de contaminación del río Paraná, pero jamás se hizo un estudio previo de impacto ambiental antes de una licitación de dragado. Raro, porque si querés poner una pyme e iniciar la fabricación u otra actividad, más que seguro que si no hay un buen estudio de impacto ambiental no te den la autorización para comenzar.

¿Y por qué a la empresa Hidrovia jamás se lo exigieron? ¿Por ser extranjeros la empresa de dragado tiene inmunidad? ¿Son intocables?,  porque tampoco pagan impuesto alguno, como lo haría el más humilde de los comerciantes minoristas.

Sin previo estudio de impacto ambiental no hay licitación que sea válida.

En ninguna parte del mundo los ríos semejantes al río Paraná son dragados a tanta profundad. ¿Por qué en Argentina sí? Los extranjeros cuidan sus ríos y vienen a este país a dragarlo sin control.

Hay que ajustar los buques al río y no el río a los buques.

Los ríos tienen derechos, es hora de hacerlos respetar.

(*) Capitán Fluvial (Dragador) – Miembro del “Foro por la recuperación del Paraná”

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BANDERA RÍO PARANÁ SOBERANÍA

Defender el río alzando la bandera Argentina

Compartimos gacetilla de prensa emitida por el Foro por la Recuperación del Paraná / Remar Contracorriente:

En el marco de los actos por el Día de la Bandera, organizaciones sociales, ambientales, sindicales y de pescadores realizaron este lunes a las 19 una reunión organizativa en el Centro Cultural La Toma, con el objetivo de coordinar las actividades previstas para el próximo 27 de febrero en el Parque Nacional a la Bandera.

La convocatoria plantea rendir homenaje a Manuel Belgrano, en el monumento que se sitúa en el Parque Nacional a la Bandera y renovar el tradicional juramento a la enseña patria, en coincidencia con el aniversario de su creación. A las 11 hs está previsto el inicio de la actividad.

Según se informó durante el encuentro, el acto del viernes se estructurará en torno a tres ejes centrales. El primero será la denuncia de lo que los convocantes definen como un proceso de “extranjerización y entrega” del río Paraná, en referencia a la licitación de la vía navegable. El segundo consistirá en la renovación del juramento a la bandera nacional junto a ex combatientes de Malvinas, en un gesto que busca vincular la fecha patria con la reivindicación de la soberanía. El tercero será el lanzamiento oficial de la travesía fluvial “Salvemos el Paraná y sus humedales”, acompañado por una conferencia de prensa.

La travesía prevé recorrer más de ochocientos kilómetros por el río, desde Puerto Las Palmas a la vera del río Paraguay, en la provincia del Chaco, hasta Rosario. La salida está programada para el 7 de marzo y la llegada para el 21, en la víspera del Día Mundial del Agua.

Los impulsores de la iniciativa señalaron que el mismo 27 de febrero está prevista la apertura de sobres de la licitación vinculada a la administración del Paraná, hecho que —según sostienen— refuerza el carácter político de la convocatoria en la ciudad.

La actividad se inscribe en un contexto de debate nacional sobre la gestión del río Paraná y el rol del Estado en la administración de recursos estratégicos, un tema que vuelve a situar al Paraná —y a Rosario— en el centro de la discusión pública.

Contacto de prensa:
Luciano Orellano 3415 02-9151
(Foro por la Recuperación del Paraná)

Video de difusión:

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RÍO PARANÁ SOBERANÍA VIAS NAVEGABLES

Un corsé por 30 años

Por Ing. Hernán Orduna (*)

Fuente: www.elcohetealaluna.com

Neocolonialismo en los ríos Paraná y de la Plata

Está en marcha nuevamente el proceso licitatorio de la concesión de la Vía Navegable Troncal de los Ríos Paraná y de la Plata (VNT), que fue aprobado por Resolución 67/2025 de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN).

Se trata de una infraestructura estratégica crítica para el desarrollo de la República Argentina, en tanto concentra el flujo principal del comercio exterior, incide de manera directa sobre la competitividad de las economías regionales y condiciona las posibilidades de crecimiento productivo, portuario e industrial de las provincias ribereñas.

Aquí no se pretende obstaculizar la inversión privada ni cuestionar el régimen concesional en abstracto, sino que es menester asegurar que una decisión de semejante relevancia histórica se adopte con pleno respeto por la Constitución Nacional, el federalismo, la soberanía logística, la sustentabilidad ambiental y el interés público de largo plazo.

Teniendo en cuenta la afectación por la traza, el uso, la explotación económica y los impactos ambientales de la Vía Navegable Troncal de los Ríos Paraná y de la Plata, debo advertir que el diseño contractual actualmente propuesto presenta riesgos estructurales para la capacidad decisoria y regulatoria del Estado: es un corsé para cualquier gobierno, al menos por 30 años o más, ya que el plazo puede renegociarse. También se observan condicionamientos a la competencia económica, no hay defensa del interés nacional y provincial.

I. Consideraciones institucionales y federales.

La Vía Navegable Troncal de los Ríos Paraná y de la Plata constituye el principal corredor logístico del comercio exterior argentino y atraviesa múltiples jurisdicciones provinciales, impactando de manera directa sobre las economías regionales, los puertos públicos y privados, y el desarrollo productivo de las provincias y comunidades ribereñas. Su administración no es una cuestión meramente técnica u operativa, sino un ejercicio concreto de soberanía económica, territorial y logística del Estado argentino.

El diseño institucional y contractual actualmente propuesto no es neutro desde el punto de vista soberano: debilita la capacidad decisional del Estado y excluye a las provincias de los mecanismos efectivos de control, produciendo una cesión indirecta pero estructural de soberanía, trasladando al concesionario privado –por varias décadas– decisiones estratégicas que condicionan el comercio exterior, la planificación portuaria, los costos logísticos y el desarrollo regional. Esta afectación soberana se proyecta directamente sobre la seguridad económica nacional, en tanto compromete la capacidad del Estado para garantizar previsibilidad, controlar costos sistémicos, asegurar la continuidad operativa del comercio exterior y resguardar la estabilidad macroeconómica frente a shocks logísticos y contractuales de largo plazo.

