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PUERTOS SOBERANÍA TRABAJADORES

Si pierden los aceiteros, perdemos todos

Los aceiteros de todo el país paralizaron la actividad desde el martes en reclamo de mejoras salariales ante la negativa de negociación de los monopolios agroexportadores.

Durante los días de paro se redujo en más de un 85% el ingreso de camiones con cereales y oleaginosas a los puertos que pasaron de recibir un promedio de 2600 vehículos la semana pasada a menos de 400. El paro de la actividad es total y puede verse tanto en las filas de camiones en las rutas como en los más de 20 barcos que en el Río Paraná esperan para cargar.

La medida de fuerza es llevada adelante en unidad por el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros de San Lorenzo (SOEA) y la Federación de Obreros y Empleados de la Industria Aceitera (FTCIODyARA), por lo que incluye a todos los trabajadores del rubro del país.

El gremio sanlorencino dirigido por Daniel Succi difundió un comunicado el miércoles en el que explico que “ante la demostración de falta de voluntad de negociación por parte de los empresarios en el marco de la revisión paritaria, los dirigentes del Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros del departamento San Lorenzo (SOEA), en conjunto con la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores y Afines de la República Argentina (FTCIODyARA), con el mandato de más de 250 delegados a nivel nacional, han decidido continuar con la medida de fuerza por otras 24 horas desde el primer turno del día jueves 8 de agosto. La modalidad de revisión de la medida continuará durante la tarde”.

El reclamo de los trabajadores tiene que ver con la recomposición del salario que explican pierde valor frente a la inflación. Los gremios exigen un aumento del 25% y las empresas, agrupadas en la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC),  ofrecieron una mejora de 10% para luego sumar otro 5%.

Mientras los grandes medios de comunicación, repitiendo el discurso de los monopolios agroexportadores hablan de una “medida sorpresiva” y cerrada al dialogo por parte de los gremios, la realidad es que la huelga comenzó después de tres semanas de reuniones en las que las empresas no hicieron otra cosa que dilatar el diálogo sin negociar su oferta inicial.

“Ellos tienen tiempo, no tienen problemas. Nosotros no tenemos tiempo. Al igual que el resto de las y los trabajadores vemos cómo el salario cada vez alcanza para menos y no queremos perder lo que conquistamos con años de lucha”, asegura Daniel Yofra secretario general de la Federación de Aceiteros.

Unidad y lucha para no retroceder

“La unidad aceitera es completa, las dos comisiones directivas están mandatadas para tomar las medidas que creamos convenientes y el paro es en todo el país, así que seguimos de esta manera. El paro es contundente: acá no estamos forzando a nadie, la gente está toda parada así que creo que está respondiendo ante la necesidad de un aumento urgente”, asegura Succi de SOEA.

El gremio denuncia que en algunas plantas como la china COFCO aprietan a los trabajadores con la presencia de escribanos para intentar demostrar que el gremio “obliga” a los trabajadores a parar. Una táctica que desconoce la tradición de lucha unitaria que tiene el sector que en cada oportunidad que ha sido necesario demostró por parte de sus trabajadores la firmeza necesaria para torcerle el brazo a las patronales, como en la histórica lucha de 20 días de diciembre de 2020.

Mientras los monopolios exportadores, en su mayoría extranjeros, emiten casi diariamente comunicados a través de su cámara empresaria CIARA (Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina) calificando al paro como una medida de fuerza “incomprensible” y presionando a los trabajadores con el descuento de los días, intenta enfrentar al resto del movimiento obrero con los aceiteros.

El argumento que repiten desde la cámara y desde las intervenciones periodísticas de su vocero, Gustavo Idigoras, es que gran parte de los aceiteros tienen un buen sueldo. Como si eso fuese por obra y gracias de la voluntad empresaria y no producto de las luchas de todos estos años de los trabajadores y trabajadoras del complejo aceitero, y por otro lado intentan instalar que en un país donde el ajuste y la inflación provocan que el promedio de los sueldos no alcancen para cubrir las necesidades básicas, el sector debería conformarse porque está mejor que el resto.

“Va en línea con la gestión de un gobierno nacional que busca la destrucción de los salarios, que diariamente son devorados por la liberación de precios de todos los productos que consumimos, constituyendo la base de su política económica”, sostuvieron desde Ftciodyara.

En un comunicado conjunto las entidades gremiales aseguran que “los representantes de las patronales sostienen que nuestro salario es elevado porque -en el fondo- quieren que el mismo se siga destruyendo hasta que sólo nos alcance para cubrir nuestra alimentación y la de nuestras familias. Añoran los años 90, cuando las políticas neoliberales demolieron la industria nacional y mantuvieron a los trabajadores en una situación cercana a la pobreza. Luchamos durante 20 años para salir de ese lugar y ya lo dijimos en el Primer Plenario Nacional Aceitero: “Basta de meterle la mano en el bolsillo a la familia aceitera”.

Y a continuación se preguntan:

“Si las patronales quieren discutir cuánto es ganar mucho, estamos dispuestos. Pero ¿Quién gana mucho en este país? ¿Los trabajadores aceiteros, que diariamente ponemos nuestra fuerza de trabajo para convertir materia prima en productos oleaginosos y pretendemos darnos el lujo de que nuestras hijas e hijos puedan estudiar en la universidad, ganamos mucho? ¿Ganamos mucho los aceiteros que después de trabajar todo el año en turnos rotativos queremos darnos el lujo de vacacionar donde tengamos ganas? ¿Somos esenciales para trabajar en la pandemia pero no para garantizar una vida digna a nuestras familias? ¿O ganan mucho las empresas multinacionales y grupos nacionales que triangulan exportaciones, fugan divisas y anotan lo que exportan en una declaración jurada?”

¿Qué hay detrás de la intransigencia de los monopolios?

 “Esto directamente es un problema que tienen empresas con el gobierno. Las cámaras ya venían pidiendo rebajas en cuanto a los derechos de exportación y siguen de cerca el tema del dólar”, expresó Daniel Succi en declaraciones periodísticas y agregó que “hace mucho tiempo que estamos en esto. No somos economistas ni directores de empresas, pero somos trabajadores que sabemos lo que pasa adentro de las empresas y sabemos que acá hay una cuestión política”.

