A través de una resolución, el Senasa reducirá los controles en puertos fluviales, marítimos, zonas de espera, muelles y otras áreas aptas.
La medida se suma a la virtual privatización de los controles que estableció el gobierno de Macri en 2017 y a la intención de re privatizar y extranjerizar el control del Paraná dejando en manos de intereses privados el control de lo que entra y sale por nuestro río.
Según la resolución 1278/2024, publicada esta semana en el Boletín Oficial, El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) actualizó el sistema de control de aptitud de carga de bodegas de buques y barcazas para exportación de granos, sus productos y subproductos “con el fin de simplificar y agilizar la operatoria”. Se excluye a los buques que van a cargar mercadería que no requiera certificación del organismo sanitario nacional.
En un nuevo retroceso de la presencia argentina en el control de lo que sale de nuestros puertos, el gobierno de Javier Milei y Caputo impulsan una serie de cambios que desguarnece aún más al país en el control del comercio exterior.
Algunas de las principales modificaciones son:
Los procedimientos de supervisión del Senasa se optimizarán, ya que ahora se basarán en un análisis de riesgos para determinar la inspección de los buques.
Se modifican los porcentajes de supervisión, ahora el porcentaje de supervisiones por matriz de riesgo se baja a un mínimo de 5% y un máximo de 10%, cuando hasta el momento era de 20% y 30% respectivamente.
Esto implica que van a revisarse muchísimos menos barcos, y teniendo en cuenta el poder de las empresas exportadoras y las navieras seguramente será cercano al mínimo con suerte.
Se introduce la simplificación del trámite para obtener el “Certificado de Aptitud de Bodegas”, que será válido en varias terminales de la hidrovía o en el ámbito marítimo. Una operación peligrosa si se tiene en cuenta la “contaminación” por ejemplo de cargas con droga que suele no ser en un puerto de origen sino en el camino.
Se amplía el tiempo de notificación para las empresas de 24 a 48 horas antes de las inspecciones, y se extiende el periodo de evaluación de las entidades certificadoras a seis meses. También se eliminan ciertos requisitos para los verificadores de bodegas y la supervisión obligatoria fuera de la matriz de riesgo. Como esos allanamientos en los que la policía llega y no encuentra nada, porque ya se les aviso “DOS DÍAS ANTES” del control.
Este desguarnecimiento de nuestros puertos está justificado como siempre en una reducción de controles para evitar la reiteración y avanzar hacia la “simplificación burocrática”, cuando en realidad es prácticamente la eliminación de los pocos controles existentes, dejando a las multinacionales que dirigen nuestro comercio exterior, total libertad para todo tipo de operaciones que como nuestra historia muestra siempre que pueden están por fuera de la ley para mejorar sus ganancias.
También se eliminaron “los requisitos para los verificadores de bodegas, la obligación de supervisión obligatoria por fuera de la matriz de riesgo y la responsabilidad solidaria de agencias marítimas en cuanto al comportamiento de la entidad certificadora seleccionada”.
Esto es similar a la tercerización impulsada en la reforma laboral, y tiene que ver con que se crearon estos años muchas empresas fantasmas de certificación, muchas veces propiedad de las mismas exportadoras o agencias marítimas, y con el corte de la responsabilidad solidaria ante cualquier problema esas empresas que suelen no tener respaldo no dejan “pegadas” a las empresas contratantes y pueden inmolarse y desaparecer sin dejar rastros.
La obsesión liberal por destruir el control argentino
La historia no es nueva, ante cada gobierno liberal avanza una batería de medidas para quitar al Estado toda posibilidad de control y dejar las manos libres a los monopolios en su accionar. Así fue en 2017 con el gobierno de Mauricio Macri con la Resolución 693-E/2017, que también estableció “nuevas reglas” para el “control de aptitud de carga de bodegas y tanques de buques y barcazas para exportación de granos, sus productos y subproductos”.
Hasta esa resolución solo el Senasa era responsable de los controles, pero Macri habilitó el ingreso de controles privados. El resultado: la proliferación de empresas fantasmas propiedad de las empresas del sector y hasta de funcionarios del área que no solo capturaron un negocio millonario (legal e ilegalmente) sino que virtualmente se le dio la posibilidad a las exportadoras de autocontrolarse.