En esta misma lógica de soberanía y seguridad económica nacional, resulta imprescindible señalar el perjuicio estructural que implica para la República Argentina la decisión de no avanzar en la construcción del Canal Magdalena. La ausencia de una vía de navegación soberana, directa y bajo administración nacional hacia el Atlántico Sur y de una profundidad asegurada mínima de 14,3 metros al cero desde el Km. 40 del Río de la Plata hacia el Océano, consolida un esquema de dependencia logística externa, en el cual los puertos argentinos no tendrán otro destino que operar como puertos alimentadores (feeder) de terminales ubicadas fuera de la jurisdicción nacional, particularmente en Montevideo o en puertos del sur de Brasil. Este escenario no sólo incrementa costos, tiempos y vulnerabilidades operativas, sino que implica una pérdida efectiva de independencia económica como Nación, al subordinar el comercio exterior argentino a infraestructuras, decisiones regulatorias y prioridades estratégicas definidas por otros Estados.

El 5 de agosto de 2024 el Presidente Milei dictó el DNU-2024-699-APN-PTE que, en su artículo 1º, declaró “servicio público a las actividades de dragado, redragado, mantenimiento, señalización, balizamiento y control hidrológico de las vías navegables de jurisdicción nacional”.

Y en virtud de lo dispuesto por el artículo 42 de la Constitución Nacional, los servicios públicos de competencia nacional deben contar con marcos regulatorios adecuados y con la necesaria participación de las provincias interesadas en los organismos de control.

Asimismo, corresponde destacar lo establecido en el artículo 124 de la Constitución Nacional, que reconoce a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio, incluyendo los ríos, cursos de agua y sus lechos, de jurisdicción compartida. Esta cláusula constitucional no sólo consagra derechos patrimoniales, sino que impone un deber de participación provincial efectiva en las decisiones que inciden sobre el uso, la explotación, la preservación ambiental y la administración económica de dichos recursos.

En este marco, las provincias poseen un interés directo, actual y constitucionalmente protegido en el diseño institucional, económico y ambiental del régimen concesional proyectado, que no puede ser válidamente desplazado ni sustituido por esquemas de decisión centralizados.

II. Diagnóstico sintético de algunas de las numerosas falencias detectadas.

En el enlace disponible aquí se puede acceder al “Análisis revisado de los pliegos de la licitación de la concesión del dragado y señalización de la Vía Navegable Troncal de los Ríos Paraná y de la Plata”. De ese análisis técnico-jurídico de los pliegos aprobados surgen, de manera objetiva, entre otros, los siguientes aspectos que ameritan revisión previa a la apertura de ofertas, por afectar la legalidad, la competencia, la seguridad jurídica, la navegabilidad sostenible y el interés público nacional y provincial:

1. Contradicciones normativas y déficit de marco regulatorio efectivo.

Se advierte una grosera contradicción normativa entre la calificación de las actividades (dragado, señalización y control hidrológico) como servicio público y su encuadre práctico como concesión de obra pública, sin un marco regulatorio integral previo, ni un organismo de control creado por ley, con independencia funcional y participación provincial efectiva.

2. Perjuicios del diseño económico y restricción de la competencia.

El establecimiento de bandas tarifarias mínimas y máximas como requisito de admisibilidad limita la competencia real, impide ofertas más eficientes y transforma el procedimiento en la validación de rangos tarifarios predeterminados. Asimismo, el esquema desnaturaliza el riesgo empresario, trasladando costos estructurales al sistema productivo y a los usuarios. Y mantiene la reciente incorporación del llamado puerto de La Plata (en realidad Ensenada) en la Subsección que lo hace también subsidiador de empresas localizadas a más de 240 km aguas arriba.

3. Omisiones técnicas críticas que afectan la navegabilidad, costos y control público.

Los pliegos pretenden la extensión del Canal Punta Indio –como única vía navegable–, desde el kilómetro 239,1, por su profundización, pero no aportan los correspondientes relevamientos batimétricos de la zona, ni las zonas de descarga de material a dragar, ni el estudio de las interferencias a la navegación de la República Argentina por esa proyectada extensión a ciegas del Canal Punta Indio hacia profundidades naturales mayores, cuando correspondería un Estudio comparativo obligatorio de trazas de la Extensión del Canal Punta Indio vs. Canal Magdalena, cuantificando perjuicios fiscales, económicos y logísticos para el Estado argentino y las empresas nacionales.

Tampoco consideran la avanzada progradación del frente deltario central, agravado por la metodología de dragado utilizada en el Canal Ing. Emilio Mitre con la pérdida continua de profundidad en esa zona –que ya está afectando a la navegación deportiva–, donde también correspondería un Estudio comparativo obligatorio de trazas del Río Paraná de las Palmas y el canal Ing. Emilio Mitre vs. el río Paraná Guazú y el canal Buenos Aires.

Las omisiones técnicas tienen un fuerte impacto económico ya que no establecen criterios precisos de tolerancias, ni parámetros de control sobre sobredragado, ejecución y validación técnica.

Asimismo, existe indefinición en la ingeniería de disposición del material a dragar, con capacidad insuficiente de zonas de descarga y falta de previsión del incremento de volúmenes de más material a dragar por profundización.

Los pliegos mantienen la disminución de 3,05 metros de profundidad en el tramo entre el sur de Diamante y Santa Fe, lo que impacta en la navegabilidad, la eficiencia logística y la competitividad portuaria de Entre Ríos y Santa Fe.

Y por supuesto ignora el Riacho Barranqueras, y a la provincia del Chaco.

4. Déficit ambiental estructural.

La licitación se impulsa sin contar con Estudio Hidrosedimentológico, Línea de Base Ambiental, ni Estudio de Impacto Ambiental, ni Evaluación Ambiental Estratégica, que considere las obras proyectadas. Y se habilitan decisiones técnicas con impactos ambientales y jurídicos relevantes para las provincias ribereñas.

5. Riesgos jurídicos e internacionales en el Río de la Plata.

Se detectan omisiones en materia de comunicación y coordinación con la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP) y la República Oriental del Uruguay, lo que puede derivar en conflictos diplomáticos, reprogramaciones operativas y nulidades parciales de ejecución.