Por su parte Daniel Yofra,  afirmo en declaraciones radiales que “siempre es el mismo motivo, le están pidiendo algo al gobierno, el gobierno no cede y se niegan a darnos el aumento a nosotros. Las empresas aceiteras generaron este conflicto por salarios porque quieren una devaluación”

En los hechos la medida afecta la liquidación de divisas, mientras todavía se extiende la salida de la cosecha gruesa. “Se pierden divisas” dicen las agroexportadoras pidiendo la intervención del gobierno nacional, que a diferencia del paro durante el tratamiento de la ley Bases (que fue neutralizado a las pocas horas por una conciliación obligatoria) en esta oportunidad se ha mantenido al margen después de varios días de huelga, aumentando las sospechas de que detrás de la dureza de las empresas lo que existe es un tironeo con el gobierno por mayores beneficios.

Algo que se comprueba cuando se observa que en realidad el ingreso de divisas por exportación está casi paralizado desde mucho antes de que se inicie la huelga porque los exportadores  y los grandes productores retienen el 70% de la cosecha de soja y el %50 de la de maíz presionando por una devaluación o por la prometida quita de retenciones ante la caída del precio internacional de dichos commodities.

Según un informe difundido por los monopolios exportadores la semana pasada en soja queda un saldo “físico” sin vender de 24,436 millones de toneladas y el pendiente de fijar precio llega a total de 7,723 millones de toneladas. (67% del total de la producción de soja)

En maíz el saldo sin vender físico más el vendido sin precio se proyecta en 17,318 millones de toneladas, partiendo de un volumen de producción de 46 millones y un saldo exportable de 34 millones de toneladas (51% del posible saldo exportable)

Según ese mismo informe la mitad de esa producción está en manos de aceiteras y exportadores.

Pero además lo expresan abiertamente, como hizo Gustavo Idígoras en el panel de cierre de la Experiencia IDEA Rosario. Allí el titular de la Cámara de la Industria Aceitera (CIARA), estimó que si el Gobierno baja las retenciones del 33% al 25%, sería posible alcanzar esas liquidaciones en los próximos seis meses. “La agroindustria dijo que podría ingresar divisas al país por unos US$ 5.000 millones si el Gobierno reduce las retenciones a la soja” aseguró.

En julio el ingreso de divisas fue de u$s 2.616 millones, nivel más bajo comparados con los u$s 3.164 millones de 2022 y u$s 3.518 millones de julio de 2021.

Si pierden los aceiteros

Estas empresas se han transformado en un poderoso lobby en nuestro país que a fuerza de  monopolizar nuestro comercio exterior y del control del el ingreso de divisas manejan incluso el valor de nuestra moneda.

Ese poder de lobby ha hecho que sean capaces de generar cualquier conflicto para conseguir más ganancias o amortiguar los vaivenes de la economía mundial cuando ganan un poco menos.

Pero más allá de cualquier jugada extorsiva y especulativa da la sensación que lo que se busca también es disciplinar a uno de los sectores del movimiento obrero de mayor organización y poder de lucha como han demostrado ser en estos años los aceiteros.

Quieren quebrar el movimiento sindical y la unidad de los trabajadores que se expresó en el histórico plenario del mes pasado, para volver imponer un modelo de trabajo que mantenía en la pobreza y en la precariedad de condiciones laborales a los trabajadores en los 90. Y que estos gremios a fuerza de unidad y lucha lograron revertir consiguiendo un justo y necesario nivel salarial como el que tienen actualmente.

Recordemos que CIARA apoyó abiertamente la sanación de la Ley Bases que entre otras cosas intenta quitarle la posibilidad del bloqueo de empresas a gremios, pero que por sobre todo impone el modelo de tercerización que después de tantos años de lucha los aceiteros lograron eliminar casi por completo del sector.

No es solo una pelea sectorial como quieren instalar las empresas, dividiendo al movimiento obrero, Es fundamental el apoyo de toda la comunidad a los trabajadores aceiteros, porque en esta pelea que están dando se juega también hacia dónde va el futuro laboral de la Argentina.

¿Volvemos a los sueldos de pobreza y las condiciones de trabajo precarias de los 90 para todos y todas o peleamos por generalizar sueldos que permitan satisfacer las necesidades de nuestras familias como los aceiteros? Ahí está la cuestión.

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MOVIMIENTO OBRERO PUERTOS TRABAJADORES

“Unidos para defender lo conquistado y enfrentar la política antiobrera de Milei”, primer plenario nacional aceitero en San Lorenzo.

“El plenario es importante en el hecho de que haya comunidad, de que todos vayamos para un mismo lado, de que juntemos fuerza, justo en una ciudad como San Lorenzo, donde batallamos y peleamos la soberanía, porque se la llevan todas y no comparten. Y eso en sí no queda en el país, no queda ni en el sueldo de los trabajadores” sintetizaba de forma brillante un delegado del gremio aceitero que desarrolla tareas en la multinacional yanqui Cargill en la previa del histórico plenario nacional de aceiteros.

Este 24 de julio con más de 250 delegados aceiteros de todo el país, se realizó el Primer Plenario Nacional de Delegadas y Delegados Aceiteros, que sus organizadores consideran histórico porque vuelve a expresar la unidad de los dos agrupamientos de trabajadores en el sector, la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina (FTCIODyARA) y el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros del Departamento San Lorenzo (SOEA).

Con centro en analizar la coyuntura nacional, y paneles que desarrollaron las políticas antiobreras que viene llevando adelante el gobierno de Javier Milei los aceiteros se pusieron en pie de guerra para “defender lo conquistado” ante un gobierno nacional que como dicen “eligió a los trabajadores como enemigos”

Daniel Succi, secretario general del SOEA, al abrir el encuentro aseguró que “lo que nos une es defender los derechos de los trabajadores. Y este congreso es para charlar entre nosotros porque planificaron el genocidio de la clase trabajadora, que es una palabra que nos trae los peores recuerdos. Y nos ha costado mucho trabajo defender las condiciones de trabajo que tenemos, los salarios que tenemos”.

Por su parte, el secretario general de la Federación Aceitera, Daniel Yofra, agregó: “Tenemos que fortalecer esta unidad y no vamos a poder fortalecerla si no hacemos medidas de fuerza, si no salimos a luchar no solamente contra las empresas sino contra un gobierno que está minado de patrones”.