Este cambio se sumó a uno anterior hecho por el macrismo que reducía los controles solo a los barcos que se dirigían a países que exigían ese control.
Como afirmábamos más arriba la historia no es nueva y de hecho el presidente del Senasa durante el macrismo Jorge Dillon basó los cambios en una resolución del menemismo, que en diciembre de 1991 determinó que esos certificados podrían ser emitidos no solo por el Senasa sino por “entidades privadas u otras instituciones debidamente registradas a dicho efecto”.
Estas medidas originaron una denuncia penal del diputado santafesino Carlos Del Frade contra el presidente Mauricio Macri y el ministro de Agroindustria Ricardo Buryaile. El legislador también presentó una denuncia penal por “usurpación de cargo” de Cristian Cunha, el coordinador general de Puertos, que comenzó a ejercer sus funciones a principios de 2016 pero recién en mayo de 2017 se realizó el nombramiento en el Boletín Oficial.
La mano de Caputo
El ministro Caputo fue según el portal La Politica Online el impulsor de la vuelta de Pablo Benfatto a la coordinación, fiscalización y control de las operaciones portuarias del Gran Rosario, lugar desde el que puede decidir sobre la habilitación de las bodegas de los buques.
Benfatto , un hombre del ex presidente del PRO, Cristian Cunha, había ocupado ese puesto en 2017 durante la gestión de Macri cuando Cunha fue director del Senasa y el control de los buques virtualmente se privatizó.
“Muchas de las empresas privadas de certificación fueron creadas por ese tiempo y a las apuradas para hacerse del jugoso negocio. Algunas ni siquiera tuvieron la prudencia de crearse una página web. De hecho, el mismo Benfatto es titular de la empresa Port Solutions S.R.L. dedicada a la desinfección, fumigación y mantenimiento de tanques, actividades compatibles con los que se prestan en los buques”, asegura LPO.
Otro de los datos que aporta LPO es que “de 54 empresas inscriptas en el Senasa para prestar servicios portuarios, 14 no se registraron en el RITE, más del 25% siendo un negocio multimillonario: “Porque no pasaban un control a riesgo de ir en cana”, según explicó un funcionario de carrera del organismo”
Según la misma fuente, Cunha y Benfatto les dieron el negocio a estas firmas sin ninguna auditoría estatal. “Les cobraban tarifas planas a los buques para habilitarles las bodegas. A veces ni iban a chequear y decidían de manera discrecional qué barco podía cargar y cual no”. Se sabe que la estadía diaria de una embarcación sale una fortuna, “¿te imaginás lo que está dispuesto a pagar para que lo despachen rápido?”, preguntó con suspicacia un funcionario.
Una entrega de la soberanía
La supuesta “simplificación burocrática” no logra ocultar las verdaderas intenciones de entrega total de toda posibilidad de control del Estado argentino sobre lo que sale de nuestros puertos.
Algo que por la historia reciente puede ser trágico para el gran Rosario. Por un lado el caso Vicentin demostró un complejo entramado de planificación tributaria para el saqueo que apoyado en la casi nulidad de controles (que ahora se relajarán aún más) lesionan la capacidad de recaudación del Estado y engordan las ganancias de las multinacionales cerealeras y sus casas matrices en el exterior.
Por otro lado el crecimiento del complejo agroexportador del gran Rosario como trampolín de salida de la exportación de droga de los principales carteles de América Latina se verá potenciada por la reducción de controles, al que hay que sumarle la política de blanqueo de capitales para transformarlo en un combo mortal.
La frutilla del postre la pone el plan de reprivatización del río Paraná, que volverá a dejar en manos de consorcios privados la administración del dragado y balizamiento, y por tanto de la administración de las cargas que circulan por allí.
Ante esto las cámaras empresarias del sector como Ciara-CEC o sus instituciones como La Bolsa de Comercio de Rosario aseguran que están implementando sus propios sistemas de información y control. Ahora no solo controlan que impuestos pagan mediante sus propias declaraciones juradas de exportación, sino que también quieren que creamos que van a controlar la salida de la droga de los puertos que creció de manera fenomenal los últimos 30 años y generó en su camino los padecimientos que viven nuestras comunidades inundadas de adicciones y violencia.
Los intereses de Argentina…..bien gracias.