6. Federalismo ambiental e institucional debilitado.

Se omite la constitución de un Comité de Cuenca interjurisdiccional para una vía navegable de carácter federal e interprovincial, que es una obligación legal (ley 25.688) debilitando la gobernabilidad, el monitoreo ambiental y la participación efectiva de las provincias en la toma de decisiones estratégicas.

En conjunto, estos factores comprometen la seguridad jurídica del proceso licitatorio, restringen la competencia, trasladan riesgos indebidos a los usuarios y provincias, y habilitan que el concesionario asuma definiciones estratégicas que corresponden al Estado.

III. Neocolonialismo: para muestra basta un botón

En el artículo 16 del Pliego de Bases y Condiciones, sobre “Personas no habilitadas para contratar”, se establece que “no serán aceptados como Oferentes o como integrantes de una Asociación

  • “Toda persona jurídica que sea controlada, directa o indirectamente por Estados soberanos o agencias estatales, en el capital, en la toma de decisiones o de cualquier otra forma (…)”
  • “Quienes se encuentren incluidos en las listas elaboradas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) dependiente del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos”.

La negrita y el subrayado me pertenecen.

Y no consulta a las PROVINCIAS ARGENTINAS, que son las titulares del lecho y del subsuelo de los Ríos Paraná y de la Plata.

(*) ex Presidente de la Delegación de la Argentina ante la Comisión Administradora del Río de la Plata.

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SOBERANÍA TRABAJADORES

No a la exclusión del personal embarcado

Compartimos comunicado del sindicato Conductores Navales de la República Argentina

En el marco del debate en el Senado de la Nación de la reforma
autodenominada “ley de modernización laboral” se agrega -no estaba en la primera versión presentada- un acápite en el artículo segundo de la ley de Contrato de Trabajo en materia de exclusiones, que se modifica , esto es de las actividades o de los sectores que no se les aplican la ley de contrato de trabajo, el siguiente texto: “g) al personal embarcado comprendido en el régimen de la ley de navegación 20094 y sus modificatorias, sin perjuicio de las normas de las convenciones colectivas de trabajo”.
¿Que pretende el Poder Ejecutivo Nacional con este agregado?
Si bien pareciera que la exclusión tiende a convalidar la ley de
navegación sobre la Ley de Contrato de Trabajo, sin perjuicio de lo dispuesto en las convenciones colectivas de trabajo, es evidente que este agregado y exclusión del régimen general inscribe en los antecedentes de lo que no se pudo realizar mediante el decreto 340/25, que fue motivo de innumerables impugnaciones en la justicia, y que finalmente fue dejado sin efecto por el Congreso de la Nación, por entender que era un decreto delegado que excedía la facultades del Poder Ejecutivo Nacional.
Estamos ante una maniobra de similares o peores consecuencias
para nuestros trabajadores.

Desde nuestro punto de vista es evidente que aquí se quiere dar
prelación a un régimen de derecho público, como es la ley de
navegación, que tiene un sentido diferente a la protección que
establece la ley de contrato de trabajo (LCT) privilegiando la primera.
Se trata de un retroceso de décadas, toda vez que la transformación normativa de nuestra actividad, implicó largas luchas y la instauración de un contexto de laboralización a través de nuestra incorporación de pleno derecho, al régimen general, de la LCT. La única razón que justifica la exclusión es el desbaratamiento de
derechos.
Las convenciones colectivas de trabajo del sector se articulan
entendiendo su complementariedad con la LCT y por tanto los
instrumentos convencionales, se ocupan de cuestiones específicas
como jornada o régimen de trabajo, salarios. La mayoría de los institutos de la LCT no se reproducen automáticamente en los Convenios.
La ley de Navegación 20094 y la Ley 17371, Reglamento de Trabajo
a bordo, tienen solo algunas  normas con relación a las cuestiones laborales entre el armador y los tripulantes, peyorativas por cierto con
relación a la LCT.
Los arts. 610 y ss. de la Ley de Navegación, establecen, la
jurisdicción federal para todos los asuntos contemplados, de tal manera que es evidente la exclusión de la jurisdicción laboral
especializada.
El régimen disciplinario, no se condice con los parámetros y principios establecidos en la LCT.
Es mas no solo hay una  deslaboralización y exclusión de la
jurisdicción laboral, sino que el contrato de ajuste que es el contrato especial individual entre trabajador y armador puede regirse por la ley de Nacionalidad del Buque.
Las indemnizaciones de la Ley 20.094 son infinitamente menores que las de la LCT.
No contamos con normas sobre Licencias especiales, descanso, francos, recaudos para el pago de la remuneración, principios generales, interpretación de normas, solidaridad, etc., que si tenemos desarrolladas en nuestra LCT.
La normativa en materia de jornada de la Ley 17371 es escueta y
peyorativa con relación a la LCT, los mismo en materia de
vacaciones, en cuenta a los días de goce y al cálculo de pago. Por
supuesto no están contemplados ni el aguinaldo, ni las normas
tutelares sobre transferencia de personal o del buque o establecimiento.

El Régimen de remuneración o salario mínimo, toman como pautas
la normativa internacional del Acuerdo TCC Uniforme, suscripto por la ITF, que significa una merma por sobre los convenios y las normas de tutela del salario de la LCT.
Los convenios colectivos que si contienen normas más favorables
que la Ley de Navegación van a quedar sujetos al régimen de caída
de la ultraactividad
Con la derogación de los convenios, nuestra situación se asemeja a los que hemos vivido en los años 90 con el dictado de los decretos 1772/91 y 817/92, que nos sometieron al llamado régimen de bandera de conveniencia y derogaron normas y convenios de las organizaciones; con el agravante que en esta oportunidad se nos deja sin un piso de  protección.
Está claro que se quiere  individualizar la relación del personal embarcado sujeto a la ley de navegación priorizando como lo
establecía el decreto 340/25, la posibilidad que los contratos de
ajuste dejen sin efecto normas más favorables, incluidas en las
convenciones colectivas de trabajo y en la propia ley de contrato de
trabajo Se afectará la interpretación acerca de las tripulaciones que muchas veces están incorporadas de hecho a los acuerdos que se pueden llegar entre las partes, pero no se reflejan en la ley de navegación donde se priorizan otros criterios y las mismas son mínimas.
Es evidente que en un sector donde el Gobierno Nacional a puesto
singular interés y malicia. Con el Decreto 340/25, rechazado por el
Congreso de la Nación, se pretendió afectar el derecho a huelga y flexibilizar las condiciones de navegabilidad para el capital privado extranjero (derogación encubierta de la Ley de Cabotaje
Nacional) y ahora el objetivo es flexibilizar en tótum y establecer
estándares internacionales a la baja que dejen sin efecto la
legislación de protección en la República argentina.
En suma, una actividad considerada esencial, pero para sus
trabajadores se pretende menos y mínimos derechos, legislación
federal o extranjera, rebaja salarial y desempleo. Ese es el horizonte
sino se elimina el inc. G del art. 2 del proyecto de ley de modernización laboral que fue remitida por el Senado de la Nación a la Cámara de Diputados.
Nos excluyen de la LCT. Trabajo con subordinación y sin protección es regresión de derechos.
No es modernización: es ajuste laboral.