El plenario conto con varias mesas de debate sobre temas como “La reforma laboral regresiva: Aspectos individuales y colectivos”,  “La política económica del Gobierno Nacional y sus consecuencias. Panorama actual de impuesto a las ganancias a la 4ta categoría”  y “La política sindical de los aceiteros ante esta coyuntura”

Defender lo conquistado, enfrentando lo que se viene

La convocatoria se realizó en la ciudad de San Lorenzo, sede del SOEA y del complejo agroexportador más importante de Argentina y uno de los 3 más importantes del mundo.

Por la aduana de esta ciudad sale lo principal de la producción agrícola Argentina y es una pieza clave en el modelo de primarización y concentración de la producción que impulsa el gobierno de Javier Milei. Desde aquí provienen gran parte de los dólares que necesita la Argentina.

Es por eso que las miradas están puestas en el cordón industrial norte de Rosario donde más de 4000 trabajadores hacen funcionar la maquinaria agroexportadora. Una maquinaria que durante los dos paros nacionales contra la política de Milei se detuvo por completo y provocó que Patricia Bulrrich centrara su puesta en escena en uno de los puertos de la región en la última medida de fuerza, y que el Ministerio de trabajo de la Nación dictara una conciliación obligatoria que (de forma inédita) hasta los monopolios exportadores aseguran no haber pedido.

El gobierno y el poder económico en Argentina conocen la importancia del sector, y conoce también la tradición de lucha de los aceiteros. Todavía está fresco en el recuerdo la histórica huelga de 20 días en 2020 que logro torcerle el brazo a los monopolios exportadores.

Medidas que permitieron que los trabajadores del sector pasaran en apenas unas décadas de muy malas condiciones salariales y de trabajo a tener uno de los mejores sueldos y condiciones de trabajo de la Argentina.  Los trabajadores también recuerdan esa historia y lo dejan claro cada vez que pueden.

“Este gobierno no hizo más que achicar los salario de quienes trabajamos. Y quieren seguir por ese camino y nos quieren llevar de nuevo a vivir como en los años 90 cuando teníamos un salario de pobreza y teníamos que vivir adentro de la fábrica haciendo horas extras para poder sobrevivir afuera”, afirmo Daniel Yofra, y agregó que “tanto Succi como yo hemos estado en los 90 y sabemos lo que significa luchar en contra de la flexibilización laboral donde se llena la fábrica de contratistas, donde el 80% de las muertes son los contratistas, hoy quieren de nuevo poner el sistema de contratistas en vigencia en las distintas fábricas, pero hoy la situación es totalmente diferente a lo que estábamos en los 90, estamos organizados de otra manera, ya hemos hecho varios paros, y , si vienen a querernos flexibilizar la empresa, a no querer paritarias, a meternos de nuevo el impuesto a la ganancia, seguramente no solamente vamos a enfrentar a la empresa, sino si es necesario enfrentar al gobierno, también lo vamos a hacer”

Ambos dirigentes sindicales, Dabiel Succi y Daniel Yofra, tienen claro que son un mal ejemplo para la política que quiere implementar Milei y entienden cuál es la intención para el sector de las reformas introducidas por la Ley Bases aprobada recientemente, y las responsabilidades políticas que implicó.

“Se viene de nuevo la parte de contratista, que son negocios para los gerentes de cada una de las empresas en las que trabajamos, no es que vamos a descubrir América y tenemos un problema que es mucho más grave que el de los 90. En los 90 esta política era de hecho, y de hecho algo pudimos defender, hoy tenemos el derecho, ¿por qué? Porque los sinvergüenza y caradura de diputados y senadores votaron todo y todavía diciéndote que no estaban convencidos, pero que había que darle la mano a este gobierno que prácticamente es, vuelvo a repetir, es el genocidio de la clase trabajadora, compañeros. Entonces llamamos a la reflexión al resto de los gremios y que se despierten y salgan a defender a los trabajadores”, convocó Succi.

Unir fuerzas

¿Este es el camino que tiene que seguir el movimiento sindical?, consultó un periodista en una conferencia de prensa de ambos referentes sindicales aceiteros, y quien tomó la palabra fue Succi: “Sí, claro, , nosotros hace muchos años ya venimos uniendo esfuerzo en paritarias y obviamente que la coyuntura política, un nuevo gobierno donde avasalle los derechos de los trabajadores, nos unió aún más, creo que esto es una demostración, nos debíamos este plenario nacional de delegados y delegadas y bueno, este es un principio, ojalá que se sumen otros gremios y creo que esa es la necesidad que tenemos en todo el país, no solamente los aceiteros, el sector nuestro que es un sector fuerte, pero sí que hoy vamos a tomar una decisión que seguramente los compañeros van a proponer en este plenario nacional histórico y que nosotros llevaremos a cabo como lo venimos haciendo desde hace mucho tiempo”

¿Qué medidas analizan? ¿Están ya pensando alguna? “No lo tenemos hablado, pero seguramente las medidas nuestras desde hace mucho tiempo, la herramienta que tenemos por Constitución Nacional es la huelga, pero eso lo decidirán los compañeros. Hablaban también de convocar otros gremios, ya están charlando con algunas otras organizaciones, digo que de alguna manera esta convocatoria es una de las primeras” afirmó Yofra.

Es sobre la base de esa experiencia que durante el plenario se expresó en varias oportunidades la preocupación por el intento del gobierno de limitar las herramientas de lucha de los trabajadores como es el caso de la huelga o el bloqueo de fábricas.

Sobre el final del encuentro en una votación unánime los más de 250 delegados dieron mandato a las conducciones de la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina (FTCIODyARA) y el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros del Departamento San Lorenzo (SOEA) para tomar “medidas de fuerza en el momento que lo consideren adecuado” para rechazar las políticas de precarización laboral y destrucción del salario contenidas en la Ley Bases.

“En los 90 fue tristeza, después fue bronca, después fue organización, no hay otra alternativa. Ojalá que sean los procesos más rápidos, que los dirigentes entiendan que tienen que salir a representar los derechos de los trabajadores”, concluye el dirigente de la federación aceitera.

