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Por Feliciano Ramos (*)

Cortando con el espíritu navideño, el gobierno presentó el 23 de diciembre, a través del Subsecretario de Puertos y Vías Navegables, el “Proyecto de Decreto” Número IF-2024-140788195-APN-SSPYVN MEC. Esto seguramente el 1º de enero será decreto y además el gobierno  da a entender (siguiendo con su sádica costumbre) que despedirá 500 empleados de esa entidad, 500 familias sin su sustento ¿y van?, 500 padres que no podrán dar de comer a sus hijos, que les será muy difícil que continúen en la escuela, que si alquilan dejaran de pagar y ¿dónde vivirán esas familias? Una tragedia hogareña en cada despido y se multiplican por decenas de miles, porque más allá de un par de jefes el resto son empleados comunes.

El tema es que el “Proyecto de Decreto” será decreto como si  el Congreso no existiera, es como cuando no teníamos democracia. Pregunto yo: ¿Dónde está la necesidad? ¿Y dónde la urgencia? A no ser que sea necesidad y urgencia de concentrar  y quedarse con el extraordinario negocio extranjero de la mal llamada hidrovía, o tal vez tener todo el poder pasando por arriba al Congreso y a la justicia para así entregárselo a las terminales portuarias extranjeras, que se quedaron con las exportaciones argentinas desde el gobierno de Menem.

El tema es que el decreto va a dar a luz con el año nuevo y sus “particularidades” son estas:

Art1º Suprímase la Subsecretaria de Puertos y Vías Navegables.

Art2° Dispone la disolución y posterior liquidación de la Administración General de Puertos SAU.

 O sea,  las dos reparticiones que tenían algo de autonomía para ciertas decisiones dejan de existir y son reemplazadas por la “Agencia Nacional de Puertos y Navegación”,  una simple agencia donde pocos manejan todo. Todo el negocio de las exportaciones otrora argentinas, hoy en manos extranjeras, lo manejan pocos en economía, muy conveniente para continuar el saqueo por el río Paraná en manos extranjeras.

El peaje nomás de las exportaciones representa 250 millones de dólares de facturación que va a ir a parar a quién sabe qué manos.

Art3º Dispónese a transferencia de recursos, bienes muebles e inmuebles, presupuesto vigente, activos y patrimonio, compromisos, derechos y obligaciones.

            Art4º Créase la Agencia Nacional de Puertos y Navegación que estará bajo el control estricto del Ministerio de Economía de la Nación.

¿Otra vez asistiremos los argentinos a la venta indiscriminada de bienes del Estado (o sea de todos los argentinos)? Los bienes del Estado que venden los gobiernos como si fueran suyos detentando un poder para vender que no tienen, a veces son vendidos a precio vil a algún amigo del poder, con sus propios bienes seguro no harían tal cosa.

Unas de las funciones de la agencia:

1. e) Estimular y facilitar la inversión privada (extranjera más vale) en la explotación y administración de puertos.

De más sabemos los argentinos que la nombrada “inversión privada” es en realidad “inversión extranjera” y que realmente no hay nada de “inversión” sino de extractivismo y saqueo de las riquezas naturales y del comercio exterior argentino.

1. K) Ejercer RESPONSABILIDAD primaria en materia ambiental.

 En este ítem van a tener que responsabilizarse de muchísimo,  porque el daño ambiental por el  insostenible llamado a licitación de dragado a 44 pies va a ser descomunal, enorme y permanente. Espero fervientemente que no borren este ítem K, lo van a tener que usar ¡y mucho!

Si la SSPYVN no existe más, se debe caer la licitación por el dragado del río Paraná.

En nombre de una repartición que no existe no se pueden abrir los sobres de los oferentes de una licitación.

Una razón más por dar por nula de nulidad absoluta a una licitación que debe ser invalidada por múltiples motivos.

1. La licitación excede ampliamente el periodo de poder del gobierno que la gestiona. Por ejemplo, a este gobierno le quedan menos de 3 años en el poder, de gobierno,  y esta licitación es por la barbaridad de de 30 años con opción a 30 años más. Nunca se hizo por tanto tiempo en el país.
2. No contempla ningún estudio completo y “serio” de impacto ambiental ni para 42 pies y menos para 44 pies   (futuro articulo K). “Serio” quiere decir hecho por las universidades nacionales de cada provincia y no por una dudosa consultora que trabaja para la dragadora extranjera adjudicada.
3. Se debe acomodar los buques a los ríos, no los ríos a los buques. No hay antecedente en ningún río navegable del mundo que se drague cada vez más profundo según los intereses de los puertos y empresa de dragado.
4. Por lo antedicho debe considerarse inválida cualquier concesión, como esta, que, por desconocimiento o por improvisación le haya dado la potestad a la empresa adjudicataria dragadora (o terminal portuaria) de decidir qué  profundidad dragar.
5. Si una concesión de dragado de tres décadas con peligro de daño ambiental no pasa por el Congreso en una democracia,  esta debe invalidarse. Espero que la justicia intervenga.

Ante tanto avasallamiento de nuestros ríos y tanto saqueo de nuestra patria hay dos grandes ausentes: la clase política y la justicia; espero digan presente porque los ciudadanos comunes seguirán luchando cada vez más porque no les roben el agua de nuestros ríos y que no nos roben el futuro.

(*) Feliciano Ramos – Capitán Fluvial. Miembro del “Foro por la recuperación del río Paraná”