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CIENCIA SOBERANÍA

En su día, mujeres y niña accionan en defensa de la Ciencia y tecnología argentina

En el marco del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que se conmemora cada 11 de febrero, se realizará en Rosario una Feria de Ciencias protagonizada por mujeres y niñas, con el objetivo de visibilizar el rol fundamental de las mujeres en los campos STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas), defender estas áreas y proyectar políticas para su promoción.

El Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia fue declarado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para reconocer el aporte imprescindible de las mujeres en el desarrollo científico y tecnológico, y para fomentar vocaciones científicas desde edades tempranas, rompiendo estereotipos de género que aún persisten en estas áreas.

“En Argentina, esta fecha adquiere una relevancia particular en el actual contexto de políticas anticientíficas del gobierno nacional, que se traducen en el desfinanciamiento y el intento de destrucción de instituciones emblemáticas como el CONICET, las Universidades públicas y las escuelas técnicas”, dice la Ingeniera Mercedes Meier, ex diputada y organizadora del evento.

Y agrega “este año la conmemoración coincide con el tratamiento de una reforma laboral que perjudica las condiciones de trabajo, y siempre que nuestro pueblo fue perjudicado, se profundiza la brecha de género en todos los ámbitos, incluidos aquellos donde las mujeres hemos logrado abrirnos paso con enorme esfuerzo”.

En este escenario, visibilizar, reconocer y fomentar el trabajo de mujeres y niñas en ciencia, tecnología, ingeniería y matemática se vuelve una necesidad urgente para defender estos patrimonios nacionales.

Por este motivo, se invita a participar de una Feria de Ciencias realizada por mujeres y niñas rosarinas, que contará con experimento, encuentros e intercambios, reconocimientos a trayectorias y aportes.

📅 Viernes 13 de febrero
🕕 De 18 a 20 hs
📍 Estación Soberanía. Suipacha 1038, Rosario

La actividad es abierta al público.
Las esperamos.

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EDUCACIÓN SOBERANÍA

Las escuelas técnicas en la Argentina: financiamiento, abandono estatal y proyecto de país

Por: Carolina Di Fiori (*)

Las escuelas de educación técnico profesional han sido, históricamente, uno de los pilares del desarrollo productivo argentino. No solo forman técnicos y técnicas con saberes específicos, sino que encarnan una idea de país basada en el trabajo, la industria nacional, la soberanía tecnológica y la movilidad social. Sin embargo, en la actualidad atraviesan una situación crítica producto del desfinanciamiento, el abandono y la falta de compromiso tanto del gobierno nacional como de los gobiernos provinciales, en nuestro caso el de Santa Fe.

Desde sus orígenes en las escuelas de artes y oficios del siglo XIX, la educación técnica estuvo ligada a los momentos en que la Argentina apostó al desarrollo industrial. Su mayor expansión se dio a mediados del siglo XX, especialmente durante el primer peronismo, cuando el Estado impulsó un modelo productivo basado en la industria nacional, el trabajo y la integración entre teoría y práctica.

La creación del CONET y la expansión de las escuelas técnicas respondieron a una necesidad concreta: formar trabajadores calificados para sostener un proyecto de país industrializado. En esos períodos, la educación técnica no fue un gasto, sino una inversión estratégica.

Por el contrario, cada vez que el país giró hacia modelos de valorización financiera, apertura indiscriminada de importaciones y subordinación externa, las escuelas técnicas fueron atacadas, vaciadas o relegadas.

La dictadura iniciada en 1976 significó un quiebre profundo: desindustrialización, endeudamiento externo y destrucción del aparato productivo. En ese contexto, las escuelas técnicas perdieron centralidad, presupuesto y sentido social.

Durante la década de 1990, las políticas neoliberales profundizaron este proceso. La privatización de empresas estatales, el cierre de fábricas y la Ley Federal de Educación fragmentaron el sistema educativo. Las escuelas técnicas quedaron bajo responsabilidad provincial sin los recursos necesarios, obligando a docentes y comunidades educativas a sostenerlas con enorme esfuerzo. Los gobiernos provinciales no se hicieron cargo de su financiamiento.

A pesar de ello, las escuelas técnicas resistieron. Resistieron en los talleres deteriorados, en la falta de insumos y en la convicción de que la educación técnica seguía siendo una herramienta de dignidad y futuro.

La sanción de la Ley de Educación Técnico Profesional N° 26.058 en 2005 representó un punto de inflexión. Reconoció a la educación técnica como estratégica, creó el INET y estableció un Fondo Nacional específico para garantizar financiamiento mínimo y obligatorio.

Ese fondo permitió durante años mejorar infraestructura, equipar talleres, actualizar tecnologías y capacitar docentes. No fue un privilegio: fue el reconocimiento del rol clave que cumple la educación técnica en el desarrollo nacional.

Hoy, ese marco legal está siendo deliberadamente desmantelado.

El proyecto de Presupuesto Nacional 2026 propone eliminar el artículo que garantiza el financiamiento obligatorio de la educación técnica. Esto implica la eliminación práctica del Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional y el vaciamiento del INET.

Esta decisión afecta a más de 1,4 millones de estudiantes y a miles de instituciones en todo el país. No se trata de un error administrativo ni de una medida neutra: es una definición política que expresa una vez más el desprecio del gobierno nacional por la educación pública, el trabajo y la producción.