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ECONOMIA INDUSTRIA TRABAJADORES

Economía en caída y síntomas de una crisis de empleo

A dos meses de la asunción de Javier Milei, y en la víspera del discurso inaugural de las sesiones ordinarias del congreso, repasamos los índices económicos en Santa Fe y la región. Además una radiografía de las primeras señales de una crisis de empleo con despidos y suspensiones, los casos en Santa Fe.

Economía en caída

A dos meses de la asunción de Javier Milei y la implementación de las medidas económicas de Luis Caputo, casi todos los índices de la actividad económica tienen saldo negativo en Argentina, y Rosario y la región no son la excepción.

En diciembre la facturación de las empresas en la ciudad de Rosario cayó en los rubros de industria y construcción. La industria manufacturera cayó 8,7% interanual en diciembre y con los peores índices se registraron los rubros minerales no metálicos (arena sílica, azufre, etc.) 23%; vehículos y equipos de transporte 23%; y fabricación de componentes eléctricos. 

Por otro lado un indicador clave de la caída económica es sin duda el comercio, golpeado fuertemente por la caída del consumo empujada por el brutal golpe al bolsillo que significó la devaluación de diciembre y los siderales aumentos de precios. Este rubro cayó en su facturación en 7,7% en diciembre, mientras que los servicios fueron también en caída como el rubro de alojamientos, bares y restaurantes (6%) y transporte (11.2%).  Y los primeros indicadores de diciembre van en el mismo sentido: vestimenta descendería en promedio entre 15 y 25% el volumen de sus ventas

¿Quiénes fueron los únicos que tuvieron números positivos en Rosario en diciembre?: la intermediación financiera y los servicios de seguros que subieron en diciembre ¡67%! Como durante el macrismo, mientras se destruye la industria nacional, la producción y el consumo, crece la especulación financiera.

El golpe de gracia a las provincias

Mientras esos números se ven en grandes ciudades como en Rosario, y ante la ausencia de asistencia del Estado nacional, es difícil pensar en una asistencia provincial si no se ponen de pie las provincias para reclamar fuertemente lo que nación les niega, y en paralelo, si no se avanza en políticas fiscales progresivas que graven más a los poquísimos sectores que concentran las ganancias de este modelo y que vienen ganando hace rato.

Las provincias vieron multiplicarse sus deudas por efecto de la devaluación de diciembre, en el mismo momento que vieron caer las transferencias automáticas del gobierno nacional en un porcentaje del 20% (coparticipación federal, compensaciones y partidas estipulados por leyes especiales). Una caída de los ingresos provinciales que según estudios privados sería la peor de los últimos 45 meses.

Cae la actividad, y golpea al empleo

Según un informe del Ministerio de trabajo de Santa Fe, en los últimos 14 meses se firmaron en la Dirección Regional Rosario 50 acuerdos entre empresas santafesinas y gremios, o directamente con empleados, en el marco del artículo 223 Bis de la Ley de Contratos de Trabajo que habilita a la patronal a suspender personal cuando existe “falta o disminución del trabajo no imputable al empleador”, de los cuales 20 pertenecen a los dos meses y medio de gestión, desde que asumió Javier Milei.

Entre las causas mencionadas en el informe se encuentran: aumentos de costos operativos, entre ellos de los salarios acordados en las últimas paritarias; medidas económicas y políticas para la industria adoptadas, el panorama internacional que dificulta la provisión de insumos para utilizar en la producción; caída abrupta de la producción y de las ventas, provocándoles graves perjuicios económicos. 

Entre los rubros más perjudicados encontramos 4.500 en vigilancia, 2.280 en la construcción, 1.072 en la Sanidad, 367 en la industria del vidrio y alrededor de 100 en las industrias químicas.

Casos Testigo

Acindar (ArcerlorMittal)

El anuncio reciente de la paralización de todas las plantas del grupo siderúrgico Acindar genera preocupación tanto entre los trabajadores directamente afectados como en el sector empresarial y económico en general. Esta decisión, motivada por una marcada caída en las ventas, de una empresa que destina gran parte de su producción a abastecer a la obra pública, plantea un escenario complejo no solo para el empleo directo sino para las comunidades que rodean a la producción y las PYMES que trabajan directamente con el gigante del acero en Villa Constitución y toda la región.

GM

El 2024 comenzó con el peor enero de los últimos 15 años en cuanto a venta de autos, y eso tiene una repercusión directa en las fuentes de empleo automotriz.

General Motors, por ejemplo, paralizó su planta de Alvear hasta el mes de marzo y suspendió a todo su personal con salario reducido. La medida es fruto de la crisis económica y la caída de la demanda. El personal está suspendido hasta el 4 de marzo y, tras un acuerdo alcanzado con las automotrices, cobran entre el 76 y 78% de los sueldos. Desde el SMATA aseguran que la situación recuerda al gobierno de Mauricio Macri, cuando se perdieron 2.000 puestos laborales en el rubro en la zona.

Dinelli 

La empresa metalúrgica Dinelli, de Chañar Ladeado, cerró el pasado mes de diciembre y a pesar de que su propietario se había comprometido a pagar las indemnizaciones correspondientes, eso aún no ocurrió, y los 14 empleados que reclaman sus indemnizaciones comenzaron un plan de lucha con cortes de ruta.

Marco Polo

Otra empresa de la industria metalúrgica que enciende las señales de alerta es la de carrocera Metalsur, del grupo Marco Polo, que anunció la suspensión de 500 trabajadores en la planta de Villa Gobernador Gálvez. La medida será por treinta días y, durante el período, los obreros cobrarán el 80% del salario.

La firma dedicada al carrozado de colectivos, siente el impacto directo de la caída de la actividad económica. En los últimos años, había concentrado la producción de unidades urbanas pero hoy esa demanda se planchó.

La empresa, controlada por capitales brasileños, cesó los contratos de unos 140 empleados y avanzó con la suspensión rotativa del personal fijo, que cobrará el 80% cuando no trabaje.

