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Por Germán Mangione (*)

Estas últimas semanas los trabajadores portuarios de Rosario, organizados en su gremio SUPA, vienen protagonizando una gigantesca y combativa lucha, que tuvo su punto de partida en la defensa de los puestos de trabajo y el cumplimiento de los acuerdos salariales, pero que también puso sobre la mesa la necesidad de rediscutir la concesión del puerto de la ciudad, uno de los más importantes de la cuenca del plata, hoy en manos de empresas mafiosas como Vicentín y Ultramar.

El bloqueo del puerto, las movilizaciones y los cortes de ruta que difundieron esta semana los medios de comunicación son la profundización de un reclamo y un plan de lucha que lleva varios meses desarrollándose por parte de los portuarios rosarinos, sin obtener respuestas (más que amenazas de despidos y quita de derechos) de Terminal Puerto Rosario, la empresa compuesta por los estafadores de Vicentin y el grupo chileno de origen alemán Ultramar (vinculados al nazismo), que tiene a su cargo lo esencial del puerto local.

Un conflicto de larga data.

Muchos rosarinos y rosarinas conocieron estas últimas semanas el conflicto a partir de que los trabajadores se vieron obligados a llevarlo a la calle ante la falta de respuestas, pero la cosa viene complicada desde hace rato.

Desde que se concesionó el Puerto de Rosario, que es patrimonio público de todos los santafecinos, TPR opera las terminales I y II donde trabajan unos 400 empleados fijos bajo convenio y otros 600 de rotación eventual. La empresa presiona desde unos años para reducir la cantidad de trabajadores, e imponer un sistema de tercerización de los eventuales que queden sin protección gremial.

A fines del año pasado escaló el conflicto con paros y amenazas de despido, pero se llegó a un acuerdo.En agosto de este año la empresa suspendió el pago de los aumentos salariales comprometidos a los estibadores y el gremio, con gran protagonismo del conjunto de los trabajadores, comenzó con los bloqueos de los accesos a la terminal portuaria. La respuesta de la empresa fue la suspensión de 600 trabajadores.

La empresa alega problemas de costos y presiona a los estibadores para que acepten una baja de las asignaciones y cargas sociales como condición para pagar los acuerdos salariales. No es extraño viniendo de una empresa como Vicentin que estafó a miles de productores y al estado argentino, que quiera utilizar nuevamente las arcas del estado (que se perdería de recibir las cargas sociales) para financiar el aumento comprometido.

Pero la extorsión de TPR al estado va más allá. Como denunció Cesar Aybar, titular del gremio “En realidad, lo que ocurre es que desde hace meses, entre presiones para despedir y suspender compañeros y ahora directamente no abonando los aumentos acordados, lo que TPR busca es que nosotros saltemos y generemos un conflicto laboral y social para así culparnos de la crisis, pero su objetivo de fondo es presionar al gobierno provincial para que invierta el dinero que ellos no quieren invertir en los muelles o que, a cambio de hacer las inversiones que ellos están obligados por contrato a hacer, les extiendan varias décadas la concesión. Al Enapro (el organismo público/privado que administra el puerto) la empresa ya le debe 140 millones de pesos porque dejó de pagar el canon”

Esta semana el Supa decreto huelga por tiempo indeterminado en el puerto de Rosario y en todos los muelles del sur de la ciudad (puerto de Servicios Portuarios, concesionario de los muelles VI y VII de puerto de Rosario, de Cargill en Villa Gobernador Gálvez y Alvear, de Dreyfus en General Lagos y de ADM en Arroyo Seco) y de no resolverse el conflicto se anunciarían medidas de carácter nacional.

Empresas piratas, en busca de la plata del estado.

Vicentín controla el puerto de Rosario desde 2010 y 2 años después se asoció con la chilena Ultramar. En los últimos años la empresa dejó de invertir en el puerto (la mitad de los muelles que tiene TPR no pueden ser usados por riesgo de derrumbe ante la falta de obras de fondo y de mantenimiento) y comenzó a presionar al estado provincial mejores condiciones, extensión del contrato y aportes del estado como condición para hacerlas. Con el default de Vicentín las inversiones se alejaron aún más. Y en 2020 con el cambio de autoridades en el Enapro se cayeron los planes que la empresa había acordado con funcionarios anteriores como Angel Elías de que el estado se hiciese cargo de las mismas, en lo que hubiese sido una estafa mayor al estado.

La socia de Vicentín es Ultramar que viene realizando planes de ajuste en todas sus terminales en el mundo, inclusoen el puerto de Montevideo. Controla 12 puertos concesionados en Chile, Brasil, Argentina y Uruguay y tiene operaciones en una decena más de países de la región.  Como explica Javier Corizzo, del Foro por la recuperación del Paraná de Rosario en su nota “Ultramar, el socio fascista de Vicentín”:“Ultramar no solo es una empresa de capitales chilenos con peso internacional. Tiene una identidad histórica vinculada con el fascismo, de la cual, hasta hace algún tiempo atrás, hacían gala en sus sitios oficiales”

Recuperar el puerto, recuperar soberanía.

El actual estado de la política portuaria fue delineado primigeniamente por la dictadura militar asociada al capital transnacional, consagrada y profundizada durante el menemismo. Por lo tanto sigue siendo una deuda pendiente desde el punto de vista de los intereses nacionales recuperar lo nuestro y empezar a poner en discusión el rol estratégico del sistema portuario, así como también el rol activo que el Estado provincial debe tener en el mismo. 

Desde hace meses el Foro por la recuperación del Paraná comenzó una convocatoria para recuperar el puerto de Rosario, que cuenta con la participación de un amplio abanico de referentes políticos y sindicales de Santa Fe.

“Es hora de que el pueblo pueda conocer el contrato de concesión y las condiciones en que se entregó el patrimonio público. Tenemos que recuperar los puertos de Santa Fe para el Estado, en el marco de la pelea por la recuperación de la soberanía portuaria y comercial”, afirmó en aquella oportunidad Luciano Orellano, referente del Foro.  En el mismo sentido el diputadoCarlos Del Frade planteó que “vamos por el final de la concesión de Vicentin en el puerto rosarino, por la nacionalización de los puertos y la recuperación del comercio exterior en defensa de las fuentes laborales y en contra del narcotráfico. El puerto de Rosario es nuestro”.

En Santa Fe mediante la Ley provincial N° 11.011 son los “Entes administradores Puerto Santa Fe y Puerto Rosario” los quese encargan de la administración, funcionamiento y explotación de los mismos, con participación público privada, pero que en el práctica ceden esa administración a los privados. En medio del conflicto por ejemplo ingreso a la mesa directiva del ENAPRO un representante de La Bolsa de Comercio de Rosario.

Es fundamental modificar dicha ley para aumentar el poder de decisión y participación a favor de la representación estatal.

Y sobre todo en este momento es fundamental que el gobierno provincial deje de estar ajeno a lo que sucede en uno de los puertos más importantes de la Cuenca del Plata, que en 2021 facturó $3745 millones  y está en el puesto 778 entre las mil empresas que más facturan en Argentina, siendo la quinta terminal portuaria que más facturó en el país.

Es urgente que el gobierno de Santa Fe intervenga directamente para garantizar la continuidad de los puestos de trabajo y la recuperación de la soberanía rescindiendo el contrato a estas empresas y recuperando el puerto para los santafesinos y santafesinas en el marco de un proyecto productivo e industrial para la región.

(*) Germán Mangione. Periodista. Miembro del Foro por la recuperación del Paraná y Soberanía Popular San Lorenzo.