Hablar de “ajuste” mientras se condena a las escuelas técnicas a talleres sin insumos, máquinas obsoletas y docentes sin formación continua es una forma de violencia institucional. Es una falta de respeto hacia estudiantes, docentes y comunidades que sostienen estas escuelas incluso en las peores condiciones.

Si bien el ajuste se define a nivel nacional, el gobierno provincial de Santa Fe no puede ni debe correrse de su responsabilidad como ya ha hecho. La educación técnica tiene una presencia histórica y estratégica en la provincia, ligada a la industria metalmecánica, agroindustrial, energética y tecnológica.

Sin embargo, frente al retiro de fondos nacionales, el gobierno provincial no ha garantizado una política clara y sostenida para compensar el desfinanciamiento. La falta de inversión suficiente en infraestructura, insumos y actualización tecnológica reproduce desigualdades entre escuelas y degrada la calidad de la formación. Ya sabemos que el gobiernos e Santa Fe ataca a la docencia y no invierte en la educación publica, mucho menos en la educación técnica a cargo, históricamente, del gobierno nacional.

Aceptar pasivamente el ajuste nacional o limitarse a administrar la escasez también es una forma de abandono. Gobernar es priorizar, y cuando la educación técnica no es prioridad, el mensaje es claro: el trabajo y la producción no están en el centro del proyecto político.

La provincia de Santa Fe ocupa un lugar central en la estructura productiva del país. Su entramado industrial y agroindustrial, metalúrgico, metalmecánico, automotriz, agroexportador, lácteo, energético y tecnológico, requiere de manera permanente técnicos y técnicas formados en escuelas públicas. Las escuelas técnicas santafesinas no son un complemento del sistema educativo: son una pieza clave del desarrollo provincial.

Históricamente, estas instituciones estuvieron vinculadas al crecimiento de polos industriales en Rosario, el cordón industrial del Gran Rosario, Santa Fe capital, Rafaela, Reconquista, Venado Tuerto y muchas otras localidades del interior. Allí, la escuela técnica fue y sigue siendo una vía concreta de inserción laboral, arraigo territorial y movilidad social.

Sin embargo, esta realidad productiva contrasta con las políticas actuales del gobierno provincial. Frente al retiro del financiamiento nacional, Santa Fe no ha desarrollado una estrategia integral que garantice el sostenimiento y fortalecimiento de sus escuelas técnicas, como así tampoco exigirle al gobierno nacional su financiamiento. La inversión provincial resulta insuficiente para cubrir la falta de insumos, la actualización tecnológica de talleres, el mantenimiento edilicio y la formación continua de docentes.

Esta situación revela una contradicción profunda: una provincia que se presenta como productiva y moderna, pero que no invierte de manera decidida en la formación de los trabajadores que esa producción necesita. Administrar el ajuste nacional sin confrontarlo ni compensarlo implica aceptar un deterioro progresivo de la educación técnica.

La falta de una política provincial fuerte para la educación técnica no solo perjudica a estudiantes y docentes, sino que también debilita el entramado productivo santafesino. Sin técnicos formados en condiciones dignas, las industrias dependen cada vez más de tecnología importada, mano de obra precarizada o capacitación privada inaccesible para amplios sectores.

Defender la educación técnica en Santa Fe es defender la industria provincial, el empleo local y el desarrollo con inclusión. El Estado provincial no puede desentenderse ni esconderse detrás del ajuste nacional: tiene la responsabilidad política de priorizar la educación técnica como política estratégica.

En este contexto, resulta especialmente preocupante el avance de iniciativas impulsadas desde el sector privado, como los programas de capacitación para escuelas secundarias promovidos por la Bolsa de Comercio de Rosario, entre ellos “El Río Educa”. Estas propuestas, presentadas como aportes educativos, dejan en claro un corrimiento del rol del Estado y una concepción según la cual deben ser las instituciones privadas las que definan qué, cómo y para qué se enseña en relación con la producción.

Este desplazamiento no es un detalle menor. Cuando la formación vinculada al mundo productivo queda en manos de actores privados, el conocimiento deja de pensarse como un derecho social y pasa a responder a intereses sectoriales y coyunturales. La información y los contenidos que se transmiten no son neutrales: están atravesados por una mirada sesgada, oportunista y funcional a un modelo económico específico, que prioriza la rentabilidad y la lógica del mercado por sobre el desarrollo integral, la soberanía productiva y el interés colectivo.

La escuela técnica pública no puede reducirse a un espacio de capacitación a demanda de los sectores concentrados de la economía. Su función es mucho más amplia: formar trabajadores críticos, con capacidad de comprender los procesos productivos, cuestionarlos y transformarlos en función de un proyecto de país justo, industrializado y soberano. Delegar esa función en instituciones privadas implica renunciar al sentido emancipador de la educación y profundizar la dependencia económica y cultural.

No hay país industrializado sin técnicos. No hay soberanía tecnológica sin formación técnica pública y de calidad. No hay desarrollo con inclusión si la educación se subordina a la lógica del mercado y del recorte.

Las escuelas técnicas no solo enseñan oficios: enseñan a pensar, a producir, a transformar recursos en valor agregado. Enseñan que el conocimiento aplicado es una herramienta de independencia.

Como advertía Manuel Belgrano, los países que se limitan a exportar materias primas sin transformarlas están condenados a la dependencia. Desfinanciar la educación técnica es profundizar ese destino.

En Santa Fe, como en el resto del país, la situación actual de las escuelas técnicas no es casual ni inevitable. Es el resultado de decisiones políticas que, tanto desde el gobierno nacional como desde el provincial, han optado por el ajuste, el desfinanciamiento y la falta de planificación estratégica.

Defender las escuelas técnicas es defender el trabajo local, la industria provincial y la posibilidad de un desarrollo autónomo. Es exigir que el Estado, en todos sus niveles, respete a estudiantes y docentes, garantice recursos y asuma que la educación técnica no es un gasto, sino una inversión indispensable.

Sin educación técnica no hay industria. Sin industria no hay desarrollo. Y sin desarrollo, Santa Fe y la Argentina pierden futuro.