Alerta Ferroviaria

Alertan una situación preocupante con respecto al recientemente reinaugurado ramal ferroviario Rosario/Cañada de Gómez, tras el cierre de la boletería en Cañada, y la paralización de la venta de pasajes online para el mes de marzo. La preocupación cundió en la comunidad por el futuro del servicio y las fuentes de trabajo

Uocra y empresas de construcción en estado de alerta

La decisión de Milei de parar toda la obra pública puso esta semana el gremio de la UOCRA en en estado de alerta y asamblea permanente por la pérdida en estos dos meses de 50 mil puestos de trabajo directos y más de 100 mil indirectos. Pero no solo los trabajadores están en alerta sino que las empresas nucleadas en la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) se declaró en “estado de emergencia” en todo el país a principios de febrero y advirtió que peligran 200.000 empleos y 1.400 empresas del sector por el “desborde inflacionario de 2023”, agravado por el freno a la actividad.

Planta Potabilizadora Santa Fe

La ampliación de la planta potabilizadora de Aguas Santafesinas S.A en Santa Fe Capital se encuentra paralizada y sin mano de obra. Debido a los “precios elevadísimos” de los insumos, la Unión Transitoria de Empresas (UTE), formada por Obring, Supercemento y Basa, a cargo de las obras, despidió a 27 trabajadores y mantienen solo a diez en tareas mínimas.

En un escrito, invocaron “desabastecimiento y precios elevadísimos” de insumos, atraso en el pago e “incertidumbre” sobre la continuidad de fondos nacionales ante la postura de “obra pública cero” del presidente Javier Milei ya desde su primer día como jefe de Estado, y antes incluso como candidato.

El futuro llegó hace rato

La perspectiva de una crisis de empleo en ciernes se vuelve más oscura con fallos como el que se conoció por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que puso un límite a la manera de calcular los intereses que se aplican en una indemnización por despido, algo que fue celebrado por el sector empresarial, que señaló que “es el camino” para empezar a dar impulso a la generación de empleo.

Un presagio del escenario de despidos para el que se preparan.

En el ámbito económico la perspectiva tampoco es alentadora, ya que tal como lo había dispuesto el Gobierno nacional, hoy aumenta el impuesto a los combustibles en el marco del cronograma de descongelamiento, lo que va a impactar de manera directa al precio de la nafta y el gasoil, algo que se repetirá en abril y mayo.

Pero no solo los combustibles aumentarán con el “descongelamiento” y la “libertad de precios” porque también lo harán los colectivos, prepagas, alquileres y trenes de larga distancia y las tarifas de servicios como luz, agua y gas.

La Secretaría de Energía calculó que $35.000 será el valor que abonarán por las facturas de gas y luz los usuarios incluidos en el decil 1 de la población, el de menos ingresos, y que ese monto representará alrededor del 35% de los ingresos de ese sector.

En este contexto dará su discurso inaugural de las sesiones del congreso Javier Milei, que en estas semanas previas mostró que ante la imposibilidad de ofrecer un solo logro económico que haga pensar que su base electoral no será la más golpeada por su política, profundizará “la batalla cultural” haciendo hincapié en el supuesto “combate a la casta”, la corrupción, y la persecución a los artistas opositores o la cancelación de íconos de gestiones anteriores como el INADI, o la política de género.

Mientras esto sucede, la pérdida de poder adquisitivo y la pelea por empatarle a la inflación da señales preocupantes de ir cediendo el lugar a la pelea por, aunque sea, mantener la fuente de laburo.

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CIENCIA TRABAJADORES

Inteligencia artificial ¿Al servicio de quién?

Por Germán Mangione

La semana pasada se conoció, a través de sus redes sociales, un nuevo alegato de preocupación por el avance y la orientación que está tomando la tecnología de inteligencia artificial. En este caso el impacto del planteo tiene que ver con que lo hizo Geoffrey Hinton, uno de los pioneros en el área.

En 2012 Hinton, informático que hasta esta semana formó parte de Google, a la que renunció para “poder hablar libremente”, inventó la tecnología base de la inteligencia artificial (IA) que hoy utilizan las grandes empresas como OpenAI, desarrolladora de ChatGPT.

El técnico se sumó así al coro de voces de la industria yanqui de la tecnología que viene pidiendo “una pausa” en el desarrollo de esta tecnología que avanza vertiginosamente en una carrera que los científicos del área aseguran “es un salto como el de la llegada de los teléfonos inteligentes y para el que la sociedad no está preparada”

Hace algunas semanas la revista Futurelife.org.  publicaba una carta firmada por científicos y CEOs del área tecnológica, entre los que se encuentra Elon Munsk (CEO de Twitter, Space X y uno de los inversores primigenios de OpenAI), en la que hacían un llamado a todos los laboratorios de AI para que “pausen inmediatamente durante al menos 6 meses el entrenamiento de los sistemas de IA más potentes que GPT-4″

¿Cuál es la preocupación? Que en la carrera empresarial por lograr el mayor adelanto no se tengan en cuenta las consecuencias en la sociedad. Por un lado, aparecen preocupaciones en torno a la producción de imágenes y textos a través de inteligencia artificial en un nivel que hace muy difícil el reconocimiento de que es creado por humanos y que por máquinas y por tanto que es real y que no. Algo complejo en el mundo de la comunicación actual y que ya tuvo su primera prueba viral con la supuesta foto del Papa con una campera moderna.

“El trabajador sólo respetará la máquina el día que ésta se convierta su amiga, reduciendo su trabajo, y no como en la actualidad, que es su enemiga, quita puestos de trabajo y mata a los trabajadores”
Émile Pouget (1860-1931), anarcosindicalista francés

Es el capitalismo, estúpidos

“La IA avanzada podría representar un cambio profundo en la historia de la vida en la Tierra, y debe planificarse y administrarse con el cuidado y los recursos correspondientes. Desafortunadamente, este nivel de planificación y gestión no está ocurriendo, a pesar de que en los últimos meses los laboratorios de IA entraron en una carrera fuera de control para desarrollar e implementar mentes digitales cada vez más poderosas que nadie, ni siquiera sus creadores, pueden entender, predecir o controlar de forma fiable”, afirma la carta que firmó junto a científicos y empresarios de todo el mundo.

Lo que ni Munsk, ni Hinton, ni ninguno de los popes de los monopolios tecnológicos se preguntan es si bajo el capitalismo es posible que suceda de otra manera, y no lo hacen porque la respuesta (que no hace falta consultar en ChatGPT) es que no.