(*) Docente de la EETP N°697
Agrupación docente La Mariano Moreno
Ex secretaria del nivel técnico de Amsafe Rosario

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RÍO PARANÁ SOBERANÍA

Se realizó la Travesía náutica “Salvemos el Paraná y sus humedales”: ¡Conocer y defender!

Haciendo historia: “una nueva movilización en el agua”

Uniendo las ciudades de Rosario y Victoria por las aguas de nuestro Paraná, una nueva travesía náutica se desplegó “remando contracorriente” entre las primeras horas del pasado sábado 31 y la jornada del domingo 1 de febrero.

Aunados en la consigna “el río no se vende” y con el claro objetivo de visibilizar el reclamo en defensa del río Paraná y sus humedales, vivenciando al río como “patrimonio de todos”, la convocatoria fue expresión de un amplio movimiento que crece, que ya hace historia, y que “vino para quedarse”.

La iniciativa fue impulsada por el “Foro por la recuperación del Paraná” y por un amplio arco de organizaciones ambientales, sociales, gremiales, culturales, comunitarias, políticas y religiosas, muchas de las cuales habían sido parte de la acción colectiva “remar contracorriente por el agua, la vida y la soberanía”, que unió las provincias del litoral en una histórica y épica remada a lo largo de más de 1.200 km en marzo del 2025, como de sucesivas actividades que le dieron continuidad, con estos mismos objetivos: “recuperar el Paraná en manos argentinas”.

Largada desde Rosario: “Cuna de la Bandera”

Portando enormes y llamativas banderas argentinas, estampadas con consignas como “el Paraná en manos argentinas” y “no a los 44 pies” los protagonistas de la actual travesía abordaron entusiastamente sus embarcaciones en la Rambla Catalunya de la ciudad de Rosario para iniciar su caravana, y fueron sumando en el recorrido a kayakistas y embarcaciones, siendo alentados por el acompañamiento del público en general, en manifiesto apoyo a las causas que le dieron origen.

Las causas…

Los “remadores” se manifestaron en “firme oposición a una nueva reprivatización, extranjerización, y a la destrucción de los humedales y de la biodiversidad que aloja nuestro río ‘al que mal llaman hidrovía’, como a las pretensiones de profundizar su dragado a 44 pies”. En palabras de los organizadores “como si esto fuera poco, pretenden hacerlo además sin ningún estudio serio de impacto ambiental, para el exclusivo beneficio de los grandes negocios de cuatro o cinco vivos que estafan, porque lo hacen encubiertos en el nombre del ‘desarrollo’, empujando lo que representaría un verdadero crimen ambiental, un ecocidio”.

Javier Nuñez, uno de los organizadores de la travesía, advirtió que “con el dragado actual, en 36 pies, se ha agudizado la crisis hídrica que viene afectando a nuestra zona (taponamiento de bocas, reducción de las lagunas y riachos que funcionan como cortafuegos naturales y áreas de reproducción de peces), poniendo en serio riesgo el acceso del agua como recurso vital en casos como nuestra vecina ciudad de Victoria (Entre Ríos) y todo el ecosistema vinculado a los humedales, y concibiendo al Paraná como una ‘autopista fluvial’ para el ingreso de buques de ultramar en el medio de un continente (lo que no existe en ningún lugar del mundo) en absoluto beneficio de las grandes multinacionales que hoy tienen el control del comercio exterior”.

Desplegando “campamento” para “plantar bandera”

En el trayecto, los protagonistas de la “patriada” hicieron posta en el kilómetro 44, en la confluencia con el riacho el Paranasito donde en un clima de fraternidad, camaradería y entusiasmo “desplegaron campamento” y se dispusieron a pasar la noche.

A lo largo del recorrido, los protagonistas expresaron: “pudimos ver de cerca el inmenso ecosistema que da vida a nuestro humedal, y también pudimos constatar con nuestros propios ojos los daños que se vienen sufriendo desde hace tiempo con los ‘terraplenamientos’, que buscan ‘pampeanizarlo’ para convertirlo en campos de soja, como las numerosas bajadas clandestinas que dan cuenta de las actividades ganaderas en tierras fiscales o en las que el Estado no ejerce control alguno”.

Con la convicción de que “el río no se vende, se defiende”, en horas de la mañana del domingo levantaron campamento y emprendieron el camino hacia Victoria (Entre Ríos).

Arribando a destino: la “hermana” ciudad de Victoria

Una vez arribados en sus embarcaciones, tuvo lugar una “radio abierta” con voces de los protagonistas conjuntamente con actividades culturales y una “muestra soberana”, contribuyendo a la premisa “conocer para defender”. La intendenta de la ciudad de Victoria Isa Castagnino acompañó la llegada de los kayakistas.

Luciano Orellano, referente del “Foro por la Recuperación del Paraná” y del “Encuentro Federal por la Soberanía”, argumentó : “la iniciativa que pretende llevar adelante el gobierno nacional constituye una verdadera entrega de soberanía, pretendiendo volver a dejar en manos extranjeras el control, la administración y la gestión de una de las vías fluviales más importantes del mundo, lo que toma mayor relevancia en un contexto mundial en el cual se aceleran los factores de guerra, y el control de los bienes y recursos naturales es objetivo primordial en la disputa para las principales potencias del mundo”. “El río, como la Patria, no se vende. ¡Se defiende! ¡Entregar el Paraná es como entregar Malvinas!”

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PUERTOS SOBERANÍA

PUERTO QUEQUÉN.  Las concesiones que nos salen caro y la desidia de los adjudicatarios

Por Feliciano Ramos (*)

Pasaron 36 años de la década de los 90, donde el gobierno entregador y antipatria de Menem privatizó y cerró, achicando el Estado de una manera brutal.

Hoy, con dolor y  por experiencia,  sabemos los argentinos que esa fórmula de privatización y/o extranjerización solo trajo una pobreza estructural al pueblo y un Estado que, con los pocos recursos que le quedan, debe asistir a las empresas adjudicatarias de la concesión permanentemente con obras y estas, a la vez, ni se toman la molestia de mantener lo adjudicado por la concesión.