Las características propias de la carrera incesante por aumentar la productividad y las ganancias, que va más allá de las definiciones particulares de tal o cual empresario y que está impregnada en la esencia misma del sistema capitalista como forma de sobrevivencia, hacen que sea una fantasía irrealizable cualquier “planificación”, cualquier “acuerdo” entre monopolios o cualquier “pausa” en el avance técnico. Y mucho menos por cuestiones morales o éticas.

¿Alguien puede pensar que en un mundo donde se avanza a pasos agigantados hacia la guerra y hacia la consolidación de bloques imperialistas antagónicos, y en donde la tecnología juega un doble rol de competencia económica y bélica, algún país va a siquiera pensar en detener sus investigaciones con el riesgo de quedar rezagados frente a las otras potencias? Solo aquel que desconozca que vivimos en la etapa del capitalismo imperialista que ya describió Lenin hace más de 100 años podría fantasearlo.

Otro futuro es posible

Entender el carácter de clase del enfoque de este debate también permite evitar caer en visiones apocalípticas que impiden o paralizan la perspectiva de un futuro mejor en el cual las grandes mayorías trabajadoras sean protagonistas de un cambio revolucionario.

Como sucede con cualquier avance técnico, este salto tecnológico se da en el momento que maduraron las condiciones necesarias para que sea posible. Y ese salto es casi inevitable teniendo en cuenta las reglas de la competencia capitalista.

Pero ese mismo grado de desarrollo adquirido permite preguntarse por su posible uso en favor de las grandes mayorías. ¿Podría servir para trabajar menos, trabajar todos y distribuir mejor? ¿Podría aplicarse para desarrollos en salud, y educación que permitan mejorar las condiciones de millones de personas en el mundo?

Como explicaba en los años 70 Camilo Taufic en su libro Periodismo y lucha de clases, refiriéndose a los medios de comunicación masiva que ya mostraban su poder de dominación sobre las masas: “En tanto instrumentos, los medios de comunicación no jugarán otro rol que el que quieran asignarles sus dueños, y así podrán ser instrumentos de cultura o instrumentos de incultura; medios de dominio o medios de liberación; elementos para unir a un pueblo o para desorganizarlo; para enaltecerlo o para hundirlo. Es la propiedad sobre el medio de comunicación la que determina al servicio de quiénes éste se coloca, a favor de qué causa, de qué valores, de qué clase social. Y los grandes medios ultramodernos llegarán a estar al servicio del progreso, de la cultura, del pueblo, únicamente cuando todo el pueblo sea el dueño de ellos; cuando la propiedad sobre los medios sea una propiedad social”.

Es lícito el miedo y la preocupación de la gente sobre el tema porque hasta ahora el proceso de tecnologización creciente de la producción no ha mejorado la vida de los trabajadores y trabajadoras, sino que ha acentuado la desigualdad, con la creación de menos trabajos y más precarios.

Pero por supuesto que sus usos en manos de las mayorías y en defensa de sus intereses podrían mejorar la vida de millones de personas. Lo que está claro es que en ambos casos el nudo de esa perspectiva no está en la tecnología misma sino en su uso. Porque nunca es un problema de técnica, sino en manos y al servicio de qué clase está.

 

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PUERTO SOBERANÍA TRABAJADORES

Histórica lucha de los portuarios de Rosario

Los dos últimos meses los trabajadores del puerto de Rosario protagonizaron una histórica lucha, con bloqueos y piquetes, frente a la intransigencia de los estafadores de Vicentin y los fascistas chilenos de Ultramar (ambas concesionarias del puerto en Terminal Puerto Rosario), y la inacción y complicidad del gobierno de Perotti y Javkin.

Frente a condiciones muy difíciles se conquistaron gran parte de los reclamos en este primer round de una lucha que esté en el centro de la política santafesina y puso de manifiesto la necesidad de reformular el manejo de los puertos públicos.

La lucha fue protagonizada por los trabajadores portuarios de Rosario, organizados primero en su gremio SUPA, y en una segunda etapa por los trabajadores que quedaron afuera del acuerdo firmado por el gremio, y los trabajadores contratados. Allí fue muy importante la solidaridad  de muchas organizaciones sociales, políticas y sindicales de la región.

El conflicto tuvo su punto de partida en la defensa de los puestos de trabajo y el incumplimiento por parte de la empresa de los acuerdos salariales, pero que también puso sobre la mesa la necesidad de rediscutir la concesión del puerto de la ciudad, uno de los más importantes de la cuenca del Plata, hoy en manos de empresas mafiosas como Vicentín y Ultramar.

Desde que se concesionó el Puerto de Rosario, que es patrimonio público de todos los santafesinos, TPR opera las terminales I y II donde trabajan unos 400 empleados fijos bajo convenio y otros 600 de rotación eventual. La empresa presiona desde unos años para reducir la cantidad de trabajadores, e imponer un sistema de tercerización de los eventuales que queden sin protección gremial.

A fines del año pasado escaló el conflicto con paros y amenazas de despidos, pero se llegó a un acuerdo. En agosto de este año la empresa suspendió el pago de los aumentos salariales comprometidos a los estibadores y el gremio, con gran protagonismo del conjunto de los trabajadores, comenzó con los bloqueos de los accesos a la terminal portuaria. La respuesta de la empresa fue la suspensión de 600 trabajadores.

La empresa alega problemas de costos y presiona a los estibadores para que acepten una baja de las asignaciones y cargas sociales como condición para pagar los acuerdos salariales. No es extraño viniendo de una empresa como Vicentin que estafó a miles de productores y al estado argentino, que quiera utilizar nuevamente las arcas del estado (que se perdería de recibir las cargas sociales) para financiar el aumento comprometido.

Según el mismo gremio en realidad lo que ocurre es que desde hace meses TPR buscaba generar un conflicto para presionar al gobierno provincial para que invierta el dinero que ellos no quieren invertir en los muelles (que se caen a pedazos) o que, a cambio de hacer las inversiones que ellos están obligados por contrato a hacer, les extiendan varias décadas la concesión.

Al Enapro (el organismo público/privado que administra el puerto) la empresa ya le debe 140 millones de pesos porque dejó de pagar el canon, y hace años que no paga el impuesto municipal del Drei, ni gestionó nunca el permiso municipal para funcionar.