Tal es el caso que estalló literalmente en el puerto de Quequén, al explotar uno o más silos. Recordemos que el Estado, por décadas y con la nuestra,  tuvo que costear permanentemente el dragado del río Quequén y la prolongación de la escollera para proteccion del puerto porque los adjudicatarios de la concesión del puerto de Quequén, que ganan millones, no quieren poner una moneda para estas obras que en realidad son para ellos, para aumentar las ganancias de quienes explotan comercialmente el puerto de Quequén. Podrían haber tenido la viveza, por lo menos, de mantener el puerto y los silos y además  un cuidado en la operatoria para evitar el deterioro con el uso, pero esto cuesta plata y la consigna de todos los que explotan la concesiones en Argentina es “las ganancias para nosotros, los gastos corresponden al  Estado”, o sea, a todos los argentinos.

Con esa consigna y otras mentiras pretenden instalar que el puerto y las instalaciones son viejas, que tienen 80 años. Recordemos que hace 36 años aproximadamente, casi la mitad la usufructuaron ellos. Pretenden responsabilizar a la antigüedad de los silos o cualquier otra excusa que reduzca la responsabilidad que tienen, porque toda la responsabilidad es de ellos, los que lucran y tienen a su cargo la concesión. Son tan sinvergüenzas que son capaces de culpar al Estado porque no hizo obras de mantenimiento.

Como debería saber la población, estos puertos y sus instalaciones  (muelles, silos, galpones oficinas y otras), fueron construidos por el Estado argentino con la plata de los impuestos de nuestros padres y abuelos. Quienes lo explotan no pusieron un peso; no son los dueños ellos sino los argentinos, es por eso que nadie cuida lo que no es suyo.

¿Esto es solo una casualidad aislada o solo el inicio de una cadena de “accidentes”? Porque debemos suponer que el deterioro de todos los puertos concesionados en la década de los 90 debe estar igual o peor.

Las concesiones de puertos,  dragado y balizamiento, antes de beneficiar al Estado y a los argentinos, los compromete permanentemente en costear las obras para que estas funcionen. Esto le saca recursos al Estado, empobreciendo por lo tanto al pueblo argentino que con sus impuestos debe asistirlos.

La concesión de Puerto Quequén venció hace 4 años. Desde entonces la  Asamblea Popular por la Soberanía de Puerto Quequén luchó y lucha denodadamente para que la provincia se haga cargo, ya que la concesión está vencida. La lucha de estos patriotas fue sin descanso, pero desde la gobernación de Buenos Aires lamentablemente solo patearon la pelota para adelante. Se podría legalmente haber recuperado el puerto de Quequén y, en vez de producir gastos desmesurados en dragados y otras cosas al Estado, estaría produciendo muchas ganancias en divisas y por lo menos se hubiera evitado tanto deterioro con mantenimiento, pero no.  Ante la lucha soberana el gobierno bonaerense cedió a la presiones de las empresas privadas y no tuvo la “valentía” de reclamar lo suyo, lo que es de todos. Es así que con políticas de “siga siga” se convalidó, desde la década de los 90 hasta hoy, la entrega cipaya de Menem.  Se vencieron las concesiones de los puertos, se vencieron las concesiones de dragado y balizamientos, pero siguieron lucrando las mismas empresas adjudicatarias de la concesión y el Estado pagando con los impuestos, los que deberían volver en obras para el pueblo y no para favorecer a los privados.

Me van a disculpar los lectores, pero no hubo “pelotas” para recuperar lo nuestro que por derecho y ley nos corresponde, ya que vencieron las concesiones del puerto Quequén y del dragado y balizamiento del río Paraná. Tal vez, donde no hay “pelotas” deba haber ovarios, que seguro tienen más coraje. Aunque no debemos olvidar que en 2010 se renovó la concesión de dragado del río Paraná con sospechas de cohecho. Entonces, ¿quién podrá salvarnos? Solo la lucha del pueblo produce cambios en los gobiernos.

Las preguntas que me hago: ¿Le sacaran por fin la concesión vencida el adjudicatario negligente del puerto Quequén? ¿Se hará cargo el Estado provincial o seguirá tirando la pelota para adelante? Porque detrás está el sádico gobierno nacional que no perderá oportunidad para seguir destruyendo todo lo que pueda de la Argentina.

¡Que el Puerto de Quequén regrese a sus dueños, la provincia de Buenos Aires!

En contra de la licitación de dragado del río Paraná.

28-1-2026

(*) Feliciano Ramos – Capitán Fluvial (Dragador) – Miembro del Foro por la Recuperación del Paraná

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HUMEDALES RIO PARANÁ SOBERANÍA

Convocan a la Travesía naútica “Salvemos el Paraná y sus humedales”

Este martes 28/2 se realizará una conferencia de prensa y reunión organizativa para dar detalles de lo que será la travesía náutica “Salvemos el Paraná y sus humedales”, que en esta oportunidad unirá las ciudades de Rosario y Victoria.

La actividad se realizará el 31 de enero y 1º de Febrero, en vísperas al Día Mundial de los Humedales (2 de febrero)
El encuentro tendrá cita en Catamarca 2330 (sede Amsafe Rosario), a partir de las 19hs.
La iniciativa es impulsada por un amplio abanico de organizaciones ambientales, sociales, gremiales, culturales, comunitarias, políticas y religiosas, muchas de las cuales ya habían sido parte de la acción colectiva denominada “Remar Contracorriente: por el agua, la vida y la soberanía”, que unió las provincias del litoral en una histórica remada de más de 1200km realizada a comienzos de este año.
El comunicado difundido advierte sobre la gravedad de avanzar con la reprivatización del río Paraná y profundización del calado del mismo a 44 pies sin que se haya presentado ningún estudio de impacto ambiental serio; constituye un crimen ambiental que califican como “ecocidio”, cuyas consecuencias ya se advierten con el dragado actual (en 36 pies) que ha agudizado la crisis hídrica que viene afectando a toda nuestra zona (taponamientos de bocas, reducción de las lagunas y riachos que funcionan como cortafuegos naturales y áreas de reproducción de peces), poniendo en serio riesgo el acceso del agua como recurso vital en casos como el de la vecina ciudad de Victoria (Entre Ríos) y todo el ecosistema vinculado a los humedales.
Además en la convocatoria se señala que la iniciativa que pretende llevar adelante el gobierno nacional constituye una verdadera entrega de soberanía, al advertir que se pretende volver a dejar en manos extranjeras el control, la administración y la gestión de una de las vías fluviales más importantes del mundo. Tema que toma mayor relevancia aún en el contexto mundial actual, en donde se aceleran los factores de guerra, y el control de los recursos está en la agenda de las principales potencias del mundo.
Frente al avance de un modelo productivo que concibe al Paraná como “autopista fluvial” para las grandes multinacionales que hoy tienen el control del comercio exterior, las organizaciones afirman con claridad: “el río no se vende”.
La actividad partirá a las 8:00 hs del día sábado 31/01 desde la Rambla Cataluña de la ciudad de Rosario con destino en la ciudad de Victoria, a la que está previsto llegar el día siguiente el 01/02.
Se efectuará el primer día a la noche un campamento con todos los participantes. En la ciudad de Victoria está previsto realizar una radio abierta de cierre y muestra soberana para todos los asistentes.
Luciano Orellano, uno de los impulsores de la iniciativa y miembro del Foro por la Recuperación del Paraná, afirmó: “La consigna es clara: visibilizar el reclamo y vivenciar el río como patrimonio de todos.”