En 2020 con el cambio de autoridades en el Enapro se cayeron los planes que la empresa había acordado con funcionarios anteriores como Angel Elías de que el estado se hiciese cargo de las mismas, en lo que hubiese sido una estafa mayor al estado.

La histórica lucha

Con asambleas masivas en las entradas del puerto, movilizaciones por la ciudad y sostenidos piquetes, los trabajadores y sus familias, dieron muestra de gran combatividad frente a la intransigencia y las provocaciones empresarias.

La semana pasada el gremio portuario (Sindicato Unido de Portuarios Argentinos (Supa)) firmó un acuerdo con la empresa Puerto Terminal Rosario (TPR) y el Ministerio de Trabajo de la Nación, que incluyó el aumento pedido más un bono de Navidad, el pago de salarios caídos y veinte reincorporaciones, de los 25 operarios que habían sido cesanteados. Para los 5 restantes se acordó el pago de indemnización y cobertura de la obra social por 6 meses.

Pero un sector de los trabajadores cuestionó el acuerdo y sostuvo los piquetes en la entrada del puerto, con el apoyo de gran parte de los trabajadores contratados del puerto y organizaciones sociales, políticas y sindicales.

A lo largo del conflicto llevaron su apoyo el diputado provincial Carlos del Frade, la ex diputada y presidenta del PTP Santa Fe Mercedes Meier, y el referente del Foro por la Recuperación del Paraná Luciano Orellano.

El conflicto fue escalando, y los trabajadores fueron recibidos por monseñor Emilio Cardarelli e integrantes de la Pastoral Social, del arzobispado de Rosario, que se comprometieron a interceder para destrabar el conflicto lo que auguraba cierta posibilidad de acuerdo, sin embargo este lunes el gobierno provincial ordenó una represión policial en un intento de liberar el ingreso al puerto, que tuvo como saldo trabajadores y familiares de los mismos heridos y la detención de 3 trabajadores portuarios, que luego de una gran movilización al Centro de Justicia Penal fueron liberados, pero a los que la justicia les inició causas penales.

El paro se dio en condiciones muy duras, y con una gran campaña de demonización y aislamiento por parte de los principales medios de comunicación y el lobby empresarial de la región,  y demostró una vez más la importancia estratégica del puerto de Rosario, que durante el conflicto tuvo más de 1000 contenedores inmovilizados y generó el reclamo del sector empresario que utiliza el puerto para sus exportaciones e importaciones, como General Motors o Acindar, por ejemplo.

Si bien no lograron todo lo que reclamaban el balance de los trabajadores es positivo por el sostenimiento de la lucha, que se dio con una gran unidad y porque lograron el ingreso de 20 de 25 de los cesanteados. Ahora la pelea sigue desde adentro del puerto.

Recuperar el puerto, recuperar soberanía.

El actual estado de la política portuaria fue delineado primigeniamente por la dictadura militar asociada al capital transnacional, consagrada y profundizada durante el menemismo. Por lo tanto sigue siendo una deuda pendiente desde el punto de vista de los intereses nacionales recuperar lo nuestro y empezar a poner en discusión el rol estratégico del sistema portuario, así como también el rol activo que el Estado provincial debe tener en el mismo. 

Desde hace meses el Foro por la recuperación del Paraná comenzó una convocatoria para recuperar el puerto de Rosario, que cuenta con la participación de un amplio abanico de referentes políticos y sindicales de Santa Fe.

“Es hora de que el pueblo pueda conocer el contrato de concesión y las condiciones en que se entregó el patrimonio público. Tenemos que recuperar los puertos de Santa Fe para el Estado, en el marco de la pelea por la recuperación de la soberanía portuaria y comercial”, afirmó en aquella oportunidad Luciano Orellano, referente del Foro.  En el mismo sentido el diputadoCarlos Del Frade planteó que “vamos por el final de la concesión de Vicentin en el puerto rosarino, por la nacionalización de los puertos y la recuperación del comercio exterior en defensa de las fuentes laborales y en contra del narcotráfico. El puerto de Rosario es nuestro”.

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< ENTREVISTA > Continúa el conflicto con los trabajadores del Puerto Rosario

INFO>SOBERANA estuvo la tarde del sábado en las puertas del Puerto de Rosario conversando con Ramón Funes, encargado de Terminal Puerto Rosario y afiliado al SUPA, quien nos comentó sobre lo que originó el conflicto.

También obtuvimos las declaraciones de Ariel Dantur, delegado, quien nos puso al tanto sobre las últimas reuniones realizadas para destrabar el conflicto.

Luciano Orellano, autor del libro “Argentina sangra por las barrancas del río Paraná” e integrante del Foro por la recuperación del Paraná, llevó su apoyo con los trabajadores y también nos dio su opinión al respecto.

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Recuperar el Puerto de Rosario.

Por Germán Mangione (*)

Estas últimas semanas los trabajadores portuarios de Rosario, organizados en su gremio SUPA, vienen protagonizando una gigantesca y combativa lucha, que tuvo su punto de partida en la defensa de los puestos de trabajo y el cumplimiento de los acuerdos salariales, pero que también puso sobre la mesa la necesidad de rediscutir la concesión del puerto de la ciudad, uno de los más importantes de la cuenca del plata, hoy en manos de empresas mafiosas como Vicentín y Ultramar.

El bloqueo del puerto, las movilizaciones y los cortes de ruta que difundieron esta semana los medios de comunicación son la profundización de un reclamo y un plan de lucha que lleva varios meses desarrollándose por parte de los portuarios rosarinos, sin obtener respuestas (más que amenazas de despidos y quita de derechos) de Terminal Puerto Rosario, la empresa compuesta por los estafadores de Vicentin y el grupo chileno de origen alemán Ultramar (vinculados al nazismo), que tiene a su cargo lo esencial del puerto local.

Un conflicto de larga data.

Muchos rosarinos y rosarinas conocieron estas últimas semanas el conflicto a partir de que los trabajadores se vieron obligados a llevarlo a la calle ante la falta de respuestas, pero la cosa viene complicada desde hace rato.

Desde que se concesionó el Puerto de Rosario, que es patrimonio público de todos los santafecinos, TPR opera las terminales I y II donde trabajan unos 400 empleados fijos bajo convenio y otros 600 de rotación eventual. La empresa presiona desde unos años para reducir la cantidad de trabajadores, e imponer un sistema de tercerización de los eventuales que queden sin protección gremial.

A fines del año pasado escaló el conflicto con paros y amenazas de despido, pero se llegó a un acuerdo.En agosto de este año la empresa suspendió el pago de los aumentos salariales comprometidos a los estibadores y el gremio, con gran protagonismo del conjunto de los trabajadores, comenzó con los bloqueos de los accesos a la terminal portuaria. La respuesta de la empresa fue la suspensión de 600 trabajadores.

La empresa alega problemas de costos y presiona a los estibadores para que acepten una baja de las asignaciones y cargas sociales como condición para pagar los acuerdos salariales. No es extraño viniendo de una empresa como Vicentin que estafó a miles de productores y al estado argentino, que quiera utilizar nuevamente las arcas del estado (que se perdería de recibir las cargas sociales) para financiar el aumento comprometido.

Pero la extorsión de TPR al estado va más allá. Como denunció Cesar Aybar, titular del gremio “En realidad, lo que ocurre es que desde hace meses, entre presiones para despedir y suspender compañeros y ahora directamente no abonando los aumentos acordados, lo que TPR busca es que nosotros saltemos y generemos un conflicto laboral y social para así culparnos de la crisis, pero su objetivo de fondo es presionar al gobierno provincial para que invierta el dinero que ellos no quieren invertir en los muelles o que, a cambio de hacer las inversiones que ellos están obligados por contrato a hacer, les extiendan varias décadas la concesión. Al Enapro (el organismo público/privado que administra el puerto) la empresa ya le debe 140 millones de pesos porque dejó de pagar el canon”

Esta semana el Supa decreto huelga por tiempo indeterminado en el puerto de Rosario y en todos los muelles del sur de la ciudad (puerto de Servicios Portuarios, concesionario de los muelles VI y VII de puerto de Rosario, de Cargill en Villa Gobernador Gálvez y Alvear, de Dreyfus en General Lagos y de ADM en Arroyo Seco) y de no resolverse el conflicto se anunciarían medidas de carácter nacional.

Empresas piratas, en busca de la plata del estado.

Vicentín controla el puerto de Rosario desde 2010 y 2 años después se asoció con la chilena Ultramar. En los últimos años la empresa dejó de invertir en el puerto (la mitad de los muelles que tiene TPR no pueden ser usados por riesgo de derrumbe ante la falta de obras de fondo y de mantenimiento) y comenzó a presionar al estado provincial mejores condiciones, extensión del contrato y aportes del estado como condición para hacerlas. Con el default de Vicentín las inversiones se alejaron aún más. Y en 2020 con el cambio de autoridades en el Enapro se cayeron los planes que la empresa había acordado con funcionarios anteriores como Angel Elías de que el estado se hiciese cargo de las mismas, en lo que hubiese sido una estafa mayor al estado.

La socia de Vicentín es Ultramar que viene realizando planes de ajuste en todas sus terminales en el mundo, inclusoen el puerto de Montevideo. Controla 12 puertos concesionados en Chile, Brasil, Argentina y Uruguay y tiene operaciones en una decena más de países de la región.  Como explica Javier Corizzo, del Foro por la recuperación del Paraná de Rosario en su nota “Ultramar, el socio fascista de Vicentín”:“Ultramar no solo es una empresa de capitales chilenos con peso internacional. Tiene una identidad histórica vinculada con el fascismo, de la cual, hasta hace algún tiempo atrás, hacían gala en sus sitios oficiales”

Recuperar el puerto, recuperar soberanía.

El actual estado de la política portuaria fue delineado primigeniamente por la dictadura militar asociada al capital transnacional, consagrada y profundizada durante el menemismo. Por lo tanto sigue siendo una deuda pendiente desde el punto de vista de los intereses nacionales recuperar lo nuestro y empezar a poner en discusión el rol estratégico del sistema portuario, así como también el rol activo que el Estado provincial debe tener en el mismo. 

Desde hace meses el Foro por la recuperación del Paraná comenzó una convocatoria para recuperar el puerto de Rosario, que cuenta con la participación de un amplio abanico de referentes políticos y sindicales de Santa Fe.

“Es hora de que el pueblo pueda conocer el contrato de concesión y las condiciones en que se entregó el patrimonio público. Tenemos que recuperar los puertos de Santa Fe para el Estado, en el marco de la pelea por la recuperación de la soberanía portuaria y comercial”, afirmó en aquella oportunidad Luciano Orellano, referente del Foro.  En el mismo sentido el diputadoCarlos Del Frade planteó que “vamos por el final de la concesión de Vicentin en el puerto rosarino, por la nacionalización de los puertos y la recuperación del comercio exterior en defensa de las fuentes laborales y en contra del narcotráfico. El puerto de Rosario es nuestro”.

En Santa Fe mediante la Ley provincial N° 11.011 son los “Entes administradores Puerto Santa Fe y Puerto Rosario” los quese encargan de la administración, funcionamiento y explotación de los mismos, con participación público privada, pero que en el práctica ceden esa administración a los privados. En medio del conflicto por ejemplo ingreso a la mesa directiva del ENAPRO un representante de La Bolsa de Comercio de Rosario.

Es fundamental modificar dicha ley para aumentar el poder de decisión y participación a favor de la representación estatal.

Y sobre todo en este momento es fundamental que el gobierno provincial deje de estar ajeno a lo que sucede en uno de los puertos más importantes de la Cuenca del Plata, que en 2021 facturó $3745 millones  y está en el puesto 778 entre las mil empresas que más facturan en Argentina, siendo la quinta terminal portuaria que más facturó en el país.

Es urgente que el gobierno de Santa Fe intervenga directamente para garantizar la continuidad de los puestos de trabajo y la recuperación de la soberanía rescindiendo el contrato a estas empresas y recuperando el puerto para los santafesinos y santafesinas en el marco de un proyecto productivo e industrial para la región.

(*) Germán Mangione. Periodista. Miembro del Foro por la recuperación del Paraná y Soberanía Popular San Lorenzo.

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