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DRAGADO RÍO PARANÁ SOBERANÍA

Las penas son de nosotros, las ganancias son ajenas

Por Feliciano Ramos (*)

En realidad, el tema musical dice “las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas”, pero el mensaje es el mismo.  Simplemente nos quedan a nosotros, la gran mayoría del pueblo argentino, las penas de sufrir ajuste tras ajuste una pobreza que no se detiene; es más, se multiplica.  Mientras las empresas,  extranjeras en su mayoría, se quedan con las vaquitas de las ganancias. Las ganancias del comercio exterior totalmente extranjerizado donde el Estado no participa, o mejor dicho participa en pagar los costos de obras viales para que fluyan hacia los puertos las exportaciones y además los costos altísimos de un dragado de profundización, mantenimiento y  balizamiento, solo para que los puertos de multinacionales extranjeras ganen más y en cada licitación de dragado además le cobren más al productor agropecuario, como si ellos hubiesen puesto los millones de dólares.

Ya lo comunicó la Cámara de Diputados de la Nación en su informe: Exp. 5275-D-2010:

“Desde su origen hasta la actualidad la concesión de la hidrovía Paraná Paraguay ha estado plagada de irregularidades. Su concesión no fue diferente a las que se realizaron en otras áreas durante la misma década, donde primó el criterio de favorecer a grupos económicos probados en desmedro de la sociedad en su conjunto, que debió hacerse cargo de los costos que aquellos no querían absorber: se privatizaron las ganancias y se estatizaron los costos”.  

¿Qué más se puede agregar? Solo lo que vengo diciendo desde hace años incansablemente: que por más de 30 años los argentinos, con la nuestra, venimos pagando el costo de mantener y mejorar un comercio exterior que nos fue robado, que nada aporta al fisco, que solo deja pobreza y contaminación en esa explotación descontrolada, donde las ganancias son ajenas y solo les queda al pueblo y al Estado pagar los costos de ese saqueo.

La plata que debería usarse en tu barrio, en tu ciudad, para cloacas, gas natural, agua potable, seguridad, iluminación, pavimento, salud, educación, etc., se usó por más de 30 años para pagar las obras de dragado y balizamiento, como así también obras viales para puertos extranjeros.  Todo eso crea pobreza estructural, cada vez vivimos peor porque la plata de los impuestos no vuelve en obras, se va para asistir a multinacionales extranjeras y a sus socios de la Bolsa de Comercio de Rosario.

Otro capítulo más del costo del saqueo es el de la minería, sin embargo ni al Congreso ni a la Justicia parecen molestarles. Solo el pueblo lo está resistiendo, como hoy el pueblo de Mendoza y de otras provincias.

Las penas son de nosotros, del pueblo argentino, de bolsillos cada vez más flacos, que con sus impuestos mantiene el costo de los puertos extranjeros y con su salud paga el costo de la sobre explotación agrícola basada en agroquímicos como el glifosato, entre otros, que termina en el río, en el agua que el pueblo consume.

Desde la primera concesión de dragado y balizamiento del río Paraná en la década del 90 hasta el día de hoy, todas las concesiones estuvieron plagadas de irregularidades y sospechas de cohecho (coimas), lo dice el mismo Congreso.  Si en todas las concesiones de dragado y balizamiento del río Paraná curiosamente los adjudicatarios de la licitación son los mismos, pese a las probadas irregularidades que se detallan en el Exp. 5275-D-2010 de la Cámara de Diputados de la Nación, ¿cómo es posible que se llame nuevamente a una licitación de dragado sin resolver las anteriores, plagadas de irregularidades? ¿Es posible que no se excluya a los adjudicatarios anteriores? ¿Quién garantiza que la nueva licitación no será una continuidad de irregularidades y de los mismos concesionarios? ¿Las licitaciones están por encima de la ley? ¿Tiene el Estado argentino vocación de error? 

Una nueva licitación de Dragado a 44 pies o a la profundidad que fuera es inaceptable ante tantas irregularidades anteriores.

Se deben resolver las licitaciones anteriores plagadas de irregularidades y sospechas de coimas, no hubo ni investigación judicial ni penas ni castigo, siguen los mismos actores desde los 90 como si ellos estuvieran por encima de la ley. Con este antecedente sin resolver, cualquier licitación posterior que se llame debe considerarse nula de nulidad absoluta, y mucho más aún si en ninguna licitación se contempló un estudio previo y amplio de impacto ambiental. Estos motivos son inexcusables, insoslayables y determinantes.  Cualquier empresa pyme que inicia una producción, no puede hacerlo sin un estudio de impacto ambiental La ley debe aplicarse a propios y a extranjeros con más razón. Nadie puede estar por encima de la ley, ni siquiera el mismo Estado Argentino.

Es inválida cualquier licitación de dragado y balizamiento que no cumpla la ley del previo estudio de impacto ambiental.

Para que las penas no sean siempre de nosotros y las ganancias siempre ajenas.

 

21-01-2026

(*) Feliciano Ramos – Capitán Fluvial – Miembro de “Foro por la recuperación del Paraná”

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